(emitido a las 8.46 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El informe del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) sobre el proyecto Antel Arena, además de desatar una tormenta política muy fuerte, replanteó otro asunto: la prescindencia con que gobernantes de distintos partidos han reaccionado históricamente ante los fallos de ese organismo.

El jueves, apenas trascendía en la prensa ese documento que califica al Antel Arena como inconstitucional e ilegal, la presidenta de Antel, Carolina Cosse, decía aquí en En Perspectiva que el proyecto "seguirá como está pautado".

Pese a que desde hace años ha habido numerosas promesas para "jerarquizarlo", los cierto es que el TCR sigue sin tener poder de sanción, por lo que, de hecho, sus dictámenes y observaciones rara vez son atendidos por las instituciones que resultan cuestionadas.

Entonces, en las condiciones actuales, ¿el TCR puede ejercer debidamente el mandato constitucional que lo ubica como el organismo encargado de "la vigilancia en la ejecución de los presupuestos" y el responsable del "control de toda gestión relativa a la Hacienda Pública"?

De estos temas vamos a conversar con el ingeniero Ruperto Long, que pertenece al Partido Nacional y es ministro del TCR desde el año 2010.

Empecemos por lo más nuevo. El miércoles el TCR aprobó su respuesta a un pedido de informe que había sido remitido por ediles de la minoría en la Junta Departamental de Montevideo sobre el acuerdo entre la Intendencia y Antel para construir un complejo polifuncional en el predio donde están los restos del Cilindro Municipal. El documento se aprobó por mayoría de cuatro a tres, el presidente del TCR, Siegbert Rippe (independiente), los ministros blancos Ruperto Long y Diego Guadalupe y el colorado Álvaro Escurra acompañaron una recomendación que venía de los servicios jurídicos del organismo para que se observara el convenio. Del otro lado y a favor del acuerdo Intendencia-Antel, quedaron los tres ministros pertenecientes al Frente Amplio, León Lev, Diana Marcos y Óscar Greco.

Apenas se conoció, la presidenta de Antel, Carolina Cosse, pero también voceros del Poder Ejecutivo –el ministro Roberto Kreimerman y el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero– dijeron que el informe del TCR "no es vinculante", así que, como Antel posee estudios jurídicos muy sólidos sobre la validez del camino que se está siguiendo, el proceso va a seguir adelante como estaba previsto.

¿Cómo observó esa respuesta?

RUPERTO LONG:
Con mucha preocupación. Aquí no se trata de un hecho secundario, como a veces se ha mencionado en estos días, se trata de un hecho de primera magnitud: el organismo encargado por la Constitución de la República de velar por la hacienda pública dice que de llevarse adelante este convenio y ejecutarse estaríamos frente a un hecho inconstitucional e ilegal. No es la mera observación que a veces se hace de un gasto porque hay un tema con las publicaciones o algún detalle de procedimiento. Es un tema de fondo muy importante y el cuerpo de ministros del TCR –que trabaja con total independencia, con mucha imparcialidad–, recogió un informe trabajado durante varias semanas o tal vez meses por los servicios técnicos del tribunal. El TCR está especializado en este tema, está tratando permanentemente este tipo de situaciones y es importante que la ciudadanía sepa que tiene un cuerpo de abogados de cerca de 100 abogados. Por supuesto que elige algunos, los que corresponde en cada caso al tema que se va a tratar, pero ya el informe técnico de los servicios, como en este caso, es muy importante, porque está hecho con mucha imparcialidad y con mucha especialización en la materia.

Hecho ese dictamen, los ministros lo analizamos y se aprobó. No es un hecho menor, en este caso nos preocupa mucho porque es la rotura de un dique, hasta ahora en general se había respetado este hecho de que cada organismo hace, como dice la Constitución, aquellas cosas que la ley le encargó, no usa el dinero para lo que quiere, lo usa para lo que la ley le manda utilizarlo. Esa es la forma de evitar el caos administrativo, de evitar el desorden financiero.

EC - Está aludiendo al principio de especialidad que está consagrado en el artículo 190 de la Constitución, que dice: "Los entes autónomos y los servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales".

RL - Es de una claridad meridiana.

EC - El asunto es cuáles son los fines que las leyes le asignan a Antel.

RL - Antel, claramente, está vinculado al tema de las telecomunicaciones, eso es lo central de su funcionamiento y es la razón de su creación. La ley lo dice con mucha claridad, y además dice "fines ajenos a sus actividades normales", o sea las que habitualmente realiza el ente y para lo cual recauda la tarifa de sus clientes. Este principio de la especialidad no es un principio teórico del derecho, es la base para tener un cierto orden financiero, para evitar el caos administrativo, para evitar que mañana UTE recaude por las tarifas más que lo que gasta en generar, administrar y trasmitir energía eléctrica y lo utilice para construir un hospital, porque considera que eso es plausible o porque eso le da un cierto prestigio. No, cada organismo debe utilizar los recursos para lo que corresponde.

EC - Usted escuchó a la presidenta de Antel, ella dice que si se mantuviera el criterio del TCR, "tendríamos que declarar ilegal el Parque de Vacaciones de Antel", que existe y funciona desde hace décadas. O, agregaba, "¿por qué no fue inconstitucional arreglar la Sala Cultural de Rivera, por qué no fue inconstitucional reconstruir el Teatro Lumière de Canelones, por qué no es inconstitucional reconstruir los paradores cuando tenemos actividades de marketing en los veranos? No resiste mucha lógica", aludiendo a decisiones que se tomaron en gobiernos anteriores, incluso blancos y colorados.

RL - El hecho de que un ente, de repente a cambio de publicidad o de que se destaque su participación, etcétera, participe por ejemplo en la reparación de un edificio o algo puede estar dentro de las lógicas normales. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de proyectar, ejecutar, construir y luego administrar una obra cuyo objetivo es la promoción de actividades del deporte, del arte, del turismo, la promoción del comercio, la innovación tecnológica, dotarlo de una infraestructura y equipamiento, encargarse de su mantenimiento. Administrar un estadio o un lugar de promoción del comercio no es un fin de Antel, eso es evidente.

EC - La ingeniera Cosse sostiene que en el mundo de las telecomunicaciones hoy es lo más normal que haya empresas como Antel involucradas en arenas, no solamente porque allí se ejecutan acciones de marketing de esa empresa, sino porque además el evento deportivo, por ejemplo, o el evento artístico que se cumple en ese lugar es en sí mismo un disparador de telecomunicaciones, y la empresa pone en marcha, ofrece y por lo tanto vende distintos servicios asociados, por ejemplo telefonía celular, internet, etcétera, por ese espectáculo.

RL - Nos habría parecido perfecto que por ejemplo cuando la Intendencia llamó a inversores privados a reconstruir el Cilindro y hacer todo tipo de actividades, ese inversor privado hubiera contratado los servicios de Antel para las telecomunicaciones y que luego, por supuesto, Antel como contraparte volcara algún dinero para difusión, publicidad, todo ese aspecto. Pero eso vale para muchísimos otros, por ejemplo, ¿en un aeropuerto las telecomunicaciones no son importantes? Entonces también Antel podría estar asociado ya no para participar en la publicidad o poner su nombre, sino para construir un aeropuerto. Ahí es que digo que el dique se rompe, esto es decirle a un organismo: con lo que usted recauda por concepto de tarifas de telefonía puede hacer lo que quiera por el hecho de invocar que las telecomunicaciones están presentes en esto. Las telecomunicaciones hoy día están presentes en absolutamente cualquier otra organización.

Con el mismo criterio UTE podría decir "nosotros queremos promocionar el uso eficiente de energía, vamos a construir edificios inteligentes", y comenzar a construir edificios inteligentes porque eso promociona el buen uso de la energía. Con el mismo criterio, Ancap podría decir "vamos a promocionar el buen uso del cemento o del asfalto", y hacer carreteras de última generación para mostrar que ese es el camino que hay que seguir. Ese es el caos en el que yo entiendo que no debemos entrar.

EC - Ya que se refirió a UTE, le menciono un argumento que ha manejado el ingeniero Juan Grompone en las tertulias a raíz de este debate. El principio de especialidad aplicado a UTE llevaría a cuestionar una actividad que ya está muy consolidada que es la de consultoría. Usted fue presidente del directorio de UTE entre los años 94 y 95 y ya hacía algunos años que UTE tenía a Conex, que se creó en 1993, que es el instrumento a través del cual UTE brinda sus servicios de consultoría. ¿Qué servicios? Todo un abanico de opciones: ingeniería, marketing, economía, psicología, sociología, asistencia social, archivología, comunicaciones, relaciones públicas, medicina, odontología y agronomía, según se dice en la propia página web. Grompone pregunta cómo encaja eso dentro de los fines de UTE.

RL - Hasta donde yo conozco y en la parte que me correspondió presidirla, lo que ofrecía UTE eran servicios vinculados al negocio eléctrico. Así como UTE logró hacer una reingeniería sobre la base del asesoramiento de empresas del exterior que habían hecho antes su proceso, también ofreció y ofrece ese servicio en lo que tiene que ver con el manejo del negocio eléctrico.

EC - No solo eso...

RL - Si hace servicios de psicología y sociología, lo ignoro.

EC - Voy a la información oficial: tiene fuertes vínculos con el exterior, ha trabajado en más de 15 países, Moldavia, Portugal, República Checa, Filipinas y Venezuela, en Uruguay trabajó con unas 30 empresas, la mayoría organismos públicos como la Intendencia de Montevideo, Antel, Instituto Nacional de Colonización, OSE o el Ministerio de Vivienda.

RL - Lo que pueda hacer UTE en materia de brindar asesoramiento a empresas públicas, por lo que usted acaba de nombrar, tiene que ver con su experiencia de transformación, es un tema de UTE, en todo caso. Pero me parece que es buscar una argumentación por un lado totalmente lateral.

EC - Lo que se marca es que, por lo visto, este principio en los últimos años en Uruguay ha sido transgredido por varias empresas públicas, en todo caso.

RL - Vamos a ubicar el tema de esta forma. Que este principio pueda ser transgredido por diversas empresas públicas en casos laterales, marginales, eso está hasta en los doctrinos que analizan el tema. Cuando se crean estas disposiciones incluso se dice "hay organismos que hacen concursos de obras de arte", que tampoco sería estrictamente algo que tiene que ver, pero la organización de ese concurso de obras de arte le da una cierta difusión, una publicidad, más o menos se compensa una cosa con la otra, es una forma de insertarse el organismo en la sociedad. Siempre ha habido y en la actualidad seguramente hay otros ejemplos de un determinado organismo que en forma totalmente marginal participa en alguna actividad que de repente no está estrictamente dentro de sus competencias. El tribunal generalmente las observa, no es que las deje pasar, pero allí estamos hablando de fenómenos de una magnitud muy pequeña que no alteran el funcionamiento general de la sociedad.

EC - Pero hay ejemplos que dan para debatir esto. El de Conex que estamos mencionando, hay oyentes que destacan que ya en los 90 se hacía consultoría sobre recursos humanos, por ejemplo. Pero también está el otro que menciona la ingeniera Cosse, el Parque de Vacaciones de UTE y Antel.

RL - No, hoy cualquier empresa del Estado, cualquier ministerio tiene una guardería para sus funcionarios.

EC - ...Esta es una guardería un poco grande...

RL - También habría que ir a buscar a la historia cómo fue hecho, fue hecho básicamente por los funcionarios y no formaba parte de UTE. Fue introducido dentro de UTE –yo estaba en ese momento– sobre finales del año 95, y UTE recurrió esa decisión bajo mi presidencia, porque no estábamos de acuerdo en que el Parque de Vacaciones se pasara a la órbita de UTE. El Parque de Vacaciones no era parte de UTE, en determinado momento el Parlamento emitió una ley creo que votada por todos los partidos o por la mayoría de los partidos mediante la cual se introdujo el Parque de Vacaciones dentro de UTE. Y UTE se opuso a esa medida.

EC - Está bien, UTE se opuso, pero lo cierto es que se consagró, y por lo visto sería una ley de dudosa constitucionalidad.

RL - Podría ser, sí, habría que buscar los antecedentes –esto fue hace 18 años– para ver exactamente cuáles fueron los fundamentos que argumentamos. Pero fuimos contra esa ley del Parlamento porque entendíamos que no correspondía, que no se le podía introducir a un organismo una función que no era la propia. O sea que en ese sentido no se puede hablar de falta de coherencia.

En lo que tiene que ver con este caso, hay que entender dos cosas. Por un lado, el hecho de que, como se leía recién, la Constitución dice "un ente deberá hacer aquello para lo que ha sido creado por ley y no podrá destinar sus recursos a cosas ajenas". Es verdad, como señalaba usted, que hay ciertos casos. Conex, por ejemplo, básicamente ha hecho asesoría en materia eléctrica, puede haber hecho alguna otra asesoría a lo largo de los años, pero es absolutamente marginal en lo que tiene que ver con las actividades de UTE.

Por otro lado, también tiene importancia la magnitud del hecho, no estamos hablando de algo marginal sino de una actividad de primera magnitud como es proyectar, construir, administrar y gestionar un estadio, un centro de promoción comercial y del turismo y de las artes, que a nuestro juicio está fuera de las competencias constitucionales.

EC - En este debate intervino en el fin de semana el doctor José Korzeniak, destacado constitucionalista, que había sido citado en la resolución que sacó el TCR, y él dice que se lo citó mal, que se lo tomó a partir de una de sus obras y no se consideraron otras en las que trabaja más a fondo este asunto. Dice que el principio de especialidad está muy bien y hay que tenerlo en cuenta, pero que hay que complementarlo con el principio de los poderes implícitos, que es "un principio expansivo", "recae sobre las vías y los medios racionales". Se considera que "se puede hacer todo aquello que sea necesario para cumplir bien los cometidos o mejorar lo que la ley le otorgó". Y hace algún ejemplo: "En ningún lado la Constitución dice que el Poder Legislativo puede poner alfombras o comprar computadoras o instalar la calefacción, pero nadie podrá decir que eso viola el principio de especialidad. Son medios para cumplir su cometido específico".

RL - El tribunal analizó muchos dictámenes, muchas opiniones al respecto, analiza detalladamente en el informe la teoría de los poderes implícitos a la que usted alude citando a Korzeniak, y claramente concluye lo que ya hemos mencionado. No es un aporte que haya escapado al TCR, el TCR en su dictamen, que es muy cuidadoso y considerablemente extenso, analiza primeramente el principio de la especialidad, luego la teoría de los poderes implícitos, analiza el tema del procedimiento y finalmente concluye que este convenio entre la Intendencia y Antel contraviene lo establecido en determinados artículos de la Constitución de la República y en determinadas leyes. O sea que es inconstitucional e ilegal a juicio del TCR.

***

EC - Teniendo en cuenta que el TCR tiene esta opinión con respecto al Antel Arena y que Antel y el Poder Ejecutivo la desoyen porque el informe no es vinculante, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Existen otras instancias en las que el TCR pueda o deba expedirse sobre este proyecto, pero en ese caso de manera tal que su observación deba ser tenida en cuenta?

RL - Esto debería seguir de la siguiente manera: Antel ya debería haber enviado este proyecto, porque la intervención del tribunal es preventiva, nosotros nos enteramos por la prensa –es importante que se sepa también eso– de que se están haciendo acciones en ese lugar, entendemos que Antel ya tomó posesión del predio y por ende está actuando dentro de él. De todo eso nosotros no sabemos absolutamente nada.

EC - La ingeniera Cosse decía que se han notificado algunas de esas obras realizadas al TCR por ejemplo para empezar a limpiar y ordenar el predio y que no han sido objetadas. Se las incluyó dentro del rubro "Mantenimiento y reparaciones edilicias".

RL - Eso lo vamos a analizar con mucho cuidado –en este caso no vino al tribunal, pero puede haber sido visto por alguno de los contadores delegados del TCR– cómo fue presentado. Porque si fue presentado como reacondicionamiento del Cilindro Municipal o limpieza, eso es claro, pero si fue presentado de alguna forma que pueda considerarse encubierta nos va a preocupar mucho también. De todas maneras, el expediente global con lo que es Antel Arena, lo que todos conocemos por Antel Arena, no vino al TCR. Eso es un hecho y no hay forma de decir otra cosa.

EC - ¿Ahí está señalando que ya hay una violación a los procedimientos adecuados?

RL - El informe nuestro lo sugiere, al no tener información al respecto. No puede ser que el organismo que la Constitución establece que deberá intervenir preventivamente, antes de ejecutarse, haya llamado a un concurso. Ese concurso tiene costos, se establecen premios, y además es parte de un proceso, no es un hecho aislado, luego viene un llamado a licitación para ejecutar esas obras. De todo eso no sabemos nada y nos parece preocupante. Confiemos en que eso venga a la brevedad y el tribunal se expida; obviamente se va a expedir en términos similares a aquellos en los cuales ya se ha expedido.
    
Ahí el organismo tiene tres alternativas. Una alternativa es aceptar ese dictamen y modificar, no quiere decir que no siga con una idea de llevar adelante un proyecto de este tipo, pero que busque una forma ajustada a la ley; o que la propia Intendencia, que es la verdadera interesada, busque otra forma. A veces se dice que nadie le hace caso al TCR, y no es verdad, muchísimos organismos –en algunos casos honra reconocerlo– están permanentemente preocupados por los dictámenes, cuando un dictamen les es adverso buscan modificarlo. Pero también tenemos, en el otro extremo, los que no hacen caso, los que no prestan la más mínima atención, los que se pronuncian como en este caso sin siquiera haber estudiado y analizado. Por supuesto que nos preocupa, creo que fue la primera pregunta que me hizo y yo no se la contesté. Nos preocupa que al otro día, unas horas después, un organismo por de pronto colegiado, que debería sesionar y tomar una decisión, que debería haber recibido este dictamen, haberlo pasado a sus servicios jurídicos y haber tenido una respuesta de estos, para luego recién eventualmente hacer alguna manifestación pública, salga públicamente a decir que no le interesa, que es secundario.

EC - Una curiosidad, ¿el informe va a Antel también? Porque es un informe que el TCR redacta a pedido de un grupo de ediles de la minoría de la Junta Departamental de Montevideo. ¿Está previsto que sea notificada oficialmente Antel? ¿O Antel necesariamente se iba a enterar solo por la prensa?

RL - No, esto va del tribunal solamente a la Junta Departamental, y la Junta Departamental puede y debe comunicarles ese informe a la Intendencia y a Antel, que son los dos firmantes del convenio. Porque lo que pregunta la Junta Departamental es si está bien este convenio, si es legal y constitucional, y se le responde que no. De un modo o de otro, hay una relación casi diaria entre Antel y el TCR, se puede pedir una copia del informe. En cualquier caso, la cautela habría sido muchísimo mejor, la prudencia, en definitiva el respeto a una resolución del TCR. Luego puede no gustar, puede haber opiniones distintas, pero ya después de analizado cuidadosamente el informe y por especialistas en ese tema.

EC - Yo le preguntaba por el futuro, por otros dictámenes que puedan surgir del TCR.

RL - Como me había quedado en el tintero, me fui a esto que es de lo sucedido en estos días. Pero yendo al futuro, el tribunal emite un nuevo dictamen, ahí sí ya sobre el procedimiento de Antel Arena, que puede ser acatado; el organismo también puede solicitar un cambio de la decisión y enviar nuevos argumentos, puede enviar todos los argumentos que quiera para que el tribunal analice de nuevo, eso a veces se toma y se acepta lo que dice el organismo, y finalmente queda la última, que es insistir en el gasto, en cuyo caso quienes lo hacen asumen la responsabilidad por ese hecho, y el tribunal, si mantiene la tesitura, tiene que comunicarlo a la Asamblea General a sus efectos, para que esta haga cumplir o tome las medidas que entienda del caso con respecto a esta resolución del tribunal.

EC - La Asamblea General puede incluso archivar, punto.

RL - No recuerdo un caso en muchos años en que la Asamblea General haya analizado un caso. Ahí está el lado débil de todo este tema, en un momento –hace 80 años o más, cuando se creó el TCR– se pensó que el hecho de elevarlo a la Asamblea General le daba la mayor jerarquía posible al TCR, todo el poder que le daba la Constitución en cuanto a analizar los gastos preventivamente, a ser el custodio de la hacienda pública. Hoy día en la práctica sabemos que el Parlamento no puede reunir un organismo de 130 personas para analizar periódicamente todas las observaciones, ni siquiera la mayoría o un núcleo importante de observaciones del TCR. Cuando fuimos ungidos en nuestro cargo hace tres años –después de 15 años de que no se modificaba la integración del TCR–, las bancadas de todos los partidos hablaron de darle al TCR otras potestades para que pueda hacer efectivas sus decisiones.

EC - ¿Cuáles serían esas potestades? ¿Cómo tendría que reformarse al TCR para que sus resoluciones tuvieran efecto vinculante real, concreto? Lo conversamos en la última parte de esta entrevista.

***

EC - ¿Para qué sirve realmente el Tribunal de Cuentas? Esta pregunta, que reaparece cada tanto en el debate político uruguayo, está en estos días otra vez en el tapete.

Recordemos lo que dice el artículo 228 de la Constitución: "La vigilancia en la ejecución de los presupuestos y la función de control de toda gestión relativa a la Hacienda Pública serán de cargo del Tribunal de Cuentas".

***

EC - ¿Cómo se hace para que las observaciones del TCR sean efectivamente atendidas? ¿Cómo se hace si no tiene poder sancionatorio? ¿Cómo se hace si, en caso de que el organismo reitere el gasto, la única herramienta disponible para el TCR es remitir los antecedentes a la Asamblea General? Una Asamblea General que ni siquiera está obligada a considerar esos documentos, por el paso del plazo que está fijado una de estas observaciones puede lisa y llanamente terminar archivada, como terminan miles por año.

RL - Por supuesto.

EC - ¿Entonces?

RL - Creo que por ese lado no va la cosa, por más que a veces se ha hablado con la mejor buena voluntad y se ha dicho que hay que reunir a la Asamblea General. Hace más de 80 años, cuando se pensó este tribunal, se pensó que elevarlo a la Asamblea General era darle el mayor rango posible, la mayor jerarquía. En la práctica hoy eso es imposible. Creo que lisa y llanamente, estas resoluciones del tribunal, seguidos ciertos procedimientos, teniendo la posibilidad los organismos de argumentar en contra, cuando se establecen, debieran tener obligatoriedad, debieran ser de obligatorio cumplimiento. Y por supuesto, debieran existir sanciones en caso de que haya organismos que incumplan eso.

Esa es la línea por la que está yendo el mundo en general. Estos problemas nuestros no son del TCR de Uruguay, en muchos lados los tribunales fallan y luego les cuesta ejecutar. Pero en Europa, en el caso más emblemático, que es la Cour des comptes de France, tiene poderes muy fuertes para tomar decisiones y para que se cumplan, directamente a través del propio tribunal de cuentas.

EC - ¿Cómo se hace para que eso no entorpezca, no trabe el funcionamiento del Estado?

RL - Eso es muy interesante, porque generalmente se pretende dar la imagen de que el funcionamiento de un tribunal de cuentas lo que hace es frenar, entorpecer. Vale la pena recordar que tal vez uno de los tribunales de cuentas más prestigiosos del mundo, que es justamente el de Francia, fue creado por Napoleón y se considera una de las ocho o diez grandes cosas que hizo. Y el Estado francés probablemente sea hoy el más eficiente del mundo. El Estado francés –no hablo del conjunto de la sociedad, que es el sector público, el privado, el tercer sector– se toma a menudo como ejemplo en la mayor parte de los terrenos, y el tribunal de cuentas fue creado hace 200 años y tiene un enorme poder, porque en definitiva cumplir la ley y tomar el camino de lo que la ley marca termina siendo más sencillo que buscar todos estos otros vericuetos.

Incluso el tribunal nuestro creó, hace ya unos años, lo que se llama la Escuela de Auditoría Gubernamental, por la cual el tribunal procura dar, explicar y trasmitir conocimiento a los contadores y a todos los técnicos que participan en el Estado. Reitero, todo ello termina en que, una vez tomadas las decisiones, se obligue a cumplirlas, porque de lo contrario esto no sucede. Todos veríamos que si así fuere –como lo han manifestado todos los partidos, ahora el tema es concretarlo– sería mucho más sencillo para todos, funcionaría mucho mejor el Estado por el camino derecho que por el de buscar estos vericuetos extraños por otros lados que no traen nada más que dolores de cabeza y en definitiva pérdidas de tiempo y dificultades.

Porque esto puede no terminar así, independientemente del dictamen del tribunal, mañana alguien puede interponer una denuncia penal o una demanda contra Antel, y va a ser un tema muy delicado de analizar, porque puede haber efectivamente violaciones importantes. De modo que esto no necesariamente termina de esta manera, todavía puede haber una cantidad de derivaciones y consecuencias, y muchas veces también costos adicionales para el Estado.

EC - Usted está anotando un problema que tiene el hecho de que los dictámenes del TCR no sean vinculantes.

RL - Exacto.

EC - No son vinculantes, el organismo puede seguir adelante, eventualmente la Asamblea General no se pronuncia, el proceso entonces continúa y dentro de un tiempo puede ser obstaculizado, frenado o puede dar pie a reclamaciones judiciales, demandas, etcétera.

RL - Absolutamente, y denuncias contra la propia Antel. Hay toda una cantidad, de hecho ha pasado en otros casos en el país. De modo que el tema es en sí mismo muy complejo. Reitero, mucho mejor es tomar el camino recto.

EC - ¿Hay ambiente?, ¿podría haber voluntad política? ¿Qué saben ustedes?

RL - Eso puede depender de un ciudadano, no tiene por qué necesariamente hacerlo un partido político, por ejemplo.

EC - No, me refería a si hay voluntad política para transformar al TCR en un organismo cuyas decisiones sean efectivamente vinculantes.

RL - Yo diría dos cosas. Una, esto es lo que se ha dicho, cuando fuimos investidos todos los partidos dijeron eso. Luego a lo largo de los años ha sido repetido, se han presentado proyectos de ley en esta dirección. Pero además es la dirección en la que va el mundo.

EC - Pero después de aquellos proyectos de ley nunca más pasó nada.

RL - No ha pasado nada, y tal vez tome un tiempo en pasar, pero es inexorable. En el mundo, una de las cosas que más se reclaman es transparencia, claridad en el manejo de los dineros públicos. Entonces es hacia allí adonde vamos, tarde o temprano va a suceder que el tribunal va a tener las potestades de hacer cumplir lo que decide y eso va a ser mejor para todos. Es inexorable, Uruguay podrá tratar de dilatar ese momento, porque a veces existe la tentación de disponer de los dineros públicos como si fueran propios, el gobernante tiene esa tendencia, cuando está en el gobierno le parece que es el dueño, y no es el dueño, los dineros son de terceros, entonces los tiene que usar de una forma que esté acorde con la ley.

***

EC - Quiero preguntarle a propósito de un choque que se dio en estos meses entre el TCR y el Poder Ejecutivo a raíz del proyecto de Ley de Rendición de Cuentas. Hay dos artículos en el texto, el 23 y el 24, que el TCR en su conjunto entiende que afectan su independencia y que en caso de aprobarse darían pie a recursos de inconstitucionalidad. Ustedes presentaron esa advertencia cuando fueron a comisión en la Cámara de Diputados. ¿En qué quedó esto? Se lo planteo porque tiene algo que ver con lo que estábamos hablando. Analizábamos cómo se hace para que el TCR tenga poder efectivo, y acá ustedes entienden que con estos artículos de la Rendición de Cuentas se le está recortando poder al TCR...

RL - Exactamente, estamos hablando de cómo hacer para darle más poderes al TCR, y por otro lado... Los dos artículos son preocupantes, porque de alguna forma se inmiscuyen en el funcionamiento del tribunal, pero el 24 es el más delicado porque es el que habilitaría la transferencia de fondos públicos a instituciones no estatales, por ejemplo empresas privadas –que pueden ser empresas privadas de propiedad del Estado, pero no dejan de ser empresas privadas–, y que ello no transgrediría lo dispuesto en las leyes. El tribunal entiende que esas no son competencias que pueden ser fijadas por ley, porque son competencias constitucionales, y además allí tenemos una piedra en el zapato, es decir, las empresas hoy privadas –está habiendo cada vez más empresas privadas de propiedad pública total o parcial– son un gran problema. Siempre las ha habido, pero eran cinco, ocho, diez, ahora son del orden de 80, entonces se vuelven todo un conjunto que debe ser controlado, porque manejan total o parcialmente dineros públicos.

En la presencia en el Parlamento, el presidente del TCR, el doctor Rippe, dijo claramente que en caso de que se llegaran a aprobar esas disposiciones el organismo va a interponer acciones de inconstitucionalidad en su contra. Es directamente el TCR el que haría esas acciones de inconstitucionalidad.

EC - ¿En esa posición están todos los miembros del tribunal?

RL - Sí, absolutamente.

EC - Todos, frenteamplistas, blancos, colorados, independientes, todos en la misma.

RL - Efectivamente, y confiamos en que sean sacadas.

EC - En la votación en Diputados esas disposiciones quedaron.

RL - Por ahora van quedando. Ha habido anuncios de que van a ser retiradas, pero habrá que ver al final de la historia cómo termina. Nos preocupa, porque esto recortaría, y justamente donde hay un punto delicado. Este tema del florecimiento de las empresas privadas teóricamente del Estado, que manejan dinero del Estado, son mantenidas –y muchas veces subsidiadas a pérdida durante años por el Estado– con el dinero de todos nosotros, pero como tienen un estatus privado aparentemente no se las podría tocar. El tribunal entiende que sí, no lo ha podido hacer hasta ahora porque no tiene los recursos suficientes para incursionar en ese campo y solamente ha visto lo que afectan al ente correspondiente. Pero es un tema en el que claramente se debe incursionar porque hay dineros públicos y la gente quiere saber cómo se están utilizando.

EC - ¿Hoy cómo se hace con esas empresas? ¿Qué hace el TCR con esas empresas?

RL - Hoy el tribunal en general solo ve muy parcialmente su accionar, por ejemplo en el caso de una empresa como ALUR, que es propiedad mayoritaria de Ancap, ve cómo el accionar de ALUR se va reflejando en el funcionamiento de Ancap, o sea en el presupuesto y en la rendición de cuentas de Ancap. Por ejemplo, eso le está generando gasto, le está generando deuda a Ancap, el tribunal ha advertido en más de una ocasión que allí hay un tema, pero no va a cómo se ejecuta el gasto dentro de ALUR.

EC - ¿Pero pretende hacerlo el TCR? ¿Hoy tiene potestades para eso?

RL - Sí, podrá haber matices entre los ministros del tribunal sobre hasta dónde llega el alcance y cómo hacerlo, pero se entiende que está dentro de la potestad.

EC - ¿Y por qué no lo está haciendo?

RL - Por falta de recursos, porque ese sector ha crecido muy fuertemente y el tribunal se venía encogiendo. El tribunal llegó a tener 500 personas y cuando nosotros lo tomamos hace tres años tenía 350. Ahora hemos logrado subir en unas 40, 50 personas, la mayoría abogados.

EC - Entonces, ustedes están reclamando, primero, mayores recursos, y segundo, que no se avance con ese artículo 24, que le recortaría esta potestad.

RL - Exactamente. Hoy tenemos la potestad, no la estamos pudiendo ejecutar. Mucho peor sería todavía si la potestad desapareciera.

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EC - Ingeniero Ruperto Long, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.

RL - Gracias a ustedes. (El caso Antel Arena) es un caso muy emblemático, por su magnitud. Como dije más de una vez, es para reflexionarlo todos, también la gente de Antel y los oyentes, es un dique que se rompe. Después es muy difícil volver a establecer normas sobre el manejo de los recursos públicos. Una vez que se consagre el principio de que cada uno hace con el excedente de las tarifas lo que quiere entramos en un terreno muy, muy peligroso para el futuro, incluso dejando de lado quiénes seamos los actores en ese momento.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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