(Emitido a las 07.37)

EMILIANO COTELO:
Las autoridades de la Administración Nacional de Correos deben dar cumplimiento hoy a una orden emanada el viernes del Poder Ejecutivo. En una extensa resolución muy dura, por las acusaciones y señalamientos, en la que el presidente de la República, Jorge Batlle, y el ministro de Educación, Leonardo Guzmán, intimaron al directorio del Correo para que revoque decisiones que, según el gobierno, violaron la Constitución y la ley. Quienes las tomaron, dice la resolución, incurrieron en un exceso de poder.

El viernes último, el Poder Ejecutivo dio plazo perentorio a las autoridades del organismo para que vuelva a imperar la ley sobre las medidas ilegales. En una resolución que trasmitió el ministro Leonardo Guzmán al titular del organismo, Winston Elutchanz, se indica que hubo una "prolongación en el tiempo de ilegalidades que resultaron manifiestas" en los diálogos que ha mantenido Elutchanz con el Ministerio y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) "a lo largo de no menos de cinco meses".

El Poder Ejecutivo insta a las autoridades de la empresa postal a que adopten "una conducta que no vuelva a incurrir en demoras que se transformen en omisiones", y que "frente a la ilegalidad no es optativo de ningún jerarca proceder o no: está obligado por el carácter imperativo de la norma jurídica".

Entre las medidas, el Poder Ejecutivo establece que un plantel de 52 gerentes constituye una "transgresión a los criterios de recta administración" y ordena la rescisión inmediata de los contratos innecesarios y "el cese de sus beneficiarios". También intima a reducir los becarios a un máximo de 260, y ordena eliminar los contratos que excedan ese límite "por haberlos suscrito la ANC a partir de actos administrativos contrarios a Derecho, con desviación y exceso de poder"; a quitar privilegios a funcionarios que están sumariados y a indagar e informar al ministro las razones por las cuales algunas sanciones fueron "demasiado condescendientes".

***

Estamos en comunicación con el subsecretario de Educación y Cultura, doctor Daniel Bervejillo. El ministro Guzmán, quien deja el cargo mañana, prefiere no realizar comentarios por ahora, y se está a la espera de lo que resuelva el Correo. ¿Tienen ya alguna reacción por parte del Correo, serán aceptadas las órdenes que le imparte el Poder Ejecutivo?

DANIEL BERVEJILLO:
Estuvimos conversando el viernes último con miembros del Directorio del Correo y tenemos entendido que estaban trabajando justamente en la corrección de los errores que habían sido señalados.

EC - El plazo vence hoy.

DB - Es verdad.

EC - Porque la resolución del Ministerio empieza diciendo:

"En Acuerdo con el señor Presidente de la República, con arreglo a lo dispuesto en el art. 197 de la Constitución en el día de hoy se dispuso:
 
"1. observar a todos los efectos constitucionales, los actos, omisiones y situaciones que se indicará;

"2. fijar un plazo de 24 horas hábiles para que el Directorio adopte las resoluciones correctivas que deberán acatar lo observado;

"3. anunciar que en caso de desatenderse las observaciones, el Poder Ejecutivo hará uso de las facultades que le confiere el segundo inciso del artículo constitucional citado".

¿Al amparo de qué normas el Poder Ejecutivo interviene de esta forma en el Correo?

DB - Los citados en la resolución son los artículos 197 y 198 de la Constitución, que son los que permiten al Poder Ejecutivo ejercer facultades de contralor sobre los directores generales o directorios de los servicios descentralizados. En particular, el artículo 197 de la Constitución establece que el PE podrá observar los actos o la gestión de los directorios de los servicios descentralizados y, en caso de ser desatendidas estas observaciones, podrá revocarlas el propio PE y eventualmente, si fuera del caso, denunciar tal situación a la Cámara de Senadores.

EC - El texto de la resolución es muy drástico, poco frecuente por su dureza. ¿Por qué ahora; no es un poco tarde, no hace demasiado tiempo que estaban sobre la mesa este tipo de cuestiones que ahora se insta a solucionar?

DB - Hace un tiempo, sí; efectivamente. Hay cosas que no pueden llegar normalmente a oídos del Poder Ejecutivo, y han llegado a raíz de las denuncias públicas que se hicieron. De otras, de gestión, sí estaba enterado el PE y ha instado al Directorio de la ANC a que las corrigiera. Lo que hizo el PE fue esperar a que el Directorio hiciera esas correcciones y, en vista de que no las hizo, utilizó este mecanismo.

EC - ¿Algún ejemplo de este último tipo?

DB - El tema de los becarios, que ya se había comentado varias veces. Había necesidad de ceñirse al número que el propio PE y la ANC se habían fijado en su momento y que estaba largamente excedido.

EC - Es el numeral 2 del detalle de observaciones: "Hasta la fecha, se mantiene excedido el número de 260 contratos de beca que autorizó el art. 14 del Decreto 424/001, que estableció el presupuesto vigente en la ANC. Corresponde la resolución de los contratos que exceden el límite, por haberlos suscrito la ANC a partir de actos administrativos contrarios a Derecho, con desviación y exceso de poder".

¿Estamos hablando de un decreto del año 2001?

DB - Sí; es el último presupuesto aprobado para la ANC.

EC - O sea que el Correo lleva tres años excediéndose respecto al número de 260 contratos de beca autorizados.

DB - No podemos decir eso. Lo que podemos decir es que hoy está excedido. No estoy seguro de que se haya excedido ese número ya desde el año 2001 o desde el año 2002. Lo que puedo afirmar es que hoy está excedido.

EC - ¿Cuál es la cantidad de contratos de beca hoy?

DB - Según la Auditoría Interna de la Nación, hoy estamos en 299 contratos de beca.

EC - O sea que sobran 39.

DB - Exacto.

EC - Pero, por otro lado y con respecto al mismo tema de las becas, en el numeral 1 de las observaciones se dice: "Hasta la fecha, ese Directorio mantiene múltiples becas posteriores a enero de 2001, en transgresión del límite de dos años que les estableció el art. 623 de la ley 17.296. Corresponde tener a esos contratos por descaecidos de pleno Derecho".

¿Cuántas son esas becas largamente vencidas?

DB - No tenemos el número; la Auditoría pone el número de contratos que están excedidos de ese término. Pero suponemos que, al bajar a 260, se van a corregir las dos situaciones.

EC - Usted sabe que no sólo en la ANC se mantiene becarios más allá del plazo legal vigente. Este ha sido un tema de discusión hace poco tiempo a raíz de un proyecto de ley que se debatió en el Parlamento para regularizar la situación de becarios y pasantes.

DB - Sí; pero al respecto deberíamos hacer una pequeña precisión. La ley 17.296 de enero de 2001 es recién la que fija el plazo de dos años para las becas. Hasta esa ley los contratos de beca no tenían otro plazo que aquel que hubiera sido estipulado al principio de la relación con la administración. De manera que, cuando se dice que el Correo deberá bajar los contratos que excedan de dos años, se refiere a aquellos posteriores a enero de 2001. En la administración hay muchos becarios que ingresaron antes de enero de 2001, y la ley 17.296 es muy clara en cuanto a que impone el plazos de dos años de vigencia a las contrataciones que sean realizadas a partir de la ley, y no a las anteriores.

EC - Entiendo; de todos modos me parece correcto y razonable que se imponga al Correo esta obligación. Mi pregunta iba por el lado de si se va a hacer lo mismo con las otras dependencias, porque esto no pasa sólo en el Correo.

DB - Naturalmente. Dentro del inciso 11, Ministerio de Educación, tenemos especial cuidado de que no ocurra eso y podemos afirmar que sólo tenemos contratados con posterioridad al año 2001 en el Instituto Clemente Estable, que son alrededor de 15 o 16 becarios, y que al cabo de los dos años se retiran de la administración y se llama a nuevos becarios para ocupar esos cargos.

EC - ¿Usted sabe que exista una decisión del Poder Ejecutivo de apretar las tuercas en esta materia en todo el Estado?

DB - Claro, naturalmente. Lo ha dicho en reiteradas oportunidades el economista [Pedro] Aramendía, del Cepre [Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado], y también la Oficina Nacional del Servicio Civil.

EC - No: el economista Aramendía lo ha denunciado, pero no tenía tan claro que se estuviera intimando al cumplimiento de los plazos establecidos en la ley.

DB - No; intimado a la administración, no. Sí los ha comentado. Pero usted me preguntó si es voluntad del Poder Ejecutivo y sí es voluntad del PE el control de esto.

EC - Hay más disposiciones en esta resolución del viernes, en este caso en relación a los gerentes: "Hasta la fecha, se mantienen Gerentes contratados que se superponen con la plantilla regular, lo cual implica transgresión no sólo de los criterios de recta administración sino de la norma constitucional que impone el dominio de la función sobre el interés de los funcionarios, sin distinguir entre los que son permanentes y los que son transitorios. Corresponde disponer la rescisión de los contratos innecesarios y el cese de sus beneficiarios. Se deberá comunicar al Ministerio la nómina total de Gerentes -de carrera o contratados- que hayan de permanecer después de adoptado el acto que mande rescindir, describiendo las funciones y áreas de gestión de cada uno. El Ministerio, a través de sus servicios propios y los de las dependencias de la Presidencia de la República -Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina Nacional del Servicio Civil- colaborará para la reestructura".

Este fue uno de los puntos que más dio que hablar respecto al Correo: la cantidad incomprensible de gerentes, 52.

DB - Son 52 gerentes, pero tenemos claro que no todos son de la misma jerarquía. Acá se está llamando "gerentes" a funciones de diferente contenido, de diferente alcance; digamos que tendrán su paralelo en directores de división, directores de departamento, jefes de sección, jefes de sector, pero todos en el Correo se llaman gerentes. Hay funcionarios que están con el cargo correspondiente a esa gerencia y realizando tareas distintas, mientras que se ha contratado gente de fuera del Correo para realizar las tareas del titular. De modo que lo que pide el PE es que se regularice esa situación, que se prescinda de quienes están duplicados en la administración, y luego que ocurra eso, en conversación o en acuerdo con la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se determine exactamente cuál es el número de gerentes ideal para el servicio.

EC - Con este tipo de medidas que se impone desde el Ministerio de Educación y Cultura (y esto mencionando sólo algunas, porque hay un capítulo especial dedicado a esta empresa Señal Delta Seguridad, cuyo contrato transgrede los artículos 33 y concordantes del Tocaf, etcétera), a partir de esta serie de disposiciones, ¿en qué medida se combate el problema de fondo que tiene el Correo? ¿O estamos sólo ante soluciones a las ilegalidades más flagrantes?

DB - Las cuestiones de fondo deberán ser resueltas en una profunda reestructura del servicio, y ...

EC - Cuando me refiero al tema de fondo hablo del déficit permanente, o hasta creciente, de la inviabilidad del Correo como empresa.

DB - Naturalmente, pero para eso es necesario hacer una reestructura profunda del servicio, reducir ese número de 1.700 funcionarios que hoy tiene a un número razonable, y primero que nada evitar estas irregularidades que son las más fáciles de solucionar. Naturalmente no hacen al tema de fondo pero ayudan a ello y dan respuesta a una serie de denuncias que la gente tiene derecho a saber cómo terminan.

EC - En cuanto a los jerarcas que tomaron todas estas decisiones que el PE cuestiona, ¿qué tipo de acciones se van a emprender?

DB - Veremos, pero quizá sea bueno precisar que no es esta administración la que ha tomado la mayoría de las decisiones. De cualquier manera...

EC - Cuando usted dice "no es esta administración", se refiere a los directores que asumieron este año, después de la renovación que se produjo por las renuncias de quienes se iban a dedicar a la campaña electoral.

DB - Exacto. La mayoría de las situaciones cuya corrección se pide son anteriores al momento en que esta administración asumió sus funciones, en enero de este año.

EC - ¿Entonces?

DB - Veremos cuál es la actitud que tomaremos en el futuro respecto de los responsables.

EC - Pero ¿cuáles pueden ser esas acciones? Porque llama la atención que, en general, ese tipo de determinaciones después no aparecen.

DB - Bueno...

EC - Ustedes están señalando que buena parte de estas medidas que tienen que tomar ahora se deben a que se actuó en base a ilegalidades. No es menor lo que está en juego.

DB - Es cierto, pero también recordemos que el artículo 197 invocado para actuar el PE permite observar actos y gestión del Directorio; no permite retrotraerse al pasado, ¿verdad? No es una facultad que se le dé para censurar gestiones anteriores. Lo que se puede hacer es observar y rectificar la gestión presente, que es lo que el PE va a realizar.

EC - Pero -pienso, no sé, por decir algo- ¿no puede presentarse denuncias penales, algo de ese estilo, respecto a los jerarcas anteriores?

DB - Si efectivamente las actuaciones tuvieran apariencia de carácter delictivo, como todo funcionario público, estamos obligados a hacer la denuncia, naturalmente.

***

EC - A propósito de lo que preguntábamos al final al doctor Bervejillo, hubo este fin de semana repercusiones dentro del Partido Colorado.

JOEL ROSENBERG:
Claro: el doctor Ope Pasquet quiere que el Partido Colorado analice este tema. Ahora que integra el Comité Ejecutivo Nacional del partido, tiene más posibilidades de hacerlo.

Aquí hay una figura que se ha ocultado de los medios durante todo este tiempo que es el ex presidente del Directorio del Correo, Diego Martínez. Algunos de sus más íntimos colaboradores han sido acusados directamente, y algunas de las ilegalidades señaladas por el Ministerio de Educación fueron dispuestas directamente por Diego Martínez. Seguramente, Pasquet quiere escuchar a Martínez, quien a su vez dijo que quiere que el Partido Colorado analice su gestión. Insinúa una acusación contra sus ex compañeros del Directorio, el colorado Gustavo Osta y el nacionalista Esteban Jardín, afirmando que él quedó en minoría en varias oportunidades, o sea que las resoluciones adoptadas cuando él era presidente y cuestionadas ahora no serían suyas sino de los otros.

EC - Está vinculado a varios de estos cuestionamientos. Por ejemplo, la resolución indica que la contratación de la empresa de seguridad Señal Delta, de Dogomar Morosini -un dirigente colorado que integró las listas de Diego Martínez, fue realizada en forma directa en transgresión del Tocaf.

También se señala en esta resolución, respecto al gerente José Luis Sánchez, otro dirigente del grupo político de Diego Martínez, que era chofer en el Codicen, de donde pasó al Correo en comisión (y ya no como chofer, sino como gerente): "Corresponde disponer su regreso a la oficina de origen, hacerle cesar el teléfono celular y accionar a efectos de recuperar lo que por ese servicio se abonó durante el tiempo que estuvo sin cumplir funciones en el Correo. Asimismo, corresponde que se disponga desde ya que dentro de no más de seis días hábiles informe la Asesoría Letrada de ese Directorio en qué se fundó la disposición de someterlo a sumario sin concurrencia a trabajar pero sin retención del medio sueldo, lo que primariamente parece transgredir el art. 187 del Decreto 500/91 y puede generar responsabilidades".

JR - Muchas cosas por averiguar, todavía.

EC - Más allá de lo que pueda investigarse a nivel de la Justicia, lo que Ope Pasquet propone es la conducta de estos ex directores del Correo sea examinada desde el punto de vista ético por el Partido Colorado.

JR - Pasquet ha invocado la ética y la transparencia desde el comienzo de su postulación en las elecciones internas, y a eso va.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón