El gobierno entiende que la decisión es correcta y que mantendrá la disposición. El decreto fue firmado por acuerdo del presidente José Mujica y la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz.

Ayer jueves, al vencerse el plazo, los abogados de los grupos afectados presentaron ante el Poder Ejecutivo los correspondientes recursos administrativos en reclamo de la revocación del decreto. Esto es el acto previo a recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dijeron las fuentes.

El presidente José Mujica ha transmitido a su equipo de gobierno la conveniencia de disponer un freno a la expansión de algunos grupos de farmacias mediante un decreto, mientras se redactaba un proyecto de ley para que fuera aprobado por el Parlamento.

Los asesores jurídicos de grupos farmacéuticos sostienen que el decreto no tiene base legal para disponer esa prohibición.

Según fuentes del ámbito jurídico, los que presentaron recursos fueron: Urroz (4 farmacias),  Lion Pigalle (12),

El Túnel (6), Farmacia San Roque (cadena), Farmashop (95), Farmacias Tienda Inglesa (6), Farmacia Atahualpa (2), Tundisi Obelisco (1), Farmacia Trouville (6), Organización de Compra Remediar (representa a 13 farmacias del interior) y Droguería Uruguay (4 farmacias).