(emitido a las 9.18 Hs.)

EMILIANO COTELO:
"La Cámara de Senadores expresa su aspiración a que el Poder Ejecutivo considere la posibilidad de que el Estado uruguayo, a través del procedimiento institucional que estime pertinente, acceda al boleto de compra de los aviones que pertenecieron a Pluna SA, de modo de superar las restricciones que en materia de plazos vigentes puedan dificultar el tránsito hacia la mejor evolución posible de este proceso."

Así terminaba la moción que presentó la bancada del Frente Amplio (FA) en la Cámara Alta, y que resultó aprobada, solo con los votos del oficialismo, 16 en 31, al final de la interpelación que empezó el lunes y terminó el martes a los ministros de Economía y de Transporte más el presidente del Banco República (BROU), Fernando Calloia.

Desde entonces se habló mucho de ese camino muy polémico que se estaba sugiriendo, el que fundamentó aquí en En Perspectiva el martes de mañana el senador Rafael Michelini. Michelini decía: "Es difícil dar ese paso, lo admitimos, tiene enormes costos políticos y hasta económicos, porque implica resignarse a no cobrar la multa, la garantía de 13,6 millones de dólares que en principio corresponde que Cosmo pague por no cumplir con la compra de los siete aviones Bombardier". "Lo que pasa es que si vamos por ese camino de ejecutar el aval, nos exponemos al riesgo de que Cosmo, como ha anunciado, le inicie un juicio al Estado uruguayo al amparo del tratado de protección de inversiones Uruguay-España y que como parte de ese litigio la Justicia termine bloqueando el uso de los aviones, y eso es lo que no podemos admitir, porque esos aviones son el patrimonio más fuerte que va quedando de Pluna SA y los precisamos para reparar los problemas de conectividad aérea que tiene nuestro país. Están los empleados de Pluna, para los cuales hay que construir una alternativa laboral, hay que pagarles a los acreedores, no podemos exponernos a que los aviones queden trancados", decía Michelini.

Efectivamente el Poder Ejecutivo consideró esa posibilidad, ayer de mañana en declaraciones al diario La República el presidente de la República llegó a sugerir que ese era el paso que se iba a dar. Finalmente el desenlace fue otro, el comunicado que emitió Presidencia a las 20 horas señaló que "no obstante estas fuertes consideraciones, el Estado debe atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente y así se hará". ¿Eso quiere decir que se va a ejecutar el aval? No está dicho expresamente, pero luego Mujica en sus declaraciones a la prensa confirmó que se va por ese plan.

Senador Luis Gallo, de Asamblea Uruguay, FA, ¿cómo le resulta la forma como Presidencia resuelve encarar el asunto?

LUIS GALLO:
En primer término, sí, exactamente, hubo una declaración en la Cámara de Senadores, pero también tenemos que decir que esa declaración apuntaba a una aspiración y a una sugerencia que se le aportaba al Poder Ejecutivo como un instrumento más a considerar a los efectos de facilitar la solución de un problema que se acercaba a su dilucidación y todavía no había elementos para tomar esa determinación. Esa sugerencia que se hizo en la Cámara de Senadores fue analizada por el Poder Ejecutivo, y de ese análisis surgió que la decisión iba por el lado del cumplimiento de la ley.

En ese sentido me parece que si para solucionar aquel problema que se planteó cuando el Gobierno decidió clausurar Pluna, en función de una cantidad de elementos que en profundidad analizaron en la interpelación y justificaron los ministros, la clausura, posterior a la clausura era necesario buscar una solución. Se creyó que la solución tenía que ser por ley para darle transparencia a todo el proceso, una ley que apuntaba a modificar la situación concursal, pasar los aviones al fideicomiso y que mediante una subasta el Estado pudiera resarcirse de la garantía que estaba comprometida, pero además con otras dos condiciones, la posibilidad de seguir teniendo una línea aérea y dar solución laboral. Se hizo una ley, y esa ley decía que había 60 días para concretar la subasta y todo el procedimiento. Esa ley finalizó en la noche de ayer. Durante todo el proceso el Gobierno recibió una cantidad, lo dijo el ministro Pintado, 22 propuestas y situaciones de información.

EC - No fueron 22 propuestas, fueron 22 contactos.

LG - Exactamente, 22 contactos en función de que se estaba en un proceso de subasta. Y de esos 22 contactos al término solamente se consolidó la propuesta de una empresa, que fue Cosmo, que en tiempo y forma, a través de una persona, subastó y depositó una garantía refrendada por el Banco de la República (BROU). Eso fue absolutamente lineal, creo que no hay motivo de discusión.

EC - Hay bastante discusión.

LG - Pero es una discusión que no está dentro de las responsabilidades del Gobierno.

EC - Pero mi pregunta venía por otro lado. Usted estuvo haciendo ahora una historia de todo este proceso, pero mi pregunta venía a propósito de lo que resolvió ayer la Presidencia, que no es lo que la bancada del FA sugirió. Usted remarcaba que era una sugerencia, pero era una sugerencia detrás de la cual estaba toda la bancada de senadores y, según se informó, tenía la iniciativa del propio vicepresidente de la República, Danilo Astori. Entonces, ¿qué implica esto de que el presidente opte por ir por otro lado?

LG - No implica nada, implica una decisión del presidente de la República, que de varias posibilidades optó por el cumplimiento integral de la ley. Eso, lisa y llanamente implica eso, que consideró que era mucho mejor, a los efectos de entrar en una nueva etapa, terminar este proceso con el cumplimiento de la ley. Y el cumplimiento de la ley significa que la empresa que subastó y que no pudo cumplir, en función de que el BROU tiene garantizado el pago, se cumple en su integralidad. Eso no admite discusión porque es absolutamente legal. Esa es la decisión que tomó el presidente de la República, en una discusión en la que por supuesto, como en todas las cosas y discusiones, puede haber múltiples opiniones, pero definitivamente fue la opinión que primó. Y yo creo que no merece otro comentario, culmina una etapa.

EC - Termina una etapa, pero terminamos volviendo al principio, estamos otra vez en el 5 de julio, cuando se resolvió el cierre de Pluna SA, con el detalle de que en el medio pasó todo lo que ocurrió, con el desgaste que ha implicado para una serie de figuras del Gobierno, con la pérdida de dinero, con los aviones que siguen parados y hay que hacerles mantenimiento, con el elemento adicional de que ya se consumieron cuatro meses de seguro de paro y de sueldo complementario que reciben los empleados de Pluna a partir de lo que dispuso la ley... O sea, cuatro meses que no fueron inocuos, cuatro meses que dejan un saldo de muchos problemas. Esa situación, ese hecho de que haya que empezar de vuelta cuatro meses después, ¿cómo lo analizan ustedes políticamente? Porque en especial significa que la solución que diseñó el gobierno y en la que el Frente Líber Seregni (FLS) tuvo mucho que ver –porque los dos ministros involucrados, Lorenzo y Pintado, eran del FLS– no funcionó. ¿Ese fracaso cómo lo evalúan políticamente?

LG - Creo que cuando se plantea de buena fe una solución y esa solución no se concreta, es en función de muchas circunstancias, no es porque el objetivo que se planteó considerar no se alcanzó por decisión de quien lo lleva adelante, sino que hay todo un entorno que está condicionando. Ese entorno hizo que esa solución que se planteaba como la mejor no se pudiera concretar. No fue en función de la propuesta en sí, que podía ser muy válida, sino que había todo un entorno –y en ese entorno entra todo lo que significan los intereses privados– que juega un papel muy importante, y ese papel muy importante llevó a que se llegara al término de lo que marcaba la ley en estas condiciones en que se dio. Me parece que esa es la lectura.

EC - Sí, pero también es cierto que la fórmula que se diseñó no funcionó probablemente porque no previó algunas de las cosas que podían ocurrir y ocurrieron. No previó que un postor que subastara se comportara como terminó comportándose, y termináramos enredados como terminamos todos. Eso pudo haberse previsto.

LG - Puede ser, esa puede ser una opinión, pero en definitiva es un postor que llega en forma y tiempo, en tiempo ni hablar, y en forma porque deposita lo que la ley le exigía, que eran las garantías necesarias. Una garantía además que se cuestionó, y me parece que ese cuestionamiento que se hizo es absolutamente injusto, porque estamos cuestionando una decisión de un BROU con la seriedad y la jerarquía que tienen nuestro BROU y quienes lo dirigen, que si aseguran como aseguraron reiteradamente a pesar de que hay un secreto bancario que esa garantía se va a cobrar, es la garantía que me dan la palabra del presidente de la República y el BROU, y no hay otra lectura, desde mi punto de vista. En definitiva el proceso legal se hizo en tiempo y forma, la propuesta no se pudo concretar, pero no en función de que no fuera buena. Podía ser incompleta en el sentido de que...

EC - Se podía haber pedido antecedentes de quienes se presentaban a la subasta, por ejemplo. Esa es una de las tantas alternativas para manejar una situación como esta.

LG - Toda esa situación está en manos del presidente del BROU, al cual yo le tengo absoluta confianza.

EC - Yo estoy hablando de otra cosa, de que el llamado a la subasta pudo haber requerido un proceso de calificación previa de los postores para saber ante quiénes estábamos, qué credenciales tenían, qué seriedad, y recién después de pasar por el filtro de esa precalificación autorizarlos a que subastaran. Por ejemplo, para evitar cosas como las que pasaron. Eso ya se ha hecho en Uruguay, se hizo con la subasta de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, se hizo con la subasta del aeropuerto, no vino cualquiera llamado Juan Pérez, se metió adentro y dijo un precio.

LG - Todo eso es cierto. También es cierto que en los antecedentes del BROU hay concesiones de garantías y este tipo de decisiones hechas –no quiero juzgar– de una manera no santa. Sigo diciéndole, usted manifiesta que en este caso tendría que haber habido determinadas condiciones, no se dieron, pero de cualquier manera atrás de eso está la circunstancia y la garantía de que el no cumplimiento por parte de esta empresa va a dar lugar a lo que no tengo ninguna duda va a ser el pago.

EC - Usted no me está entendiendo, yo no estaba hablando del aval, yo me estoy olvidando del aval por este momento, estoy hablando de una subasta que se hizo sin plantear requisitos previos a los ofertantes, exponiendo entonces al proceso a que ocurriera lo que ocurrió, que se presentara un "chanta" y nos tuviera a todos los uruguayos rehenes de su respuesta y de su actitud, en este caso durante un mes, con lo cual a su vez se pierden cuatro meses desde el cierre de Pluna SA. De eso estoy hablando, del diseño del mecanismo de la subasta, no del tema del aval.

LG - En el diseño, como usted dice, podrá haber, puedo admitirlo, imperfecciones que hayan dado lugar a esta circunstancia. A veces la perfectibilidad está lejos del objetivo que uno cree que es el mejor. Admito que puede haber imperfecciones en ese sentido.

EC - Claro, justamente, durante mucho tiempo había primado la impresión de que en el equipo de Gobierno las carteras que manejaba el FLS eran las más eficientes en la gestión; es más, desde el FLS se había criticado a otros ministerios por no ser eficientes. Da la impresión de que las cosas cambiaron rápidamente con este ejemplo.

LG - Yo creo que la eficiencia, no del FLS, de la conducción económica del país la dan los resultados después de siete años. Me parece que por una circunstancia muy puntual que se puede haber dado con respecto al tema de Pluna, que hubiera alguna imperfección, de ninguna manera puede cuestionarse la eficiencia de un grupo económico que es cierto que está muy representado por gente vinculada al FLS, pero que desde hace siete años está conduciendo la economía del país más que eficaz y eficientemente, eso no se puede discutir.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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Foto: parlamento.gub.uy