Se denuncia que Uruguay no cuenta con equipos propios para medir los efluentes y que la Dinama se basa en información de la propia empresa.

El Gobierno de Cristina Fernández insistirá en las próximas horas en la revelación de supuestos "datos" que van en línea con las cifras alarmantes difundidas la semana pasada por el canciller Héctor Timerman sobre los efectos de la planta en el río Uruguay.

"Entre lunes y miércoles" el propio jerarca publicará el informe completo realizado por el Comité Científico binacional que trabaja en el ámbito de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Así lo dijo Timerman al diario "Tiempo Argentino", prometiendo datos definitivos sobre los resultados de las mediciones de contaminación que generan los líquidos y desechos vertidos por la empresa.

El canciller argentino insistirá con que el efluentes volcados al río tiene una temperatura de 32 grados, cuando no deberían superar los 20, y que los niveles de fósforo y cromo hallados en aguas del río Uruguay son 36 y 400 veces respectivamente mayores a lo permitido.

Parte del material que Timerman prometió revelar es un pedido de informes realizado por la delegación argentina ante CARU a fines de agosto, firmado por el embajador Hernán Orduna, procesado por administración fraudulenta en 2012.

La primera diferencia importante aparece con una resolución de la Dinama en la que se aprueba un proyecto de ingeniería de tratamiento de efluentes residuales industriales.

La representación argentina en la CARU se quejó, inicialmente, porque la contraparte uruguaya no le había enviado el proyecto completo que había sido aprobado sino apenas un "compendio".

Los contrapuntos siguen con la exigencia, por parte de la Argentina, de que la documentación respaldatoria sobre aquel proyecto esté firmada por un profesional responsable y competente en la materia de impacto ambiental.

La delegación encabezada por Orduna luego exige que se le informe el nombre y los antecedentes profesionales del especialista que dirigió la construcción de la planta de tratamiento de efluentes industriales de UPM. Uruguay va informando "a cuentagotas y por etapas."

La denuncia más fuerte es relativa a una consulta argentina sobre si los medidores de caudales de agua bruta y de los efluentes industriales volcados al río se realizan directamente con equipos propios de la DINAMA.

La delegación argentina sostiene que su contraparte uruguaya informó que los controles los hace directamente UPM, que a su vez los remite periódicamente al organismo.
Buenos Aires insistió con que se le informe sobre los controles de periodicidad y validación de datos. La respuesta uruguaya fue que la Dinama verifica los números recibidos haciendo balances de agua – midiendo la proporción de desechos por metro cúbico de agua -.

El organismo uruguayo agrega que es UPM la que cuenta con un "medidor continuo de caudal" para detectar efluentes, y que "retrasmite" los datos a la Dinama y a la propia CARU.

Los representantes argentinos ante la comisión ponen en duda esa verificación, y denuncian que Uruguay no está haciendo un chequeo temporal de los vertidos para comprar la dimensión de los efluentes a medida que pasa el tiempo.

Orduna advirte que eso es "imprescindible" para analizar un aumento de producción de UPM.

El pedido de informes señala también sobre los efectos contaminantes del relleno industrial –a base de residuos– que está levantando UPM.

Finalmente, en las últimas páginas de la nota externa (Nº 182/2013), la delegación ante la CARU denuncia no haber sido informada de la ampliación del "techo de producción" de la planta de celulosa a 1.111.250 toneladas.

La conclusión de la Argentina es que Montevideo "ignoró e infringió" el Estatuto del Río Uruguay firmado en 1975, su propia normativa interna, la sentencia de la Corte Internacional de La Haya, de abril de 2010, y los Acuerdos Presidenciales de Anchorena y Olivos, del mismo año

"Uruguay es responsable de la modificación unilateral de las condiciones de funcionamiento", condena el embajador.