(emitido a las 7.46 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El matutino La República hoy hace un juego de palabras que aprovecha la circunstancia del cónclave para hacer alusión a otro tema del panorama nacional. Hoy buena parte del mundo comienza a mirar a Roma en busca del humo que salga de la chimenea de la Capilla Sixtina, según el color de ese humo hay papa o no hay papa. La República coloca como título principal "Humo blanco", y agrega: "Nuevo ICIR logra acuerdo en el gobierno. Diversas propuestas tributarias convergerán y se plasmará en el nuevo gravamen".

Por su lado, el matutino La Diaria en páginas interiores hace otro de sus tradicionales juegos de palabras, toque de humor incluido, cuando pone en la página 3 como título, "Plan P", no plan B, sino plan P, porque la cosa viene por el lado del Impuesto al Patrimonio. "El presidente José Mujica se reunirá el jueves en Durazno con el Congreso de Intendentes a efectos de plantearles las opciones que maneja el Gobierno para sustituir el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Ayer sesionó el llamado gabinete productivo y en ese ámbito se acordó restablecer el Impuesto al Patrimonio a los activos rurales". "Se descartaron otras opciones que habían manejado en su momento el vicepresidente Danilo Astori y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo". Se había hablado de ir por el lado del Imeba, el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios o de adicionales a la Contribución Inmobiliaria. Enfatiza La Diaria: "Se entendió que era más sencillo focalizar la política en un solo tributo".

El comunicado que emitió Presidencia de la República dice que en el gabinete productivo se estudiaron "diversas propuestas, coincidentes en lo esencial, para implementar en la práctica la idea que había propuesto originalmente el presidente [José] Mujica, de gravar la concentración de la propiedad de la tierra y, consecuentemente, contribuir al mantenimiento de la red vial del aparato productivo. En ese sentido, los aportes coincidieron en buscar la simplicidad de los instrumentos tributarios a aplicar y evitar nuevas observaciones de carácter constitucional".

El vicepresidente de la República, Danilo Astori, hizo declaraciones un poco más tarde. Dijo que "se ha seguido trabajando sobre la base que se conoce, con una coincidencia importante desde el punto de vista conceptual" y subrayó que todo el Gobierno –y en particular el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeación y Presupuesto– acuerdan en esta solución. Recordó que el Impuesto al Patrimonio para los activos rurales fue eliminado cuando al agro "le tocó pasar por momentos críticos desde el punto de vista económico", y evaluó que actualmente "no es justo que paguen" ese tributo todos los sectores "menos uno".

Ya de su cosecha, el matutino La Diaria aporta algún dato más, dice que "la incorporación de los activos rurales a la liquidación del Impuesto al Patrimonio será para los propietarios de más de 2.000 hectáreas, el mismo grupo que gravaba el ICIR. Además, se incorporará una diferenciación entre aquellos propietarios que invierten para mejorar la productividad y quienes no lo hacen, para no ‘castigar’ a los primeros, explicó un integrante del Poder Ejecutivo".

Astori, en su contacto con la prensa, había preferido no ingresar en pormenores, había enfatizado que lo mejor era que primero se produjera el intercambio entre el presidente de la República y el Congreso de Intendentes, que los intendentes tuvieran de primera mano la información correspondiente.

De todos modos, con las novedades que existían sobre la mesa, tuvo lugar ayer una reunión de los intendentes nacionalistas. La bancada de intendentes blancos deliberó en el balneario Las Cañas en el departamento de Río Negro. Para conocer qué fue lo que se concluyó es que estamos en diálogo a partir de este momento con el intendente de Florida, Carlos Enciso.

¿Ustedes ayer pudieron llegar ya a algún pronunciamiento sobre esta línea que ahora surge desde el Poder Ejecutivo?

CARLOS ENCISO:
Voy a tratar de hacer un breve relato como coordinador de la bancada para ser objetivo, en función de que hay fraternalmente algunas diferencias y matices. Algunos intendentes han querido manifestarse, y no es nuevo, en el fondo del asunto, que es la discusión más bien ideológica. En algunos casos la interpretación de otros colegas ha sido no entrar en algo que nos vayan a informar simplemente. Da la impresión, por la información que estaba ahora escuchando atentamente, que está resuelto.

Y evidentemente cambiar el eje de la discusión es ir a la cuestión de fondo: esta no es la solución para la caminería rural en la situación de la presión de tonelaje que hoy tiene. Es un recurso interesante, puede ser un paliativo para lo que era la compra de maquinaria, pero el país, el Gobierno, el Ministerio de Transporte –que ha estado bastante omiso en la situación– y el Congreso de Intendentes tienen que discutir la cuestión de mediano y largo plazo con respecto a la logística, la presión sobre la caminería rural que tienen sectores que han crecido mucho, como el forestal, el de granos, por suerte para el país, por supuesto. Pero esa discusión ya no es meramente de los intendentes, sino que también tiene que ser de todos los sectores. Creo que por allí hay un eje de reagendar lo que se ha dado popularmente como casi un eslogan, que es "rompe y pague", el que use y rompe, pague, como un elemento más concreto de generar los recursos y la justicia en el aporte a la caminería, y no tanto entrar a la discusión de fondo, ideológica.

EC – Cuando usted habla de una cuestión ideológica, si entiendo bien, se refiere a que aquí en realidad están mezcladas dos cosas, ¿no? Un instrumento que el Poder Ejecutivo ha impulsado, que originalmente fue el ICIR, con la idea de desalentar la concentración en materia de inmuebles rurales, y una recaudación que ese impuesto iba a generar, que a su vez se iba a destinar al mantenimiento de la caminería rural. Son dos cosas, uno el objetivo filosófico del tributo, y otro el uso que se iba a dar a los fondos que salieran de ese tributo. Lo que usted está diciendo es que en definitiva el ICIR o lo que venga en su lugar no recauda tampoco una cifra demasiado importante teniendo en cuenta las necesidades y los déficit que hay en cuanto a caminería rural y que usted o algunos intendentes entienden que lo que habría que discutir es cómo subsanar los problemas de infraestructura, cómo obtener recursos y de dónde obtenerlos, quiénes tienen que pagar para que la caminería rural esté en buen estado.

CE – Es así, porque el tema de fondo, sobre el cual hay intendentes que también manifiestan tener postura y no tenerle miedo a un debate desde un punto de vista político, no es tal vez el cometido del propio Congreso de Intendentes. Sí lo es ver una solución más de fondo. Este recurso daría solamente para la adquisición de parte de la maquinaria que se ha comprado o para la cual hay licitaciones abiertas para comprar. Si vamos a hacer un número promedio por arriba, cada intendencia no baja de tres, cuatro, cinco millones de dólares de maquinaria que tiene que estar comprando para dar una respuesta mínima a una mejora de su parque y esa sumatoria es tal vez bastante superior a lo que sería la transferencia de un año del ICIR, entonces el tema de fondo: no es solución.

Obviamente hay que dar otra discusión. Los problemas de caminería no afectan solo a la producción, a veces hay temas de primera necesidad, hay escuelas rurales o establecimientos pequeños que pueden hasta quedar aislados. Esa es una discusión que tiene que darse con otra perspectiva de futuro, que es lo que obviamente no se ha discutido, porque el sector forestal, que exportó mil millones de dólares el año pasado, pasa muchas veces esta madera por nuestros departamentos y hoy no hay un elemento coercitivo de que deje un peso para mantener esos caminos por los que pasan camiones de 40, 50 toneladas y no hay un elemento de cobro departamental de ningún tipo. Pongo este ejemplo porque es tal vez el más claro, el más grueso que pasa.

EC – Pero si entiendo bien, con el ICIR, o con este nuevo Impuesto al Patrimonio que ahora se instaure, los establecimientos forestales, buena parte de ellos, estarían pagando un extra que justamente se destinaría al mantenimiento de la caminería rural.

CE – En algún aspecto el instrumento va a darle una inyección de recursos, eso no lo negamos porque por algo hubo también una coordinación en su momento de cómo plantear, el Congreso de Intendentes, los recursos de constitucionalidad. De todas formas, sí creemos que es el momento para discutir la cuestión con otra profundidad, este recurso de transferencia va a ayudar pero va a ser insuficiente. La lógica de lo que ha sido la presión frente a la caminería rural, y por supuesto nacional también, no está hoy en la agenda y no se está debatiendo como se debería.

Eso es lo que queremos reagendar también, que el que rompe pague y que haya una justicia mayor que no solamente sea por este tema que ahora parece que se instrumentaría a través del Impuesto al Patrimonio.

EC –Pero entonces, ¿de qué es que está hablando usted, de que además de la solución que se encuentre para la inconstitucionalidad del ICIR, supongamos, de este Impuesto al Patrimonio para predios de más de 2.000 hectáreas, se establezca otro mecanismo tributario específico para el concepto ese de "el que rompe paga"?

CE – Es así, y no con un afán de presión fiscal, sino al revés, capaz que el tema de fondo es ver el mecanismo desde el punto de vista de la recaudación real de sectores que hoy no están aportando en los departamentos. Si no fuera un tema ideológico, tal vez el Impuesto al Patrimonio tendría que caer. Reitero, el análisis que estamos haciendo es desde el punto de vista de que a mediano plazo va a ser muy insuficiente este impuesto. Y ya no es un tema de los intendentes, es un tema del país.

Hay sectores que han crecido tremendamente y no hay un correlato de mantenimiento de la caminería, que está hecha muchas veces para camiones mucho más pequeños, de menos tonelaje, caminos de hace 30, 40 años. Hay que sustituir además el balastro, en algunos casos con vituminizaciones, y hay que mejorar la red. El sustituto del ICIT es insuficiente pero además es una discusión engañosa, porque no ataca la problemática de fondo de la logística y de la caminería que debemos tener hacia el futuro.

EC – Usted está hablando de una carga tributaria mayor, en definitiva.

CE – Pero más justa, y no ideológica por un tema de la concentración, sino por el usufructo. Una de las propuestas que estamos manejando es que los camiones tengan por ejemplo un chip, en función de una variable de tonelaje y de circulación, que se activa y cuando va por carreteras departamentales tributa departamentalmente, mientras que cuando pasa a la red nacional deja de tributar a nivel departamental y tributa a nivel nacional, cuando circula en las carreteras de la órbita del Ministerio de Transporte. Entonces, si en Florida, por poner un caso, pasan camiones que no producen en el departamento pero vienen de Arevalo cargados de madera y usan 60 kilómetros de una carretera departamental como hoy lo hacen en la 14, en el norte del departamento, que tributen por eso, y no que el productor pequeño que vive allí, que saca un vagón de ganado cada tres meses, tenga que estar subvencionando la rotura que hace este tipo de tonelaje casi semanalmente.

EC – Veo que ustedes tienen bastante avanzada una idea, un instrumento incluso, hasta la tecnología para poner en práctica ese sistema, no sé cómo llamarlo, de impuesto, de tasa.

CE – Es más bien una tasa de circulación, se puede decir, no es un tema ideológico de gravar al que tiene la propiedad de la tierra. Yo lo decía en su momento en Anchorena, muchas veces nosotros tenemos 22, 23 productores o empresas de más de 2.000 hectáreas en nuestro departamento, y mal o bien se cobra Contribución Rural y los que tienen ganado el 1%. Pero hay otros sectores que pasan y usufructúan las carreteras departamentales y ni siquiera tienen un vínculo directo con nuestro departamento.

Es ahí donde creemos que hay un eje de justicia en el concepto de que el que rompe pague, y no tanto en la discusión de fondo, ideológica. Podrán haber opiniones sobre la concentración de la tierra o de otras cuestiones, pero no serían el eje fundamental para nosotros.

EC – Cuando usted dice "nosotros" está hablando de lo que se discutió anoche en esta reunión en Las Cañas de la bancada de intendentes nacionalistas. ¿Cómo sigue ahora la cosa? Porque ahora hay Congreso de Intendentes en la Expo Activa y después está la reunión del Congreso de Intendentes en Durazno con el presidente Mujica.

CE – Previamente veremos cómo se desarrolla con las gremiales hoy al mediodía también, hay un intento de reflexión y acercamiento pero a veces algunas declaraciones tampoco ayudan.

EC – ¿Se les ha complicado a los intendentes la relación con las gremiales del campo?

CE – Tuvimos una reunión hace poco en Florida, fue bastante coloquial, con matices, tampoco nos dieron una propuesta alternativa clara. Los sectores un poco más lúcidos del gremialismo están conscientes de que a este tema de fondo hay que buscarle una solución. Algunos intendentes nacionalistas anoche planteaban la molestia en cuanto al eje del análisis de la eficiencia de las intendencias y algunas otras variables que no tienen nada que ver con el tema, enrarece una lógica relación que debemos tener. Veremos hoy cómo se desarrolla la cosa.

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