(Emitido a las 07.55)

EMILIANO COTELO:
Escuchábamos recién al diputado Víctor Rossi, de Alianza Progresista (Encuentro Progresista - Frente Amplio), sosteniendo que es inconstitucional el subsidio otorgado al candidato a la Presidencia por el Partido Nacional, doctor Jorge Larrañaga, cuando renunció al Senado, porque según el artículo 77 debió ser aprobado por tres quintos de votos del total de componentes del cuerpo. La renuncia no aludía al subsidio, el Senado no se expidió expresamente sobre él, y en consecuencia no se cumple la exigencia constitucional, dice Rossi.

Estamos ahora en comunicación con el doctor Gonzalo Aguirre, constitucionalista y dirigente del Partido Nacional. Usted escuchaba al diputado Rossi.

GONZALO AGUIRRE:
Sí, ya que me hizo llamar para intervenir en el programa en un horario rural, como dijo una vez el doctor Washington Beltrán cuando sesionábamos en mi agrupación política a las ocho y media de la mañana...

Déjeme hacer una primera reflexión de carácter político, no en calidad de constitucionalista sino de dirigente blanco. Este es un asunto eminentemente político, que sólo interesa porque implica un ataque a un candidato a la Presidencia de la República, el único que puede ganarle las elecciones al EP-FA. Es o pretende ser un golpe bajo, tanto que ha generado discrepancias internas en el EP-FA, como se termina de señalar. El senador Mujica, claramente, discrepó con que se ventilara este asunto, y Tabaré Vázquez privadamente; ambos consideraron fuera de lugar el planteo. Entiendo que esto parte de gente que está nerviosa porque no es seguro ni mucho menos como creían el triunfo del EP-FA que, naturalmente, tampoco está descartado. El que va a ganar no intenta aplicar golpes bajos; quien lo hace -además de actuar en una forma que puede calificarse de desleal- es porque teme perder, porque cree estar perdiendo, y entonces apela a este recurso que no se puede calificar sino negativamente.

Además, creo que esto en lugar de desmerecer a Larrañaga lo enaltece; revela que no tienen por dónde entrarle a su figura. Si la única manera de atacarlo que han encontrado es esta, es porque es una persona honrada a carta cabal, que tiene una trayectoria política rectilínea, y que en 15 años de actuación en posiciones públicas no se le ha podido hacer un solo cargo ético. Su trayectoria y su vida son intachables; esto lo sabe todo el mundo, en lo público y en lo privado.

EC - Justamente, lo que decía recién el diputado Rossi es que él y otros dirigentes pensaron que se estaba ante una cuestión en el plano de la ética, y ahora ha podido comprobar que en realidad se está ante una violación de la Constitución.

GA - Enseguida voy a ir a la parte jurídico constitucional, pero déjeme terminar esta reflexión política de cara a las elecciones. Por otra parte, me parece que esto, muy claramente, es una falta de respeto a la gente. La gente ¿qué es lo que espera? Que se hable de los problemas nacionales, de las propuestas de los partidos para solucionarlos, que sean debatidos (a lo que se ha negado el candidato del EP-FA: fíjese que en una democracia ejemplar como son los Estados Unidos hoy comienzan tres debates a fondo entre dos candidatos, y el presidente que va ganando en las encuestas no se ha negado a debatir; pero, en fin, cada uno tiene derecho a plantear su campaña electoral como quiera. Lo que es indiscutible es que la gente tiene derecho a saber, por ejemplo, si se van a subir o no se van a subir los impuestos al agro, o por ejemplo si se va a instalar o no se va a instalar un ministerio de comunicaciones que podría eventualmente controlar a la prensa. Esta actitud, no del EP-FA sino de algunos dirigentes del EP-FA, si partiera del Partido Nacional, sería una falta de respeto a la gente de parte del Partido Nacional empezar a ventilar los ingresos importantes que percibe el doctor Vázquez por su actividad privada de médico en el ejercicio legítimo de su profesión, siendo que es notorio que hace meses que está dedicado exclusivamente a su campaña política. No es esto lo que espera la gente; estas son cosas que tratan de ensuciar el partido y no lo vamos a hacer, no se debe hacer. Entonces, vamos a hablar de los problemas importantes que tiene el país, de cómo se va a pagar la deuda externa, de cómo van a terminar los problemas bancarios, cómo va a terminar de cobrar la gente, de en lo posible resarcirse de los perjuicios que sufrió por esa crisis tremenda, cómo se van a encarar los problemas de la educación y la salud, y tantos otros.

EC - Bien; pero ahora pasando...

GA - Ahora voy a lo jurídico.

EC - ...al tema de fondo que ayer planteó el diputado Rossi.

GA - Voy a lo jurídico. Aquí hay una cosa, en primer lugar, muy clara: el doctor Larrañaga se acogió a una ley que está vigente. A una ley que no es inconstitucional a mi juicio pero que, si fuera inconstitucional, desde el momento en que no ha sido declarada tal, se aplica y se ha aplicado en beneficio de muchas otras personas que han renunciado a cargos públicos antes de cumplir sus mandatos. Pero, aunque una ley fuera declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, en nuestro sistema constitucional, esa declaración no importa otra cosa que el hecho de que en el juicio en que se ha planteado ese problema de constitucionalidad el juez que va a fallar no puede aplicar esa ley que la SCJ declara inconstitucional. Pero eso no supone una derogación de la ley. En nuestro país hay muchas leyes reiteradamente declaradas inconstitucionales que siguen vigentes y se siguen aplicando. Más aún: cuando yo ingresé a la Vicepresidencia de la República, como presidente del Senado presenté un proyecto de ley derogando siete leyes que habían sido reiteradamente declaradas inconstitucionales por la SCJ y ésta lo había comunicado a la Asamblea General. El proyecto fue aprobado por el Senado, la Cámara de Diputados lo archivó, y esas leyes siguen gozando de buena salud y la administración las tiene que aplicar.

EC - Esta ley en la que se basó el doctor Larrañaga para solicitar el subsidio...

GA - La ley es de 1987...

EC - ... ¿no requiere la autorización expresa por tres quintos de integrantes del cuerpo?

GA - Lo que pasa es que la ley y la disposición constitucional se refieren a dos cosas distintas. La ley 15.900, de 21 de octubre de 1987, en su artículo 5º, prevé que toda persona que cese en su cargo político (no sólo de legisladores e intendentes) y no haya generado causal jubilatoria, tiene derecho a percibir un subsidio del 85% de su salario, durante tres años. Posteriormente, en 1992, por iniciativa de legisladores, el término del subsidio fue reducido para los que en el futuro ocuparan esos cargos a un solo año. La ley fue votada (yo era senador en aquella época) por unanimidad de los legisladores de todos los partidos, y nadie observó ni dijo que fuera inconstitucional.

Lo que la Constitución dispone desde el año 1966 es otra cosa: es que cuando alguien renuncia siendo intendente, diputado o senador, y lo hace antes de completar el mandato, requiere para cobrar jubilación o alguna otra compensación que le pudiere corresponder en razón del cese en el cargo, una autorización expresa del cuerpo al que pertenece (en el caso de los intendentes, supongo que de la Junta Departamental), dada por los tres quintos de votos del total de componentes del respectivo cuerpo.

EC - ¿Y no estamos ante este caso? Porque Larrañaga renuncia antes de que finalice su mandato como legislador.

GA - Sí, pero veamos cuál es el fundamento de ambas disposiciones. En la reforma [constitucional] de 1966, esta disposición se puso para evitar una corruptela que existía en aquella época: se hacían acuerdos de partición de los mandatos: dos o tres personas se ponían de acuerdo en ir en una misma lista primero, segundo y tercero, uno actuaba dos años, otro actuaba dos años, otro actuaba un año, por ejemplo, todos cobraban el sueldo, pero los que iban renunciando se acogían a la jubilación privilegiada de aquella época, el artículo 383 que no existe más. Esta norma de la constitución no se dictó para un problema de los subsidios que no existían en aquella época, y no se sabía que iban a existir. Así que la situación del doctor Larrañaga, como la de otros que antes se acogieron al subsidio por haber renunciado, no está comprendida evidentemente en el espíritu de la norma constitucional.

El hecho de que los textos no colidan no quiere decir que no se pueda sostener -no es ningún disparate ni ningún error grueso lo que ha dicho el diputado Rossi- que ...

EC - "No es un disparate", dice usted.

GA - No; no es, no.

EC - No es un error.

GA - Lo que ocurre es que la costumbre es otra, y nadie advirtió que esto fuera necesario. También se puede sostener, como yo me atrevo a hacerlo, que está en el espíritu de la norma que, si alguien renuncia y le aprueban la renuncia prácticamente por unanimidad, le habilitan el ejercicio del derecho que da la ley. Es decir que es otra interpretación; en materia jurídica, usted sabe que suele haber en casi todos los casos dos bibliotecas. En todo caso, ...

EC - Pero ¿hay antecedentes de renuncias antes de finalizar el período para el cual un legislador fue electo, personas a las que en esas condiciones se les haya otorgado el subsidio desde el momento de la renuncia?

GA - No tengo tanta memoria ni llevo un registro de esas actitudes, pero todos sabemos que en la vida política estas renuncias se producen y se han producido. Yo recuerdo que el doctor Jorge Batlle, siendo yo senador, por las mismas razones que hoy el doctor Larrañaga, porque era candidato a la Presidencia, renunció a la banca allá por agosto o setiembre de 1989. No sé si se acogió al subsidio o no. Intendentes que han renunciado antes de completar el mandato hay muchos. Ahora mismo, en esta campaña electoral, lo hizo el intendente de Flores, el señor Mazzullo; no sé si acogió al subsidio o no se acogió al subsidio. Pero nadie les ha exigido una autorización especial a nadie en su respectivo cuerpo. En todo caso, el presidente del Senado, Hierro López, era el encargado de ver si se concedía el subsidio en forma regular o no, y lo acordó.

EC - Efectivamente, el presidente del Senado aprobó el subsidio. Porque fue un trámite hecho después de la renuncia; fue en dos momentos distintos...

GA - No es una decisión unilateral del candidato, que se presenta en la Tesorería del Senado diciendo "Señores, aquí vengo a cobrar el subsidio".

JOEL ROSENBERG:
Hay una carta de Larrañaga, del 14 de julio, devuelta por Hierro López el 22 de julio.

GA - Y ¿quién decide? Yo fui presidente del Senado, y ese tipo de problemas los decide el presidente del Senado.

JR - ¿El error sería del presidente del Senado, en caso de que lo hubiera?

GA - Si hubo un error... Creo que, más que nada, lo que hubo fue una inadvertencia. Si el doctor Larrañaga, que vive de su sueldo público porque para ejercer cargos públicos hace 15 años que dejó de ejercer su profesión de abogado, hubiera pedido esta autorización, ¿alguno de sus pares se la hubiera negado? Yo estuvo presente en la sesión de despedida, y lo despidieron con todos los honores, legisladores de todos los partidos y del EP-FA entre ellos y en primer lugar.

EC - Claro, pero se cita el caso del senador Rafael Michelini, quien también renunció pero sin embargo se va a acoger al subsidio recién al término del período, a partir del 15 de febrero, si no resulta reelecto senador.

GA - No sé lo que hizo el senador Michelini. Lo que le digo es que el senador Larrañaga podría haber pedido licencia y seguir cobrando el sueldo íntegro, no el 85% que es lo que marca el subsidio. ¿Alguien le hubiera dicho algo si hubiera pedido licencia? Nadie. Y se hubiera perjudicado el erario público y se hubiera beneficiado el doctor Larrañaga. El doctor Larrañaga procedió correctamente porque, como no es un hombre de fortuna, tiene su familia, sus tres hijos, su esposa y debe mantenerlos, mientras aguarda a febrero en que vuelva a ser senador o a que el 1º de marzo sea el nuevo presidente de la República, y naturalmente dejará de cobrar el subsidio, se acogió a un instituto legal, de una ley que está vigente y que nunca fue declarada inconstitucional. En cuanto a lo que hace el senador Michelini, es cosa del senador Michelini; pero me sorprende mucho que diga que su partido le financia su período de inactividad política dándole $ 30.000 por mes. Yo, como nacionalista, digo que si algún candidato del Partido Nacional planteara eso en el partido, sería rechazado como un despropósito. Por otra parte, una actitud que estaría en flagrante contradicción con la carta orgánica del partido, que no autoriza a utilizar los dineros del partido para subvencionar la vida privada de los candidatos y de sus familias. Pero allá el señor Michelini si su partido se lo permite; eso no es motivo de crítica en ningún sentido al doctor Larrañaga que, reitero, es una persona honorable, todo el país lo sabe, y lo único que hizo es lo que han hecho otros tantos que es acogerse a un subsidio que está previsto por ley desde el año 1987 con el apoyo de todos los partidos que entonces estaban representados en el Parlamento.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón