El órgano de conducción frenteamplistas rechazó los episodios ocurridos hace varios días, por el cual resultara procesado un ex jerarca de la comuna por abuso de funciones, en el marco de un sonado escándalo que tuvo como telón de fono la utilización de una propiedad municipal para una fiesta con menores, algo de lo que el intendente Bertil Bentos no estaba al tanto y por eso lo removió en forma inmediata.

La mesa política señala en su declaración su respaldo y confianza "en que las actuaciones judiciales en curso puedan arrojar luz sobre los hechos y aplicar el conjunto de normativas que protegen a los niños, niñas y adolescentes".

También respaldar plenamente las acciones políticas que están llevando adelante sus dirigentes, ediles, representantes y autoridades partidarias del Frente Amplio en Paysandú.

Señalan que los graves acontecimientos protagonizados por un grupo de adultos en ese departamento reafirman la importancia de seguir trabajando para erradicar las prácticas de explotación sexual de menores en nuestra sociedad, que el Gobierno Nacional viene atendiendo desde los organismos competentes.

A todo esto, la junta impulsa el juicio a Bentos, de quien afirman tiene responsabilidad, aunque el jefe comunal ya aclaró que no solo no sabía, sino que estaba con licencia médica ese día.

En cuanto a cómo se activa este mecanismo y qué posibilidades reales tiene de salir, el artículo 296 de la Constitución señala que  los intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de votos del total de componentes de la Junta Departamental, por los motivos previstos en el artículo 93.

El proceso comienza con el trabajo de la comisión de Constitución y Legislación del Senado que tienen que recibir a los ediles del Frente Amplio primero, para que fundamenten los motivos y luego al jefe comunal cuestionado.

La comisión debe analizar y votar el tema para pasarlo a consideración del plenario.

El Frente Amplio tiene 16 senadores, el Partido Nacional 10 y el Partido Colorado 5, por lo que para que prospere se necesitan 21 votos.

Sobre esta posibilidad de juicio político, El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, fue terminante al afirmar al diario el Telégrafo de Paysandú que "no corresponde el juicio político y las condiciones para un juicio de estas características son delitos graves o violación a la Constitución".

Para el legislador "evidentemente es una artimaña política llevada adelante por el Frente Amplio, esto lo advierte cualquiera", afirmando que "pretender hacerle juicio político al intendente Bentos supone un grueso error jurídico y político".

Según el senador Francisco Gallinal, integrante de la Comisión que analizará el pedido, "la Constitución exige que el motivo para el juicio político sea violación a la Constitución o un delito grave" y sobre este caso en particular dijo que "si se actuara con racionalidad y ponderación, yo no le veo el más mínimo andamiento; es como si le hubiéramos hecho un juicio al ministro de Salud Pública cuando las muertes en el hospital Maciel, causadas por los enfermeros.

También dijo que "estamos en año preelectoral y ahí puede estar la razón de pedir el juicio político, porque uno que ha seguido de cerca los acontecimientos, no veo que pueda existir alguna vinculación. Y el gobierno municipal no tiene competencia en temas de salud ni de seguridad, la competencia la tiene el Ministerio del Interior y el de Salud Pública, por lo que los acusadores tienen que tener cuidado que la acusación no se les vuelva en contra. Si ellos acusan por falta de prevención en temas de salud y seguridad, de combate a la prostitución, que es el tema que está en la vuelta, no sé cuál es el fundamento que tomaron".

Gallinal dijo que el pedido de juicio político "es un instituto excepcional, para ser utilizado cuando efectivamente se cree que hay una violación a la Constitución o un delito grave cometido. Pero que se pretenda inculpar a Bertil Bentos de algún delito me parece que no corresponde, y es una actitud electoralista".

Sobre el tratamiento del tema en la Comisión, Gallinal dijo que "hemos asumido un compromiso en la Comisión de darle rápido tratamiento a todos los juicios políticos que se presentan, porque nuestra responsabilidad es defender el honor de las personas involucradas. Y a veces si hay dilación, puede llevar a malas interpretaciones", por lo que el trámite será rápido para el pronunciamiento del Senado sobre el tema.

El senador del Partido Colorado José Amorín Batlle dijo a El Telégrafo que "las acusaciones no son tan graves como para un juicio político" y recordó los detalles establecidos en la Constitución de la República.