La dirección nacional del MPP ratificó el comunicado del pasado viernes sobre la situación generada con la SCJ.

La senadora Lucía Topolansky dijo a El Espectador, que esperarán si la SCJ, que ya anunció que no concurrirá al Parlamento, responde por escrito las razones en las que se basó el traslado de la jueza Mariana Mota.

Dijo que allí se analizará si las respuestas son de recibo. Si no son "suficientes" entonces "habrá que ver si eso dispara o no los mecanismos para pedirle cuentas, que es el juicio político".

No obstante aclaró que no sería por los fallos sino por no responder, adelantando que los fallos hay que respetarlos "y punto" aunque no estén de acuerdo.

"Si no contesta hay que discutir si eso dispara el mecanismo de juicio político. Es por este caso no por los fallos. Además los fallos tienen dos visiones, porque hay un ministro que no votó".

Agregó que hablar de juicio es una decisión que corresponde a todo el FA. Dijo que hay que esperar pero adelantó que si el traslado de Mota se ajusta a todas las normas "no hay nada que hacer":

"Debe ser una decisión del frente. Segundo que si la explicación  es razonable y se ajusta a las normas no hay nada que hacer".

La legisladora denunció que en el traslado de Mota hubo elementos que la sorprendieron, entre ellos reuniones que calificó de presiones a la SCJ entre personalidades de la política uruguaya:

"Hay un editorial del correo de los viernes donde Sanguinetti dice que ellos hace mucho tiempo sabían lo que declaraba Mota, sabemos que hubo una reunión que se le pidió a la SCJ por parte de la oposición. Si hablamos tenemos que poner todas las cosas sobre la mesa".

La jueza Mota no solo fue cuestionada por participar de la llamada marcha del silencio, sino que también había criticado al Gobierno por su política en materia de DDHH y elogiado la que lleva adelante el gobierno Kirchnerista.

Una expresión que valió incluso el comentario del presidente José Mujica, quien se mostró extrañado que la SCJ no se hubiese pronunciado al respecto.

También era cuestionada por haber decretado en una de sus sentencias lo que fue considerada la muerte de un principio elemental de que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, algo que saltea el artículo 8 de la convención americana de DDHH, según el cual toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad y tiene derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo, ni a declararse culpable.

Sobre el caso en particular del último fallo, que habla de la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la caducidad, Topolansky dijo que se afilian a la postura de Ricardo Pérez Manrique, el único ministro que votó en contra.

Agregó también que el tercer punto de la resolución de la SCJ es "ambiguo" porque no se sabe si los jueces podrán seguir investigando las causas aunque no puedan enviar presos a los responsables.
 
"La Corte tiene que pensar la inquietud que genera ese escenario y luego ver como incide la resolución en los que están presos".

Dijo que la posición adoptada por el MPP es "ponderada y de apoyo al Poder Judicial": "Esa es nuestra posición, que es absolutamente ponderada y de apoyo al poder judicial".

El Espectador consultó a la legisladora sobre si este tipo de posiciones no implican por parte del MPP o sector del FA un ataque a la independencia del Poder Judicial.

Topolansky tomó distancia de cualquier escenario en ese sentido. Dijo que lo que buscan es un Poder Judicial en equilibrio y sostuvo que ese poder no puede estar en guerra con otro poder:

"Nosotros estamos defendiendo el Poder Judicial, queremos un Poder Judicial fuerte, independiente y en equilibrio con los otros dos poderes. Los poderes son independientes pero el estado no puede funcionar cuando entre ellos están en guerra. Pensamos que hay teorías jurídicas en torno a esto y que deben ser respetados y trabajamos para ello".

La legisladora volvió a convocar a la marcha de este lunes en respaldo a la posición que tiene el ministro Pérez Manrique y rechazó de plano que eso implique atentar contra la independencia del Poder Judicial

A instancias del diputado José Carlos Cardoso, el Directorio del Partido Nacional analizará este lunes si la convocatoria a concentrarse ante la SCJ puede configurar un delito de "atentado a la Constitución".

El legislador rochense dijo a El Espectador que realizó durante este fin de semana diversas consultas con juristas. Aseguró que las reacciones que se observaron ante el dictamen de la Corte son extremadamente graves:

"Se esta haciendo una apretada a la SCJ por distintas vías, y ahora con una movilización. Esto puede configurar un atentado a la Constitución, no es una opinión contraria a un fallo sino una acción".
Cardoso dijo que los que protestan no leyeron el fallo, que hace referencia a que la ley interpretativa de la Caducidad contradice la Constitución.

El diputado lamentó que el FA no ha hecho una sola autocrítica por haber redactado la ley de esa manera.

Sobre las reacciones, llamó a no minimizar la situación ya que a partir de este momento la SCJ puede sentirse intimidada para futuros fallos.

Cardoso descartó los argumentos de Topolansky para convocar a la marcha:

"Empiezan a construir una situación virtual a través de las palabras. Una marcha se hace para repudiar, no está convocada para festejar la separación de poderes en el Uruguay. Lo hacen por la molestia por el cuatro dictamen de inconstitucionalidad. Nadie piensa si no se están redactando mal las normas".