El pedido de siete procesamientos realizado por el fiscal Gustavo Zubía, a raíz de los disturbios ocurridos el 15 de febrero en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuando la jueza Mariana Mota juró para pasar de un juzgado penal a uno civil, despertó fuertes reacciones. En diálogo con En Perspectiva, Zubía consideró que los involucrados están tratando de "derivar la discusión sustantiva y jurídica" hacia posturas políticas, y afirmó que las acusaciones "denigrantes" hacia los operadores judiciales que se están realizando en la prensa y en las redes sociales generan presiones sobre la jueza Gabriela Merialdo, a quien "no se le están dando los elementos de estabilidad" para actuar, según dijo. El magistrado se mostró preocupado por el "silencio general" del sistema político con respecto a este caso y aseguró que el pedido de procesamiento a estas personas, entre las que se encuentran militantes de ultraizquierda como Irma Leites y Jorge Zabalza, no tiene "nada de ideológico".