Esta es una de las vías que analiza el Frente Amplio para evitar que la declaración de inconstitucionalidad de la SCJ. Tendría un efecto de presión sobre el país, que debería cumplir las sentencias bajo amenaza de sanciones internacionales.

Poco después de que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucionales varios artículos de la ley intrerpretativa de la Caducidad, el Frente Amplio formó una comisión para analizar alternativas por las cuales evitar el cierre de las causas.

A los efectos, el Secretariado Ejecutivo de la coalición de izquierda ha recibido la opinión de varios juristas y especialistas en derecho internacional.

Según dijo a El Espectador el diputado José Bayardi, el acatamiento al fallo de la Corte "no tiene discusión". Tampoco se analiza por el momento elaborar una ley que sustituya a la que fue declarada inconstitucional.

En líneas generales, las recomendaciones recibidas hasta el momento indican que el camino más viable es recurrir al derecho internacional.

En ese sentido se consultó a juristas como José Korzeniak, Javier Miranda y Alberto Pérez Pérez.

Al respecto, Korzeniak dijo a El Espectador que los casos podrían presentarse, dependiendo de cada uno, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante el Tribunal de Roma.

Aclaró que deberá ser cada denunciante, el que presente la demanda para que el tribunal en cuestión exprese que delitos de este tipo no prescriben.

En ese sentido Korzeniak dijo que se deberá esperar a que los jueces en Uruguay decidan en cada caso si pueden seguir investigando o no:

"Jurídicamente el camino, si los jueces que reciben ahora de nuevo los expedientes y declaran que se archivará el expediente porque prescribió, la prescripción extingue el delito. Suponiendo que el juez lo archive entonces creo que el camino que queda es un tribunal internacional".

Si bien este tipo de tribunales no tiene poder  coercitivo, para Korzeniak se lograría un efecto de presión al igual que en el caso Gelman:

"Estos tribunales no pueden obligar al país pero tienen medios para presionar y sancionar por no cumplir, colocarlos en listas de países incumplidores, etc. Acá lo que también debe quedar claro es que los denunciantes, si no se dejan llevar por la emoción y proceden con corrección, puedan ver que no fue el Gobierno o el Parlamento el que hizo las cosas mal sino el Poder Judicial".

El Frente Amplio (FA) espera aún el escrito de la Suprema Corte con la fundamentación del polémico traslado de la jueza Mariana Mota.

A su vez, el Secretariado analizará este lunes las críticas del ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro sobre el accionar del oficialismo al votar en su momento el proyecto interpretativo de la Caducidad.

Foto: Flickr.com/CLARA GARCIA LAGOS