(Emitido a las 08.50)

ALFREDO DANTE:
En esta vorágine de propuestas y críticas entre los candidatos no pasó inadvertida una formulación que hizo el Partido Independiente (PI), cuarto según las encuestas en cuanto a preferencia de voto. El PI propuso al resto de los candidatos que firme un compromiso para dar a conocer su patrimonio, la creación de la figura del enriquecimiento ilícito y la obligatoriedad por parte de los funcionarios de probar, ante la duda, el origen de sus ingresos.

Diputado Iván Posada, candidato a la Vicepresidencia por el PI, ¿por qué esta propuesta?

IVÁN POSADA:
Nos parece que estos son los instrumentos que hay que poner arriba de la mesa para complementar la ley anticorrupción aprobada en el período legislativo pasado. Estos instrumentos estuvieron en la discusión en aquel momento, pero lamentablemente fueron descartados.

Creemos que entre los delitos contra la Administración Pública hay que incluir la figura del enriquecimiento ilícito y, por cierto, en el caso de los funcionarios públicos, de quienes ostentamos representación pública, invertir la carga de la prueba cuando se establezcan dudas respecto a cómo se ha incrementado el patrimonio.

Desde ese punto de vista, estos dos instrumentos permiten que haya una verificación cierta y desterrar cualquier tipo de dudas que puedan existir al respecto.

AD - ¿Por qué se descartó en esa oportunidad la incorporación de estas figuras que ustedes están proponiendo?

IP - Estuvieron en la discusión del Senado, pero no tuvieron los votos suficientes.

AD - ¿Con qué argumento?

IP - No recuerdo los argumentos de aquel momento, pero está claro que no había voluntad política de definir o establecer un nuevo delito, como el de enriquecimiento ilícito.

AD - ¿Ustedes creen que en este caso haya voluntad de firmar este compromiso por parte de los restantes candidatos?

IP - Estamos planteándolo porque creemos que es necesario, no con un fin de carácter electoral. Creemos que estos instrumentos tienen que estar a disposición; y, por cierto, en la medida en que se está hablando del tema de la transparencia en la gestión pública, nos parece oportuno que todos los candidatos hagan una presentación pública, ante la opinión pública, de su estado de situación patrimonial y una declaración jurada con respecto a los ingresos que están percibiendo en la actualidad.

AD - ¿Esto tiene que ver con la imagen deprimida, si se quiere, que tiene gran parte del sector político de nuestro país?

IP - Uno de los aspectos que están en cuestión es el de la confianza; el sistema político ha sido afectado en ese sentido y la recreación de esa confianza pasa, justamente, no sólo por dar una imagen de honestidad sino también por establecer todos los instrumentos que hagan efectiva la transparencia en lo que refiere a la gestión pública.

AD - ¿Usted comparte la sensación de que cada vez que se discute un tema como este, por ejemplo el esclarecimiento del origen de los ingresos de los candidatos o de los políticos, hay reticencias por parte de varios dirigentes a legislar o a asumir compromisos públicos en la materia?
 
IP - El momento para legislar es dentro de cada período legislativo, y en este que termina no hubo iniciativas concretas al respecto. Por cierto que esta situación en todo caso muestra que hay un debe en ese sentido.

AD - Todavía no han recibido respuesta formal, concreta, por parte de los restantes dirigentes para firmar este compromiso.

IP - Exactamente; no hubo una respuesta concreta aún.

AD - Algo que llamó la atención, que no pasó inadvertido de esta propuesta que ustedes plantean, es la posibilidad de cerrar la Cárcel Central...

IP - Lamentablemente, Cárcel Central se ha transformado en un centro de reclusión para personas influyentes. Realmente no existe una explicación fundada de por qué personas que han cometido determinados delitos son recluidas exclusivamente en este centro. Pensamos que, dentro del marco de recreación de la confianza que debe generar el sistema político, de las señales que debe emitir en el sentido de que no hay situaciones de privilegio, está ésta de considerar seriamente el cierre de Cárcel Central, de forma tal que no se dé este tipo de situaciones en las cuales personas que cometen determinado tipo de delitos son recluidas en estos centros carcelarios. Si hay delitos, quienes los cometen deben ser tratados de forma igualitaria, no veo por qué quienes cometen determinado tipo de delitos son recluidos en el Comcar y otros, por disposición no se sabe bien de quién, terminan en Cárcel Central, con una atención y un tipo de reclusión que todos sabemos que son absolutamente distintos de lo que sucede en otras cárceles del país.

Allí hay un tema de que realmente debe haber igualdad en la aplicación, no sólo de las penas sino también a la hora de la reclusión. Particularmente, todos los que cometieron delitos en ocasión de la última crisis de intermediación financiera han recibido reclusión en Cárcel Central; además algún fiscal que claramente cometió delitos contra la propia administración pública, y un delincuente que está procesado y aparece implicado en otro crimen en el departamento de Colonia, que recientemente fue trasladado a ese centro a pedido de una jueza.

Creo que este tipo de situaciones merece que haya una reflexión para que ciertamente ese tipo de privilegios no ocurra y en consecuencia este centro de reclusión no exista o se reserve para quienes hayan cometido delitos menores.

AD - ¿No bastaría, justamente, con un ajuste en su funcionamiento, antes de llegar al cierre?

IP - Por eso digo, o que solamente funcionara para la reclusión de quienes hayan cometido delitos menores. Estoy pensando en delitos como el homicidio culposo, en el que indudablemente no hay una intención sino que surge como consecuencia de una impericia o un accidente.

AD - Porque el cierre significaría generar otro problema: ¿qué se haría en ese caso con los más de 100 reclusos que están allí?

IP - Los más de 100 reclusos en todo caso deberían sufrir las mismas consecuencias que sufre el resto de los reclusos que están, por ejemplo, en el Comcar, que todos sabemos en qué condiciones están. Si alguien me explica los fundamentos por los cuales determinados tipos de delincuentes de guante blanco terminan recluidos en Cárcel Central... No he encontrado los fundamentos, me parece que allí simplemente ha habido determinadas influencias que han llevado a que la autoridad a determinar la reclusión en ese centro.

AD - ¿No tiene miedo de que con esta iniciativa le digan al PI: "Ah, están bastante cerca de lo que propone Mujica, de liberar a los presos primarios"?

IP - No, no... Son dos cosas distintas. Creemos en todo caso que, para los presos primarios, deben existir establecimientos especiales que apunten realmente a su recuperación. Porque las cárceles, tal como están funcionando hoy, son una suerte de posgrado en materia de delincuencia. Si cumplieran el rol que deben cumplir, que es de recuperación para la sociedad de los individuos que delinquen, debiera haber centros especiales de rehabilitación. Pero en este caso, ante delitos de esta característica, parece claro que no debe haber este tipo de privilegios que se han establecido.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón