Uruguay ajusta la respuesta que dará en las próximas horas al informe científico presentado por Argentina.

El presidente José Mujica dijo  tener la mejor "buena voluntad" con el vecino país pero aseguró que "siempre hay límites".

Las próximas horas serán definitorias para saber hacía dónde va a derivar la situación de conflicto entre Uruguay y Argentina tras la habilitación a la pastera UPM a incrementar el tope de su producción anual.

Entre lunes y martes el embajador uruguayo en Buenos Aires, Guillermo Pomi, sería citado al Palacio San Martín para hacerle entrega de una de protesta por el incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay, del fallo del Tribunal de La Haya de 2010 y de otras normativas acordadas por ambos países en el marco de la CARU.

Así lo indica el diario afín al kirchnerismo, "Tiempo Argentino", vocero no oficial del canciller Héctor Timerman.

La citación a Pomi es un requisito previo e indispensable para que Argentina inicie una nueva demanda ante el tribunal internacional.

Ese medio señala que se estarían diseñando alternativas para avanzar con ese trámite. Se espera el retorno de la consejera jurídica de Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti, para definir los pasos formales e incluso realizar una audiencia con la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.

Argentina evalúa si le entrega a Pomi una sola intimación o de lo contario dos notas formales de queja con dos contenidos específicos: una por la autorización unilateral en el cupo de celulosa y otra por la contaminación sobre las aguas que constató el informe de los dos especialistas argentinos del Comité Científico

El tema se instaló definitivamente en la política interna argentina. La oposición insiste en convocar a Timerman al Congreso para que explique la actuación del Gobierno.

La diputada Margarita Stolbizer señaló que el canciller habría incurrido en un delito penal, al no haber denunciado los daños que supuestamente produce UPM tanto en el medio ambiente como en la salud de los vecinos de Gualeguaychú.

Stolbizer, una de las principales referentes del Frente Progresista Cívico y Social, quiere que Timerman explique por qué, si existen sustancias contaminantes, el gobierno argentino se limitó a presentar denuncias ante la CARU en lugar de denunciar el acuerdo de 2010.

Advirtió que "Si efectivamente el canciller tenía información sobre los daños que la papelera produce a la salud y a la vida de las poblaciones vecinas, su conducta podría configurar un delito penal por la falta de denuncia en su condición de funcionario público".

Por otra parte, Stolbizer pide al Canciller debatir para explorar diferentes alternativas en la búsqueda de una solución del diferendo. Bien sea por la vía diplomática y la participación de las representaciones de los países de América Latina; o a través de la creación de una Comisión Especial Parlamentaria de ambos países, tomando como antecedente el trabajo realizado para resolver el conflicto sobre los Hielos Continentales con Chile.

A todo esto, el canciller Luis Almagro está retornando por estas horas de Japón, donde viajó días atrás en misión oficial. A su regreso, según pudo saber El Espectador, coordinará con los delegados uruguayos ante la CARU una respuesta oficial al informe ambiental presentado por Timerman el pasado miércoles.

Hasta el momento el gobierno no hizo valer los datos de sus representantes ante el Comité Científico Binacional, que fueron difundidos días atrás por el portal Uypress, que dirige Esteban Valenti.

Allí se señala que, mientras del lado uruguayo se respetan absolutamente todos los indicadores, en el río Gualeguaychú hay un total de 125 incumplimientos.