Argentina está incurriendo actualmente en algo que en forma sistemática y desde por lo menos 2005, cuando Botnia anunció su instalación, acusa a Uruguay: la violación del Estatuto del Río Uruguay al no aportar información sobre obras o proyectos que puedan afectar a este curso fluvial.

Se trata de dos emprendimientos hidroeléctricos de dimensiones considerables, que el vecino país llevará adelante en conjunto con Brasil: la represa de Garabí, que se ubicará entre la Provincia de Corrientes y el Estadio de Rio Grande do Sul, y Panambí, sobre la Provincia de Misiones.

Estos proyectos estarán destinados a generar energía hidroeléctrica para los dos países. El costo estimado es de 2400 millones de dólares en promedio cada una y tendrán capacidad para producir, según las previsiones, 5475 GWh/año. Ocuparán cada una una superficie aproximada de 33.000 hectáreas.

¿Por qué Argentina debe informar a Uruguay de un emprendimiento como éste, que se hace con otro país? Porque estará ubicado sobre el río Uruguay, y como marca el Estatuto firmado en 1973 entre ambas naciones, cualquier proyecto similar deberá ser notificado ante la Comisión Administradora del Río Uruguay.

Según confirmó  El Espectador, al día de hoy están en curso por parte de Argentina y Brasil los estudios técnicos y de impacto ambiental para la construcción de las dos represas, pero Buenos Aires no ha desarrollo el proceso de información y notificación a la CARU. Esto quiere decir que no cumplió con los pasos formales en relación a los términos de referencia de los estudios señalados y que ya están adjudicados. Tampoco aportó la información justificatoria y determinante de la ubicación de las dos represas para que el organismo binacional pueda realizar todos sus aportes, consideraciones, críticas y revisiones que estime correspondientes, antes que las obras estén avanzadas y pueda haber ya efectos técnicos, económicos o ambientales indeseados.

Esto cobra relevancia ya que Argentina denunció en su momento a Uruguay ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por, precisamente, "no haber aportado información" sobre las obras de la pastera UPM – en ese entonces Botnia – en un conflicto que sigue hasta hoy.

Al no haber aportado información, Argentina está violando el Estatuto del Río Uruguay y otras disposiciones vigentes del derecho constitucional y ambiental, incluso el artículo 41 de su propia Constitución, que establece que "todos sus habitantes deben gozar de un ambiente sano".

Según informaron fuentes de la CARU, en un análisis que se realizó hace pocos días en ese organismo pero que no figura en actas, la delegación argentina admitió que, efectivamente, los proyectos Garabí y Panambí deben pasar por allí.

Lo concreto que es Uruguay está habilitado a opinar, hacer recomendaciones y eventualmente reclamar mayor información sobre estas obras o establecer reparos pero, al tratarse de un proyecto binacional entre Argentina y Brasil, no puede vetarlo.

De todas formas contar con información es de suma importancia ya que, por la dimensión de las dos represas, un resultado no deseado de los embalses puede ser un completo cambio en el curso de las aguas del río Uruguay, y una complicación enorme para el caudal de Salto Grande.

Organizaciones ecologistas argentinas, brasileñas uruguayas vienen desarrollando desde hace algún tiempo una campaña de firmas para impedir la construcción de estas dos represas, asegurando que provocarán daños irreparables.

Señalan justamente que se alterará el cauce normal del río, inundando, afectando y desplazando a varios miles de personas de sus comunidades, destruyendo lugares históricos y la muerte de los ecosistemas y su biodiversidad.

El acuerdo binacional entre Argentina y Brasil para la construcción de estas dos represas fue firmado en 2009 por los presidentes Cristina Fernández y Luiz Inácio "Lula" da Silva, en pleno conflicto por UPM.

En realidad esta es una iniciativa que data de 1971. En esa época, según confirmó El Espectador, la entonces Dirección de Asuntos Fluviales y Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores – una oficina que hoy ya no existe – ya había denunciado los proyectos de represas en el Alto Uruguay sin consulta a Montevideo, como dispone el Derecho Internacional para ríos sucesivos.