Luego de su vuelta a la actividad tras el receso por la intervención quirúrgica a la que se sometió, Cristina Fernández procesó significativos cambios en las más altas esferas de su Gobierno. Uno de los más importantes fue la designación del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, como nuevo Jefe de Gabinete.
 
Para Uruguay esto representó más que un cambio de nombre, dijeron a El Espectador fuentes vinculadas las negociaciones comerciales entre ambos países, que afirmaron haber percibido un "pequeño afloje" en lo que fue hasta ahora un rígida postura de Buenos Aires en cuanto a las medidas dispuestas en el marco de su política económica, y que afectan directamente a Uruguay.
 
Se señala que hay un "alivio en la tensión, que hay que saber aprovechar", en particular para lograr una salida la prohibición – vigente desde el 7 de noviembre – de que las cargas de exportación argentinas sean reembarcadas puertos uruguayos.
 
En concreto la resolución – tomada por la Subsecretaría de Transporte Marítimo del gobierno de Fernández, mientras la mandataria estaba en reposo – implica que las exportaciones argentinas solo pueden transbordarse en  puertos argentinos o de países del Mercosur que hayan suscrito el "Acuerdo Multilateral de Transporte Marítimo". Esta medida impacta directamente en Uruguay, que es único país que no lo firmó por considerarlo perjudicial sobre sus intereses, en particular la condición de Montevideo de "puerto hub" de la región.
 
El impacto calculado de esta medida sería la pérdida del 50% de la carga que transborda Montevideo, lo que representa un mínimo de 67 millones de dólares anuales más los efectos derivados de esta baja de actividad.
 
Más allá de que la medida fue leída como una respuesta de Argentina a la autorización concedida a UPM para incrementar su tope de producción, a Uruguay le urge encontrar una solución y esta voluntad de diálogo mostrada en los últimos días desde el vecino país es vista como una gran oportunidad.
 
Más allá de lo que son las negociaciones técnicas en el Mercosur, la posible solución pasa más a nivel político, con contactos entre jerarcas de ambos países, según confirmó El Espectador.
 
Lo que se negocia es una salida cuya lectura no pueda interpretarse como que alguno de los dos países "perdió". En ese sentido Argentina busca que Uruguay se sume al Acuerdo Multilateral, y aquí se busca que ese acuerdo exceptúe el trasbordo de cargas internacionales desde o hacia terceros países, la base de la operativa del puerto de Montevideo.
 
El único escollo que puede haber es que el gobierno de CFK vincule este tema con la autorización concedida a UPM, para no aparecer justamente como "perdedor" al eventualmente ceder a los reclamos uruguayos.
 
La semana pasada hubo una nueva reunión del Subgrupo de Trabajo 5 de Transporte Marítimo del Mercosur, que sesiona en la ciudad de Caracas, en donde Uruguay presentó a mediados de este mes una queja formal por la medida argentina, en una reunión en la que el vecino país estuvo ausente.
 
Fuentes oficiales afirmaron a El Espectador que en esta oportunidad hubo voluntad, por lo menos de manera informal, de revisar el Acuerdo Multilateral de Cargas y eventualmente discutir una nueva redacción para que Uruguay y Venezuela – como país recientemente incorporado – lo ratifiquen.