(emitido a las 9.05 Hs.)

EMILIANO COTELO:
"La pasta base nos está agujerando y nos está golpeando."

Esta es tan solo una de las frases con las que el presidente José Mujica se ha referido en más de una ocasión a la problemática que esta droga está causando en la sociedad uruguaya. A mediados de año, en junio, el Poder Ejecutivo presentó un paquete de 15 medidas contra la inseguridad. Entre ellas había varios proyectos de ley, uno de los cuales estaba destinado a endurecer el combate al consumo y tráfico de pasta base.

El aumento de penas para traficantes de cocaína y pasta base, incluido en el texto, fue durante varios meses centro de discusión entre el Gobierno y el Frente Amplio (FA), como también dentro de la bancada del oficialismo. Finalmente se llegó a un acuerdo que determinó un enfoque menos severo que el del Ministerio del Interior. Ese texto fue aprobado en el Senado en setiembre y ayer tuvo su sanción definitiva en la Cámara de Diputados.

¿De qué se trata? Vamos a conversarlo con el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Aníbal Pereyra.

El 20 de junio, cuando el Poder Ejecutivo presentó las 15 iniciativas, este proyecto en particular establecía que en una serie de cinco delitos vinculados al narcotráfico, si la sustancia involucrada era cocaína o pasta base, la pena mínima se agravaba por dos lados, porque se la aumentaba a tres años de penitenciaría, o sea, pasaba a ser una pena mínima más larga, y además no excarcelable. El texto final mantiene ese agravamiento de las penas, pero solo para cuatro de los cinco delitos; para el quinto la pena mínima no llega a tres años sino que queda en dos. ¿Podemos explicar cuál es la solución y vemos incluso los detalles?

ANÍBAL PEREYRA:
Cada vez que entra un proyecto al Parlamento, más allá de la discusión previa o el intercambio previo que siempre se da con el Poder Ejecutivo, en este caso en el Senado se profundizó como siempre en las comisiones con la participación de diferentes organismos y actores que están involucrados en estos temas. Eso lleva después a seguir discutiendo y perfeccionando el articulado. En el Senado básicamente lo que se le incorporó a este proyecto es que se mantiene la lógica del aumento de pena para el tráfico de pasta base, ese es el objetivo central de este proyecto de ley, pero este proyecto de ley no se puede analizar –lo decíamos ayer en la discusión en el Parlamento– fuera del paquete de las 15 medidas de la "Estrategia por la vida y la convivencia" y aquellas medidas que se puedan seguir tomando en adelante con respecto a este tema. Tampoco podemos verlo como algo a partir de lo cual estamos acorralando al narcotráfico. Es un tema mucho más complejo, apenas estamos construyendo una herramienta diferente.

EC - Vayamos a esta disposición en particular.

AP - Lo que se incluye en el Senado es aumentar el mínimo de la pena a tres años de penitenciaría, por lo tanto no es excarcelable, y en el caso del artículo 35 de la ley 14.294, que luego fue modificada por otra ley, creo que la 17.105...

EC - En el caso del artículo 35 hay un cambio, hay una diferencia.

AP - Se aumenta la mínima a dos años también de penitenciaría, y no excarcelable.

EC - O sea, para cuatro de esos cinco delitos se aumenta la mínima a tres años, y para el quinto delito, el del artículo 35, a dos. ¿Cuál es la diferencia entre esos cuatro primeros y el último artículo?

AP - Se pueden ver los cuatro artículos primeros como artículos que están vinculados con las escalas más pesadas del narcotráfico, y el otro como la más periférica o la punta de la madeja.

EC - De todos modos, en todos esos casos se aumenta la mínima.

AP - En todos los casos se aumenta, y no solo se aumenta la cantidad de tiempo, sino que pasan a ser no excarcelables. Hoy lo decían varios medios de comunicación, quedan incluso con una pena mayor que el homicidio simple, que prevé 20 meses de cárcel.

EC - Ese es un mensaje que se quiso pasar con este proyecto, que los delitos vinculados al tráfico de pasta base van a ser castigados más duramente que el homicidio.

AP - Hacia eso íbamos. Más que un mensaje, es una decisión política determinada, clara, va en la línea de lo que decía nuestro presidente de la República. Acá hay una decisión de que a la pasta base la vamos a perseguir hasta abajo del agua, para decirlo bien gráficamente, porque no la consideramos una droga más, la consideramos un veneno que está destrozando el tejido social de nuestra familia, de nuestra sociedad. Lo vemos a cada rato, esto ya no tiene lugares, barrios determinados, familias. Entonces, a quien introduce esa droga, a quien crea los mecanismos, que lo ha perfeccionado, que lo vende familias –se han procesado señoras de 70, 80 años– entendemos que hay que verlo con una óptica diferente. Con esta estrategia apuntamos a tratar de cambiar el paradigma de cómo perseguimos, cómo actuamos para perseguir el fenómeno que genera las drogas, por un lado el narcotráfico, por otro lado lo que tiene que ver con la adicción en sí misma. Somos conscientes de que el Uruguay solo no va a hacer patria con esto.

EC - Se aumentan las mínimas, las penas pasan a ser no excarcelables para estos cinco delitos, pero se deja una puerta abierta, se incluye una atenuación que no estaba en el proyecto original del Poder Ejecutivo, porque se habilita al juez a decretar penas alternativas a la prisión en algunos casos. Si el imputado no tiene antecedentes penales por haber cometido delitos a título de dolo, si a criterio del juez la sustancia incautada representa desde el punto de vista cuantitativo una cantidad menor, y si el imputado no les ha vendido dicha sustancia a menores de edad. ¿Por qué introdujeron esta flexibilización?

AP - Más que flexibilización es una consideración que se le deja al juez en el caso de que se den esas tres condicionantes –lo dice claro el artículo– juntas.

EC - Tienen que darse las tres juntas.

AP - Lo dice claro el artículo, en ese caso se puede considerar la pena alternativa y no la prisión.

EC - ¿No se le da al juez una libertad demasiado amplia en esta materia, una discrecionalidad que puede ser complicada?

AP - Puede ser, pero no en el sentido de que acota a que tienen que estar las tres. Creo que este fenómeno también debe ser visualizado en el marco de lo que significa el sistema carcelario. Por eso hacemos mucho hincapié en visualizar estas medidas no como pócimas mágicas que van a cambiar la realidad a partir de que se apliquen, porque ninguna ley actúa así sobre la realidad, sino como herramientas que la realidad determina que son necesarias. Creemos que estas herramientas pueden ayudar a eso, y tenemos que incluirlas sobre todo en las otras medidas administrativas que el Gobierno está tomando. Una de ellas es todo lo que tiene que ver con la reestructura del Ministerio del Interior y la efectividad en perseguir estos fenómenos, otra tiene que ver con la reestructuración del sistema carcelario. En nuestro país desde el año 90 aumentaron sistemáticamente las penas sin una dirección clara, pero con un objetivo central: preservar la propiedad. Esto tiene un sentido diferente, aumentar las penas para preservar la vida, no la propiedad. Y en ese sentido planteamos que las cárceles tienen que tener una lógica diferente, esto es una armonización en alguna medida. Hoy hay 3.000 presos trabajando, hay presos que pueden y deben ser recuperados, y con otros hay que tener otra lógica.

EC - De todos modos, yo le preguntaba por qué se deja este margen para que en determinados casos la pena no sea de penitenciaría sino que se apliquen medidas alternativas. ¿No terminará ocurriendo que con frecuencia la sanción sea esta? Legisladores de la oposición ayer cuestionaban esta parte, no la primera, no el aumento de las penas mínimas, sino que se dejara esta puerta abierta.

AP - Siempre hay que escuchar las críticas, porque así construimos la sociedad. Pero en este caso nos pegaron por todos lados, la propia oposición nos dijo que éramos más duros en las penas que planteábamos, pero por otro lado decían que abrir esa ventana generaba la posibilidad de ser blando. No se trata de una cosa ni de la otra.

EC - Aclaro para los oyentes que no han seguido el debate: tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado ayer cuestionaron al FA en su conjunto que ahora estuviera adoptando este tipo de medidas de agravamiento de las penas para enfrentar problemas de seguridad pública cuando en el pasado había criticado a gobiernos blancos y colorados que iban por ese camino. Es más, el diputado Luis Lacalle Pou había presentado en esta legislatura un proyecto de ley que agravaba las penas para el tráfico de pasta base y ese proyecto durmió, nadie lo consideró, hasta que ahora el Gobierno reaccionó. ¿Qué dice usted de esa parte del cuestionamiento?

AP - Todos los temas pueden tener esa dinámica.

EC - ¿Efectivamente hay un cambio en posición del FA, hay un cambio en la óptica del FA a propósito de la seguridad pública?

AP - No, acá lo que hay es una visión para enfrentar estos fenómenos de una manera diferente de lo que veníamos haciendo. Es cierto que la izquierda –lo dice el documento "Estrategia por la vida y la convivencia"– históricamente planteó un discurso de enfrentar estos dramas a partir de la consolidación de las políticas sociales. Eso sin lugar a dudas en el gobierno del FA se ha hecho, con la inclusión de fuertes medidas de política social que redujeron la pobreza, que redujeron el desempleo, aumentaron las situaciones complejas desde el punto de vista de la convivencia y el relacionamiento. Sin duda las medidas pasan por conjugar cuestiones legales, penales, reformular el sistema judicial –el Código Penal debe ser reformulado, porque ahí tenemos un talón de Aquiles–, la reestructura policial, una cantidad de cosas, con seguir construyendo políticas de convivencia.

EC - Pero el FA se está acercando al discurso que antes manejaban los partidos tradicionales y el FA contradecía. Se lo digo porque hasta dentro del propio oficialismo surgen esos reconocimientos y malestares, incomodidades, lo dijo por ejemplo ayer durante el debate la diputada Daisy Tourné del Partido Socialista. ¿Qué responde usted a ese sentimiento que hay dentro de su propio partido? La diputada dijo: "Una discusión seria contra el narcotráfico no se puede concentrar en un proyecto de ley, es un tema demasiado grande como para venir hoy acá creyendo que se está salvando a la patria".

AP - Absolutamente de acuerdo, nosotros planteamos lo mismo, ese es el concepto que tenemos con esta estrategia. Es público, lógico y conocido que hemos tenido visiones en la discusión de estos proyectos con compañeros que tienen miradas diferentes, pero la "Estrategia por la vida y la convivencia" es una estrategia adoptada por el Gobierno y apoyada por todos. En cada una de las medidas alguno puede hacer énfasis en determinadas acciones, pero nosotros ponderamos que ayer hubo una decisión política del gobierno que votó todo el FA. Esta era una cosa que quería decirle, porque la oposición puede hacer un discurso del que yo le puedo aceptar mucha cosa, pero no le acepto la actitud que tomó ayer. ¿Sabe cuántos legisladores del PN había en sala cuando se votó? Porque mire que los discursos se caen cuando se tiene que actuar en función de esos discursos. Había cinco diputados. Entonces yo no me banco que me vengan a dar clase de cómo actuar y a la hora de poner el granito de arena, en el convencimiento o no, pero más con toda la prédica que hay, haya cinco legisladores. Nosotros cometimos un error: no haber pedido votación nominal, porque ahora se puede decir "yo estaba", "yo no estaba", porque después no se puede comprobar, pero había cinco, me tomé el trabajo de contarlos, estaban sentados a mi izquierda.

EC - Lo cierto es que la oposición por un lado cuestionó que el FA ahora admitiera un tipo de medidas, el agravamiento de las penas, que antes no aceptaba. Y por otra parte también se cuestionó que se hubiera atenuado el proyecto del Poder Ejecutivo, en la oposición se prefería el proyecto original que era más duro.

AP - Por eso le digo, por todos lados nos pueden pegar, por ser blandos, por ser duros. Nosotros creemos que toda ley es perfectible, mejorable, esta ley apunta a un mensaje claro en cuanto a cómo cambiar el paradigma con respecto a las drogas. Por otro lado hay otro proyecto que legaliza la marihuana, construido en una posición de definir políticas diferentes de las que hemos adoptado hasta ahora con respecto al tema narcotráfico y adicciones. Paradójicamente se da esto: yo hace dos meses fui invitado por el Parlamento Andino a un simposio sobre seguridad ciudadana e integración, y había países como México, Perú, Colombia, Chile, que tienen dramas con respecto al narcotráfico bastante más complejos que los nuestros, sobre todo México y Colombia, y gente del gobierno de esos países, que ideológicamente pueden estar en la otra vereda con respecto a nosotros, planteaba que lo que estaba haciendo el gobierno de Mujica –el incorporar una lucha diferente de todos estos fenómenos relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico y la convivencia– se está empezando a estudiar en profundidad en muchos países, porque con respecto a la droga en particular está claro que el paradigma de la prohibición absoluta está fracasando en todos lados.
    
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EC - Veamos la otra parte del proyecto, que en realidad son los primeros artículos. Llama la atención que el articulo 1 se detiene en una serie de delitos vinculados a lo que podríamos llamar corrupción de funcionarios públicos, y establece que "constituye agravante especial y la pena se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo, si el sujeto activo es senador, diputado, ministro o subsecretario del Poder Ejecutivo, magistrado, actuario o alguacil del Poder Judicial, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o del Ministerio Público y Fiscal, funcionario policial, funcionario militar, funcionario de la Dirección General Impositiva o de la Dirección Nacional de Aduanas". O sea, se endurecen las penas de los delitos de corrupción para una larga lista de funcionarios públicos, incluidos jerarcas de gobierno, y no solo funcionarios policiales, que era lo que pretendía el Poder Ejecutivo, el proyecto del Poder Ejecutivo era muy cortito en este artículo. ¿Qué pasó?

AP - Como le decía al principio, cuando se empezó a discutir en el Parlamento este proyecto surgió que lo que se quiere es por un lado agravar las penas para el tráfico de pasta base de cocaína, pero a su vez agravar en un tercio la mínima y la máxima a aquellos que tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley. Eso para resumirlo, porque todos sabemos que cuando se trata de acciones del delito organizado este tiene formas diferentes de generar corrupción para tratar de seguir operando, de operar desde las cárceles, de ingresar armas, de traficar con droga, y muchas veces esa operativa no se puede hacer si no se tiene del otro lado determinada complicidad. Entonces también se apunta a eso. Yo le decía al principio, no es solo un mensaje, es una decisión política de que esto vaya acompasando un compromiso grande de tratar de minimizar esos profundos problemas que tenemos.

EC - La lectura que está detrás de este cambio es que los funcionarios públicos potencialmente corruptibles por el narcotráfico no son solo los policías.

AP - Exactamente, porque si usted tiene que pasar una frontera hay otros organismos, si tiene que ingresar a una cárcel no solo hay policías, por eso se incluyen también altas responsabilidades de gobierno. Esto estuvo ayer en el debate cuando se planteó todo el tema de las penas. En estos años de gobierno del FA se nos pueden criticar muchas cosas, pero con respecto al tema narcotráfico ha quedado muy claro que antes no se veían operativos tan grandes en los que cayera gente de guante blanco de la operativa del narcotráfico, por decirlo de alguna manera, apellidos muy conocidos en muchos casos. Eso tiene que ver con todo esto que estamos hablando, porque el primer artículo hace referencia a los artículos del Código Penal –cito de memoria– 153, 156, 157, 158, 158 bis, que se refieren a estafa, cohecho, etcétera. Desde una administración se pueden tapar determinadas cosas y a eso apunta.

EC - El artículo 2 quedó como venía del Poder Ejecutivo, y está referido, ahí sí, a las cárceles o establecimientos de reclusión de menores infractores. Dice "a quien preste funciones en establecimientos de reclusión o detención de personas, sean estas mayores o menores de edad, se le incrementarán en un tercio las penas mínima y máxima correspondientes cuando cometa cualquier delito en ejercicio de su función o en ocasión de esta".

AP - Exactamente, también en ese artículo se hablaba de policía. Como es sabido, el sistema carcelario se está transformando, al final del 2015 todas las cárceles van a estar dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), a medida que va pasando cada una de esas dependencias al INR se van capacitando nuevos operadores penitenciarios, se está creando una estructura diferente, entonces hay operadores civiles dentro de las cárceles. Lo que se plantea con esto es que aquellos que dentro de esos establecimientos puedan llegar a ser parte de ese andamiaje del delito serán sancionados con esa pena que aumenta en un tercio tanto la mínima como la máxima.

EC - Si entiendo bien, a esos funcionarios se los coloca en una categoría aparte, no se los considera incluidos en el artículo 1, porque este artículo abarca un rango más amplío de delitos, no solamente los delitos que podríamos llamar de corrupción.

AP - Exactamente. Tiene que ver con otros delitos, en los primeros están involucrados quienes tienen responsabilidades en la función pública, en el segundo son delitos de complicidad por ejemplo en el ingreso de armas o en todas las cosas que hemos visto que suceden en las cárceles.

EC - En esos casos la decisión es la misma, se incrementan en un tercio las penas mínima y máxima correspondientes de los delitos que estén en juego.

AP - Exactamente, esos son los dos primeros artículos, los otros dos artículos de la ley establecen lo que hablábamos al principio con respecto al narcotráfico.

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EC - Finalmente, ¿qué viene ahora?, ¿qué pasa con los otros proyectos del paquete de "Estrategia por la vida y la convivencia"?

AP - Vuelvo a este concepto que ayer repetimos varias veces en cámara: si esta fuera la única decisión legal que tomara el Parlamento no sería un avance real en cuanto al paquete o a las medidas que tenemos que articular.

EC - Se lo pregunto porque el Poder Ejecutivo estaba preocupado por la lentitud con la que iba el trámite de estos proyectos. ¿Efectivamente van a salir todos antes de fin de año?

AP - En media hora comienza la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados y tenemos previsto aprobar el proyecto que crea el Fondo para las Víctimas de la Delincuencia para tratarlo seguramente la semana que viene en Diputados. Ese proyecto tuvo demoras porque se han hecho modificaciones con respecto al proyecto original, ahora queda como una prestación del Banco de Previsión Social, se va a atender con seis bases de prestación a aquellas personas víctimas de actos de violencia, y se incorpora que se aplicará a hecho sucedidos desde el 2002. Ese proyecto lo vamos a aprobar hoy.

En el Senado hay cuatro más. La decisión de la bancada de gobierno es que en diciembre tienen que estar votados los seis proyectos de ley, ese es el compromiso político.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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Video de la entrevista

Documento: Proyecto de ley aprobado que agrava las penas a los delitos contra la administración pública y de tráfico de pasta base de cocaína (07/11/2012)

Documento: "Estrategia por la vida y la convivencia" elaborado por el Gabinete de Seguridad (21/06/2012)