(emitido a las 8.47 Hs.)

ROMINA ANDRIOLI:
A partir de las 10 horas habrá una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por el traslado de la jueza Mariana Mota desde la justicia penal a la civil. Mota tenía a su cargo 50 casos por violaciones a los derechos humanos en dictadura, además de la investigación por la caída del avión Air Class.

Para la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos, el traslado de Mota es una nueva señal de debilitamiento de los avances en las causas vinculadas a enjuiciar a los criminales del terrorismo de Estado.

La convocatoria se hará una hora antes de la toma de posesión de Mota en el nuevo cargo y es organizada por Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Crysol, Colectivo Denunciante Octubre 2011 y Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).

El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) también emitió un comunicado rechazando la decisión de la SCJ y apoyando esa convocatoria.

Para profundizar sobre este tema, estamos en diálogo con el diputado Luis Puig, del PVP, Frente Amplio (FA).

¿Por qué el PVP decide unirse a esta marcha?

LUIS PUIG:
Esta convocatoria realizada por organizaciones sociales y de derechos humanos intenta marcar claramente una posición de la sociedad en torno a una resolución de la SCJ que entendemos es absolutamente negativa y contraria a la necesidad de que Uruguay siga avanzando en materia de derechos humanos.

La jueza Mariana Mota que viene aplicando en diferentes causas las normas nacionales, los convenios internacionales, ha prestigiado al país en el sentido de lo que pide la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano que tiene juridicidad en Uruguay, que plantea la necesidad de una justicia ágil y eficiente y eliminar todos los obstáculos que han constituido la impunidad de las violaciones a los derechos humanos durante tantos años.

Es incomprensible que en ese marco, cuando tiene 50 casusas o más a su cargo la SCJ entienda de un día para otro que la retira, la traslada a un juzgado civil. Eso va a traer más demoras, más confusión, más ineficiencia, en un área en la cual nos parece que es fundamental que avance la verdad y la justicia en nuestro país. Es incomprensible el traslado de la doctora Mariana Mota.

RA – ¿Usted está diciendo que de ahora en más los fallos de la SCJ serán cuestionables?

LP – Yo lo que estoy planteando es que los de la SCJ, en un Estado democrático, son fallos donde los ciudadanos pueden tener opinión, y la opinión que tenemos sobre este fallo es absolutamente contraria porque, ¿cómo se puede entender que se traslade alguien que se ha especializado en un tema muy complejo, donde existe un retraso de 30 años en materia de verdad y justicia en Uruguay, que ha analizado en profundidad cada uno de esos casos?.

Alguien que ha sido víctima de ataques sistemáticos no solo por los terroristas de Estado, por sus abogados, por dirigentes políticos, incluso por quienes generan opinión en el país que sin conocer los fallos de la doctora Mota la han criticado. Como el caso del procesamiento del general Miguel Dalmao en donde se la llegó a llamar "loca" y "fascista" al mismo tiempo que se reconocía que no se había leído la sentencia por la cual se dictaba el procesamiento de este terrorista de Estado.

¿Cómo se ha generado por parte de líderes políticos de este país un hostigamiento a la acción de la jueza Mariana Mota?, ¿cómo al mismo tiempo la SCJ ha demorado tanto en dirimir los recursos que han presentado los abogados de los militares detenidos?, recursos que están referidos a una ley que Mota no aplicó, una ley, la de la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura, que desde mi punto de vista es absolutamente inconstitucional, pero que la jueza Mota no la aplicó.

Y sin embargo, en el caso de Aldo Perrini, en el caso del inminente procesamiento que venía del general Pedro Barneix, hay un recurso que lo viene retrasando desde hace muchos meses y la SCJ no se expide sobre él, es bastante incomprensible.

Yo comparto lo que dice Familiares, esto implica un debilitamiento del trabajo en materia de verdad y justicia y también revela una trama de presiones de intereses de la cual participan terroristas de Estado, sus abogados, dirigentes políticos y demás, que han hostigado permanentemente la tarea de Mota porque ella ha reivindicado plenamente lo que debe hacer un juez, el tema de la verdad y la justicia.

RA – En los últimos años, para el oyente puede ser notorio, se han dado varios procesamientos a militares por los delitos cometidos durante la dictadura, principalmente a partir del Gobierno del Frente Amplio y durante ese período la justicia no parece haber tenido reparos en procesar con prisión a los militares.

¿Entiende que la justicia habría cambiado ahora de posición?, ¿cómo explica o fundamenta usted su denuncia de que hay una intención aparente de apartarla de estos casos a la jueza Mota?

LP – Lo que digo es que hay una presión muy fuerte por parte de quienes son responsables de las violaciones a los derechos humanos en el Uruguay, que hay un hostigamiento que se ha dado sobre Mota, y que la SCJ tendrá que explicar a la ciudadanía qué es lo que piensa lograr con este traslado.

¿Será que piensa lograr lo que pide la Corte Interamericana?, ¿mayor agilidad?, ¿mayor eficiencia en la administración de justicia en Uruguay?, ¿será que esto se logra?

Fijese que las más de 50 causas que tiene la doctora Mariana Mota -que ha demostrado un trabajo eficiente, ecuánime para el cual se ha preparado, se ha formado, en materia de derechos humanos y en materia penal- van a sufrir un nuevo retraso, porque el nuevo juez, independientemente de quien sea y que pueda ser una persona brillante, nosotros no la conocemos, tiene que volver a estudiar esas causas que tienen un retraso de más de 30 años.

¿A quién beneficia esto? Obviamente beneficia a quienes han violado los derechos humanos y de ahí uno puede entender como salieron muy prestamente a festejar, los integrantes del Centro Militar, los representantes de quienes violaron los derechos humanos en el país.

Esto solo beneficia a quienes han violado los derechos humanos en el país, no hay otra explicación. Por eso en medio de un sistema democrático como el que nos rige sería bueno que la SCJ explicara si con estos cambios va a lograr una mayor eficiencia, una mayor eficacia en cuanto a la administración de justicia en el país.

Nosotros creemos que no, y que se está constituyendo una impunidad fáctica en el país, durante muchos años existió una impunidad jurídica, hoy está existiendo una impunidad fáctica porque si no se dan todos los recursos para poder desarrollar, administrar justicia, investigar, y cuando alguien lo está haciendo a cabalidad se la retira y se la cambia, creo que no es una contribución al desarrollo de la verdad y la justicia. Por eso creo que las organizaciones de derechos humanos, y el PVP se suma a esa convocatoria, deben hacer un reconocimiento hoy a las 10 de la mañana a la jueza Mariana Mota.

RA – ¿Cómo ve a las autoridades del Gobierno en este tema y en lo que tiene que ver con el vínculo con la jueza Mariana Mota? Meses atrás hasta el propio presidente [José] Mujica cuestionó la forma de proceder de la jueza Mota por la entrevista que concedió al diario argentino Página/12, donde ella cuestionó que en Uruguay no había una política para promover, para esclarecer los casos de la dictadura como sí estaba haciendo el Gobierno argentino.

También últimamente Mota había tenido algún cruce con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, referido a temas de la dictadura, pero también por el avión Air Class, ¿cómo observa usted este punto?

LP – Yo comparto integralmente el planteamiento que hizo la doctora Mariana Mota a Página/12 cuando dice que en Uruguay no hemos avanzado hacia la constitución de una política pública en materia de derechos humanos.

Eso es un hecho objetivo, no se ha trabajado en una promoción que permita generar lo que dice Naciones Unidas, la garantía de nunca más dictadura y terrorismo de Estado. Yo leí todo el reportaje, hablé con ese periodista de Página/12 [Adrián Pérez] que me hizo una nota meses atrás y en realidad lo que dijo la doctora Mariana Mota nadie podía considerarlo agraviante para el Gobierno uruguayo, sino que estaba describiendo una situación que es objetiva: en Uruguay estamos sumamente retrasados en constituir una política pública de derechos humanos que establezca para el conjunto de los ciudadanos clarificar cuáles son los mecanismos por los cuales una sociedad debe avanzar en materia de verdad y justicia para prevenir futuras violaciones de los derechos humanos.

Por tanto todo ese maremoto que originaron las declaraciones de Mota yo creo que son injustificados y comparto plenamente las declaraciones que hizo la doctora en su momento.

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Foto: Archivo