(emitido a las 7.50 Hs.)

ALEJANDRO ACLE:
El Gobierno analiza por estas horas una fórmula para resolver la solicitud de incremento de producción que hizo la empresa UPM en un hecho que le generó más problemas con la oposición y una fuerte presión desde Argentina.

Desde el Ejecutivo se insiste en cuidar la relación con el país vecino pese a que son ya varios los informes técnicos y científicos que indican que la planta de celulosa funciona dentro de los parámetros ambientales establecidos. La CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, que es el canal donde se procesan todos estos datos, recibió en los últimos días nuevos análisis en ese sentido. Es por eso que estamos en comunicación en este momento con el presidente de la delegación uruguaya en ese organismo, el capitán de navío retirado, Gastón Silberman.

Ayer trascendieron los informes que la Dinama (Dirección Nacional de Medio Ambiente) le elevó a la Comisión de Seguimiento de la planta de UPM. ¿Qué indican concretamente esos resultados?

GASTÓN SILBERMAN:
Indican, de la misma forma que informaciones anteriores, que la producción de la pasta de celulosa por parte de UPM no produce ningún efecto de contaminación, o sea, que está por debajo de los estándares máximos establecidos para cada parámetro.

AA – Y un posible incremento de la producción, tal como ha pedido la empresa, ¿qué incidencia tendría en esos parámetros?, ¿contaminaría más, concretamente?

GS – No, no contaminaría más, eso está demostrado. Si hubiera sido de otra manera la Dinama no hubiera aprobado el proyecto presentado oportunamente por la empresa solicitando la autorización para un incremento de producción.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Qué diferencia tiene este informe que se elevó a nivel de la Comisión de Seguimiento de la planta, con los que no se conocen todavía porque Argentina obstaculiza su difusión?

GS – Con respecto a los efluentes las muestras son las mismas. Las muestras las toma el operador, que es un técnico de la Dinama y una parte de la muestra se la entrega al comité científico y la otra se la lleva la Dinama, o sea que los análisis los hacen por un lado el comité científico y por otro la Dinama para el Uruguay. El comité científico remite las muestras y otras mediciones que realiza también, no solamente la medición del nivel de los efluentes, sino que hace otras mediciones. Las muestras de toma de efluentes que hace el comité científico son preparadas en envases especiales en laboratorios que hay al pie del puente San Martín en Fray Bentos y se remiten a laboratorios canadienses, uruguayos y argentinos. Los resultados vienen pero no hay acuerdo en darles difusión todavía, por lo tanto cuando en mi calidad de presidente de la delegación uruguaya estoy hablando en función de los resultados que han sido expuestos por la propia Dinama el viernes pasado en la Comisión de Seguimiento en Fray Bentos.

RA – Yendo a uno de estos temas que está planteado a partir de la solicitud de UPM de incrementar su producción, ¿podemos repasar cómo fue el proceso ante la CARU de este tema? Porque recordemos que el pedido de la empresa se remonta a 2011.

GS – El pedido no sé exactamente, porque lo habrá hecho ante el Poder Ejecutivo o algún ministerio. Ingresa a la delegación uruguaya, lo analiza, lo considera, se asesora con los organismos competentes en este caso, sobre todo en materia ambiental. Una vez considerado y aprobado por la delegación uruguaya, con la Cancillería trabajando también, es presentado ante la CARU, donde ingresa en marzo de 2012. Ese es el ingreso oficial del proyecto de incremento de producción. La CARU tiene 30 días para expedirse, puede hacerlo favorablemente, negativamente o no expedirse, en este caso la delegación uruguaya lo tenía aprobado, la argentina lo rechazó, por lo tanto la CARU como tal no se expidió.

RA – Pero ahí hay un primer pronunciamiento de la delegación argentina rechazando el aumento.

GS – Rechazando el aumento. Eso es en el seno de la CARU. Cuando es rechazado por la CARU dentro de los 30 días la delegación uruguaya presenta una nota notificando al Estado argentino y a partir de ahí el asunto queda en manos de los poderes ejecutivos, el estatuto dice: de los estados parte, esto es a consideración mayormente de las cancillerías y el Ministerio de Vivienda por el lado de la Dinama. O sea que en los 30 días siguientes de notificado el Estado argentino tiene que plantear si requiere mayor información o documentación, teniendo en cuenta que la proporcionada no le satisface o no es suficiente para que pueda determinar si el incremento de producción puede producir un perjuicio sensible.

RA – Y ahí Argentina hizo efectivamente una consulta.

GS – Ahí Argentina remite una nota con toda una serie de preguntas al Estado uruguayo. Todo esto se hace siempre a través de la CARU pero se eleva a las cancillerías. Ahí lo toma la cancillería, lo estudia, lo procesa, interviene la CARU, la Dinama, y esa solicitud es respondida mediante nota también.

RA – ¿En qué fecha se respondió eso, de qué período estamos hablando?

GS – Estamos hablando de setiembre de 2012 más o menos.

RA – Porque también se manejaba otra versión de que no se había dado respuesta esperando prolongar los plazos y que efectivamente se pudiera sellar un acuerdo por la vía política.

GS – Claro, lo que pasa es que aquí entramos en una situación difusa donde no hay coincidencia en la posición de ambos estados. Cuando es entregada toda la información Uruguay responde que es la documentación completa, o sea que ya está entregada toda la información solicitada por lo cual comienza a correr un período de seis meses.

RA – Mientras que Argentina entiende que no, que requiere más información.

GS – Exactamente. Entonces, ¿la dicotomía dónde está?, en que para un país empieza a correr ese plazo de 180 días y el otro considera que no porque no le fue brindada toda la información solicitada.

RA – ¿Ese plazo de 180 días es el que vence ahora próximamente?

GS – No, ese es un segundo plazo que está previsto.

RA – A ver, ¿cómo es eso?

GS – Está previsto un primer plazo de 180 días y después el propio estatuto da la posibilidad de que hayan negociaciones, conversaciones, o que el país que se vea afectado dé sus explicaciones.

RA – ¿Pero ese plazo de 180 días desde cuando comenzó a regir entonces?

GS – En marzo. O sea, uno en setiembre y otro en marzo.

AA – ¿Cuánto incide el fallo de la [Corte Internacional de Justicia de] La Haya en toda esta situación?, y agrego: ¿hay posibilidad de enfrentar un nuevo litigio en ese ámbito?

GS – Claro, ahí está el tema. Los estados no tienen poder de veto en la CARU, o sea que nuestro país puede continuar adelante de acuerdo a lo que interpreta del contenido del Estatuto del Río Uruguay y dar la autorización al proyecto de incremento. Pero Argentina puede considerarse lesionada e interponer un juicio y volver el tema a La Haya.

AA – Eso es una posibilidad.

GS – Eso es lo que puede llegar a ocurrir.

AA – De todos modos ahora hay que estar a la espera de esta fecha, de este plazo límite, para ver qué decisión se toma y a ver si se desencadena toda esta otra situación.

RA – Entonces definitivamente esa decisión pasa ya por las cancillerías.

GS – Pasa por las cancillerías y por el Poder Ejecutivo.

RA – Una última pregunta, ¿ustedes desde la CARU han estado en contacto últimamente con la empresa por este tema?

GS – En la Comisión de Seguimiento del viernes pasado una de las exposiciones fue hecha por la empresa.

RA – ¿Y qué es lo que han comentado a propósito de esta solicitud de incremento planteado por la empresa?, porque hace ya, como vimos, varios años.

GS – Bueno, la delegación uruguaya no tiene contacto con la empresa, no tiene por qué tenerlo. Hay que tener en cuenta que la empresa fue autorizada a funcionar con el proyecto presentado oportunamente que hablaba de una cantidad aproximada de 1 millón de toneladas y luego fue autorizada una cantidad máxima de 1.111.250 toneladas. Quiere decir que la empresa está funcionando de acuerdo a lo planteado y autorizado oportunamente.

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Foto: sitio web de Radio Uruguay