(emitido a las 7.56 Hs.)

EMILIANO COTELO:
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declarará inconstitucional el impuesto al campo. Por cuatro votos a uno la SCJ acordó esta semana que declarará inconstitucional el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), según adelantaron al semanario Búsqueda fuentes políticas y también del Poder Judicial.

Para compensar la pérdida de recaudación que derivará de una resolución de ese tipo, el Poder Ejecutivo buscará lograr similar ingreso, introduciendo modificaciones a tributos ya vigentes, que elevarán la carga a los actuales contribuyentes del cuestionado impuesto al campo.

"Ya tenemos un plan B, hay que afinarlo pero lo tenemos diseñado", comentó hablando con Búsqueda una fuente oficial.

El domingo en el diario El Observador, el pro secretario de la presidencia, Diego Cánepa, había dicho: "Ya hay alternativas previstas conversadas con los intendentes" ante la posibilidad de que la justicia dé amparo a los recursos. Pero en ese momento prefirió no adelantar cuáles son las ideas que se manejan, convencido, dijo, de que el ICIR es "constitucional y sólido".

Sin embargo, agrega Búsqueda, en el Poder Ejecutivo están al tanto de las posiciones dentro de la SCJ y ya definieron cómo actuar en consecuencia.

Antecedentes: el ICIR, creado con el propósito de desalentar la adquisición de predios agropecuarios por grandes inversores para evitar la concentración de su propiedad, empezó a ser cobrado en varios pagos. El primero, correspondiente a 20% del total, se hizo en diciembre y recaudó algo menos de 10 millones de dólares, según datos de la Dirección General Impositiva (DGI).

La ley de creación del impuesto previó que los recursos se destinaran a mejoras en la infraestructura vial rural, entre otros fines y ya hay una serie de planes encaminados a los efectos de compra de maquinaria por parte de las intendencias agrupadas en regiones etcétera, utilizando por adelantado lo que este tributo se supone va a generar.

Está la idea de conformar un fideicomiso a esos efectos, para que el Poder Ejecutivo adelante el dinero porque estamos hablando de una recaudación de 50, 60 millones de dólares anuales, pero las compras y las primeras obras implicarían usar más dinero que ese.

Búsqueda da algunos detalles de cómo están las cosas en la SCJ: "Tras el acuerdo que alcanzaron esta semana los miembros de la corporación la primera sentencia con un fallo de inconstitucionalidad se conocerá en los próximos días, según añadieron los informantes".

Después relata que el ministro más nuevo de esa corporación, Julio Chalar, que restaba votar en estos casos, finalmente lo hizo a favor de la inconstitucionalidad del impuesto.

Pasó además que uno de los ministros que al principio se había inclinado por la constitucionalidad cambió de opinión porque sus colegas lo convencieron con argumentos. De esa manera es que termina llegándose a este resultado de cuatro a uno por la inconstitucionalidad.

Después aparecen algunas sutilezas, o disquisiciones de tipo jurídico: "En el seno de la SCJ existen algunas discrepancias en temas formales porque la Constitución exige que para presentar una acción de inconstitucionalidad se requiere tener un interés directo, personal y legítimo. En base a eso algunos ministros consideran que los particulares en realidad carecen de legitimación para plantear que el impuesto lesiona la autonomía municipal y entienden que únicamente las intendencias podrían impugnar la ley que creó el ICIR. Por ello algunos recursos presentados pueden terminar siendo rechazados, indicaron los informantes. De todos modos, remarcaron que hay acuerdo mayoritario en el tema de fondo, en el tema de fondo de la inconstitucionalidad del impuesto no hay dudas".

La nota recuerda que en el sistema uruguayo la SCJ realiza el control centralizado de la constitucionalidad de las leyes y sus sentencias tienen alcance únicamente para el caso concreto que le fue planteado.

Debido a esa disposición, se estima que una vez que emita las primeras sentencias esa corporación va a resolver los casos por el mecanismo de decisión anticipada. O sea, se va a ir resolviendo uno a uno, pero todos van a tener el mismo resultado, salvo algún caso, por esos detalles de forma recién mencionados.

¿Cuántos recursos de inconstitucionalidad hay presentados? Hasta el momento son 127 los que están a estudio y es probable que este mes la SCJ se pronuncie al respecto según informaba ayer en radio Carve el vocero de ese organismo, Raúl Oxandabarat.

La declaración de inconstitucionalidad, si ocurre, obligará al fisco a devolver el dinero pagado por los contribuyentes del ICIR que ganaron las demandas. Ahí si, en este caso la obligación de devolver va a estar limitada, en principio y teóricamente, a aquellos que pagaron el impuesto, presentaron recurso de constitucionalidad y sus recursos son aceptados.

De todos modos, está claro que se viene un problema para el Gobierno y para las intendencias que ya estaban trabajando bajo la hipótesis de este impuesto y su correspondiente recaudación.

¿Cómo se observa el asunto desde el lado de las intendencias departamentales? Vamos a preguntárselo al intendente de Soriano, Guillermo Besozzi (Partido Nacional).

¿Usted también estaba al tanto de que se venía este tipo de pronunciamiento en la SCJ?

GUILLERMO BESOZZI:
No, estaba al tanto de que podía pasar esto, sin ninguna duda, pero ahora parece que ya se sabe que, según Búsqueda, se podría declarar la inconstitucionalidad de dicha ley.

EC – ¿Han conversado ustedes con el presidente de la República, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con otras autoridades de Presidencia sobre el plan B ante esta alternativa?

GB – Primero, el presidente dio mucha confianza en que no se iba a declarar inconstitucional, usted lo decía recién, Diego Cánepa decía que era muy difícil. El domingo a las 10 de la mañana vamos a estar reunidos con el presidente, el Congreso de Intendentes todo, por lo tanto uno de los temas será este, y también otros temas, no por la inconstitucionalidad, solo que por lo menos hasta ahora a mí nadie me había manifestado esta situación, que podía pasar. Veremos qué pasa el domingo, cuál es el plan B. Yo recién lo escuchaba hablar a usted diciendo que podría haber un plan B, veremos.

EC – Búsqueda menciona por dónde va el plan B: incrementar la carga del Impuesto al Patrimonio Rural y la Contribución Inmobiliaria y gravar con el Impuesto de Primaria a los contribuyentes del ICIR que se va a derogar.

GB – Todo puede ser.

EC – La nota dice además que este tipo de instrumentos cuenta con el apoyo de los intendentes, ¿usted confirma esto?

GB – No, para nada, y creo que en general los intendentes tampoco conocen, creo que eso es una cosa nueva. Por lo menos yo no tenía ni idea, no sabía ni siquiera del plan B, porque vuelvo a repetir, había mucha confianza en que no se iba a declarar inconstitucional. Por lo tanto creo que habrá que esperar la reunión del día domingo por este tema del plan B.

No hay ninguna duda de que las intendencias parecía que podíamos llegar a resolver todo el tema caminería a partir de estos dineros, fuera de que estuviéramos de acuerdo o no en aquel momento cuando se discutió el ICIR.

EC – Usted es un intendente del Partido Nacional y su partido mayoritariamente estuvo en contra del ICIR.

GB – Justamente, yo particularmente pienso que había otras maneras de resolver el problema de la caminería buscando dineros por otro lado. Ya estaban generados o creados los impuestos para poder acomodar la caminería. A mí siempre me pareció discriminatorio el tema del ICIR porque iba sobre algunos y no sobre todos los que usamos los caminos.

Por lo tanto es un tema que, en aquel momento se dio la discusión, por lo tanto estamos en un país en el cual la democracia decide y Parlamento decidió, se definió el impuesto. A partir de ahí dijimos, "bueno, está bien si es por ese lado, lo haremos por ese lado", por más que algunos compartamos y otros no ese impuesto.

EC – Acá está planteada una situación un poco rara porque el impuesto tiene un objetivo, tiene una filosofía, que es desalentar la concentración en la compra de inmuebles rurales, y tiene por otro lado un destino, la mejora de la caminería rural.

Son dos cosas diferentes, entonces, ¿ustedes qué entienden?, ¿que lo que hay que conservar es una fuente de ingresos para la caminería rural o están de acuerdo en que se construyan instrumentos tributarios que mantengan la misma filosofía, la de desalentar la concentración de inmuebles rurales?

GB – No, yo estoy de acuerdo con la primera, con la de cómo hacemos para acomodar la caminería. La segunda creo que se da en el esfuerzo y el trabajo de cada uno que logren concentrar más tierra unos que otros, creo que pasa por ahí. Nosotros siempre este impuesto lo vimos por el lado del arreglo de las caminerías que cada día estamos más lejos de tener una caminería para el país que estamos teniendo, con la producción que está teniendo el país ahora.

Particularmente en Soriano no se nos va a hacer nada fácil el mantenimiento de la caminería con el aumento de producción agrícola que ha habido aquí y en la región.

Por lo tanto por ese lado es que lo vemos nosotros. Lo otro que dice usted Cotelo, para desalentar la concentración de tierra, capaz que a alguien se le pasa por la cabeza por ese lado, pero no a mí en particular ni al Partido Nacional.

EC – ¿Usted en conversación con otros intendentes ha manejado otras ideas, otras alternativas? ¿Algún tipo de tasa a propósito del uso de la caminería rural?

GB – En algún momento se habló de una tasa, pero yo creo que los instrumentos están dados, yo lo dije en aquel momento, ahora con la inconstitucionalidad de esta ley volvemos sobre los temas, pero con algún aumento sobre la contribución rural, y que es lo más justo que hay, porque el que tiene más paga más, el que tiene más hectáreas paga más, el que tiene menos paga menos, con un aumento sobre la contribución rural se resolvía el problema. A mi entender podía ir por ahí y ya estaba creado el impuesto para resolver el problema.

Pero bueno, luego se salió con esto, ahora nosotros no hemos manejado otra batería, como dicen ustedes, un plan B, porque la verdad que no fue un tema que surgiera por los intendentes y siempre lo que queríamos era más dinero para arreglar las caminerías y que viniera exclusivamente para eso.

Ahora, se nos planteó esta situación, vuelvo a repetir, algunos no estábamos de acuerdo, otros estuvieron de acuerdo, luego se vota y sale. Y el plan B no lo teníamos porque de Presidencia había mucha confianza de que esto nunca se iba a declarar inconstitucional, por lo tanto ahora el plan B, veremos el domingo a ver qué pasa en la reunión con el presidente si es que hay un plan B o a ver qué va a pasar para adelante.

No hay ninguna duda de que esto es un problema, porque hay muchas intendencias con las maquinarias a comprar, con licitaciones abiertas, después que se dijo que este dinero del 2012 del ICIR iban a venir directamente a las intendencias para pagar la maquinaria, hay situaciones que pueden ser complicadas.

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Foto: Archivo