(emitido a las 8.50 Hs.)

EMILIANO COTELO:
La semana pasada el doctor Conrado Ramos anunció que dejaba el Frente Amplio (FA) y se incorporaba al Partido Independiente (PI).

El exsubdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) subrayó que con este paso estaba reafirmando sus convicciones de izquierda democrática y que lo que hacía era buscar un espacio desde el cual discutir las idas que le fueron distanciando del oficialismo en los últimos años y que culminaron con su salida del Gobierno en agosto de 2010.

Una de las principales diferencias de Ramos con el oficialismo ha sido la lentitud y el rumbo de la reforma del Estado. En particular fue muy crítico con el proyecto de ley que crea un nuevo estatuto del funcionario público al que considera una oportunidad perdida en la tarea de profesionalizar y despolitizar la gestión pública.

¿Por dónde vienen sus discrepancias con este proyecto que se está votando justo hoy en el Parlamento? ¿Qué espera de su nueva opción política? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Conrado Ramos, doctor en Ciencia Política.

Primero la pregunta básica, ¿por qué es que decide dejar el FA y sumarse al PI?

CONRADO RAMOS:
Bueno, tú lo adelantaste un poco y en mi carta así lo expresa. Fue un paulatino alejamiento, creo que no se puede tener tantas desavenencias y seguir adentro de una fuerza política. Por otra parte tampoco sentí que se me quisiera consultar o que se me hubiese invitado a discusiones programáticas dentro de la fuerza política y creo que tengo para aportar en la discusión política en este país y en la agenda política. Y vi como una buena oportunidad al PI con su última definición más de partido de izquierda democrática. Los norteamericanos hablan de partidos políticos como envases donde uno puede volcar contenidos ideológicos y creo que este era un envase adecuado como para poder desarrollar una propuesta socialdemócrata de izquierda.

EC – En esa carta que usted dio a conocer la semana pasada enumera una serie de coincidencias importantes que tiene con la orientación de los gobiernos del FA.

CR – Y de la que estuve orgulloso de haber participado, cortando con un modelo que sí estaba agotado, un modelo muy basado en servicios, banca off shore, inclusive con un empobrecimiento del Estado de bienestar uruguayo muy grande, donde ya se podría decir que la estructura de riesgo social, la infantilización de la pobreza, madres solteras... La arquitectura del Estado de bienestar no estaba encontrando respuestas a las vulnerabilidades que se venían dando. Y eso no se lograba solamente vía políticas focalizadas, como fue en una época el FIS, el FAS, o bypasseando ministerios. La creación del Ministerio de Desarrollo Social, el lanzamiento de asistencia a la emergencia social –el Plan de Emergencia–, fueron hitos muy importantes. Pero además hubo una intensión de redensificar la matriz de protección social. Es decir, el Sistema Nacional Integrado de Salud, incluso con los problemas de gestión. Ahí podemos entrar en otra temática y críticas a lo que tiene que ver con la gestión, pero la orientación política en cuanto a querer tener una matriz de políticas sociales universal y con acceso universal a los servicios creo que es una orientación bien típica de los gobiernos socialdemócratas.

Luego los problemas o fallas de gestión en temas de educación o apropiaciones corporativas de estas áreas de políticas públicas creo que ya son fallas del modelo pero a un nivel más intermedio si se quiere. Son fallas políticas, pero la orientación general era redensificar la matriz de protección social, y articular esa redensificación. Es una redensificación que también es funcional a un cambio en la matriz de producción social, si bien seguimos basándonos mucho en la primarización de las exportaciones, pero es donde tenemos ventajas competitivas. Entonces nosotros nos dedicamos a estudiar las cadenas productivas, hicimos un análisis, fuimos los primeros en hacer un análisis desde la OPP de cadenas productivas y ver cuáles eran intensivas en mano de obra, cuáles eran motores del desarrollo económico, lo agro industrial, pero cómo estas tenían que ser complementadas con otras cadenas que en este momento no son motores de la economía pero tienen techos muy altos, como la biotecnología, la industria farmacéutica y otras que pueden tener desarrollos muy amplios.

Creo que es una apuesta por crear programas e instituciones que fueran promotoras del desarrollo de cadenas de innovación donde podríamos insertarnos en cadenas globalizadas no ya desde el eslabón más débil sino desde eslabones más interesantes vino con un discurso que se hizo hegemónico y que vino desde la izquierda, con un rol del Estado que es típico de las social democracias, y con acuerdos neocorporativos entre capital y trabajo. La reinstauración de la negociación colectiva, que se podrá mejorar, pero sobre la cual se decía que iba a causar desocupación, cuando las experiencias socialdemócratas más avanzadas mostraban que puede haber un muy buen desarrollo económico con acuerdos neocorporativos que sean funcionales a este tipo de modelo.

EC – Ese es un resumen de sus coincidencias con los gobiernos del FA.

CR – Yo creo que hay que seguir insistiendo y profundizando ese tipo de modelo de desarrollo.

EC – Pero al mismo tiempo en la carta usted resalta que se ha encontrado con algunas discrepancias que considera demasiado importantes. Por ejemplo habla del no abordaje de históricos problemas de gestión pública; por ejemplo habla de algo que ya mencionó al pasar: la captura corporativa de ciertas áreas de política pública esencial, ¿podemos ver en dos palabras cada uno de ellos?

CR – Y que están asociados también a los problemas endémicos de gestión. Es difícil reivindicar moralmente la primacía de la política sobre las apropiaciones corporativas cuando la política misma no define con claridad hasta dónde hace uso de la maquinaria administrativa, dónde pone la línea de dominio y la autonomía profesional de la maquinaria.

EC – Vamos a traducirlo al terreno práctico.

CR – Para decir un ejemplo, la Intendencia de Montevideo (IMM), Adeom [Asociación de Empleados y Obreros Municipales], ¿con qué autoridad moral le voy a decir a Adeom que le voy a poner un freno a sus intenciones ilegítimas de tener de rehén a la sociedad si yo tengo tres o cuatro niveles de designaciones políticas por cuoteo político, por el mérito de decir "esta área de la IMM le pertenece a tal fracción del partido de gobierno", con sueldos voluminosos y donde la evaluación que se hace del mérito técnico es secundaria a la pertenencia a una fracción de un partido político? No entiendo por qué tiene que haber departamentos, los departamentos podrán ser designaciones políticas, pero de ahí a que cada departamento tenga divisiones donde también tienen que ser designaciones políticas, creo que nos estamos permitiendo el lujo de la ineficiencia y eso nos quita autoridad moral para ponerle límite a los corporativismos injustificados.

EC – Lo que usted dice en definitiva es que en Uruguay y en particular en los gobiernos del FA se baja demasiado la línea en la cual se producen designaciones del tipo político.

CR – No meritocráticas, exactamente. Y eso ocurre, yo digo en la IMM porque los montevideanos estamos engranados con este tema, pero si uno...

EC – ¿En el gobierno central qué ejemplos manejaría?

CR – En el gobierno central y en organismos del 220, servicios descentralizados. Si uno mira ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado], yo siempre pregunto ¿por qué un director de hospital tiene que ser una designación política?

EC – ¿Siempre fue así en el Uruguay?

CR – Tradicionalmente ha venido siendo así. Yo no podría responder por los primeros cincuenta años del siglo XX, pero sí ha sido cuoteo o reparto político. ¿Por qué los directores de los centros de reclusión penitenciaria de adolescentes no son elegidos meritocráticamente y en sus virtudes profesionales? Estamos hablando de problemas de seguridad ciudadana, de reinserción, de que no sea una escuela del delito, y tenemos nada más y nada menos que los directores de los centros de reclusión no elegidos meritocráticamente. Nos estamos dando lujos; después, lógicamente, es el país del no se puede. No se puede porque no sabemos cómo, porque no tenemos una profesionalización de la gestión.

EC – ¿Está contestándole a Mujica por sus dichos de ayer?

CR – Sí, sí, lógicamente. Pero a Mujica y también a un espíritu que ha inundado al gobierno en decir "Bueno, hay trancas, hay trabas", pero si yo no profesionalizo la gestión obviamente va a ver trabado por falta de establecimiento de prioridades con claridad y de saber cómo voy a monitorear y a evaluar mis prioridades políticas. Es político lo que estoy diciendo, no es tecnócrata.

EC – Sí, está buena la puntualización porque cuando nos metemos en estos temas estoy seguro de que una parte de la audiencia, en general creo que una parte de la población, quizás se distrae o apaga la oreja en el supuesto de que nos estamos metiendo en asuntos demasiado técnicos o en reflexiones o preocupaciones de un tecnócrata, de un académico, como este doctor en Ciencia Política que nos acompaña en la entrevista de hoy.

CR – Me hubiera quedado en la universidad si fuese así.

EC – Usted enfatiza que esto es política.

CR – Esto es política, acá tenemos un tema político y tenemos dificultades para instalarlo en la agenda política. El FA en ese sentido se ha tradicionalizado, para lo bueno ha mostrado que es un partido que tiene un respeto muy fuerte por las instituciones políticas, que era una de las dudas que la derecha le planteaba al FA y en el buen sentido se ha tradicionalizado. Yo soy muy orgulloso de mi sistema de partidos políticos, más cuando miro Venezuela o Argentina, partidos que se han desintegrado, países donde se ha desinstitucionalizado el sistema de partidos y son partidos clientelísticos y no programáticos. Nosotros tenemos partidos fuertemente programáticos, con rasgos de clientelismo que son los que yo anoto como han anotado muchos académicos, comentaristas.

Pero el FA se ha tradicionalizado en el mal sentido también, en el sentido en que ha agarrado los viejos vicios de los partidos tradicionales del patronazgo político.

EC – ¿Qué es el patronazgo? Ese es un término de la academia, bajémoslo a tierra.

CR – Es la designación de cargos en la maquinaria ejecutiva por recompensa política, no por méritos profesionales que se tengan. La recompensa política puede ser por lealtades políticas, más personales –del presidente o de un ministro– o más políticas –más partidarias, cuando hay que recompensar a un militante–. Lo puede designar el partido político, por ejemplo el Partido Comunista cuando reclama y le da a Mujica la designación de un ministro, o puede ser simplemente el presidente o el ministro que dice "yo quiero traer a esta persona de mi confianza o de mi partido político". O sea, los motivos pueden ser distintos. Una cuota de patronazgo es cosustantiva a las democracias que lo usan, siempre ha habido una lucha entre formadores del servicio civil que quieren más profesionalización y los partidos políticos que quieren dominar la maquinaria política para decir "nombro a la gente de mi confianza", que es la mejor forma.

EC – Y esa pulseada en el mundo ha dado lugar a modelos distintos.

CR – Cada uno ha encontrado su solución. Yo creo que en Uruguay no está claramente trazada la línea hasta dónde los partidos políticos tienen legitimidad para designar gente en cargos de confianza de manera formal e informal. Lo que me preocupa también es la informalidad, crearse burocracias paralelas porque desconfío de la burocracia establecida.

EC – ¿A qué esta aludiendo concretamente en ese caso?

CR – Es un caso de prácticas que todos los que hemos ejercido la gestión pública en cargos de jerarquía política hemos utilizado y hago la autocrítica también. Cuando uno entra en un ministerio por lo general siente que la burocracia la heredó o la puso el gobierno anterior, ya sea del mismo partido o de otro, pero la pusieron otros. O si llegó por carrera de repente llegó alguien que no tiene características de liderazgo, que llegó porque concursó en algún momento hace muchos años y este no sirve para ser jefe o director de esta división de esta unidad, y entonces lo que hago es conseguir una encargatura, algún funcionario que coopto, por distintas razones, porque es de mi partido, porque es de confianza, contratos PNUD. Si yo tengo una ventanilla única para contratar a funcionarios a veces pasan dos años desde que la gente se presenta para la ventanilla única hasta que el organismo lo llama. Y cuando el organismo lo llama la persona se casó y vive en Buenos Aires y tuvo un hijo. Estoy hablando de casos que conozco. Entonces, ¿qué hacen los ministros cuando tienen la necesidad de gestionar? Contratamos vía contratos PNUD. Y lo hemos hecho mucho.

EC – PNUD es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

CR – Donde se piden tres currículum por lo general y se dice "bueno, yo te voy a contratar, tú conseguite dos currículum más", eso es una práctica habitual en el Uruguay.

EC – Es espeso esto que usted está diciendo.

CR – Todos lo conocemos.

EC – Ojo, no es nuevo, ha saltado más de una vez al debate.

CR – Lo que pasa es que no se pueden tratar estos temas, son tabúes.

EC – Pero así como salta y se discute unos días después queda.

CR – Ni siquiera es culpa del PNUD. Se monta una democracia paralela

EC – Lo que usted está diciendo es que en ese procedimiento en particular se monta la ficción de un llamado.

CR – Sí, lógico.

EC – Yo sé que voy a contratar a Fulano de Tal, consigo que haya dos currículum más y vía el PNUD termino contratando al que yo quería contratar.

CR – Se contratan equipos enteros así.

EC – Es muy discutible además el papel del PNUD en estos asuntos, ¿no?

CR – El PNUD ha tratado de no dejarse llevar por delante por los gobiernos, lo que pasa es que el PNUD recibe un overhead por este tipo de contrataciones.

EC – ¿Qué es un overhead?

CR – Préstamos de organismos internacionales, o cooperación bilateral, y uno contrata a estos funcionarios a través de los préstamos. ¿Quién administra estos préstamos? El PNUD, y consigue un overhead. A veces es la CND [Corporación Nacional para el Desarrollo]...

EC – ¿Overhead quiere decir que se lleva una parte?

CR – Se lleva una parte, un 7%, un 5%, la CND también hace eso.

EC – La burocracia se alimenta a sí misma ya sea la nacional como la internacional.

CR – Porque no tenemos nosotros desde el Estado central la capacidad de gestión de estos préstamos, entonces se los damos a otro organismo. Y además de esta manera se eliminan las trabas enormes que hay para contratar a un funcionario por derecha. Es decir, tenemos una ventanilla única –lo digo porque la diseñé yo la ventanilla única y no fue para esto que se usa ahora–, pero si vamos a estar en un via crucis legal, modificando el texto ordenado de contabilidad de administración financiera de una forma muy lenta... Toda persona que quiere gestionar se ve obligado a hacer un montón de observaciones que ni siquiera tiene ganas de hacer el Tribunal de Cuentas pero no tiene más remedio, el Parlamento no las analiza, o, por las normas de funcionario público también se hacen eternas las formas de contratación. Yo recuerdo jerarcas de unidades ejecutoras que me han dicho, "Conrado, ¿no podremos crearnos como persona pública no estatal así puedo gestionar y pagar como corresponde y vuela mi división?" y digo "No, sos formulador de políticas públicas dentro de un ministerio"; "Sí, pero con las reglas del derecho público y la forma como gestionamos mi unidad, mi división, va a seguir siendo algo muy mediocre". Esto es la reforma de Estado que no se hace.

EC – Es tremendo, todo este cuento es tremendo porque se puentea esas supuestas dificultades, porque habría que determinar primero si ese diagnóstico que hizo el jerarca cuando asumió en el ministerio a propósito de la estructura con la que cuenta es correcta o no es correcta, ¿no? Pero se parte de un diagnóstico de que esa estructura no le sirve, que le va a complicar las cosas y entonces se puentea armando otra estructura por procedimientos muy discutibles pero que tiene como una de sus consecuencias que se duplica el empleo, el presupuesto incluso.

CR – Uruguay rankea en los rankings de meritocracia en la región en un término medio, no rankea alto Uruguay en términos de meritocracia. Hay una carrera formalmente establecida pero informalmente no se siguen las prácticas de la carrera administrativa. En parte uno entiende a los jerarcas, si una carrera vetusta no me garantiza de tener las personas por vía de carrera. También uno entiende a los funcionarios de carrera administrativa que dicen: "Bueno las jerarquías no me tienen presente, no me tienen en cuenta, por qué me voy a esforzar y hacer carrera si la mejor forma es que me trasladen a un lugar donde se gana mejor y no concursar por un ascenso y además concursar por un ascenso no me garantiza que me van a tomar en cuenta en el asesoramiento profesional".

Esta situación yo la he llamado de incompetencia politizada. Se politiza pero incompetentemente, hay como un pacto no hablado entre políticos y burócratas de no cooperación. Por eso hablo de refundar un pacto entre políticos y burócratas. Pero para eso tiene que haber un verdadero pacto del sistema político de cambiar las cosas y una normativa que ayude y no como este estatuto de funcionario que no va a ayudar a cambiar las cosas.

EC – Ahí volvemos al motivo por el cual usted decide irse del FA y pasar al PI. Usted en la carta dice "para profesionalizar la gestión es necesario trabajar fuertemente en la generación de consensos políticos en el sistema de partidos y en la sociedad civil", ¿y qué ventajas le ofrece haberse incorporado al PI en ese sentido?

CR – Yo venía escuchando de hace mucho tiempo a Pablo Mieres cuando recogía el guante de la necesidad de la profesionalización de la gestión pública, que era un tema eludido por mi fuerza de gobierno permanentemente. Cuando yo quería instalar con fuerza este tema en la discusión programática o no me invitaban o veía que se moría el tema de reforma de Estado hacia la descentralización política o a la creación de gobiernos municipales, pero estos temas no avanzaban. Cuando comencé a trabajar con el presidente Mujica le insistí mucho en cambiar el estatuto del funcionario público y tratar de instalar este tema de dónde va a estar el pacto entre políticos y burócratas. Este tema obviamente se fue hacia un nuevo estatuto pero entre gallos y medias noches.

EC – Ahora vamos a hablar del estatuto en particular.

CR – Sin discusión. Lo que quiero más que meterme en el estatuto mismo es ver la forma de la reforma. Es decir, se necesitan amplios consensos...

EC – ¿Por qué?, si se necesitan amplios consensos, ¿no pasará también que no hagamos, de vuelta, nada?

CR – Doy el ejemplo de Chile, en Chile se montó un sistema de alta dirección pública. Los cargos políticos de gestión –el equivalente a nuestros directores de unidades ejecutoras, o nuestros directores de hospitales–, los jefes de un servicio público eran cargos políticos y hubo fenómenos de corrupción, de sobre sueldos, etcétera. Entonces [Ricardo] Lagos en su gobierno lanza en 2003 un sistema de alta dirección pública donde el servicio civil hace un concurso abierto a la ciudadanía donde entran mejores personas a gerenciar. Hacen un compromiso de gestión, tienen capacidad de gestión, son encargados de un servicio público, y luego se los evalúa, se los contrata por tres meses, y su evaluación no coincide generalmente con el período de gobierno. Pero el presidente en última instancia se queda con la posibilidad de destituir a la persona, inclusive cuando lo seleccionan le dan una terna o una quinta y el presidente elige, ahí ya por motivos personales o políticos, entre esos tres o esos cinco, pero ya el servicio civil le reduce las posibilidades de elección, le deja a los tres o los cinco mejores para el cargo. Cuando [Sebastián] Piñera asumió el gobierno, echó al 75% de ese alto servicio civil que había costado mucho dinero, tiempo, gente que había renunciado a su trabajo de gerente en el sector privado y había ido al público. Se pasaron seis meses armando un compromiso de gestión con planes operativos anuales, etcétera, y no fueron evaluados porque no gozaban de la confianza política.

EC – ¿Y qué le dice ese ejemplo de Chile?

CR – Que si no se tiene un consenso político muy grande y no hay un acuerdo verdadero de los partidos este tipo de reformas cuando cambie... este estatuto está siendo aprobado ahora solamente con los votos del oficialismo, ¿quién me garantiza que cuando venga el día de mañana otro partido de gobierno o dentro de un mismo partido de gobierno se cumpla? Recordemos que habíamos creado cargos de alta conducción durante el gobierno de Vázquez, viene el de Mujica y elimina la mitad de esos cargos de alta conducción.

EC – Sí, está claro que el consenso se precisa primero adentro de los partidos y después con los otros.

CR – Y con la ciudadanía, la ciudadanía tiene que entender y legitimar por qué le voy a pagar lo que le pago a una persona.

EC – Pero, pregunto, el PI, ¿qué puede ayudar en ese sentido?, estamos hablando de un partido muy chico.

CR – Eso es verdad.

EC – En la búsqueda de esos consensos, ¿qué le aporta a usted la incorporación al PI?

CR – Yo creo que es instalar el tema en la agenda. Es un partido que tiene una trayectoria de partido serio, ha pagado costos muy altos por no sumarse al FA ni a los partidos tradicionales, y ha marcado una línea de coherencia ideológica. Es un partido que tiene una imagen de respetabilidad y si se trabaja bien hay posibilidades de instalar el tema en la agenda política. Pero además veo en los partidos tradicionales también una necesidad de renovar la agenda política en este sentido y levantar el tema de la profesionalidad de la gestión.

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EC – En seguida completamos esta entrevista con el doctor Conrado Ramos para ir concretamente al nuevo estatuto del funcionario público, este que comienza a votarse en diputados hoy y ver por qué para él es una oportunidad perdida.

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EC – Hoy la Cámara de Diputados con votos del oficialismo solamente aprobará el nuevo estatuto del funcionario público que el gobierno Mujica considera una parte central de la reforma del Estado que viene impulsando.

Un referente importante de esta reforma al comienzo de esta administración fue Conrado Ramos, entonces subdirector de la OPP que después renunció y que hoy es uno de los mayores críticos del proyecto del nuevo estatuto.

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EC – Después de acumular varios roces con los dos gobiernos del FA a raíz de dificultades en la reforma del Estado Ramos la semana pasada optó por alejarse del FA y pasar al PI. A partir de esa decisión es que estamos charlando con él esta mañana y nos detenemos ahora en el estatuto, el nuevo estatuto del funcionario público.

En el mes de marzo en una nota en su blog usted dijo que debe haber sido quién más le insistió en su momento al presidente de la República en cuanto a que "era necesario tener un nuevo estatuto del funcionario público, pero como instrumento legal que sirviese de plataforma para refundar el servicio civil, sobre nuevas bases que, manteniendo los principios de garantías del Estado de Derecho, lo pusiera a tono con la modernización de la gestión pública". Y agregaba en la nota que "este estatuto fundado sobre las mismas estructuras escalafonarias que el anterior, no es el instrumento adecuado para ello".

¿Podemos en síntesis ver cuáles son estas objeciones suyas?

CR – Las estructuras escalafonarias tradicionales en el Uruguay han sido clasificar a los funcionarios públicos en si son profesionales, técnicos profesionales, administrativos, servicios generales... Es decir, una estructura bastante irracional desde el punto de vista que a veces la estructura significa lo que se estudió y otras veces lo que hace. Si uno es administrativo es lo que hace, no lo que estudió, si uno es profesional es porque estudió y tiene un título universitario, así que no tiene mucha consistencia analítica, lógica.

Este nuevo estatuto lo que hace es volver a hacer la misma estructura escalafonaria, apenas modificada: el escalafón profesional lo divide entre profesional superior y técnico profesional. Al principio habían puesto que una cosa era porque se estudiaba cuatro años y la otra una carrera de cinco años; como yo critiqué, se ve que mucho, eso, ahora no lo vi en el nuevo estatuto. Pero fui a ver las definiciones, a ver qué era técnico profesional y qué era profesional universitario: la definición es exactamente la misma, se las leí en voz alta en el Parlamento, los propios legisladores de la bancada oficialista se rieron diciendo "esto es un error".

EC – Usted fue uno de los expertos consultados por la comisión, ahí fue que plantó estas objeciones.

CR – Exactamente. Y es más, las caras eran de asentimiento. Los escalafones en realidad son las agrupaciones de las ocupaciones, entonces mi idea hace unos años fue empezar a ver cómo los servicios civiles más desarrollados agrupaban a sus funcionarios públicos. La denominación corriente que hay es que se agrupan en familias de ocupaciones.

EC – Familias ocupacionales transversales. ¿Qué es eso?

CR – Exacto, son familias transversales porque atraviesan distintos ministerios. Quizás haya alguna que es más específica, si yo estoy con oficiales correccionales, eso va a estar más con el Ministerio del Interior o el Sirpa [Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente] si se quiere y no va a estar transversal a todos los ministerios. Pero si yo estoy pensando en auditores e inspectores esto puede ser una familia de ocupaciones que atraviesa, porque es una de las actividades esenciales del Estado. Si estoy pensando en planificadores de políticas públicas estoy hablando de actividades transversales al Estado.

Esas son las familias que se suelen encontrar en el mundo cuando uno mira, y me tomé el trabajo de, en el Parlamento, mostrar muchas páginas de servicios civiles en el mundo.

EC – ¿Qué ventajas tiene ese sistema?

CR – Este sistema tiene la ventaja de que amplía enormemente las posibilidades. En primer lugar define a la gente por lo que hace, y no por lo que estudió, la gente está clasificada por lo que se hace, porque se hacen cosas similares. Luego, cuando se define la ocupación específica, se ve si los requerimientos educativos o de habilidades de oficios que la persona tiene. Pero lo que define a la persona es lo que hace, no lo que estudió. Nosotros hacemos al revés, definimos a la persona por el título académico que tiene que tener y después vamos a ver lo que hace. Entonces estamos invirtiendo la relación lógica con la que se estructuran los servicios civiles.

En segundo lugar amplía enormemente las posibilidades de carrera de una persona, porque si yo soy un experto en políticas sociales no importa si soy abogado, escribano o me especialicé en políticas sociales, podré hacer carrera a lo largo y ancho del Estado, porque habrá puestos de políticas sociales. Es más, la OIT [Organización Internacional del Trabajo] tiene números de clasificaciones de cada familia ocupacional para ver en qué clasificación está y dentro de cada familia ocupacional las ocupaciones. En países avanzados se trata de que pueda haber una rotación amplia entre el sector privado y el público e inclusive puede haber gente del sector privado de un país que se presenta en el sector público de otro país. Esto ocurre entre Australia y Nueva Zelanda, no voy a citar de vuelta Nueva Zelanda para que no me digan que son experimentos neoliberales.

EC – A usted le ha ido mal cuando ha invocado ejemplos provenientes de Nueva Zelanda, lo han calificado de neo liberal, etcétera. Esa ha sido una parte de las resistencias que ha tenido dentro de la izquierda.

CR – Es la mejor forma de descalificar ideas nuevas. Ahora fui invitado por el servicio civil canadiense y me presenté a un programa de pasantías que tiene al Universidad de la República y si me lo conceden iré a mediados de agosto a estudiar el servicio civil canadiense.

Pero una de las ventajas fundamentales que tiene estructurar al servicio civil de esta manera también es que permite calcular el valor público de las ocupaciones. El sistema de remuneraciones recomendado por expertos del Banco Mundial que han trabajado en muchos países –la ventaja que tiene esta gente que trabaja en organismos internacionales es que tiene una posibilidad de comparar muchísimos países en el mundo– es tener una sola línea de remuneraciones, no partirla en muchísimas líneas, porque ahí puede dar lugar a favoritismos. Tener una sola línea de remuneraciones con comprensiones salariales y cuando se pasa de un nivel a otro, del uno al 100, las familias ocupacionales tienen pisos y techos. Si yo soy inspector y auditor estoy entre un piso y un techo. Luego, si soy inspector en el Ministerio de Ganadería con tal especificidad, por la responsabilidad y la jerarquía estaré dentro de esos pisos y techos ubicados en un lugar determinado. Si soy inspector de la Auditoría Interna de la Nación, que tenemos el tema de lavado de dinero y siempre estamos yendo atrás del carro y no adelante, siempre estamos corriendo por no tener políticas proactivas, justamente por las dificultades de modernizar la gestión de nuestros recursos humanos, entonces después ahí tenemos déficit de políticas públicas. Entonces se puede calcular el valor público que tiene una ocupación determinada, hay que hacer un recálculo, hay que ver los márgenes fiscales que tiene el país para ir hacia una nueva escala salarial y ver si es un proceso de 15, 20 años.

EC – Hay que coordinar mucho con el sector privado también, hay que comparar.

CR – Y hay que hacer benchmarking con el sector privado y con empresas públicas, que tienen otras escalas salariales. Hay que hacer muchos cálculos de este tipo y se tiene que trabajar muy fuertemente. Yo no he sentido al Ministerio de Economía y Finanzas hablar de la reforma del Estado, es imposible.

EC – ¿Por qué no habla el Ministerio de Economía de una reforma del Estado?

CR – Porque hay una pelea entre Presidencia y Ministerio de Economía, entonces el Ministerio de Economía dice "Que se maneje la gente de Presidencia, es un tema de ellos, monopolio de ellos, nosotros acá no tenemos nada que ver". Este estatuto probablemente les han dicho que no les sale más de tanto dinero, "no se preocupen que esto va a salir equis plata", entonces no se van a buscar otro frente de batalla. Ahora, no vi al Ministerio de Economía impulsar la reforma de Estado ni impulsar un nuevo estatuto del funcionario público cuando es fundamental para un ministerio de economía calcular el valor público de las ocupaciones. Lo que sucede es que no va a haber un cálculo nuevo del valor público en las ocupaciones.

Latinoamérica tiene un problema para discutir este tipo de cosas, es difícil hacerlo, pero es lo que permitiría tener a la gente adecuada, no estar mendigando del sector privado para que vengan al sector público, y solo vienen aquellos que quieren tener estabilidad en el empleo, y poder entonces realmente competir por los mejores recursos. Además, clarificaría la negociación colectiva, porque si están todos en una misma línea, en una misma grada, con distintas compresiones salariales se mueve el grado inferior y se corren automáticamente los otros. Entonces no estaríamos en negociaciones colectivas como las que tenemos hoy, de dudosa legitimidad, donde la DGI negocia sus propios salarios por un lado, son inspectores de clase A y puede ser que otros inspectores, los de la Dirección Nacional de Salud, hayan negociado cinco años después y en otras conciliaciones. Yo no conozco cuáles son los argumentos públicos por los que se otorgan aumentos salariales a las inspecciones –o si no quiero tener problemas con Adeom o con el Registro Civil para que pueda haber casamientos, etcétera– que negocio por separado salarialmente con dudosa legitimidad porque no sé si lo que está ganando la persona es lo que la sociedad considera que esa persona tiene que estar ganando. Y eso sería bueno para el funcionario, para tener orgullo de su salario, y para la sociedad que sabe que está pagando impuestos que en realidad van a ser después devueltos con políticas públicas de excelencia.

EC – Acá hay una cantidad de ejemplos en la última respuesta a propósito de qué impacto tiene en la sociedad un determinado tipo de estatuto del funcionario público. De todos modos parecería que a la gente le resulta algo lejano, ¿no?

CR – Lejano pero después se quejan del funcionario público, o se quejan de los servicios públicos y dicen "los funcionarios públicos son buenos o malos". No, estos temas que parecen áridos, complejos, son en los que nos tenemos que meter, los que hay que transmitirle a la gente. Yo podré ser, como digo en mi clase, una nutria a veces transmitiendo estos conceptos porque no sé decirlos con mucha claridad, pero es el esfuerzo que tenemos que hacer y desde la clase política el esfuerzo que se tiene que hacer es decir "este es un tema complejo, no es de fácil tratamiento, pero vamos a abrirlo a la cancha".

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