(emitido a las 7.50 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio del Interior, junto con Presidencia de la República, están elaborando un protocolo para el retiro de las personas que acampan o pernoctan de manera permanente en espacios públicos a la luz de la nueva ley de faltas.

Ayer el semanario Búsqueda informó que el Mides se había negado a recibir a estas personas derivadas por la policía alegando falta de capacidad en los hogares de los que dispone. Según publicó ese medio, el propio ministro Daniel Olesker envió una carta membretada al titular de Interior, Eduardo Bonomi, y el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, para que se suspendieran esos operativos. Ayer le consultaron por este asunto en rueda de prensa y Olesker respondió que es falso que haya enviado esa misiva. Admitió sí la postergación de los operativos hasta el viernes 20 de setiembre, pero dijo que esa decisión se debió a un acuerdo.

Este asunto es uno de los motivos por los cuales la diputada Ana Lía Piñeyrúa decidió convocar nuevamente a comisión de la Cámara de Representantes al ministro Olesker. Vamos a conversar con ella esta mañana.

ROMINA ANDRIOLI:
¿A qué se debe esta convocatoria?, ¿qué es concretamente lo que le preocupa respecto a este tema?

ANA LÍA PIÑEYRÚA:
A mí me preocupa porque es un tema que yo he estado siguiendo en particular, aunque he estado siguiendo todos los temas del Mides. El debate de la ley de faltas fue interesante, la ley entró en vigencia el 20 de agosto, y el 4 de setiembre ya estaban llevándose a la práctica las medidas que la ley prevé. Recordaba haber escuchado al sociólogo Gustavo Leal en el programa de ustedes hablando sobre cómo se estaba aplicando esta ley de faltas, que yo entiendo además que es una evolución en lo que hace a la convivencia ciudadana por los aspectos que prevé esta ley. Coincido con el enfoque que en ese momento el sociólogo Leal le daba a este nuevo escenario, a estas nuevas medidas para mejorar la convivencia ciudadana. Él hablaba inclusive de que el fenómeno de las personas en situación de calle había crecido y él creía que era por una laxitud en el ejercicio de la autoridad. En fin, ya el 9 de setiembre se estaba hablando de cómo se estaba aplicando esta nueva normativa que aprobó el Parlamento y que llevó un año de discusión. Entonces para mí fue una sorpresa esta noticia que indicaría la postergación de la aplicación de la ley de faltas y yo creo efectivamente que tiene que haber sido una solicitud del ministro Olesker porque no entiendo por qué un medio va a hablar de fuentes oficiales y de una nota formal en papel membretada dirigida al Ministerio del Interior y a la Secretaría de la Presidencia si efectivamente no existió. Y por otra parte el ministro Olesker reconoció que había una postergación de la aplicación de esta nueva norma.

RA – Sí, según explicó Olesker el planteo es que hoy estas personas demandan servicios del Mides, incluso está previsto que vayan a centros del Mides, y él entiende que no pueden convivir con las personas que actualmente están en los refugios porque tienen otras características.

ALP – En realidad la población objetivo de la que estamos hablando siempre ha sido la misma, convengamos que este es un tema que está en debate desde que el propio ministro Olesker asumió porque la remoción de la anterior ministra de Desarrollo Social [Ana Vignoli] obedeció a que justamente habían fallecido personas que estaban en situación de calle y fue uno de los temas en los que él tuvo que centrar su atención.

Desde ese momento hasta la fecha él no ha hecho más que gala del aumento de los refugios diurnos y nocturnos y de su calidad. Es decir, en lo que no ha habido acuerdo, por lo menos en las cifras que se han divulgado públicamente, es en cuántas personas son, en cuántas son aquellas que se resisten. Yo he mirado y he seguido la información que ha proporcionado el Mides y difiere bastante de un reportaje a otro o de una información a otra, inclusive con las propias cifras que manejó el sociólogo Gustavo Leal en este programa en el que estuvo con ustedes. Pero la población a la que debe dirigir su programa para personas en situación de calle siempre ha sido la misma, lo que cambia ahora es el régimen legal. Con anterioridad la Intendencia de Montevideo tenía sus intervenciones, se han hablado además de 10.200 intervenciones, se limpiaba el lugar y las personas retornaban. Ahora tenemos un marco legal nuevo en el cual hay todo un procedimiento: a la persona se la intima, se la pasa a juez si no cumple, en el ínterin pasan por la ventana del Mides, y puede terminar en una medida de cárcel en caso de que la persona se resista a cumplir con los tres requisitos previos. Lo que cambió es el marco legal, la población que el ministro Olesker tiene que atender ha sido siempre la misma.

RA – Sí, igual hay un elemento que le llamaba la atención un poco, al menos eso es lo que recogía la nota de ayer del semanario Búsqueda. Las autoridades estaban sorprendidas de que de toda esa gente que estaban ahora convocando para que se retiren de los espacios públicos, exhortando una primera vez, hasta una tercera vez para llevarla a los refugios del Mides, había muchos que tenían antecedentes. Concretamente dice que el último día de actuación, el lunes 9, se detuvo a nueve personas y de ellas cinco tenían antecedentes por robo, rapiñas o tráfico de drogas. Eso quizás es lo que dice el ministro que dificulta la situación ante personas que simplemente estaban en situación de calle y acuden a los refugios sin tener este tipo de antecedentes.

ALP – Yo lo que creo es que es una realidad que él debió conocer de antemano porque él tiene un programa para atender a esas personas y dice haberlas censado, y se supone que el censo no implica simplemente preguntarle cuánto hace que vive en la calle, si vive permanentemente o pernocta ocasionalmente, sino sus antecedentes de vida. A mí me llama la atención que siendo la población objetivo de su programa la misma que hay que atender ahora bajo la aplicación de la nueva normativa se esté sorprendiendo de las características que tienen las personas que están en esta situación. Máxime cuando esta es una ley que llevó un año de discusión, previo a eso inclusive el sociólogo Leal nos hablaba de toda una construcción de un nuevo discurso, dado que la izquierda en este tema siempre ha sido vacilante, como se trata en general de personas pobres, indigentes, siempre se actuó con cierto grado de tolerancia hacia su estilo de vida y hacia la ocupación de los espacios públicos. Esto implicó un cambio de discurso y después la discusión de un nuevo marco legal para atender esa situación y para equilibrar derechos: los de estas personas a ser atendidas por el Estado y los de los ciudadanos al disfrute de los espacios públicos y a transitar por estos con seguridad. Llama muchísimo la atención que después de tanto tiempo de discusión y de análisis de este tema, y sobre todo de discusión del proyecto de ley que ingresó hace un año al Parlamento, recién ahora, cuando ya está en vigencia y está en marcha la aplicación de esa ley, el ministro se sorprenda de las características de una población que es la objetivo de uno de sus programas más importantes.

EC – De todos modos puede responderse desde el ministerio: "Estamos hablando simplemente de una postergación por unos días, el 20 de setiembre esto ya se va a estar aplicando".

ALP – Sí, por lo menos eso se ha dicho, veremos si efectivamente esto se concreta el 20 de setiembre, dado que la novedad de que el 9 se dejaron de recibir personas que eran captadas por la Intendencia de Montevideo y derivadas a la seccional 2ª, sorprendió al Ministerio del Interior y al propio secretario de la Presidencia. Se suponía que estaba todo alistado y no lo estaba, veremos si el 20 esto está listo, porque tampoco tenemos claro cuáles fueron los problemas. Se habló de problemas de infraestructura cuando en realidad los anuncios eran que los cupos ya eran suficientes y que ninguna persona de las que iba voluntariamente o era conducida a los refugios había quedado sin cobertura, o sea que tampoco parece ser que hay problemas de infraestructura. O sea que fue algo que sorprendió no solo a quienes pertenecemos al sistema político y estamos en el Parlamento sino que sorprendió a las propias autoridades que estaban aplicando la ley que aprobó el Parlamento.

EC – De todos modos ese no es el único tema, ¿podemos por lo menos brevemente mencionar cuál es el otro motivo del llamado al ministro a comisión?

ALP – Sí, en realidad fue el motivo original, es la investigación que está recogida en el Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad del Uruguay. No es un estudio menor, porque normalmente el Gobierno ha manejado como un indicador de evolución o involución los indicadores de pobreza o indigencia que son indicadores que solo miden ingresos y que por lo tanto es un dato parcial de la realidad. Yo siempre reclamé que hubiera un estudio que enfocara otros aspectos de las vidas de las personas y que muchas veces hacía a la dignidad y al bienestar de las personas y que iba mucho más allá de los ingresos. Finalmente, a pesar de que Olesker había hablado de una metodología nueva inspirada en un sistema mexicano, el Gobierno decidió adoptar el mismo sistema que la Cepal aplica desde el año 80 y que es difundido en la región, que es el método de las necesidades básicas insatisfechas. El resultado es que hay más de un millón de personas que tienen una necesidad básica insatisfecha, que la primera es la falta de elementos de confort para calentar el agua y calefaccionar su vivienda, pero en segundo lugar, y con un porcentaje importante, está el tema de la vivienda en sí. Hay también problemas de saneamiento, de colección de agua, de energía eléctrica y de educación. Son datos preocupantes si uno tiene en cuenta que desde el año 2003, 2004 a la fecha el país ha tenido una coyuntura económica tan favorable, y es preocupante que subsistan estos datos, que reflejan de una manera mucho más notoria la inclusión social de las personas. Mucho más allá de la medición por ingresos a la que estamos acostumbrados normalmente, que es la pobreza y la indigencia.

EC – ¿Por qué plantea esto usted, entiende que hay entonces problemas con las políticas sociales que se implementan desde el Mides?

ALP – Bueno, sí, eso yo lo he dicho en reiteradas oportunidades. En primer lugar porque si bien estoy de acuerdo en que tienen que haber políticas sociales dirigidas a la población de situación de vulnerabilidad socioeconómica eso es absolutamente incuestionable, la naturaleza de las políticas sociales que lleva adelante el Mides es netamente asistencialista. Claramente la exigencia de las contrapartidas ha sido una cuestión muy parcial y por otro lado no se le está dando a las personas que reciben beneficios instrumentos como formación para el trabajo que le permitan salir de esa situación. Entonces al final la gente queda condicionada a recibir el dinero que el Estado le proporciona y nada más, y eso no es lo deseable ni para quienes lo reciben ni para el Gobierno, por lo menos en lo que yo entiendo debe ser.

Por otro lado, esta medición de necesidades básicas insatisfechas da cuenta de que hay otras políticas sociales que también tienen carencias importantes y surge claramente allí el problema de la vivienda, que ha sido un tema que no fue atendido durante la primera administración del doctor Tabaré Vázquez, porque expresamente el presidente [José] Mujica dijo que no fue un tema prioritario. Y si bien durante el gobierno actual se declaró la emergencia sociohabitacional, los resultados en materia de ejecución de vivienda han sido muy pobres. Aparece allí el problema de la educación, que es otro tema importante. Creo que el Mides, que es el que coordina todas las políticas sociales, merece hacer un análisis desde una mirada distinta a la que ha hecho siempre, que es hacerlo desde los indicadores de pobreza e indigencia.
Yo siempre le daba el ejemplo de los clasificadores de residuos. Probablemente la mayoría superen la línea de pobrezas y aún a veces la de indigencia y sin embargo viven en un rancho en condiciones precarias, sus hijos no van a la escuela, viven en condiciones paupérrimas en materia de higiene, no tienen condiciones de saneamiento. Es decir: superan los ingresos para no ser pobres pero la mayoría de ellos vive en condiciones de exclusión social. O sea que esto nos permite una nueva mirada sobre la realidad de la exclusión social en el Uruguay.

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Foto: archivo

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