EMILIANO COTELO:
La construcción del escenario deportivo Antel Arena, a cargo de Antel, viola la Constitución, dos leyes, una ordenanza y una resolución del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), según sentenció esta semana ese órgano de contralor del Estado.

La noticia aparece en varios medios de prensa esta mañana, en particular en Búsqueda, donde la estoy leyendo. Allí se agrega que en una reunión realizada ayer, miércoles 14, el TCR resolvió, en una votación dividida, advertirle a la Junta Departamental de Montevideo de la inconstitucionalidad e ilegalidad del convenio suscrito el 20 de abril entre la Intendencia y el directorio de Antel. El presidente del TCR, Siegbert Rippe (independiente), y los ministros Ruperto Long y Diego Guadalupe (blancos), más Álvaro Escurra (colorado), votaron a favor de la recomendación de los servicios jurídicos del organismo para observar el convenio. En tanto, los tres ministros frenteamplistas, León Lev, Diana Marcos y Óscar Greco, apoyaron la construcción del Antel Arena a cargo de la empresa telefónica, pero quedaron en minoría.

La resolución indica que "a la luz del principio de especialidad se concluye que el objeto del convenio no se encuentra dentro de los cometidos de Antel, y de esta manera es violatorio del artículo 190 de la Constitución de la República, que establece que los entes autónomos y los servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales". El TCR agrega que "no es válido que se haya planteado la construcción del Antel Arena como un medio para la realización de publicidad o marketing. La calidad de sponsor de un arena o la exclusividad para las trasmisiones de los eventos no requieren haberlo proyectado, haberlo construido, ni dotarlo de infraestructura, ni realizar su mantenimiento, ni gestionarlo", señala el documento.

Además, el TCR entiende que Antel violó la ley 16211, que le prohíbe desarrollar actividades que no estén incluidas en su presupuesto. "En la modificación presupuestal de Antel para el ejercicio 2013 no estaba prevista la erogación emergente del convenio en estudio, y por lo tanto las actividades asumidas por Antel contravienen lo preceptuado por el legislador", sigue diciendo el documento. "Como la ejecución del convenio ya comenzó por parte de Antel, también se ha violado el artículo 211 de la Constitución, que determina la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas en un gasto de este tipo", dice en otra parte la resolución.

Quedan planteadas una cantidad de preguntas a propósito del futuro de este emprendimiento. Vamos a tratar de despejar algunas de ellas en charla con la ingeniera Carolina Cosse, presidenta del directorio de Antel.

¿Usted ya estaba al tanto de esta resolución? ¿Le fue comunicada?, ¿ya llegó a Antel?

CAROLINA COSSE:
No, no llegó a Antel.

EC - ¿Ayer había recibido al menos algún trascendido?

CC - Sí, trascendidos hay, pero formalmente no llegó. Esto no es una resolución, no es una sentencia, no es un fallo, no es un dictamen. Es importante aclararlo porque veo que los medios se están expresando así. Esto es un informe del Tribunal a solicitud de la minoría de ediles de la Junta Departamental en el marco del artículo 273 de la Constitución, numeral 4, que habilita la solicitud de informes en temas de la hacienda departamental. Así que es un informe, no es vinculante.

EC - No es vinculante.

CC - No. No es ni sentencia ni fallo ni dictamen, es un informe, y no es vinculante, no tiene ninguna consecuencia jurídica. Le adelanto que el proceso va a seguir tal como está pautado, está trabajando el jurado del concurso de ideas. El proyecto va a seguir tal como estaba planificado.

EC - ¿O sea que para ustedes este informe no tiene consecuencias? Se lo pregunto porque entre otras cosas, como reseñaba recién, allí se sostiene que Antel debió haber hecho la consulta correspondiente antes de ir por el camino que resolvió.

CC - No. Primero un par de puntualizaciones. No voy a entrar en la especificidad jurídica profunda del tema, voy a tratar de expresarlo lo más claramente posible para que la gente lo entienda. Primero, la Intendencia le hizo una consulta al doctor Gamarra, que es una autoridad en el tema, y en la respuesta, que es un informe bastante extenso y profundo, el doctor Gamarra asegura que esto es un contrato atípico, no es una concesión y por lo tanto no debía ser enviado al TCR con anterioridad. Esto es lo que se llama un contrato innominado, lo que en el mundo se llama mining right, no hay una figura en la que se pueda enmarcar en la normativa vigente actual. Así que creo que la Intendencia y nosotros tenemos un importante respaldo para no haber enviado el convenio con anterioridad al TCR. Por otro lado, Antel ya ha incurrido en gastos que han sido intervenidos por el TCR sin observaciones.

EC - Yo leía recién que el TCR sostiene que se está violando la ley 16211, que le prohíbe a Antel "desarrollar actividades que no estén incluidas en su presupuesto".

CC - No es así. Nosotros hemos realizado gastos en la limpieza del predio y demás y esos gastos han sido intervenidos por el Tribunal sin observaciones, o sea que no es así. Antel no viola ninguna de las leyes del marco normativo vigente, por lo tanto realizamos gastos en el marco del mantenimiento de inmuebles.

EC - ¿Cómo es eso? Es un hecho que cuando enviaron la última modificación presupuestal esto de Antel Arena no estaba en los planes, entonces no hay gastos previstos, gastos ya programados a esos efectos.

CC - Son gastos de mantenimiento de inmuebles, que están en el presupuesto. En el presupuesto se pone "mantenimiento de inmuebles", pero no se pone "esto es para el local de Trinidad", "esto es para el local de la Torre de las Telecomunicaciones", es mantenimiento de inmuebles para los inmuebles en los cuales opera Antel. En ese marco se han realizado, por ejemplo, los gastos de limpieza del predio, que todo el mundo conoce que los hemos hecho y los estamos haciendo. Y esto ha sido realizado sin observaciones del Tribunal.

EC - ¿Y también los otros gastos? Porque no es ese el único que se ha efectuado ya en la puesta en marcha del proyecto.

CC - Sí, no recuerdo de memoria la cantidad exacta, pero hemos tomado como 20 acciones y han sido realizadas sin una sanción del Tribunal.

ROMINA ANDRIOLI:
Usted recién mencionaba que este informe no es vinculante. De todas formas, una empresa como Antel, del tamaño de Antel, ¿no va a tomar en cuenta estas consideraciones que hace el TCR?

CC - Cuando llegue el informe se analizará en profundidad, ustedes me están pidiendo una declaración sobre el momento, que agradezco mucho porque hay determinados puntos que son bastante gruesos y que me interesaba destacar. Primero, que no es una sentencia, no es un fallo, no es un dictamen. Segundo, que estamos muy sólidos con respecto a la capacidad en términos legales de Antel de realizar este trabajo. Si no, tendríamos que declarar ilegal el Parque de Vacaciones de Antel. ¿Por qué no fue inconstitucional arreglar la Sala Cultural de Rivera? ¿Por qué no fue inconstitucional reconstruir totalmente el Teatro Lumière de Canelones? ¿Por qué no es inconstitucional reconstruir los paradores en los que tenemos actividades de marketing en los veranos, que muchas veces se reconstruyen, se cambian cuestiones constructivas importantes? ¿Por qué eso no es inconstitucional y esto sí? No resiste mucha lógica. Así que lo que me parecía importante era aclarar que estamos muy tranquilos con respecto al marco legal de Antel, estamos respaldados por nuestros propios servicios.

RA - Con respecto a eso, ¿en qué se basan para argumentar que con esto se está cumpliendo el principio de especialidad de Antel, que es una de las cosas que plantea el informe del Tribunal?

CC - Nos basamos en nuestros propios servicios legales, que han hecho un profundo estudio del tema, y además contamos con un informe del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, firmado por el doctor Pérez Pérez, que respalda totalmente la constitucionalidad de este tema y la capacidad en términos del principio de especialidad de Antel de realizar este emprendimiento.

Ya lo he explicado muchas veces, pero para que la gente lo entienda: porque a Antel le competen todas las actividades vinculadas con las telecomunicaciones que no estén asignadas a otro órgano. Y esta es una actividad vinculada a las telecomunicaciones, para eso hay una gran cantidad de argumentos. Primero, que nadie cuestiona en el mundo que empresas públicas o privadas gestionándolos per se o tercerizando la gestión tengan arenas con el nombre de empresas de telecomunicaciones y los gestionen de las más diversas formas. Esa es una práctica usual, esto es una actividad vinculada a las telecomunicaciones, y a Antel le competen todas las actividades vinculadas a las telecomunicaciones que no estén asignadas a otro órgano. Es normal en el rubro de las telecomunicaciones tener arenas con el nombre de empresas y/o gestionarlos de las más diversas formas y/o construirlos. Esto es una práctica normal, así que forma parte del giro de Antel; hay que comprender el avance de las telecomunicaciones a nivel mundial.

RA - El informe del TC entiende que está bien la publicidad asociada a la marca Antel, pero no la construcción como tal.

CC - A eso respondo: ¿entonces por qué no fue inconstitucional reconstruir el Teatro Lumière de Canelones por allá por el 2000, 2003? ¿Por qué no es inconstitucional entonces reconstruir la Sala Cultural de Rivera? ¿Por qué no es inconstitucional reconstruir paradores cuando Antel opera sobre ellos en términos de marketing en la costa, en Punta del Este y demás? ¿Para una cosa vale un argumento y para otras no?

EC - ¿En el directorio no tienen la impresión de que se está corriendo un riesgo al seguir adelante pese a este tipo de objeciones? ¿En el futuro no puede terminar siendo el proyecto, la construcción ya o eventualmente la operación afectados por alguna resolución que se apruebe por ejemplo en el TCR o en otras instancias a partir de reclamos?

CC - En la gestión de cualquier cosa usted siempre evalúa los riesgos. Pero si uno fuera a actuar con el 100% de seguridad en cualquier tema no haría nada. Lo que hay que evaluar, y es lo que evaluó el directorio, es la solidez de los argumentos, la normalidad del tema en el ámbito internacional, el ajuste al marco legal vigente, y todo nos da que es un tema normal, aceptado y exitoso internacionalmente en el marco de las telecomunicaciones, que se ajusta a derecho en el marco normativo vigente, por lo tanto no tenemos ningún elemento para evaluar que haya un riesgo razonable. No vemos ningún riesgo razonable. Y segundo, la solidez de todos los informes que tenemos de nuestros servicios y el del doctor Pérez Pérez. Lo que le puedo reiterar es que el proyecto va a seguir.

EC - ¿Cuáles son las próximas etapas?

CC - Mañana va a estar el fallo del jurado sobre las ideas ganadoras del concurso de ideas. Es un jurado muy sólido, de prestigio, tenemos que estar orgullosos del jurado que tenemos para este concurso de ideas, integrado por el arquitecto Vignoli, el arquitecto Giancarlo Mazzanti, el arquitecto Juan Pedro Urruzola, el arquitecto Sheps, decano de Facultad de Arquitectura, la arquitecta Ángela Perdomo, elegida por los concursantes. Un jurado realmente sólido. Mañana va a estar el resultado del concurso de ideas, vamos a seguir adelante. Obviamente esto está siendo manejado políticamente, y yo en eso no voy a entrar.

EC - ¿Cuándo empezarían las obras?

CC - Después del concurso de ideas viene el concurso de anteproyectos avanzados, en el que participarán las cinco ideas ganadoras. Ese concurso de anteproyectos va a ser en octubre, sobre fines de octubre va a estar el resultado y el que gane llevará adelante el proyecto ejecutivo, que demorará unos cinco o seis meses, y a partir de ahí comenzarían las obras. Si antes vemos que podemos adelantar en algo preparando el terreno para la obra que vendrá, actuaremos en consecuencia.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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Foto: archivo