(emitido a las 7.47 Hs.)

ALEJANDRO ACLE:
Ayer de tarde miles de personas se movilizaron en rechazo al reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), hoy el tema obviamente es portada en toda la prensa capitalina. Hay algunas crónicas interesantes, por ejemplo La de La Diaria, que podemos comentar y consignar en los próximos minutos.

Dice así: "El camino hasta la Plaza Libertad, lugar elegido por los convocantes para manifestarse en rechazo al fallo de la SCJ que declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la ley 18.831, estaba complicado. Un enorme vallado policial no sólo impedía arrimarse al edificio de la SCJ –significativamente ubicado en el pasaje de los Derechos Humanos– sino que ya cortaba el acceso por la calle San José, a la altura de Paraguay".

"Poco antes de las 18.00, una enorme bandera uruguaya nucleaba a los primeros que llegaban hasta el lugar, pero rápidamente perdió esa exclusividad, debido a la afluencia de gente por los tres costados de libre circulación y a la llegada de organizaciones con sus banderas."

"Más temprano, había circulado un correo electrónico en el que militantes de izquierda ‘no frenteamplista’ convocaban a ubicarse en la vereda opuesta (en sentido literal) a aquella en la que estarían los líderes de los diferentes sectores de la coalición de gobierno."

"Pero al llegar surgía la duda, porque nunca quedó explicitado cuál era la vereda para los dirigentes del Frente Amplio (FA) y cuál para los militantes que les reprochaban a los legisladores los pocos esfuerzos realizados para anular la Ley de Caducidad."

"Lo cierto es que era posible encontrar de un lado y del otro de la avenida 18 de Julio a figuras frenteamplistas, entre las que se encontraban Eduardo Lorier, Juan Castillo, (...) Eduardo Fernández, Mónica Xavier, (...) Eduardo Brenta, (...) Luis Puig, Aníbal Pereyra, (...) Miguel Fernández Galeano y Yerú Pardiñas, entre otros."

"En un momento, la vereda simbólica empezó a quedar más claramente delineada. Por 18 de Julio, desde Cuareim, una columna de varias organizaciones estudiantiles, sociales y políticas llegó con una pancarta que establecía con claridad los matices existentes entre los convocantes: ‘Parlamentarios del FA. Ésta es su responsabilidad’, decía el cartel.

En la plaza, además de banderas de sindicatos, organizaciones estudiantiles y algunas pocas banderas partidarias, se podía ver un amplio despliegue de medios nacionales y hasta algunos internacionales, como la Televisión Pública de Argentina."

"La delegación del otro lado del río también incluía a representantes del Ministerio de Desarrollo", y dice aquí el autor de la nota [Diego Recoba], "militantes", según lo corrigieron, no representantes, "y de Madres de Plaza de Mayo."

"También había personalidades de diversos ámbitos como los artistas Jorge Schellemberg (actual director de la Sala Zitarrosa), Pablo Pinocho Routin, el cineasta Mario Handler, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, la activista Lilián Abracinskas, el abogado Óscar López Goldaracena, entre otros, que esperaban, conversando, el comienzo de la actividad."

"La consigna de la convocatoria se cumplió y todo se desarrolló en silencio (o en el único silencio posible cuando se junta tanta gente), hasta que cerca de las 18.30, algunos cánticos seguidos por aplausos le dieron pie al himno nacional, que fue entonado por los concurrentes". Dice la nota que "fue uno de los momentos más emocionantes de la tarde, con militantes, fundamentalmente los nucleados en torno al monumento a la Libertad, que cantaban el himno con lágrimas en los ojos y el puño en alto con el ‘tiranos temblad’."

"Luego de eso, la gran mayoría de las figuras del FA se retiraron y el sentimiento que reinaba entre la gente era el ¿y ahora qué?"

"Estaba planteado concentrarse y cantar el himno, pero después nadie sabía de qué iba la propuesta. Por eso cada vez que había algún grupo de aplausos, un griterío, o un ruido fuera de lo común, la gente estiraba el cuello para ver de qué se trataba eso, con la esperanza de que fuera la próxima etapa de la concentración. En un momento se escucharon muchos aplausos, que festejaban una representación. Una persona disfrazada de granadero y con un cartel que decía ‘SCJ’ agrediendo y teniendo inmovilizada a una persona con los ojos tapados por una venda que decía ‘Frente Amplio’, las manos atadas y la boca tapada con un bozal con el logo del PIT-CNT."

La crónica destaca algunos dichos, algunas declaraciones de dirigentes políticos que participaron allí. También de militantes sociales, por ejemplo destaca "un grupo de mujeres que habían sido detenidas y torturadas en la dictadura cívico-militar", que criticaba al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro y su expresión de "pacto de guerreros".

"Una señora, con una mezcla de rabia y decepción en su expresión, decía que ‘Huidobro si quiere perdonar a los milicos por una cuestión de guerreros que lo haga, pero que no pretenda que todos lo hagamos. Menos nosotros, que fuimos la verdadera carne de cañón de la dictadura, a quienes nos molían en los cuarteles y las cárceles’. Un par de veteranos tenían ‘rabia’ por ‘lo respetuoso que es el uruguayo’. ‘Acá están los legisladores que no hicieron nada por anular esta ley, y nadie les dice nada’, vociferaba uno de ellos."

"Otro grupo hablaba sobre lo tranquila que había estado la concentración. Una señora bajita esperaba que ‘viniera alguien a decirle que se trataba de una broma’, y señalaba que la decisión de la Corte había generado que ‘la rabia del viernes’ se transformara ayer ‘en una mezcla de confusión y de ganas de despertar de un mal sueño’."

También la crónica de La Diaria, del periodista Diego Recoba, destaca consignas de las pancartas y carteles de ayer. "Uno firmado por la asociación de ex presos políticos Crysol hacía hincapié en uno de los nudos más polémicos de la sentencia de la Corte: ‘La tortura es crimen de lesa humanidad’. Otro volvía a criticar la actuación de dos figuras del gobierno: ‘Semproni, Huidobro, vayan a los cuarteles que son su guarida’. Una señora mayor repartía volantes denunciando a los ministros de la Corte, a los expresidentes Lacalle y Sanguinetti, a Pedro Bordaberry, Huidobro y Gonzalo Fernández como cómplices de la impunidad, y de su cuello, un cartel colgante rezaba: ‘Helios Sarthou presente’. Uno del Partido Comunista manifestaba su solidaridad con la jueza Mota y otro escrito con un marcador rojo decía que el Sindicato de Pancheros también estaba en contra de la impunidad".

Esto vaya como un repaso del color de los acontecimientos que se vivieron en la tarde de ayer aquí en el centro de Montevideo.

Pero para ampliar un poco ahora en directo con algunos de los participantes, de los protagonistas de la actividad de ayer, estamos en contacto con Gastón Grisoni, presidente de Crysol, la asociación de ex presos políticos del Uruguay, una de las organizaciones que convocó a la concentración de ayer en la Plaza Cagancha.

En primer lugar, ¿qué evaluación hacen de la iniciativa, de la movilización de ayer?, ¿salió como estaba previsto, lograron sus cometidos originales?

GERMÁN GRISONI:
Creemos que fue una buena demostración, con una amplia participación, variada, distinta, de los diferentes componentes y de los sectores que se sintieron violentados por la decisión que adoptó la SCJ en los últimos días.

AA – Con respecto a esta movilización en concreto ha habido, sobre todo de los partidos políticos de la oposición, algunos cuestionamientos. Dicen que se trata de una forma de presión a la SCJ, a la Justicia en general, remarcan el tema de la separación de poderes. Claro, esto sobre todo porque la actividad no estaba convocada solo por organizaciones sociales como la que usted representa, sino también por el partido político de gobierno, el FA. Ante esos cuestionamientos, ¿qué responden ustedes?

GG – Nosotros, como las organizaciones sociales, tenemos una visión diferente de la que mantienen básicamente, con excepciones, obviamente, el Partido Colorado, el Partido Nacional y aparentemente también el Partido Independiente. Vivimos en un Estado de derecho donde los poderes del Estado pueden ser cuestionados por las decisiones que toman. La SCJ en este país es un poder independiente, como lo es el Parlamento, como lo es el Poder Ejecutivo, y todos los ciudadanos tenemos el derecho conquistado con muchos años de lucha de expresar nuestras discrepancias en el marco de las leyes vigentes en el país. La infalibilidad por ahora entre las organizaciones conocidas es a nivel papal, salvo que también se pretenda que las decisiones de la SCJ sean infalibles y que los ciudadanos no tengamos el legítimo derecho a expresarnos por nuestro acuerdo o desacuerdo.

En este caso no fue solamente para expresar el desacuerdo con las decisiones adoptadas, sino para seguir reclamando y manteniendo claro que queremos avanzar en la transición democrática iniciada en el año 85 y seguiremos batallando hasta que los poderes del Estado cumplan con sus obligaciones.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Qué lectura hacen ustedes del fallo que se conoció el viernes respecto a la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad?

GG – Da la impresión de que la SCJ se desacató, porque hay un fallo del máximo órgano en materia de derechos humanos que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Uruguay aceptó su competencia de la mediante la ley 15.737 aprobada en marzo de 1985, como el máximo órgano en materia de derechos humanos para tomar estas decisiones. En el año 2011 la CIDH obligó, mandató al Estado uruguayo en el caso "Gelman vs. Uruguay" a llevar adelante una serie de medidas destinadas a que haya justicia, que es la obligación del Poder Judicial, porque su ámbito específico es asegurar el ámbito de la justicia como un ingrediente básico de un Estado democrático y de derecho.

Como la misma SCJ lo dictaminó en el año 2009 cuando declaró la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, desde diciembre del año 86 hasta ese momento del 2009 el Poder Judicial estuvo sometido a las decisiones del Poder Ejecutivo y las personas no tuvieron el legítimo derecho a recurrir a la justicia. Por lo cual nosotros, entre otros motivos, sostenemos que los delitos cometidos durante aquel período no han prescrito.

RA – Además de la convocatoria que hicieron ayer, ¿qué otra cosa tienen previsto hacer a partir de este fallo?, ¿por dónde entienden ustedes que pasan las alternativas a partir de esta nueva situación que está planteada?

GG – En principio queremos dejar claro que la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 no significa el archivo de las causas. Los jueces tienen independencia técnica aunque obviamente la SCJ ya mandó un mensaje sumamente negativo para aquellos jueces que pretendan hacer justicia, cuando separó arbitrariamente a la doctora [Mariana] Mota del ámbito penal al ámbito civil. Es decir: mandó un mensaje, pero los jueces tienen plena independencia y perfectamente pueden seguir adelante con todas las causas iniciadas porque son ellos los que tienen que determinar si los delitos realmente prescribieron, teniendo en cuenta que, aún en el retorno de la democracia, los justiciables no podían recurrir a la justicia. Y, además, teniendo en cuenta las normas internacionales, está el fallo de la CIDH. Es público y notorio que desde el año 1945 Uruguay estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Hay sectores sociales que hasta ahora no sabían que no se podía torturar, que no se podía desaparecer personas, se sorprenden ahora con estos fallos.

AA – Las crónicas en los medios de hoy destacan esa suerte de separación, que si bien quizás no explícita, al menos que se podía palpar, entre los dirigentes del FA y otros militantes de organizaciones de izquierda o sociales que le recriminaban algunas actitudes a los políticos de la coalición de gobierno con respecto a todo este tema. ¿Desde su punto de vista qué responsabilidad le cabe al sistema político, incluyendo al FA en esta situación que ha desembocado ahora en la posibilidad de que no se puedan seguir investigando algunos casos relacionados con crímenes cometidos en dictadura?

GG – En este sentido la posición de Crysol es muy clara. La dictadura, el proceso cívico-militar, el terrorismo de Estado, fue una gran tragedia. No solamente por las violaciones a los derechos humanos, hay que tener en cuenta que los trabajadores durante dicho período perdieron 50% del poder adquisitivo de su salario, comenzó el boom de la deuda externa que hasta el día de hoy es un obstáculo para el desarrollo del país, los jubilados y pensionistas perdieron el aguinaldo, y además hubo 200 detenidos desaparecidos, 400 asesinados, miles de presos políticos, fue una tragedia.

La base para que esto no ocurra es que haya justicia: investigar, esclarecer las graves violaciones, sancionarlos, como dice la CIDH. Pero también hay que tener en cuenta que en el año 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 60/147, que es la declaración internacional de los derechos de las personas que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos. Es un documento internacional que detalla las obligaciones de los estados y se involucra al Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial en cuanto a la justicia.

El Estado uruguayo está debiendo las disculpas públicas al conjunto de las víctimas y de la sociedad en una ceremonia pública y oficial como establece la resolución 60/147 de las Naciones Unidas. No se ha establecido aún un día nacional por la memoria, la verdad y la justicia en recordación y homenaje a las víctimas, el Poder Ejecutivo tiene pendiente llevar adelante las leyes reparatorias tal cual lo estableció la Institución Nacional de Derechos Humanos, es decir, hay un conjunto de medidas que están reguladas por la resolución 60/147 que el Estado tiene que llevar adelante.

Nosotros tenemos muy claro de que si en este país no hay justicia, y es lo más preocupante de todo, es porque hay sectores que todavía siguen siendo muy poderosos, que son precisamente los presuntos involucrados en las graves violaciones a los derechos humanos. Son los que presionan, los que siguen actuando en las sombras, que se movilizan y que tienen grandes respaldos en los partidos tradicionales, que han hecho de la impunidad prácticamente una seña de su identidad, y también de los grandes medios de comunicación. Las grandes responsabilidades, el gran obstáculo para la justicia son las presiones de estos sectores que todavía siguen teniendo mucha fuerza, mucho poder. Deberá ser en base a la movilización de la población y de la ciudadanía que se pueda seguir avanzando como se ha venido transitando hasta este momento.

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Foto: blog personal de Gastón Grisoni

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