El proyecto, que tiene media sanción y espera ser aprobado en breve por la cámara alta, continúa generando polémica entre el Gobierno y la oposición, mientras que se conocen ahora algunos destalles. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, dijo que de ser aprobado por la Cámara de senadores el precio de venta sólo para residentes registrados será menor a tres dólares el gramo.

En entrevista con la agencia Télam, Calzada aseguró que el proyecto implica "un enfoque que busca salirse de la mirada represiva, abordado desde lo sanitario, que apuesta a mejorar la calida de vida de las personas".

"Está claro que la marihuana no es una droga inocua, (pero) es una perspectiva sanitaria porque no sólo brinda prevención y tratamiento al usuario problemático, sino que busca soluciones preventivas para toda la población al plantear que es una sustancia que tiene riesgos y que, según el uso que se haga de ella, ocurren los daños que puede provocar".

Desde la oposición se fustiga el texto y se lo califica de "insensato".  El senador Pedro Bordaberry lo comparó con la ley de humanización del sistema carcelario. El legislador criticó al Presidente José Mujica por decir que iba a hacer con la marihuana un experimento.

Bordaberry lamentó que dentro de 5 o 6 años, cuando se mire en restrospectiva la decisión, haya que lamentar que hay un aumento de la droga y que mucha gente ingresó por ese camino. Llamó a actuar con responsabilidad y no con improvisación.

El legislador habló este domingo con El Espectador en el marco de su recorrida 100 pueblos, 100 barrios, junto al dirigente de Canelones, Adrián Peña.

Desde el Partido Nacional, el diputado Jorge Gandini aseguró que el Poder Ejecutivo no previó recursos para controlar la producción y comercialización.

El legislador sostuvo que en el proyecto de Rendición de Cuentas "no hay recursos para el funcionamiento del instituto que se crea, ni contiene iniciativa para la creación de cargos".

Para Gandini el organismo nuevo tiene cabeza pero no cuerpo, además de tener muchas funciones y atribuciones que no tiene cómo ejecutarlas.

Gandini recordó que la Constitución establece que la creación de cargos sólo puede hacerse con leyes presupuestales o rendiciones de cuentas y el ingreso de funcionarios solo puede hacerse hasta un año antes del fin del mandato del Gobierno.

Mientras tanto, el Prosecretario de la Presidencia de la República, Diego Cánepa, afirmó que "todavía no ha culminado el proceso legislativo del tratamiento del referido proyecto de ley" y "veremos el diseño final que tendrá en virtud de que todavía debe pasar por la Cámara de senadores".

El jerarca habló en la Comisión de hacienda de diputados al ser consultado sobre este tema.

"En Uruguay ya existe un Fondo de Bienes Decomisados desde 2005 para utilizar en políticas de prevención, educación y apoyo a la represión del narcotráfico los fondos que se decomisaran fruto de las operaciones en contra del narcotráfico", concluyó Cánepa.

Para Gandini, estas expresiones denotan falta de proyección del Ejecutivo.  "Ya me di cuenta de que esto es una cosa que, a la criolla, podría decirse se verá después".

"Una vez que se apruebe, se verá", declaró, agregando que "el Fondo de Bienes Decomisados no permite destinar recursos a retribuciones personales. Además este Fondo no tiene recursos regulares. Claramente no se previó la creación de este nuevo organismo".

El legislador recordó que si no se crean los cargos en esta Rendición de Cuentas, se deberá esperar a la aprobación y entrada en vigencia de la próxima Ley de Presupuesto Nacional, que será a partir del 1º de enero de 2016.