(emitido a las 7.49 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Anteayer se hizo el anuncio: se suspenderá el pago de asignaciones familiares a quienes no concurren a clases, y esta novedad colocó en un brete a las autoridades de la educación. ¿Por qué?, por la eventualidad de que esos niños y jóvenes a quienes hoy se está "sancionando", y que suman 32.558 según los datos que se dieron a conocer, quieran reincorporarse a los cursos para que la familia no pierda esa prestación.

Sí, es un brete para las autoridades de la enseñanza, al punto que el Codicen [Consejo Directivo Central] sesionó en el día de ayer y trató especialmente este asunto. Las autoridades decidieron pedirle al Banco de Previsión Social (BPS) las cifras oficiales individualizadas por edades y departamentos. El integrante del Codicen en representación del Partido Nacional, Daniel Corbo, advirtió que esta situación constituye un problema para el sistema educativo.

¿Qué es lo que le preocupa exactamente? Vamos a conversarlo con él en los próximos minutos.
 
¿Cuál es exactamente el análisis?, cuéntenos.

DANIEL CORBO:
Yo diría que el primer elemento de análisis es que compartimos la necesidad de hacer operar la contraprestación prevista por la ley. Aquí lo que hay es una prestación que la sociedad a través del Estado le brinda a determinadas familias, pero que le exige como contrapartida que sus hijos concurran a una institución educativa cuando están en las edades obligatorias de hacerlo. Esto significa usar la asignación familiar como un instrumento, un incentivo, para procurar que todos los niños y adolescentes y jóvenes estudien, se formen, y progresen en sus capacidades y competencias para inserción futura en el mercado laboral y en la realidad social. De manera que para nosotros es una afirmación categórica esta idea de efectivamente procesar esta exigencia de la contrapartida escolar.

Eso es lo primero y es importante. Lo segundo importante: por primera vez se están cruzando datos entre organismos del Estado que permiten tener un estado de situación individualizada persona a persona, y eso es positivo.

La dificultad está en la forma en que se procesa este mecanismo cayendo en el mes de junio, cuando ya están los cursos en funcionamiento hace varios meses. Esto suscita una realidad en tanto la cifra, el universo, que implica esta cantidad de niños y adolescentes que no están matriculados, es muy abultada. Son más de 32.500 niños y adolescentes que no son alumnos, que no se han inscripto, que no han concurrido a un centro educativo. A lo cual hay que agregar dentro de poco tiempo, a fines de julio, un universo adicional que es el de aquellos que sí se inscribieron, que empezaron a concurrir, pero abandonaron, se desvincularon; o aquellos que siguen concurriendo pero lo hacen con una falta de asiduidad tal que no cumplirían los requisitos para seguir cobrando esta asignación.

EC – Sí, el límite, por lo que se sabe, es 10% de faltas injustificadas.

DC – Claro, eso tiene un problema que nosotros hemos reclamado en el seno del Codicen, ayer se aprobó hacerlo y lo habíamos discutido el día anterior con los directores generales de los consejos: esto requiere el dictado de un acto administrativo estipulando esa condición. Hasta ahora lo que hay es un régimen de pasaje de grado que establece cuáles son las faltas que pueden tener los alumnos a los efectos de impactar o no en la promoción de los cursos, pero no hay una regla que exige un criterio para el pago de asignaciones familiares. Así que habría que hacerlo ahora.

EC – ¿Eso todavía no fue internalizado en los organismos de la enseñanza? Se lo pregunto porque este condicionamiento para el cobro de las asignaciones familiares no es nuevo, no se inventó este año. ¿En primaria, en secundaria, en UTU, no estaba distribuida cuál era la orden, cuáles eran los criterios?

DC – Pero no hay un criterio, el que existió históricamente fue: yo concurro a clase, a la escuela, al liceo, pido una certificación escrita con un sello de la institución educativa a la que concurro y la presentaba en asignaciones familiares. Y eso dejó de exigirse en determinado momento y ahora se estipula que hay que establecer un criterio, eso es lo que pidió el BPS a las autoridades de la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública]: un criterio que marcara cuál era la línea a partir de la cual también se salía la prestación de asignación.

El problema que yo advierto a mis compañeros desde hace dos meses, cuando este proceso empezó a dispararse, es que esto no puede estipularse como una regla en el mes de junio y pretender que no hemos tenido inasistencias en operación del sistema desde el mes de marzo. O sea, nosotros establecemos 10 faltas ¿qué pasa con aquellos que a esta altura tiene más de 10 faltas pero nunca se estableció que no se podía tener esa cantidad de faltas? Me parece que sería como una incidencia retroactiva hacia el comienzo de cursos, cuando esta regla todavía no estaba fijada.

EC – Esa es una de las discusiones entonces, cómo aplicar la regla del 10% de faltas no justificadas, si se la va a aplicar de manera retroactiva o solo de aquí en adelante. Pero quizás lo más complicado, por lo que usted recién mencionaba es lo otro, los alumnos que ahora son objeto de esta suspensión de las asignaciones familiares y que como reacción ante la novedad podrían inscribirse.

DC – A golpear la puerta de una escuela, de un liceo, de una escuela técnica, diciendo "me quiero inscribir".

EC – Usted decía: el problema es que esto se resuelve a mitad de año. ¿No hubo coordinación a esos efectos con el BPS, con los otros organismos, el Mides [Ministerio de Desarrollo Social], etcétera?

DC – Lo que hubo fue una coordinación de intercambio de cifras y las cifras estuvieron el día que se hizo la conferencia de prensa, a tal punto de que las cifras oficiales no han llegado todavía a la ANEP. Ayer en realidad no las teníamos, estábamos usando el diario –le digo la verdad, como cualquier hijo de vecino– con la información disponible. Pero no llegó la información oficial, ayer tomamos una resolución pidiéndole al BPS que la enviara.

Aquí lo que ocurre es que el volumen es muy grande, es un universo muy importante, y si una parte significativa de ese universo golpea las puertas tenemos que inscribirlos y atenderlos. El tema es: ¿dónde están los espacios para atender a 32.558 estudiantes nuevos? Suponiendo grupos de 30 alumnos supondría la creación de más de 1.000 grupos ¿están los espacios educativos para ello?, ¿están los docentes a esta altura del año para atender esta cantidad?, ¿están los recursos presupuestales –no previstos– para esto?

Estamos de acuerdo con esta política pero nos parece que se debió primero tener ese intercambio de información, tener cifras consolidadas. A esta altura no están consolidadas estas cifras, porque el Mides tiene dudas sobre un universo de unos 5.000 estudiantes, según se ha dicho. Hay alguna otra duda. Por ejemplo, todos los estudios estadísticos con los que cuenta el Estado uruguayo nos decían que la educación primaria es universal, donde todos los niños concurren; pero aquí se nos está indicando que entre cinco y 12 años hay 7.472 que no están inscriptos y eso nunca lo atribuimos en un análisis estadístico. ¿Están mal las estadísticas que hasta ahora el país tenía?, ¿hay un error de información? Son cifras todavía no consolidadas.

Lo primero que se debió hacer es consolidar las cifras, ver qué impactos tenía ese volumen y empezar un proceso, que bien podría haberse empezado a principios de año, diciembre, enero, febrero, con una campaña de información a la población señalando que esta contraprestación se empezaba a aplicar este año, y que iba a implicar para las familias la posibilidad de perder esa prestación si no se inscribían. Luego hubiéramos tenido la inscripción y hubiéramos tenido una planificación de cómo atender este conjunto de estudiantes. Ahora estamos en esta situación, es una oportunidad.

ROMINA ANDRIOLI:
Ante esta situación que está planteada, ¿qué resolvieron en el Codicen sobre cómo actuar?, porque ya es un hecho que tienen esta posibilidad de desborde de los centros educativos.

DC – Usted sabe que las inscripciones en primaria, en UTU, tienen un límite de tiempo para la inscripción, hemos levantado eso y establecido como primera cuestión que todos los centros educativos reciban la inscripción de las personas que se presenten que formen parte de este universo. Lo segundo, hemos solicitado al Consejo de Educación Técnico Profesional que empiece a articular una propuesta de cursos para atender a ese grupo de los alumnos de mayor edad que están entre los 15 y los 17 años, donde hay un conjunto de UTU que se pueden hacer con prestaciones educativas. Y empezamos a trabajar una vez que se le pida al BPS que envíe no una cifra estadística, sino la información detallada persona a persona de este universo con sus datos personales, su lugar de residencia, quién es su familia, y tenemos que procurar una respuesta a partir de ello.

Entre otras, esto va a requerir una reflexión que tiene que resolverse en pocos días, porque tenemos límite a fin de mes para presentar la Rendición de Cuentas, en el que tendríamos que incluir de alguna manera un rubro que nos permita hacernos cargo de un esfuerzo adicional no previsto hasta ahora en la educación para atender a este universo de más de 32.000 niños.

RA – En su caso, además, como representante de la oposición por el Partido Nacional usted tiene previsto presentar un proyecto que atienda en parte esta situación.

DC – Nosotros tenemos una preocupación y estamos trabajando con nuestro equipo de asesores hace un par de meses sobre el hecho de que cuando uno descubre que un alumno en las edades obligatorias, que debería estar concurriendo a estudiar, no lo está haciendo, no hay un mecanismo, un protocolo, que nos permita disparar una serie de resortes para procurar que ese niño, ese adolescente, vuelva a clase. Nosotros con nuestro equipo de asesores hemos hablado con prácticamente la mayor parte de los fiscales y jueces de menores, de familia, y penales, tratando de elaborar un protocolo de cómo debe actuar el sistema educativo en distintas fases, en distintas etapas, para procurar que cuando un alumno deja de asistir haya una forma de obligar esa concurrencia a clase. Porque esta es una enseñanza es obligatoria, la obligatoriedad es un principio desde [José Pedro] Varela, forma parte de la columna constitutiva del sistema público de educación, pero además en defensa de los derechos de los menores a recibir educación para su desarrollo personal. En este caso vamos a presentar un protocolo que tiene que ver con instancias no judiciales, un segundo capítulo de instancias judiciales en el plano del juzgado de familia y de menores, y otro en el plano de la justicia penal. Lo que hemos constatado en expedientes que han llegado al Codicen es que a veces estos procesos duran cinco años, son muy tardíos y por lo tanto no logran amparar el derecho de los niños por ejemplo a la educación.

Vamos a presentar también las bases para un sistema que llamamos Siseo (Sistema Individualizado de Seguimiento de Educación Obligatoria) que permitiría hacer un seguimiento caso a caso, alumno a alumno y, allí donde un alumno está concurriendo y por momentos deja de concurrir, o tiene una asistencia muy perlada que está indicando que puede desvincularse, desafiliarse del sistema, dispare una llamada de emergencia que permita empezar a actuar con estos mecanismos tratando de evitar la pérdida de este alumno y que deje de concurrir a clase. De manera que esto es complementario, es un mecanismo para colocar en manos de autoridades de la educación una serie de expedientes que hasta ahora no se usan para lograr la exigencia de la obligatoriedad.

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Foto: archivo

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