Entrevistas

Carlos Moreira (PN): Con el tema Pluna "el Gobierno está en la cola de los acreedores, ha perdido privilegios" y "tendrá que negociar"

Carlos Moreira (PN): Con el tema Pluna "el Gobierno está en la cola de los acreedores, ha perdido privilegios" y "tendrá que negociar"

El Partido Nacional interpelará a los ministros Fernando Lorenzo y Enrique Pintado, a los que exigirá respuestas por el fracaso de la salida que diseñaron tras el cierre de Pluna SA. El Gobierno debe definir una estrategia luego que el fallo de la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional la ley que creó que fideicomiso. Para conocer más sobre este llamado a sala, En Perspectiva dialogó con el senador nacionalista Carlos Moreira, quien resaltó la independencia de poderes al manifestar que la SCJ no se ha dejado presionar por el Poder Ejecutivo. Además aseguró que "no tienen por qué sentirse sorprendidos por el fallo (...) era una posibilidad y un riesgo que asumieron". Con respecto a la situación de los aviones, Moreira dijo que si bien quedan saneados, "obliga al Estado a hacer un desembolso", por lo que considera que lo mejor sería que "el Gobierno envié una ley (...) para agilizar el trámite de disposición final de los aviones".


(emitido a las 7.48 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El Partido Nacional confirmó ayer que interpelará a los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, y de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, a quienes exigirá respuestas por el fracaso de la salida que diseñaron tras el cierre de Pluna SA.

Al Gobierno, en especial a los sectores vinculados al vicepresidente Danilo Astori, se les abre un nuevo frente de cuestionamiento, mientras debe definirse de urgencia una estrategia luego de que el fallo de inconstitucionalidad de la Supremas Corte de Justicia (SCJ) echara por tierra la ley que creó el fideicomiso y que buscaba generar un régimen especial para la liquidación de Pluna SA, al margen de la ley de concursos. Lorenzo y Pintado estuvieron directamente vinculados a este proceso y los nacionalistas, igual que el Partido Colorado que apoya el llamado a sala, consideran que deben asumir su responsabilidad política.

Vamos a conversar con el senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, que tendrá nuevamente a su cargo un llamado a sala a los ministros de Economía y Transporte.

Senador Moreira, buen día, gracias por acompañarnos, ¿cómo está?

CARLOS MOREIRA:
Buen día. Bien, bárbaro.

EC – ¿Bárbaro?

CM – Es un decir, en este momento estaba releyendo la magnífica sentencia de la SCJ. Hay hasta frases de Artigas en el Congreso de abril [de 1813]. Y además lo magnífico es la señal que manda a todo el mundo.

EC – ¿Cuál es esa señal?

CM – Que el Estado de derecho está plenamente vigente y que no se deja presionar por el Poder Ejecutivo, la independencia de los poderes, que es la base de nuestra democracia en nuestro sistema republicano.

EC – ¿Usted entiende que existieron presiones del Poder Ejecutivo sobre la SCJ en este caso?

CM – Sí, claro. Un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas el día martes donde daba todos los argumentos que luego el doctor [Ricardo] Olivera García expuso en el informe in voce del día después.

A la SCJ la han intentado presionar de mil maneras, fíjese todas las cosas que han pasado -no digo por parte del Gobierno, pero por algunas organizaciones- que han determinado que tenga que vivir con un vallado permanente y medidas especiales de seguridad, y el procesamiento de varias personas por aquella asonada cuando el traslado de la jueza [Mariana] Mota. La SCJ ha tenido una independencia de criterio, una firmeza, y además con argumentos absolutamente sólidos, que a mí me hacen sentir muy orgulloso de estar en este sistema democrático.

ROMINA ANDRIOLI:
Yendo a los acontecimientos de estas últimas horas, ¿a qué se debe esta nueva convocatoria a sala a los ministros Lorenzo y Pintado?, ¿qué busca concretamente con su comparecencia?

CM – Hay muchas cosas que tendrán que explicar. Yo dije desde el principio que entendía que los ministros debían renunciar porque han fracasado rotundamente en esta ingeniería de salida que han diseñado para Pluna SA, y que comenzó con el cierre de la compañía en julio del año pasado. Desde entonces hemos presenciado fracasos sucesivos y rotundos, además de erogaciones de todo orden y naturaleza que comprometen la responsabilidad política de los ministros. Van a tener que explicar cuánto ha costado este proceso, no digo desde el 2007, porque eso ya es largo de enumerar y las cifras son enormes, pero por lo menos desde julio del año pasado hasta hoy. Ese proceso empezó con el dictado de la ley 18.931, todos sus decretos reglamentarios, la ley posterior, usted recordará aquella truculenta subasta y la puesta en escena lamentable. Y que culmina con la  constitución de una cooperativa de trabajadores que con una enorme esperanza creía que iba a poder hacer actividades y ahora volvemos al principio, como si no se hubieran dictado las leyes.

Todavía no he sentido ni una voz que diga algo al respecto del costo de todo eso, qué piensan hacer con esta cooperativa de trabajadores, no ha habido explicaciones por lo menos hasta el momento, aparentemente el ministro Lorenzo hizo algunas declaraciones al diario La República, yo no las he podido leer. Y el tema del aval del Banco República, también vamos a invitar a su presidente, que en la última interpelación no se hizo presente, para que nos explique el tema del denominado aval perfecto, que se cobra. Ahora parece que no solo no se cobra sino que lo que se cobró hay que devolverlo, ahí hay una enorme responsabilidad también.

EC – Usted hablaba de las responsabilidades políticas, es más, usted entiende que deben renunciar tanto Lorenzo como Pintado. Hoy, lo leíamos más temprano, en el diario La República se publica una entrevista a Lorenzo donde él sostiene: "Asumo plenamente las responsabilidades por todo este proceso". Hay una pregunta más sobre si él hace autocrítica a propósito de lo ocurrido y sobre ese punto enfatiza: "Por supuesto (...) no tengo ningún reparo en hacerlo, creo que es lo que debemos hacer los gobernantes, reconocer cuando nos equivocamos".

CM – Pero, ¿a quién le alcanza con eso? lo mismo dijo el vicepresidentes Astori cuando afirmó "Me equivoqué" con el tema de la garantía del Scotia Bank que le va a terminar costando a los uruguayos 140 millones de dólares como mínimo. ¿Basta decir "me equivoqué?, ¿esa es la asunción de responsabilidades, una especie de auto resignación o de confesión? Ahí la responsabilidad se ejerce diciendo "me voy, fracasé, me equivoqué, me asesoré mal, elegí el camino equivocado".

EC – También hay una pregunta sobre la posibilidad de renuncia y contesta: "El señor presidente tiene mi renuncia sobre la mesa desde el primer día en que asumí el cargo de ministro de Economía y Finanzas. Mi alejamiento o mi permanencia en funciones depende, antes que todo, de la opinión del presidente".

CM – Perdóneme, eso es una frase, el que quiere renunciar lo hace y se va, dice "fracasé, renuncio". En el pasado de este país se dio muchas veces con ministros, que son designados por el presidente, son de confianza, pero también tienen la discrecionalidad de decir "cuando hice las cosas mal, me voy". Porque además están manejando dineros públicos.

EC – Después agrega: "Lo que no puede ocurrir es que el recurso a la renuncia se convierta en una forma de incumplir con las obligaciones o como una excusa para no dar las explicaciones que corresponden. Y mucho menos que, ante esta nueva situación, luego del fallo, yo me repliegue ante mis obligaciones con el gobierno y con mis compañeros del Gobierno".

CM – Yo ahí discrepo con el ministro de Economía y Finanzas. No ha sido esa práctica, en otros tiempos, o sino el relevamiento por parte del presidente. No sé qué salida le van a buscar, porque no habla de ninguna salida por el momento, hace seis días que falló la SCJ y esto lo podrían haber previsto, porque si tenían excepciones de inconstitucionalidad me imagino que estaba dentro de lo previsible. Vale decir que no tienen por qué sentirse sorprendidos por el fallo de la SCJ, era una posibilidad y un riesgo que asumieron, y lo tenían que tener previsto.

EC – Supongo que por detrás de estas afirmaciones del ministro puede estar el hecho de que, como han sostenido distintos voceros del Frente Líber Seregni, si bien Lorenzo y Pintado fueron las caras visibles de este proceso, todo el Gobierno que estaba involucrado y en particular había indicaciones del presidente Mujica en esa dirección. Quizás por eso Lorenzo dice si el presidente entiende que debo renunciar, renunciaré.

CM – Bueno, no sé qué entenderá el presidente. Yo creo que hay una responsabilidad política evidente, o renuncia o tendría que ser relevado, seguir manejando este tema con estos titulares en el Poder Ejecutivo no me parece. Pero, está bien, tienen mayoría absoluta, el presidente por supuesto tiene la facultad de relevarlos o dejarlos, eso es discrecional; nosotros entendemos que han fracasado rotundamente. Lo más lamentable es que ese fracaso le ha causado daño a muchísima gente: trabajadores, acreedores, el propio prestigio del país se ha comprometido porque hay gente dolorida, hay acreedores por todos lados (en Argentina, en Brasil, en Chile, en Paraguay) esto ha causado muchos pesares a mucha gente.

RA – Yendo a la situación que está planteada luego de que se conoció el fallo, ¿cuál entiende usted que es el camino que debe tomar ahora el Gobierno?

CM – Es muy difícil decirlo, yo no sé qué compromiso tiene el Gobierno con los trabajadores de Alas-U, cuál será su intención. Le toca jugar al Gobierno ahora, es una situación muy difícil, lo cierto es que los aviones van a volver a la masa, quizás lo mejor sería que el Gobierno enviara una ley, por lo menos derogando la 18.931, para agilizar el trámite de disposición final de los aviones.

EC – Da la impresión de que eso es lo que se va a hacer. Lorenzo en la entrevista dice: "habiendo escuchado que el síndico va a hacer un planteo de inconstitucionalidad", porque vio que el síndico quiere que todos los acreedores queden en la misma situación que los que presentaron recursos.

CM – Eso va a demorar dos o tres meses.

EC – Ahí está, entonces dice que teniendo en cuenta que el síndico va a presentar un planteo de inconstitucionalidad general: "es nuestra intención allanarnos al planteo, de manera que no haya necesidad de que el asunto sea objeto de ninguna clase de controversia ni contratiempo".

CM – Eso me parece correcto. Nosotros analizamos esa posibilidad la en la reunión de bancada del Partido Nacional, pero como después no nos votan si lo presentamos nosotros, ya sabemos que acá la mayoría absoluta juega como desea, y es legítimo que lo haga; muchísimas veces se equivoca. Pero sería buena cosa, porque por lo menos dejaríamos laudado ese tema, volveríamos al estado original, los aviones irían a la masa y se dispondría de ellos, no sé, el Gobierno tendrá que poner plata para comprarlos ahora. Los va a terminar comprando dos veces, va a salir un poco más caro, pero quizás tengan la intención política de hacerlo, va a haber que analizarlo, pero hasta ahora no han dado señales en esta materia, salvo el proyecto derogatorio que sería bueno porque agilizaría los trámites y no perderíamos tanto tiempo.

RA – ¿Por qué dice que el Gobierno tendría que comprar dos veces los aviones?

CM – Porque si va al concurso, esos bienes son patrimonio de todos los acreedores que se pueden cobrar la prorrata de sus créditos en el orden de prelación que establece la ley de concurso. El Gobierno está en la cola de los acreedores, se puso en la cola de los quirografarios, ha perdido sus privilegios, de modo que va a tener que negociar. Usted recordará que los tres aviones se habían tasado en 47 millones de dólares en la venta con Alas-U, se iban a empezar a pagar dentro de tres años. Ahora tendrá que llegar a un acuerdo con los acreedores, ahí no me aventuro a decir cuál será el precio, pero va a tener que poner.

EC – ¿Usted qué piensa a propósito del proyecto Alas-U? es una de sus dudas, qué pasa con ese proyecto en este nuevo escenario. ¿Para usted hay que apoyar ese proyecto?

CM – Y bueno, habría que verlo, yo no lo he estudiado en profundidad. Es distinto a cuando el Estado, ley inconstitucional mediante, seguía teniendo privilegios sobre los aviones y estaba apropiado del fideicomiso de los aviones; ahí no tenía que poner plata, ahora tendrá que poner seguramente. Si asume una nueva carga económica, sumaría más pérdidas también, pero es una decisión política.

EC – Pero en el fondo, ¿a usted le parece que hay que hacer el intento de una empresa gestionada por los trabajadores, que el Estado debería involucrarse, como de hecho se ha involucrado?

CM – En este caso la dificultad es mayor porque hay que poner dinero, en el caso anterior no. Pero estaba todo basado en una ley inconstitucional, habría que ver el valor y el proyecto, yo no me animo a darle una respuesta categórica ahora. Además como yo no tengo ningún poder decisorio en esa materia, ni nunca nadie nos ha consultado sobre eso, es muy difícil opinar.

EC – Está la pregunta de si es un proyecto viable, suponiendo que no sea 100%, quizás vale la pena que el Estado lo subsidie en aras de determinado tipo de conectividad.

CM – Las negociaciones y las características del proyecto se han mantenido en un plano de reserva absoluta. Yo no conozco el proyecto económico y es muy difícil opinar sobre un proyecto que uno no conoce. Una vez recibimos a los trabajadores, pero hace ya mucho tiempo, nos expusieron su proyecto a grandes rasgos. Pero no sé, seguramente avanzaron sobre eso, pero si yo no conozco los detalles no le puedo dar una respuesta seria sobre ese tema.

RA – Con el fallo que se conoció de la SCJ, ¿cuál es su visión respecto a cómo queda el proyecto de Alas-U? ¿Coincide con los especialistas que entienden que esto beneficiaría de alguna forma a Alas-U porque los deja de alguna forma "limpios" de reclamos que puedan surgir afuera del país, por ejemplo?

CM – Los deja limpios pero hay que poner más plata, limpios en el sentido de que sanea la futura propiedad de los aviones al pasar por el procedimiento concursal, todos los acreedores tienen posibilidad de cobrar en pie de igualdad o en el orden de prelación del concurso. Pero también lo deja más limpio al Gobierno, que ahora va a tener que poner para quedarse con los aviones, no hay duda, los aviones tienen un valor económico y son patrimonio o garantía común de los acreedores. La situación los deja saneados, pero obliga al Estado a hacer un desembolso.

EC – En la entrevista de hoy en el diario La República de algún modo Lorenzo adelanta respuestas a las objeciones que seguramente la oposición va a hacer en el llamado a sala, porque le consultan sobre el hecho de que la oposición ha reiterado aquello de "se lo advertimos" y en determinado momento de la respuesta, que es larga, dice: "Obsérvese que se pretendía que la empresa siguiera en actividad, que los acreedores continuaran cobrando y que al Estado no le costara un peso. Simplemente esto no era posible. La empresa estaba en quiebra y lo que el Gobierno se propuso hacer fue lidiar de la manera menos costosa posible con las consecuencias del concurso".

CM – Yo creo que no es verdad. Lo que quiso fue salvar esos siete aviones que era lo único que quedaba y por la garantía con el Scotia Banck, una cruz que llevan clavada desde que Danilo Astori, vicepresidente de la República, y Víctor Rossi tuvieron la idea de que el Estado se constituyera en garante por el 100% del precio de los aviones. Eso es lo que siempre está presente en toda la toma de decisiones: el error del principio, la garantía con el Scotia Bank que le va a terminar costando al Estado 140 millones de dólares, y que me lo discuta el ministro Lorenzo. Vienen arrastrando cargas enormes, esa era una de ellas, la única forma era que el Estado se cobrara con los aviones porque era garantía del precio de compra.

También en un régimen concursal se puede continuar con las actividades de una compañía, está previsto, se podía continuar volando y negociar con los acreedores. Yo soy un abogado veterano, he tenido unos cuantos concordatos en mi vida y cuando uno está en esas situaciones negocia, eso se puede hacer perfectamente, porque el concurso no tiene por qué ser de liquidación si se pueden continuar las actividades. Pero eso nunca se intentó. Son decisiones, yo creo que fue un error.

EC – ¿Cuándo se supone que ocurrirá el llamado a sala?

CM – El senador Gallinal, el coordinador de la bancada, es quien va a hacer los contactos con el Partido Colorado, con el cual ya hemos tenido alguna conversación informal, y con el vicepresidente de la República y el representante del Partido Colorado en la coordinación. Ahí se verá la fecha, después los ministros la fijarán. Además tenemos una interpelación el jueves, y el ministro de Industria viene en régimen de comisión general el 27. La agenda está bastante cargada, pero lo antes posible, porque me parece que acá más que nunca son necesarias explicaciones sobre estos temas.

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Foto: Archivo