(emitido a las 7.47 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El obierno y la Intendencia de Montevideo se proponen recuperar una serie de inmuebles que han sido ocupados por intrusos y que muchas veces son refugio de delincuentes, alterando la trama de la ciudad.

El viernes pasado, con apoyo de la policía, fue desalojado un edificio de apartamentos que ha sido noticia varias veces, ubicado en la avenida José Pedro Varela entre Luis Alberto de Herrera y Bulevar José Batlle y Ordóñez, muy cerca del Edificio Libertad.

El secretario general de la Intendencia, Ricardo Prato, dijo que en breve se van a regular otros, entre ellos, el exhotel El Casino, un caso emblemático, en la calle Gonzalo Ramírez, en la zona del Parque Rodó.

¿Cómo es esto? La medida implica desalojar y reubicar a los residentes ilegales, hacer obras de refacción y negociar luego el pase de estos edificios al mercado inmobiliario.

Hace tiempo que esto estaba pendiente. ¿De qué manera se lo ejecutará?, ¿cuáles son los tiempos?, ¿cuáles son las formas? Vamos a conversar justamente con el secretario general de la Intendencia de Montevideo Ricardo Prato.

Romina, ¿por dónde empezamos?

ROMINA ANDRIOLI:
Prato, ¿en qué consiste este plan de desalojos de edificios abandonados que han sido ocupados?, ¿se trata de un plan nuevo?

RICARDO PRATO:
Para nada es un plan nuevo, yo creo que hay un error en la información original de que el viernes comenzó. El viernes culminó un proceso que llevaba un par de años de realojar, reubicar a las personas de edificios que el problema que tienen, sobre todo el de José Pedro Varela, es que no tiene dueño legal que hiciera las acciones para el desalojo del edificio. Ahí hubo que armar un trabajo entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social y la Intendencia para ir convenciendo a los habitantes para que fueran ocupando otros lugares y que no se reocuparan lo apartamentos que iban quedando vacíos.

El problema que existe con el exhotel El Casino es que también quedó sin dueño, , fue comprado por un inversor, que está haciendo los trámites legales para el desalojo mientras que la Intendencia le está dando el apoyo en cuanto a la posibilidad de limpiar lo que, al estar la sanitaria en pésimas condiciones, provoca molestias en la zona. Pero aquí hay propietarios que han desatendido sus obligaciones con respecto al mantenimiento de los edificios.

EC – Pero, ¿quién toma la decisión?, ¿quién resuelve en determinado momento el desalojo?

RP – El desalojo es una decisión judicial. En el caso del edificio de José Pedro Varela hubo que mostrar ante la justicia el interés general que al no existir un titular que hiciera la medida la Intendencia junto con el Ministerio del Interior se constituyeron en parte como para poder conseguir de la justicia las órdenes de desalojo, más allá del convencimiento a algunos vecinos de que era mejor irse que quedarse a ser desalojados.

EC – Y una vez que se obtiene esa orden judicial, ¿de qué manera se actúa?

RP – El otro día lo que hicieron fue retirar a las últimas que tres familias que quedaban, pero tenían un destino ya decidido que no lo querían utilizar. Pero es un problema de edificios que tenemos varios esqueletos que quedaron en la ciudad, que están en procesos judiciales muy complicados porque atrás de esa política de haber dado préstamos a gente que no cumplió con sus obligaciones con la construcción y con sus obligaciones con el Banco Hipotecario que les prestó el dinero, u otros bancos que les prestaron el dinero, dejaron abandonadas las construcciones y seguramente los créditos que hay en contra de esas construcciones exceden largamente al valor y no ha sido posible reponerlos en el mercado inmobiliario. Recientemente la Intendencia ha recibido ofertas de algún empresario que está negociando con la Intendencia para por lo menos achicar alguna de las cuentas que le hacen inviable el negocio, y bueno, la Intendencia está dispuesta a discutir.

EC – ¿A qué caso alude en ese comentario?

RP – El caso por ejemplo de 18 y Tacuarembó o el caso de 18 y Andes. El de 18 y Andes está mucho más terminado, pero en condiciones totalmente irregulares. Este edificio pertenecía a un propietario que se fue del país aparentemente por problemas con la ley y estaría detenido en otro país. Y bueno, dejó detrás de él un tendal de deudas y gente que se enteró se aprovechó y ocupó muchos de los apartamentos terminados o casi terminados generando una situación muy embromada sobre todo para los pocos propietarios que habían comprado y logrado terminar sus apartamentos y conseguir la habilitación.

EC – Volviendo a la pregunta que le hacía Romina hace un rato, ¿cómo es el procedimiento? Usted aclaraba, lo que hay acá es una resolución judicial, a partir de una acción iniciada por la Intendencia con el gobierno nacional.

RP – Claro, pero esto es un caso muy especial porque no se logró detectar quién es el propietario.

EC – Hay una preparación del desalojo en el sentido de encontrarle alternativa de habitación para quienes estaban viviendo por ejemplo allí en ese edificio de la avenida José Pedro Varela, ¿cómo es eso?

RP – En principio es saber si existe o no existe un propietario a quien intimar para que regularice la situación de su propiedad. El tema es que cuando después de mucho buscar no se logró encontrar un propietario, y las condiciones judiciales lo permitían, la Intendencia y el Ministerio del Interior se presentaron como parte ante la justicia para solicitar el desalojo. El tema es que no siempre es posible porque en muchos de estos casos hay propietarios estrictamente con sus derechos y con sus obligaciones, que no las están cumpliendo, y la Intendencia no lo puede obligar...

EC – Está bien, pero la pregunta creo que apuntaba sobre todo a saber si es necesario efectivamente que se le ofrezca una alternativa de habitación a quienes estaban ocupando ilegalmente, por ejemplo, ese edificio. ¿De qué manera encaran ustedes esa parte?

RP – No siempre es necesario, lo que es una forma amigable de conseguir una solución que quizás en la justicia demoraría mucho más si no se hubiera podido resolver amigablemente con la mayor parte de los habitantes. Porque la Intendencia al no ser dueña del terreno no es titular claro de la acción de desalojo, no hay ninguna norma que nos establezca a nosotros que podemos desalojar un edificio porque el lugar es sucio, habiendo propietario.

Acá la situación es que no habiendo un propietario claro, no existiendo otra alternativa, la forma es, bueno, tratemos de ver si esta gente sale para otro lado y la justicia termina de darnos el permiso para intervenir en el edificio. Nos dan ese permiso para intervenir a los efectos de efectuar limpiezas, como es el caso de exhotel El Casino, donde hemos logrado entrar varias veces a hacer desagotes y a conectar alguna parte al saneamiento correctamente.

EC – O sea que primero la Intendencia y el Ministerio de Vivienda ofrecen alternativas de habitación a esas familias...

RP – En el caso de que no tengamos un propietario claro que sea el responsable de hacer el desalojo.

EC – ¿Y cómo son esas soluciones?

RP – La Agencia de Vivienda tiene una cartera de vivienda que todo el mundo sabe que las ha puesto a remate, algunas no logra rematarlas y esas pueden ser la solución para algunos casos.

EC – Pero, ¿son soluciones gratuitas para estas familias?

RP – Son soluciones que tienen que negociar el precio de pago con la Agencia Nacional de Vivienda o con quien sea que ponga la vivienda, no es nada gratis, aunque las formas de pago son a largo plazo.

RA – ¿Y qué tipo de contraprestaciones se les exige, por ejemplo?

RP – Es pagar el precio de alguna manera que sea accesible, tratar de recuperar esos edificios para que se pongan totalmente en condiciones, y se vuelquen al mercado inmobiliario. La Agencia Nacional de Vivienda tiene varios, algunos ni siquiera están ocupados, están simplemente abandonados, alguno tiene todavía algún sereno o alguien que cuida el lugar, pero las deudas que tiene por los juicios pendientes y los tributos que puedan tener pendientes a veces hacen inviable que algún empresario se haga cargo de seguir adelante por ahora.

RA – ¿Qué pasa en el caso de los otros edificios, los que sí tienen un propietario concretamente?, ¿cuál es el plan que tienen ustedes para ese tipo de casos?

RP – La Intendencia no tiene por qué tener plan para ese tema, lo que la Intendencia ha recogido con buenos ojos es que algún empresario se hace cargo de esos edificios y viene a plantear alguna solución para resolver la situación tributaria del edificio que a veces es una de las cargas importantes en el juicio o en los juicios que tienen esos edificios. Y se han buscado soluciones para dos de ellos, para el caso de 18 y Tacuarembó, el caso de 18 y Andes, que es aplicarle la norma que se aplicó para el conjunto de los vecinos de Montevideo con respecto al achique en cuanto a multas y recargos de la deuda original.

RA –¿Podemos repasar cuáles edificios van a estar contemplados en esto?

RP – Son estos dos que le digo, lo que ya está resuelto, 18 y Tacuarembó y 18 y Andes. Si alguien más compra algún edificio y viene a hacer el planteo, se verá en cada caso si es posible adaptarlos al planteo que sacó multas y recargos a las deudas cuyo plazo terminó hace un tiempo.

RA – Y en el caso en los que los dueños están identificados, ¿la Intendencia no puede intimarlos de alguna forma a que inicien los trámites de desalojo, por ejemplo?

RP – La Intendencia le pone multas por tener la edificación inapropiada, le pone multas por problemas de salubridad, pero no tiene potestades para decirle "desaloje a sus inquilinos", esa es la solución que tienen ellos para sacarse de encima el problema que les va a seguir acumulando multas además de las deudas que eventualmente puedan tener.

EC – Otra situación que aparece mencionada en la prensa de hoy, no sé si llegó a leerla, en el diario El Observador, es lo que ocurre en Piedras entre Isla de Lobos y Guaraní, en la Ciudad Vieja, es el hall de lo que fuera el Sindicato Autónomo de Estibadores de Ultramar del Uruguay. Dice que: "El hall de un edificio abandonado y ocupado por intrusos, hace tiempo señalado como refugio de ladrones, se convirtió ahora en un foco infeccioso" ya que acumula "al menos dos metros de aguas residuales hasta el ras de la calle". O sea, es una situación particularmente compleja, no solamente intrusos, no solamente riesgo para la zona, sino además riesgos en seguridad y riesgos sanitarios, ¿qué se puede hacer en un caso como ese?

RP – En la misma nota habla de que el alcalde del Municipio B ya está trabajando en el tema, ese es un edificio que quedó en manos del Ministerio de Educación y Cultura, aparentemente fue rematado y el nuevo propietario tendrá que hacerse cargo de la situación al igual que cuando uno se hace cargo de una propiedad tiene que resolver que la misma se mantenga en condiciones sanitarias y de edificación correctamente.

EC – Está bien, pero la pregunta viene porque por lo visto ha venido pasando ya un tiempo en el que se ha ido acumulando esa piscina de excrementos, etcétera, sin que hubiera acciones.

RP – El tema es que la acción es intimar al propietario a que resuelva el tema, la Intendencia no puede hacer otra cosa, porque tiene dueño. Acá el tema es que el dueño original, que fue el residual por disolución del sindicato, que fue el Ministerio de Educación y Cultura, lo tuvo más o menos tapiado hasta que decidió sacarlo a remate, que es generalmente lo que se hace con los edificios en el cual no tenés perspectivas de darle otro destino, además tiene obligación de rematarlo, no lo puede vender a nadie. Aparentemente, por lo que dice la misma nota, el que compró en el remate tendrá que tomar alguna medida para resolver el tema, la Intendencia lo podrá ayudar en cuanto a hacer alguna limpieza a cuenta de pasarle después la factura al propietario, y puede complicarle la vida la posibilidad de reponer ese edificio en funciones.

EC – Está bien, pero llama la atención que no haya herramientas legales que permitan incidir con más velocidad, que no se generen durante tanto tiempo esas situaciones que son notoriamente desventajosas y perjudiciales para el barrio, ¿no?

RP – Emiliano, a mí no me llama la atención, porque en este país, que vivimos en un sistema capitalista, la propiedad es un sagrado inviolable, por lo tanto el propietario es el responsable de lo que pasa en su propiedad y es muy difícil llegar a obligarlo con las herramientas que se tienen a que mantenga la propiedad si él no quiere hacerlo. Se le puede intimar, se le puede multar, después podemos llegar a ejecutarlo nosotros también por el no pago de las multas, pero estamos en la misma, seguimos en una vuelta de juicios uno atrás del otro, en el cual distintos actores actúan contra el propietario que no cumple con sus obligaciones.