La iniciativa fue aprobada con 11 votos de los ediles del Frente Amplio, votaron en contra los 16 ediles del Partido Nacional y los dos ediles del Partido Colorado.

Ahora el tema será tratado en el Senado donde para prosperar debe obtener una mayoría especial de dos tercios.

La edila del Frente Amplio Patricia Volpe de Paysandú, del sector Corriente Acción y Pensamiento - Libertad (CAP-L), dijo a El Espectador que la decisión se tomó cuando al analizar los elementos del hecho se vio que "había una responsabilidad política porque el jerarca máximo tiene que cumplir con los cometidos que le manda la Ley Orgánica Municipal, es decir la Superintendencia de los bienes públicos,  entendido en el rol jerárquico y de control".

"Consideramos que fallaron los protocolos de contralor en cuanto al uso de los bienes públicos, lo que de alguna manera creó una vulnerabilidad por donde se coló la red de explotación sexual", agregó.

Por su parte, en diálogo con El Espectador la edila del Partido Nacional Patricia Vázquez Varela dijo que entendieron que no corresponde un juicio público "porque el intendente actuó en tiempo y forma demostrando cristalinidad en sus acciones, en la misma instancia en la que se entera a través del jefe de policía de los hechos acontecidos. Bentos enseguida de hablar con el exsecretario general le acepta la denuncia e inmediatamente comienza una investigación administrativa. La investigación cesa y se transforma en sumario en el mismo momento en que el exsecretario es procesado por la Justicia". 

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