(emitido a las 9.04 Hs.)

EMILIANO COTELO:
¿Es conveniente o no que en Uruguay se instale una empresa que se dedique a la minería de gran porte, por ejemplo Aratirí? Este debate lleva varios meses, pero en estos días atraviesa por una etapa determinante: la Cámara de Representantes se apresta a tratar en el plenario un proyecto de ley que habilita un régimen especial para estas inversiones.

El proyecto fue redactado por el Frente Amplio (FA) y tomó como base el que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento el año pasado. Desde la oposición –y en particular desde el Partido Nacional (PN)– varios sectores han expresado su desacuerdo con la iniciativa. Desde hace tiempo se conoce el rechazo del sector Aire Fresco (AF), que conduce el diputado Luis Lacalle Pou, pero la semana pasada se sumó también, oficialmente, Alianza Nacional (AN).

¿Cuáles son los argumentos de la bancada que responde al senador Jorge Larrañaga?

Vamos a conversarlo con el diputado por Paysandú Miguel Otegui, técnico agropecuario, integrante de la comisión especial con fines legislativos a efectos de considerar el proyecto de ley que regula la minería de gran porte.

Empecemos por aclarar de qué hablamos cuando hablamos de minería de gran porte. Lo damos por un hecho, pero no sé si todo el mundo lo tiene claro. Algunos la llamaban durante un tiempo megaminería.

MIGUEL OTEGUI:
En Uruguay la minería ha sido desarrollada, aprobada y utilizada desde hace más de 150 o 200 años, a lo largo de toda la vida útil, formal del país. Tenemos minas en el departamento de Canelones, en La Paz, Las Piedras, todo lo que es extracción de toscas, piedra molida o piedra picada, arena; en la zona de Minas, departamento de Lavalleja; en la zona de Paysandú, todo lo que son las calizas de Ancap; más en el norte tenemos oro en Rivera y piedras preciosas en Artigas, amatistas, cuarzos y ágatas.

En definitiva, la minería existe. Está regulada por el Código Minero, que fue reformado el año pasado en el Parlamento a raíz del proyecto de Aratirí, que es un proyecto de gran porte, así se lo ha denominado, que abarca en el entorno de las 12.000 hectáreas. Por inquietud del PN en el año 2010 hubo un llamado a sala que planteó el diputado Gerardo Amarilla, de AF, al que concurrieron cuatro ministerios. Ahí vimos que la información que había estaba dispersa, no era clara y no había una coordinación en general, pero sobre todo surgió la necesidad de buscar un acuerdo multipartidario.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo nos convocó a los partidos con representación parlamentaria, trabajamos de agosto a diciembre del año 2010, llegamos a un acuerdo conceptual sobre cuatro ejes, y a partir de ese acuerdo luego en noviembre de 2011 el Poder Ejecutivo elabora su proyecto de ley, que es el que estamos estudiando ahora. Ese proyecto de ley, como usted decía, refleja claramente las modificaciones que le hizo la bancada del FA en el Parlamento, y nosotros resolvimos la semana pasada no acompañarlo en esta etapa, con la aclaración de que si en el segundo punto hubiera espacio para alguna forma de acuerdo a nivel de Senado se podría acompañar.

La minería existe y está hoy reglamentada por el Código Minero, no es que esta ley la habilite. Concretamente el proyecto Aratirí empezó en el año 2006, se hicieron la prospección y la exploración del 2006 al 2013, se cumplió todo ese proceso. Entonces, no es que esta ley habilite, sino que trata de ponerle un marco diferente, sobre todo en la parte impositiva.

EC - Pero ¿qué es la megaminería o la minería de gran porte?

MO - Estamos hablando de tamaño, cuando uno dice "gran porte" habla de tamaño. En el acuerdo interpartidario habíamos establecido que podía ser a partir de 400 hectáreas, de 800.000 UR y en presencia de productos químicos que afectaran el ambiente, la salud animal, vegetal o humana. Ese es un parámetro que habíamos establecido, puede ser ese u otro. Los empresarios mineros han trasladado a la comisión que no existe en el mundo un concepto de "megaminería" o "minería de gran porte". Lo que pasa es que estamos en Uruguay, con una superficie limitada y un país natural y productivo, entonces me parece razonable que se establezcan estas condiciones.

EC - El proyecto de ley que se está manejando, el que presentó el FA, define la minería de gran porte con algunos números parecidos a los que usted mencionaba: ocupación de una superficie superior a 400 hectáreas de área de intervención directa, inversión superior a 830 millones de UI en fase de construcción y montaje de las obras de infraestructura necesarias para la explotación, y valor anual de comercialización del producto obtenido de la actividad minera también mayor de 830 millones de UI.

MO - Después se le agregó el uso de productos químicos que pudieran afectar la flora, la fauna y la vida humana.

EC - Son proyectos que tienen que cumplir con al menos una de estas condiciones.

MO - Al menos una. La incorporación de productos químicos puede ser la cuarta, por fuera de que sean 400 hectáreas o esos montos de inversión de 100 millones de dólares, si se utilizaran productos químicos contaminantes también sería considerado minería de gran porte.

EC - Vayamos a la novedad. ¿Por qué AN fijó posición oficial en este tema recién ahora, el jueves de la semana pasada, el mismo día en que el proyecto se empezaba a votar en comisión especial?

MO - Yo participé en la multipartidaria y luego en este estudio desde noviembre, cuando entré al Parlamento, hasta hoy. Ahí quiero trasmitir tres o cuatro cosas. El PN participó en la multipartidaria, y quienes participamos, el diputado [José Carlos] Cardoso, el diputado Álvaro Delgado y yo, tratamos de buscar un punto de equilibrio entre las distintas posiciones en el partido y la participación en este análisis y este proyecto.

Cuando nos llegó el proyecto tuvimos la esperanza de poder incorporar algunas modificaciones. Evidentemente la posibilidad de incorporar modificaciones en la Cámara de Diputados fue exclusivamente formal, de redacción y pequeños retoques, por lo tanto mi informe a la bancada de AN fue en ese sentido. Yo no tengo ninguna capacidad de gestión o de negociación porque no hay voluntad de incorporar.

EC - Vamos a ordenar las cosas para que el oyente se ubique. Vamos a recordar básicamente de qué se trata este proyecto de ley. Es un proyecto que en primer lugar define lo que es minería de gran porte, después especifica cuáles son los estudios de impacto ambiental que deben realizarse para la aprobación de un proyecto de este tipo, define el plan de cierre que debe presentar el inversor para el reacondicionamiento de las tierras una vez que finaliza la explotación minera, obliga al inversor a presentar garantías del cumplimiento del contrato y de cumplimiento del plan de cierre, regula los contenidos del contrato de concesión que el Estado debe firmar con el inversor, introduce un régimen tributario especial para los proyectos de minería de gran porte, incluye un capítulo aparte sobre el canon que debe pagar el concesionario y cómo se reparte ese dinero entre el Estado y los propietarios de los suelos afectados y, por último, define qué destino debe tener el dinero recaudado por la concesión de permisos de minería de gran porte, en particular dispone que el 70% de esa recaudación debe volcarse a una figura nueva, el Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión, que va a administrar el Banco Central y que procura maximizar su retorno social de largo plazo. La idea –en eso han coincidido todos los partidos– es que el dinero extra que le entre al Estado por una inversión de este tipo no se gaste en la de todos los días, que quede para el futuro, para las generaciones futuras.

MO - Estamos hablando de recursos no renovables. Cuando hablamos de agricultura, ganadería, forestación o granja estamos hablando de recursos renovables, esto es no renovable, el día que se termina no hay más hierro o no hay más mineral y lo que queda es un gran pozo que se podrá reconvertir de acuerdo al plan de cierre y veremos qué pasa para adelante.

EC - Con respecto al esqueleto ustedes no tienen diferencias.

MO - Ningún problema.

EC - Porque recorre más o menos los puntos que salían del acuerdo multipartidario.

MO - Exacto.

EC - ¿Dónde están las discrepancias?

MO - Vayamos de lo último al principio. Compartimos plenamente lo del fondo intergeneracional, pero no estamos de acuerdo en que sea para pago de deuda externa, lo último que se había planteado era que la deuda externa debía ser con vencimiento a 15 años. Que un fondo intergeneracional, que supuestamente es solidario con las generaciones futuras, se utilice para cancelar deuda externa nos parece que no es el mecanismo ni era la idea en la multipartidaria.

EC - Cuando se detallan las inversiones que puede realizar el fondo soberano, aparece en primer lugar "valores emitidos por el Estado uruguayo e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el Banco Central del Uruguay". ¿Es a esto que aluden ustedes?

MO - A eso y a deuda externa. Concretamente está planteada también la posibilidad de deuda externa con vencimientos de más de 15 años. En definitiva es lo mismo. Ayer nos presentaron un modificativo.

EC - Ahora entiendo, usted se está refiriendo al artículo 46, que en su segundo párrafo, luego de detallar los destinos posibles de la inversión del fondo, dice: "Asimismo y a propuesta del Poder Ejecutivo, el fondo podrá destinar recursos a la cancelación de endeudamiento externo. Esta cancelación debe ser de deuda con vencimientos posteriores a los 15 años contados a partir de la creación del Fondo Soberano. A tales efectos se deberá contar con un informe favorable de la Oficina de Deuda del Ministerio de Economía". ¿Esto no estaba en los planteos originales?

MO - No. Vamos a entendernos, cuando se dice que este fondo puede generar mil millones de dólares al año –esa es la información que manejamos– y además se habla de un intergeneracional, que el 30% es para inversión a mediano o corto plazo y el resto es para las generaciones venideras, no podemos pensar en que sea para amortizar deuda externa, porque, como sabemos de la historia, todos los gobiernos han generado deuda externa. Hoy está este gobierno, seguramente este gobierno no va a hacer uso de ese fondo porque los tiempos probablemente no le den, pero el que venga, sea del color que sea, va a tener a poder manejar ese tema con discrecionalidad, y a nosotros nos parece que eso no es correcto.

EC - ¿Dónde están las otras diferencias?

MO - Ese era el primer punto. El segundo punto: yo había pedido un plan director minero, lo pedí en una de las primeras convocatorias que hicimos a la representación del Ejecutivo. ¿Qué es un plan director minero? Es para tener información si hay un relevamiento nacional sobre la estructura y el posible desarrollo minero hacia delante.

EC - Usted se refiere a un plan director minero de ordenamiento territorial.

MO - El ordenamiento territorial es un aspecto de regulación de la ley, yo me refiero a la información que pueda tener el Estado (no el Poder Ejecutivo, el Estado) de los relevamientos y las capacidades mineras que existen en el Uruguay. Yo tengo un documento de la CIDE (Comisión de Investigación y Desarrollo Económico) del año 60, que fue realizado en la época en que Wilson había convocado a la CIDE, en el que se establecía que en Valentines había el mismo hierro que hay hoy, en la misma zona de Valentines, pero manejaban una capacidad en ese momento de alrededor de 12 millones de toneladas, de 12 a 24 millones de toneladas. Ahora estamos hablando de que la extracción será de 18 millones de toneladas anuales.

¿Cuál es el punto cuando hablamos del plan director? En esta reglamentación que estamos estudiando –y también en el Código Minero– se habla de la mina en suelo rural, y la única diferenciación es el suelo rural de áreas protegidas y suelo rural productivo. Suelo rural productivo es el resto del país, sacamos los esteros de Farrapos, las zonas de Rocha que están en áreas protegidas y Rincón de Pérez en Paysandú, en el resto del país se puede hacer en cualquier lado.

Nosotros entendemos que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que es un gran ausente en este tema, debería haber normatizado o informado o participado en una determinación de zonas. Digo esto porque el MGAP normatizó en su momento por la Ley Forestal los suelos donde se podía desarrollar actividad forestal. En este momento, en el 2013, salen con el Plan de Uso de Suelos en las zonas agrícolas que tiene toda una estructura de manejo del recurso natural suelo en función del cuidado para las futuras generaciones. En AN nos parece que ese plan director con una información del relevamiento de minerales en el Uruguay es muy importante, y además la participación del MGAP definiendo estas zonas.

EC - En la declaración de AN se manejan otros argumentos. Se dice, por ejemplo que "la última versión del proyecto de ley presentado excede largamente el acuerdo multipartidario, agregando innumerables aspectos que modifican el espíritu del acuerdo original". ¿Cuáles son estos otros puntos?

MO - Por un lado ese aspecto al que le hacía mención, por otro lado el tema de la deuda externa, y luego el tema del superficiario, el propietario de la tierra que de acuerdo a la legislación lleva un canon. Ese canon acá se le limita a 15 rentas –eran 12 en el momento inicial, 15 rentas en el momento actual– de una renta productiva de la zona, en el entendido de que como el dueño del campo "se sacó el 5 de Oro" (esas son las expresiones que han usado), hay que limitarlo en su rentabilidad. Nosotros creemos que el superficiario es un socio minero, si alguien va a explotar una mina este señor es el socio minero. Además este señor va a estar gravado por el IRAE o por el IRPF, por lo tanto hay un porcentaje de su utilidad que va a estar volcada al Estado, como corresponde.

EC - Entonces, ¿qué proponen ustedes con respecto a lo que debe recibir el superficiario?

MO - Creemos que debería manejarse con el canon del código actual, con la posibilidad de desarrollar una actividad minera. Y en el caso de que la dueña de la tierra sea la propia minera, que esté gravada como corresponde, como está en el proyecto de ley.

EC - Para el superficiario ustedes proponen que no haya tope, que no existan los topes que plantea el proyecto de ley.

MO - Me parece que los topes no deberían correr, al menos en este volumen, porque además queda totalmente vinculado a dos parámetros totalmente diferentes, una cosa es la producción de la zona agrícola o ganadera –en este caso son ganaderos– y otra cosa es la renta de la actividad minera.

***

EC - Estamos conversando esta mañana en En Perspectiva con el diputado Miguel Otegui, de Alianza Nacional. Estamos conociendo las razones por las cuales ese sector del Partido Nacional anunció la semana pasada que no va a votar el proyecto de ley sobre minería de gran porte.

Yo le preguntaba cuáles son los argumentos básicos, usted había enumerado ya varios, pero en esta materia, la de que el texto que elaboró ahora el FA excede largamente el acuerdo multipartidario, ¿hay alguna objeción más?

MO - El tema del contrato no estaba previsto. El proceso en el Código Minero es: la denuncia de la zona, el estudio de prospección (el primer estudio antes de llegar a la exploración), la exploración y el permiso de explotación. En este momento, con el Código Minero actual, el permiso de explotación es el que habilita a comenzar la explotación. En este documento que nos han presentado el contrato sustituye a ese permiso. Se nos dice que la discrecionalidad de un funcionario al habilitar el permiso de explotación es más débil que la posibilidad de un contrato. Nosotros entendemos que debería haber un permiso de explotación, cumplir el proceso como corresponde y luego tener un plazo entre el permiso de explotación y la firma del contrato para que de esa forma se documente, con la mayor reserva para el Estado, esta posibilidad del contrato. Pero el contrato previo no, porque en definitiva es uno de los aspectos que entendemos que además inviabiliza estas actividades, entendemos que quien haga la inversión, haga la prospección, haga la exploración y llegue al permiso de explotación debe negociar con el Estado cuáles son las condiciones del contrato.

EC - Me gustaría conversar con usted también a propósito de las reacciones, de las respuestas que ha habido ante esta posición que asumió AN.

MO - Si me permite, le agregaría dos aspectos y después entramos en la contestación. El Código Minero actual establece que el área posible de explotación de una mina son 500 hectáreas, y el artículo 24 de este proyecto elimina ese límite, por lo tanto si una empresa tiene 10.000 o 12.000 hectáreas, como hay empresas declaradas, podríamos pensar que la actividad minera sea en áreas de 1.000, 2.000, 5.000 o 10.000 hectáreas. Nos parece que habría que respetar la restricción que establece el Código Minero actual.

El otro aspecto que nos parece muy importante y fundamental es que se establece un 30% del mínimo de extracción de acuerdo al plan –estoy hablando de la cantidad de mineral extraído–, pero eso pensando en que no haya desocupación cuando empieza a trabajar la mina. Si la mina está con un plan de 100% y por problemas de mercado o por alguna situación los precios bajan, no puede bajar del 30% de la extracción porque caería el contrato. Entendemos que debe haber una racionalidad en el uso del recurso, que es finito, y no debería ser libre la posibilidad de extracción. No que una empresa venga y en 10 años lleve lo que podría extraer en 30 años con una distribución razonable y diferente para nosotros.

EC: En filas del propio PN el diputado José Carlos Cardoso, de Unidad Nacional (UNA), dijo: "El peor escenario es que nos quedemos con las normas como están, porque entonces no hay controles ambientales, no hay ordenamiento territorial ni nada". Y agregó: "Oponernos a cambios y ajustes a la legislación es dejar que quede vigente lo que está, y lo que está es lo peor", enfatizó. ¿Qué responde usted ante este riesgo que esgrime el diputado Cardoso?

MO: Yo tengo el mayor respeto por el ministro de Industria, Energía y Minería [Roberto Kreimerman] y el mayor respeto por [Jorge] Rucks [titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente], tengo la convicción de que la Dinama en el Uruguay es un elemento técnico de gran seriedad en los distintos aspectos ambientales del país. Con esto quiero decir que me da seguridad la gestión ambiental que hoy se desarrolla en el Uruguay, más allá de que pueda haber limitaciones en cuanto a personal y demás. Los controles ambientales existen, no es que a partir de esta ley vaya a haber muchos más controles diferentes y que lo que hay ahora no existe. Me parece que ese es el primer gran punto.

EC - Sí, porque lo que el diputado Cardoso esgrime es el riesgo de quedarnos sin ley, "el peor escenario es que quedemos con las normas como están".

MO - Estoy de acuerdo, lo que el diputado Cardoso planteó de entrada es más bien la redistribución de los recursos. Él habló siempre de una nacionalización –cuando habla de nacionalización no es expropiar, a pesar de que en el proyecto de ley se establece alguna forma de expropiación–, de que la distribución de la renta sea diferente. Es en ese sentido que se ha trabajado en la nueva imposición. Pero en el aspecto ambiental, tenemos una ley de protección ambiental, desarrollo urbanístico y territorial que está articulándose, que tiene participación de los gobiernos departamentales y del gobierno nacional, y yo creo y sostengo que las entidades que cuidan y controlan el ambiente tienen responsabilidad técnica, tal vez pocos recursos económicos y humanos, pero sin duda tienen mi mayor respeto en ese sentido.

EC - Cardoso no fue el único que cuestionó esta posición que ahora plantea AN. Me llamó la atención cómo se coincidió en criticar a AN desde el FA y desde el Partido Colorado. Por ejemplo, el diputado Alfredo Asti recordó que usted participó en la comisión multipartidaria y que "fue de los que más trabajaron, siempre estuvo buscando acuerdos", dijo que "el proyecto de ley fue reflejo del acuerdo firmado por todos los partidos" y supone que "la actitud de AN debe formar parte de alguna estrategia electoral de cara a las internas o a las elecciones nacionales".

Por otro lado, el diputado por Paysandú de Vamos Uruguay, Walter Berry, criticó la decisión de AN y dijo: "Si Alianza no quería esta ley, lo hubiera dicho en la comisión multipartidaria. Ellos firmaron el acuerdo hasta la última coma. Ahora Larrañaga cambia la posición por razones de conveniencia política, de cálculo electoral, estamos cerca de la elección".

MO - Está bien, son sus opiniones, la de Asti, la de Berry y la de Iván Posada, que creo que dijo algo similar en El Espectador la semana pasada. Nuestra posición es clara y concreta, yo cuando participo en esto no hago especulaciones políticas, tengo la convicción de lo que estoy diciendo. Yo participé en la multipartidaria de agosto a diciembre, Walter Berry también participó, que además es de Paysandú, Iván Posada del Partido Independiente y Julio Battistoni, que es el actual presidente de la comisión, pero en definitiva lo que yo firmé –ustedes tienen el documento, porque es público– es un acuerdo conceptual. La responsabilidad de ponerle música a ese acuerdo es del Poder Ejecutivo. Además, en la declaración de la semana pasada dijimos que habíamos recibido el documento final el martes, el martes recibimos el documento final y ayer yo estuve en la comisión y se siguen incorporando modificaciones por parte del Poder Ejecutivo o de la bancada del FA que tienen que ver con los distintos puntos que estamos hablando.

EC - La interpretación que se hace desde el punto de vista político-electoral es que como el escenario interno del PN cambió, como el candidato de UNA, ya se sabe, va a ser Luis Lacalle Pou, que ha liderado la oposición al proyecto de Aratirí y a la megaminería en general, AN se siente en la obligación de quedar en la misma postura, de no quedar en desventaja frente a Lacalle Pou.

MO - Puede ser. Pero en la multipartidaria participó Álvaro Delgado, que es de AF, y es un hombre muy cercano a Luis Lacalle Pou. Participó también José Carlos Cardoso, que es de la UNA y está alineado también con Luis Lacalle, es público y conocido, y participé yo por Alianza. En definitiva, decir que esto es por una estrategia electoral para tomar un posicionamiento distinto con Luis Lacalle Pou me parece una falta de sentido de común. Yo no voy a calificar, pero me parece que es tirar humo sobre situaciones.

EC - ¿Qué actitud van a asumir ustedes de ahora en adelante? Por ejemplo, en el debate en la cámara, en el plenario, ¿qué actitud van a tener? Porque allí mismo podrían proponer cambios. ¿Tienen pensado proponer modificaciones?

MO - A ver si nos entendemos. Yo soy diputado por Paysandú, era suplente de quien hoy es intendente, me tocó estar en la Cámara de Diputados y allí estoy, pero mi origen no es político, me considero político y estoy actuando como tal. Para mí cuando uno tiene un ámbito de negociación ese es el ámbito de negociación, le aseguro que a nosotros en la comisión especial no nos dieron el margen para incorporar nada de sustancia. Tengo acá los aditivos o sustitutivos que presentó el PN, Álvaro Delgado y José Carlos Cardoso me invitaron a firmarlos, pero después no los suscribí porque luego de la declaración de Alianza no tenía sentido suscribir. Nosotros en la comisión de Diputados no tenemos más margen de maniobra, eso es claro y concreto, dicho por algunos representantes de la bancada del Frente y por representantes del Poder Ejecutivo. Si algunos representantes del Poder Ejecutivo me dicen "esto es innegociable", es innegociable. En la actividad privada uno negocia hasta un punto y cuando sabe que no hay más capacidad de negociación no negocia más, porque para negociar tiene que haber voluntad de las dos partes.

EC - ¿Entonces? Ustedes en Diputados prevén que van a votar en contra.

MO - Yo hoy estoy votando en contra, sin duda.

EC - ¿Y luego en la etapa del Senado? ¿Qué actitud tendrá AN en ese segundo lugar?

MO - Ese es un tema del Senado. Por eso en la declaración que se emitió pusimos que en el Senado aún puede estar la posibilidad de incorporar alguna modificación que lleve a una votación diferente.

EC - Por último, en varios departamentos, sobre todo en el norte del país, se ha iniciado una campaña de recolección de firmas buscando que se prohíba la minería a cielo abierto, por ejemplo. ¿AN va a apoyar una iniciativa de ese tipo?

MO - No hay posición de Alianza, que yo sepa. En lo personal no estoy de acuerdo, porque en definitiva en Uruguay toda la minería es a cielo abierto, toda la que yo conozco es a cielo abierto, salvo las piedras preciosas de Artigas, que pueden estar en algunas cuevas, pero tampoco es en galería. Entonces prohibir la minería a cielo abierto me parece que es demasiado genérico, y además creo que cuando hablamos de una diversificación de la matriz productiva en el Uruguay incorporamos la minería como un elemento importante. Evidentemente, si estamos hablando de los recursos de los que estamos hablando, de la posibilidad de los recursos, no es poca cosa. No podemos cerrarnos y no analizar eso. Lo que digo es que en estas condiciones deberíamos aprovechar la oportunidad para tener un proyecto que contemple y que nos dé un marco más adecuado.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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Declaración de Alianza Nacional en rechaszo al proyecto del ley de minería de gran porte

Documento: proyecto de ley de minería de gran porte