(emitido a las 7.50 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Una delegación del Congreso de Intendentes asistió ayer a la Comisión de Hacienda del Senado, donde se analiza el proyecto del Poder Ejecutivo que deroga el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y restablece el Impuesto al Patrimonio en el caso del agro.

Los jefes comunales pusieron arriba de la mesa las diferencias que significa para las intendencias la distribución de los recursos del nuevo tributo en comparación con lo que implicaba el ICIR.

Concretamente ¿por dónde vienen esas inquietudes?

Vamos a conversarlo con el intendente de Río Negro, Omar Lafluf.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Qué fue lo que plantearon ayer en la Comisión de Hacienda del Senado? ¿Por dónde pasan sus principales preocupaciones en torno al impuesto que sustituirá al ICIR?

OMAR LAFLUF:
En definitiva no fuimos a hablar del impuesto, porque nos parece que no nos corresponde, ni de la justicia del impuesto, porque eso lo planteó el presidente, primero cuando planteó el ICIR y posteriormente cuando planteó la sustitución del ICIR por el Impuesto al Patrimonio siguiendo una decisión de buscar disminuir la concentración de la tierra. Pero sí fuimos a plantear la gravedad del tema de la logística del transporte de la producción; es mucho más que la caminería rural, aunque a nosotros nos corresponde hablar de la caminería rural. Pero quisimos poner en alerta al Parlamento de lo que está pasando, de lo que puede pasar. Creemos que es quizás de los principales temas que tenemos que discutir a nivel país.

RA - ¿En ese sentido cómo cambia la cosa con respecto a lo que estaba previsto en el ICIR?

OL - Primero, parecería que la recaudación puede ser similar, con el ICIR se pensaban recaudar 60 millones y nos dicen que con esto pueden ser 60 millones, aproximadamente. El ICIR lo recaudaba la Dirección General Impositiva e iba inmediatamente a un fideicomiso de 450 a 500 millones de dólares que liberaba 100 millones de dólares por año, el primer año para compra de maquinaria y posteriormente para ejecución. Lo administraba la Comisión Sectorial de Descentralización, que integramos seis intendentes, seis ministerios y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). En el caso del fideicomiso, para ir haciendo las diferencias, no sabemos si se podrá hacer, creemos que es casi imposible, por la recaudación que va a venir a las intendencias por año, hacer un fideicomiso de 500 millones de dólares.

EC - Y el hecho de que no haya fideicomiso implica que no se recibe dinero adelantado. El fideicomiso implicaba que año a año iba a estar disponible más dinero que el que en principio entra por la recaudación directa.

OL - Sí, pero más que eso. De lo que vamos a recaudar ahora, el primer año, con el Impuesto al Patrimonio, el 10% es para la UTEC, eso lo votamos con las dos manos. El primer año nos quedarían, de los 60 millones, 54 millones para compra de maquinaria, y la compra de maquinaria que habíamos planteado era por alrededor de 100 millones de dólares. Pero en el segundo y el tercer año, de ese 90% que queda el 50% es para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el 50% para nosotros. Quiere decir que en vez de 60 millones por año, en el segundo y el tercer año van a ser 27 millones para las intendencias. Y en el cuarto año pasa a Rentas Generales, que es lo más complicado que tenemos. Con 27 millones por año es muy difícil hacer un fideicomiso de 500 millones.

RA - ¿Cuánto compromete, por otro lado, lo que usted venía señalando, la posibilidad de las intendencias de realizar y concretar esas inversiones en caminería rural? Porque uno puede pensar que lo más importante es lo que se haga en ese primer año, con los recursos que obtengan en ese primer año, de los cuales el 90% tiene ese fin.

OL - El primer año lo destinamos a comprar maquinaria, es lo que hablamos ayer incluso en la OPP, cómo se puede adelantar eso para en julio-agosto poder hacer todas las licitaciones. Tampoco se pueden comprar inmediatamente 50 motoniveladoras, porque no existen en el país, ya perdimos un año y pico. Pero lo que más queremos es que se entienda la gravedad del tema a nivel país. Para provocar un impacto se precisa mucha plata, se precisaban esos 500 millones, pero tampoco que se liberen juntos, tenemos que ser responsables de ejecutar lo que se libera, no podemos pedir que se liberen 200 millones de dólares porque no los vamos a poder ejecutar. Eso fue lo que planteamos ayer en la comisión del Senado.

RA - ¿Cómo han manejado este tema con el Poder Ejecutivo? Porque el ICIR había sido un gran acuerdo entre el presidente Mujica y el Congreso de Intendentes. ¿En este caso se sienten de alguna forma defraudados?

OL - No, no sé si defraudados. Cuando tuvimos la reunión con las gremiales estábamos todos de acuerdo en que hay un problema, entonces hay que ver cómo se enfrenta ese problema. No se pudo hacer con el ICIR, entonces queremos dejar en claro que el impacto va a ser menor del que se esperaba. Ahora creamos una comisión con el Ministerio de Ganadería, Ministerio de Transporte, Congreso de Intendentes y OPP para pensar una logística de país, porque no puede ser que nosotros hablemos de caminería rural, el MTOP hable de caminería nacional, el ferrocarril lo hable AFE [Asociación Nacional de Ferrocarriles] y los puertos los hablen la ANP [Administración Nacional de Puertos] e Hidrografía [Dirección Nacional de Hidrografía], tenemos que pensar algo global. El MGAP hoy sabe dónde se produce hasta el último kilo de producción en todo el país, hay que definir rutas de transporte, que tienen necesariamente que usar los puertos. Tenemos que casi provocar una obligación de usar los puertos, porque el kilómetro de ruta nacional cuesta 700.000 dólares, y muchas veces estamos desaprovechando los ríos. Hay que pensar un transporte multimodal para lograr esto.

EC - Lo que usted plantea es absolutamente lógico y racional: se necesita coordinar el uso de la infraestructura de transporte con sus distintas variantes. De sus palabras se desprende que eso no ha ocurrido hasta ahora.

OL - Se hace algo, pero tenemos que profundizar ese trabajo. Y a su vez lo que es el desarrollo rural, la carretera rural es también para la gente, porque si usted mira cada censo, cada vez vive menos gente, pero la gente no puede ni siquiera llegar a un ómnibus. Es muy difícil que se quede a vivir en el campo, por más que los políticos quedemos roncos en las tribunas gritando que no se vayan. Eso es una parte fundamental también.

EC - Para el rubro caminería rural, que es el que origina toda esta discusión porque a él estaba destinada buena parte del ICIR, teniendo en cuenta las diferencias que implica el nuevo impuesto en cuanto a recaudación y a disponibilidad de recursos en volumen significativo, ¿qué alternativa puede haber? ¿En qué están pensando ustedes para que se pueda producir efectivamente ese shock de inversión que se está precisando en la caminería rural? Si no es por la vía de la recaudación de este impuesto, que por lo visto va a dar poco por año, ¿qué otra posibilidad hay?

OL - Hace mucho tiempo se trabajó, en el período pasado de gobierno, en una tasa de transporte. Recuerdo que trabajamos en la Comisión Sectorial mucho con el ingeniero [Andrés] Berterreche, que era el subsecretario de Ganadería. Y se llegó a definir algo. Cometimos el error de pensar en la tasa de transporte solo para la madera, entonces nos cayeron las asociaciones de productores forestales y la industria y no salió nada. Recuerdo que en ese momento –creo que 2008– el entonces ministro [de Economía, Danilo] Astori dijo: "Para compensarlos un poco se va a derogar la exoneración de la Contribución Inmobiliaria forestal". Recuerde que la forestación estaba exonerada, estuvo exonerada durante 26 años. Pero con el transporte no podemos tener la misma recaudación. Ese puede ser un camino.

EC - Una tasa para los camiones que transportan mercadería por los caminos vecinales.

OL - En su momento fue lo que se habló, rompe y paga, incluso el presidente habló con nosotros pensando que eso podía ser para caminería nacional. Hay un gran amigo, José María Nin, que siempre me hace la referencia a lo que fue el Plan Nacional de Silos, se pagó un porcentaje sobre toda la producción de granos y de esa forma se hizo el plan y se hicieron la inmensa mayoría de los silos del país. Hay que pensar algún camino de esos. Acá lo que no podemos hacer es pelearnos, tenemos que entender que hay un problema y ver cuál es la solución, no hay otra. Porque además la producción no va a parar, gracias a Dios sigue creciendo.

EC - ¿Lo hablaron con la comisión del Parlamento y con el Poder Ejecutivo?

OL - Lo hablamos con el presidente la otra vez y ayer lo hablamos en la Comisión de Hacienda del Senado, dejamos planteadas estas cosas. Pero no sé qué va a pasar.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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Foto: Presidencia