(emitido a las 7.49 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El Gobierno presentó ayer la primera licitación de un proyecto de Participación Público Privada (PPP). Será una cárcel ubicada en la zona Punta de Rieles, al lado de la que se construyó recientemente, y contará con 2.000 nuevas plazas.

El adjudicatario se encargará de servicios como limpieza, lavandería, alimentación, mientras que el Estado tendrá a su cargo la seguridad y otros aspectos referidos a los reclusos.

¿De qué inversión estamos hablando? 72 millones de dólares. ¿Cómo pagará el Gobierno? En 22 años de forma trimestral. ¿Cuándo será la apertura de ofertas? En mayo ¿Cuándo se inaugurará el edificio? En el próximo período de Gobierno.

Vamos a profundizar en esta novedad. Estamos en contactos con la doctora Adriana Rodríguez, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

ROMINA ANDRIOLI:
Rodríguez, ¿podemos empezar explicando cómo funciona el proyecto de PPP en este caso en particular?

ADRIANA RODRÍGUEZ:
Como ayer manifestamos, es un proceso bastante largo que ha venido desarrollándose desde hace un par de años, lo que se largó en el día de ayer fue la licitación. O sea, el día viernes salió en el Diario Oficial y ya están colgados en todas las páginas correspondientes: del Ministerio de Industria, del Departamento de Compras del Estado, se cuelga el pliego de licitación y ahora empieza el trabajo más arduo por parte de las empresas que quieran participar, que tienen casi seis meses para elaborar su trabajo. Obviamente harán todas las preguntas que sean del caso al Ministerio del Interior, y a partir de la apertura se procede como con cualquier otra adjudicación, se arma un tribunal de análisis de las propuestas, se adjudica y se empieza a construir.

EC – Tenemos dos novedades juntas, por primera vez se hace en Uruguay una cárcel en concesión a privados, no hay antecedentes. Pero además no se lo hace de cualquier manera se lo hace utilizando una ley nueva, la ley de PPP, porque concesiones a privados ya habían existido en Uruguay. Por eso la pregunta que hacía Romina, ¿cómo se aplica la ley de la PPP?
 
AR – En realidad el Estado ha tenido históricamente varias herramientas para hacer este tipo de infraestructura. Esto es un largo proceso que desembocó, como ustedes conocen, en el mes de julio del año pasado en la aprobación por parte del Parlamento de esta nueva herramienta. Nosotros insistimos en que es una herramienta más porque, como tú dijiste, existe para el Estado el TOCAF, el más tradicional de las herramientas para hacer este tipo de cosas, existen las concesiones y los fideicomisos, que a veces nos olvidamos, pero que son también herramientas útiles.

En el 2011 se hizo ley. En enero de 2012 se hizo un voluminoso y exhaustivo decreto de la ley, y es el primer proyecto que se lanza la licitación y el llamado. Pero tiene algunas particularidades, como los tiene la ley, es un proyecto que tiene que ver con la concesión a privados. Porque en realidad, la ley de PPP es una concesión perfeccionada, es un tipo de concesión con mucho más detalle y muchas más seguridades, tanto para el Estado como para los empresarios, según nuestra opinión.

Entonces se concesionan algunas cosas y no todas, porque hay cosas que la misma ley uruguaya deja en manos del Estado exclusivamente. No sucede así en otras partes del mundo, pero sí en Uruguay. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la seguridad, con la vigilancia; la salud de los presos y la rehabilitación. El resto, que tiene que ver con la utilería, que también se llama el economato, la higiene, la limpieza, es concesionado a privados.

Lo que tiene de diferente la ley de PPP es que el Estado propone una necesidad y los privados elaboran sus propuestas de acuerdo a las necesidades que se le plantean. Y ahí se elige la mejor. En esta ley existe una transferencia de algunos riesgos por parte del Estado al privado.

EC – ¿Cómo es eso de la transferencia de riesgo?

AR – En las obras de concesión de rutas, que es la infraestructura y las concesiones más comunes para el Uruguay, nosotros decimos: "queremos esta ruta, con estas características con estos niveles, ¿cuánto me sale?" y ahí es un llamado a precios. Se licita, gana el mejor, se construye, y vuelve a manos del Estado.

La ley PPP abarca también la operación y el mantenimiento. Por eso estamos hablando de concesiones tan prolongadas de hasta 30 años. En este caso estamos hablando de unos 22 años y medio, pero la ley habilita hasta 30 años porque el privado tiene que planificar su propuesta y en sus costos, tiene que hacer el mantenimiento y la operación del sistema durante el plazo convenido.

Será devuelta al Estado después de 22 años y medio en este caso, o 30 años.

RA – Y en este caso, ¿qué contraprestaciones se les exigen al privado para que desde el Estado se le pague la inversión que hace?

AR – Las formas de pago que tienen las PPP son varias, depende del proyecto. En el caso de la ley de PPP resulta absurdo comentarlo, pero vale la pena para poner el ejemplo lo que sucede en otros proyectos. Se puede pagar una infraestructura dura a través de los peajes, a través de los denominados peaje sombra, que son aquellos que se le paga al que construyó el proyecto por los vehículos que pasan, pero no pagan los vehículos que pasan, paga el Estado.

EC – Sí, son dos mecanismos, peaje y peaje sombra.

AR – Exactamente. Y el otro es este mecanismo que se paga en este proyecto, que es por disponibilidad, porque obviamente los reclusos no van a pagar el peaje, sino que corre por cuenta del Estado y es por la disponibilidad en determinadas condiciones ya establecida, de la posibilidad de tener esa disponibilidad de espacios, de lugares físicos.

Si por alguna razón la disponibilidad no es la convenida, se pactan determinadas multas. Si por alguna razón un ala entera no queda disponible, se sanciona al proveedor no abonando la totalidad de lo pactado, sino con multas, también ya convenidas, por la no disponibilidad de esas plazas. Dicho de otra manera, se paga por las plazas disponibles.

De la misma manera se contemplan sanciones cuando por alguna razón, por un plazo también estipulado, pudiera existir alguna superpoblación de plazas. Si se estipula para 100 plazas, y por determinado periodo de tiempo tenemos ocupadas 105 plazas, ahí hay estipulado no ya una pena sino un pago adicional. Porque obviamente lleva gastos de hotelería, de amortización y de alimentación superiores a los pactados.

RA – En este caso, la inversión es de 72 millones de dólares, dijimos que el Estado abonará a lo largo de 22 años de forma trimestral. Según la misma normativa de las PPP, antes de presentar un proyecto de estas características se debe estudiar si no era más conveniente hacer la inversión bajo un sistema de contratación tradicional, o de inversión pública. ¿Qué ventajas se vieron con este proyecto de la cárcel? Estoy pensando en ventajas económicas, financieras, y en tiempos de concreción de la obra.

AR – Si, se realizaron muchos estudios que los determina la ley. No en vano llevamos un año y medio realizándolos, más allá de la parte de diagnóstico inicial y de conocimiento del tema pasan por analizar si el proyecto es elegible, si no es elegible, si es factible, entre otras cosas.

Y uno de los estudios, que se llama "valor por dinero" en todo el mundo, es analizar todos los escenarios para demostrar por parte de la Administración Pública, en este caso la CND, que actuó como asesora del Ministerio del Interior, que este es el mejor camino para concretar este proyecto.

Esos estudios que conllevan análisis económicos, financieros, sociales, de oportunidad, determinaron que para este proyecto el valor por dinero dio positivo, tiene una serie de valores que lo hacen factible.

Primero podríamos mencionar la oportunidad y la posibilidad. No habría disponibilidad para hacer una cárcel de esta envergadura y de estas características con fondos tradicionales del Estado. No hubiera sido posible por otro mecanismo, así fuera deseado
¿Y por qué esto es concluyente y tan importante? Porque no se trata de hacer una cárcel, como puede ser el Comcar o la rehabilitación de algunos módulos, sino que esta cárcel en particular conlleva un modo de gestión diferente, tiene algunas particularidades que lo han enmarcado en un proceso del Ministerio del Interior de cambio en la gestión. O sea, va a tener un precinto donde los reclusos van a ingresar durante unos cuantos días, y van a ser sometidos a estudios sociológicos, psicológicos y demás, para ver sus posibilidades inmediatas de rehabilitación, sus posibilidades de ingreso a la cárcel propiamente dicha, para la aplicación de este nuevo módulo. Puede suceder que los estudios determinen que haya algunos que no contengan las condiciones necesarias para ingresar a este nuevo sistema carcelario, eso es crucial, porque se pretende tener un punto de inflexión en materia de política penitenciaria a nivel del país

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EC – Ayer en la conferencia de prensa se daba algún dato adicional a propósito de este proyecto. Por ejemplo, se ubica en un contexto nuevo del sistema de cárceles de nuestro país, porque se va a crear el instituto nacional de rehabilitación por el cual se incorporarán todas las cáceles del interior a esta nueva dependencia.

Se busca mejorar la infraestructura y las condiciones de los servicios, además de mantener en buen estado el establecimiento mejorando la distribución de las personas privadas de libertad de acuerdo a sus perfiles.

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Foto: Presidencia