(emitido a las 7.48 Hs.)

EMILIANO COTELO:
La negociación previa al envío al Parlamento de la Rendición de Cuentas sigue pautando buena parte del debate político y social. Se mantiene la tensión a nivel sindical y la afectación de varios servicios públicos que inciden en el ciudadano común.

Ayer por primera vez grupos de maestros ocuparon dos escuelas, la número 324 del barrio Maracaná y la 271 de Solymar. Después en la noche la Asociación de Maestros de Montevideo (Ademu) definió un paro nacional para hoy y mañana y anunció que hoy tiene previsto ocupar otra escuela, y que el viernes hará una cadena humana rodeando el Obelisco.

Para hoy también, y hasta el sábado inclusive, la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria (Fenapes) anunció un paro en todo el país; el domingo definirá si cortan incluso el período de exámenes del mes de julio. Por su parte, la Asociación de Docentes de Secundaria (de Montevideo) (ADES) había definido ayer más temprano lo mismo y había anunciado además que el viernes ocuparía decenas de liceos.

A este panorama que, muy simplificado, es el que se da en la educación, se suma el de otros gremios del sector público. Además de la paralización del martes pasadoo convocada por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), están, entre otros, el conflicto de los funcionarios de la Dirección general Impositiva (DGI) y el de los sindicalizados del Ministerio de Ganadería, que analizan hoy nuevas medidas en asamblea.

A este caldo hay que añadir varias horas declaraciones y acusaciones que se han cruzado entre el gobierno y el lado gremial. Una de las tantos polémicas, quizás la más notorio, enfrentó al ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, y el secretario general de COFE, Joselo López. Este último había advertido a los jerarcas del Poder Ejecutivo, en tono amenazante: "miren lo que pasa en Brasil. El gobierno debe atender los reclamos de los trabajadores porque así como hace un año estas cosas en Brasil no pasaban, ahora es probable que puedan darse aquí".

¿Cómo se ve todo este panorama desde el gobierno? Vamos a conversar con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta.

ROMINA ANDRIOLI:
Ministro, ¿qué grado de preocupación hay en el gobierno por este nivel de conflictividad que parece tan radicalizado?

EDUARDO BRENTA:
Yo diría que el grado de preocupación se expresa en el hecho de que durante todo el Consejo de Ministros que se realizó el día lunes en Suárez el tema central de debate, diría que prácticamente el único tema de análisis, fue precisamente el de la Rendición de Cuentas y particularmente los recursos asignados a la educación. Esto muestra no solo la importancia puntual que el gobierno le otorga a la educación en este momento y a la situación conflictiva planteada en ella, sino que yo diría que esto ha sido una constante durante todos los años de gobierno del Frente Amplio de 2005 a la fecha. La discusión respecto a la educación ha sido una de las prioridades a lo largo de estos ocho años de gestión del Frente Amplio; la mejora de la asignación de recursos al sistema educativo.

RA – Pero, ¿desde el Poder Ejecutivo se ve que estas movilizaciones son solo lo que pueden ser justos reclamos salariales o perciben que por el nivel de radicalización están incidiendo otro tipo de factores?

EB – Nosotros advertimos claramente que en los períodos previos a la Rendición de Cuentas, como es natural, el presidente lo ha manifestado en más de una oportunidad, existe un conjunto de reclamos. En este caso se agrava quizás por la situación de que estamos frente a la última Rendición de Cuentas, dado que el próximo año por ser electoral no se hará, y por tanto estos reclamos se acumulan. Pero quiero manifestar con esto que la preocupación del gobierno trasciende la situación puntual, y la preocupación respecto a la educación ha sido uno de los ejes del debate del Consejo de Ministros en forma reiterada y particularmente en esta última coyuntura tratando de hacer, yo diría, el único esfuerzo significativo en materia presupuestal que se va a realizar en la actual Rendición de Cuentas.

Y lo que ha preocupado también de manera particular es el hecho de que estamos refiriéndonos a un área, particularmente a la educación primaria y secundaria, donde existe un convenio colectivo que fue firmado en 2010 entre los trabajadores y la administración estableciendo un cronograma incremento de salarios que hacía que este tuviera un incremento en términos reales de 21,8% desde 2005 a la fecha. Este convenio no es un elemento menor porque ha sido una reivindicación de los trabajadores del sector público en la negociación colectiva la existencia de convenios en cada una de las ramas de actividad, y este es uno de los casos en los cuales efectivamente se alcanzó un convenio colectivo. Se recuerda permanentemente la frase de José D´Elía respecto a la necesidad de cumplir los convenios como un reclamo que históricamente los trabajadores hicieron al sector empresarial y al Estado, y en este caso este convenio ha sido cumplido a rajatabla.

EC – Vio que desde el lado sindical, por ejemplo ayer Gustavo Macedo, de la Federación Uruguaya de Magisterio, cuando se le consulta a propósito de este convenio responde: "sí, es cierto, existía, lo firmamos, pero también es cierto que desde el propio gobierno por distintas vías se nos alentó a que siguiéramos reclamando". Pero más allá de tener una respuesta suya sobre ese punto en particular, y teniendo en cuenta esa explicación que dan desde el lado gremial, mi pregunta es: ¿no hay una lección a sacar acá en cuanto a que ese tipo de convenios colectivos tienen que incluir una cláusula de paz?

EB – Si, es posible que sí, yo diría que sí, claramente.

EC – Porque eso no estuvo previsto en ese documento.

EB – Exactamente. Esto es parte de la conversación que mantuvimos en estos últimos días con la delegación de que recibimos en la Torre Ejecutiva de trabajadores de la CSEU [Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay] y los coordinadores del PIT-CNT. Está claro que la evolución de la negociación colectiva en el sector privado y en el público tienen una diferencia sustancial, de alguna manera es mucho más inexperiente la negociación en el sector público, en el privado obviamente hay una evolución mucho mayor a lo largo de estos últimos años.

Creo que esto de alguna manera hace que se hayan cometido errores al no incluir este tipo de aspectos vinculados a las llamadas cláusulas de paz o cláusulas salvaguarda en la negociación del sector público. Lo cual creo que no inhibe tampoco el hecho de la existencia de un convenio, esto me parece que es un hecho que fue en su momento reivindicado por los trabajadores de la educación como un avance notorio. Creo que además un crecimiento real del salario de 22,8%, y un crecimiento acumulado de 50% desde 2005 a la fecha, no significa que hoy los trabajadores de la educación tengan salarios suficientes para enfrentar las necesidades cotidianas. Ningún ministro, ni ningún miembro del Poder Ejecutivo ha reivindicado públicamente que los salarios docentes estén ajustados a las necesidades que hoy tiene cualquier trabajador. Pero también es cierto que este incremento real es quizás el más importante del conjunto de los sectores de la administración pública en términos de grandes sectores.

Fíjese que el promedio de crecimiento del salario real del sector privado está ubicado en el 42% de 2005 a la fecha, lo cual ya de por sí constituye una cifra que en algunos casos en el ámbito internacional produce cierto nivel de asombro, que un país haya logrado hacer crecer los salarios en más de un 42% en apenas ocho años. En el sector de la educación este crecimiento fue de 50%, es superior al promedio, partiendo, sabemos, de un piso notoriamente bajo.

No quiero con esto generar una sensación engañosa haciendo comprender que este incremento muy importante ha hecho que los salarios de los docentes sean hoy suficientes para encarar las necesidades cotidianas de los trabajadores, pero hay que reconocer que han sido ocho años de esfuerzos permanentes de crecimiento del gasto en educación en términos generales y del gasto en salarios para la educación en términos particulares.

RA – Ministro, recién Emiliano comentaba en la introducción el intercambio este que usted mantuvo con Joselo López, el secretario general de COFE, que advirtió que si desde el Poder Ejecutivo no se tiene en cuenta algunos de los reclamos que están planteando: ojo que no se dé una situación similar a la que se está viviendo en Brasil. Más allá de que usted consideró que esas declaraciones tenían algún fin desestabilizador, de todas formas, ¿en el gobierno no se está viendo con particular atención este fenómeno que está ocurriendo en Brasil ante un escenario acá de posturas de cierta radicalización en algunos gremios?

EB – Creo que realizar afirmaciones como las que se realizaron implica primero el traslado mecánico de realidades que son notoriamente diferentes. Si bien tanto en Brasil como en Uruguay ha habido mejoras notorias en materia de recuperación salarial, en términos de población que ha salido de niveles de pobreza, de políticas sociales en algunos casos similares o parecidas adaptadas a cada realidad. Este fenómeno que aparece hoy en Brasil responde a una realidad muy puntual que es una decisión política del gobierno vinculada a la inversión en grandes obras con dos objetivos centrales que son la realización de los Juegos Olímpicos y el Mundial, y una serie de demandas de los ciudadanos respecto del funcionamiento de los servicios públicos. Por lo menos esto es lo que se advierte con un trazo grueso sobre lo que está sucediendo.

Trasladar esta realidad a Uruguay, donde nadie está construyendo ninguna gran obra ni se están retaceando recursos de las inversiones que el gobierno ha definido como prioritarias para otras áreas de inversión, me parece francamente no solo un error de análisis de coyunturas y realidades distintas con la misma vara, sino además me parece que es de alguna manera una convocatoria a los ciudadanos a tomar actitudes similares frente a realidades diferentes. Esto es lo que me pareció grave, porque la situación de Brasil lo que demuestra también es la incapacidad de las organizaciones sociales de ponerse al frente de las demandas populares, creo que la afirmación del secretario general de COFE es de alguna manera una especie boomerang sobre sí mismo. Porque en realidad en Brasil el fenómeno generado a través de las redes sociales y demás muestras las debilidades de las organizaciones sociales a la hora de ser capaces de canalizar las reivindicaciones de distintos sectores de la población.

En Uruguay no han sucedido este tipo de expresiones, hay una historia de canalización de la protesta o de la demanda social a través de las organizaciones sociales y particularmente a través del movimiento sindical y me parece que es un gravísimo error que una afirmación de este tipo provenga de precisamente un dirigente sindical.

RA – ¿Pero no le preocupa al gobierno de cierta forma el peso que están tomando algunos sectores dentro de ciertos sindicatos que están más radicalizados?

EB – Yo diría que si uno logra abstraerse de este momento puntual que estamos atravesando, esta no es la realidad del conjunto de los sectores de trabajadores organizados. Si uno analiza, y aquí me refiero al sector público y el privado en su conjunto, advierte que en la mayor parte del sector privado se va avanzando en materia de madurez en las relaciones laborales. Se avanza en una agenda de mejora de las relaciones laborales que en muchos casos es compartida, discutida, analizada, negociada con los empleadores, y si uno observa el nivel de acuerdos en la negociación colectiva en el sector privado, que ronda el 90%, no advierte una situación donde estén predominando pulsiones radicales o radicalizadas. Por el contrario, existe una evolución en la negociación colectiva con una agenda temática además que se ha convertido en una agenda mucho más rica y compleja abarcando todas las problemáticas del mundo del trabajo.

Creo que hay una notoria diferencia entre lo que ocurre en el sector privado y en el público, y dentro del sector público en algunos sectores existe un malestar evidente - claramente en los trabajadores de la educación, esto es así, no queremos tapar el sol con un dedo- y creo que también quizás ha sido una falta del diálogo necesario para por hacer comprender que lo que se ha hecho en materia de recursos educativos ha estado siempre al límite de las posibilidades presupuestales que el Poder Ejecutivo tiene, recordemos que en las sucesivas rendiciones de cuentas este ha sido uno de los temas de debate central.

EC – Lo último, es una pregunta que llega desde la audiencia a propósito de la educación justamente donde el panorama de conflictividad ha sido tan extendido y tan distorsionante, donde ustedes mismos desde el gobierno han cuestionado la forma de protesta en la medida que perjudica a los alumnos de las escuelas y los liceos públicos, y las escuelas de UTU, y no a otros sectores, perjudica a los más débiles, etcétera. Pregunta Hugo, de Minas: "¿No se puede declarar servicios esenciales en la educación?".

EB – No, no se puede, porque claramente los convenios internacionales que Uruguay tiene suscritos en esta materia hacen referencia al mantenimiento de la seguridad y la vida de los ciudadanos. En este caso la seguridad y la vida de los ciudadanos no está en juego y Uruguay tiene que ser respetuoso de la utilización de estas herramientas en función de los convenios internacionales que ha suscrito a través fundamentalmente de los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero sí nos preocupa mucho el deterioro que producen estas situaciones conflictivas respecto de la mirada de la sociedad hacia la educación pública, de alguna manera contribuye a todas las posiciones que apuntan al fortalecimiento del sector privado o de propuestas que he escuchado en estos días respecto a la utilización de fondos públicos para el financiamiento del sector privado de la educación.