Proyecto de ley

Gerardo Amarilla (PN): La regulación del mercado de la marihuana "es una mala solución para un gran problema que tiene la sociedad"

Gerardo Amarilla (PN): La regulación del mercado de la marihuana "es una mala solución para un gran problema que tiene la sociedad"

En la jornada de hoy se vota en el Senado el proyecto de ley que regula la producción, venta y consumo de cannabis. El texto será aprobado con los votos del oficialismo y el Poder Ejecutivo comenzará de inmediato a trabajar en su implementación. Del lado de la oposición ya se están manejando opciones para derogar esta ley. Con respecto a esta postura y las eventuales iniciativas, En Perspectiva dialogó con el diputado nacionalista Gerardo Amarilla, quien manifestó su preocupación por la "banalización y la normalización del consumo de sustancias". También sostuvo que la prevención y la educación son "la clave" para la reducción de demanda de esta sustancia, que se han hecho las cosas mal, pero que con esta solución "vamos a ir peor". Entre otras cosas subrayó que "la promoción de esta ley supone un cambio de relacionamiento entre las personas que tienen adicción y las drogas".

(emitido a las 7.52 Hs.)

EMILIANO COTELO:
En esta jornada Uruguay es noticia en gran parte del mundo. A las 9.30 el Senado comenzará a discutir el proyecto de ley que regula la producción, venta y consumo de cannabis. Un texto que, según ya se sabe, será aprobado pero solo con los votos del oficialismo.

Como el proyecto ya fue sancionado en la Cámara de Diputados hoy completará su trámite parlamentario. A partir de hoy mismo el Poder Ejecutivo comenzará a trabajar en el diseño de su aplicación. Mientras tanto, los opositores a esta iniciativa ya analizan qué estrategia seguir para dejarla sin efecto.

Por ejemplo, el Directorio del Partido Nacional ratificó ayer en forma unánime su posición contraria a la ley y acordó discutir cuál es la vía más conveniente para que esa norma deje de existir. Uno de los caminos que se ha planteado es ir en busca de la democracia directa: promover una campaña de recolección de firmas y que la norma sea derogada.

¿Habrá una consulta popular en torno a esta ley? Vamos a conversar con el diputado Gerardo Amarilla, del Movimiento Todos, con quien estamos en comunicación.

Usted es partidario de una recolección de firmas para que después haya una consulta popular que intente derogar la ley.

GERARDO AMARILLA:
Es uno de los caminos, no es que sea partidario, coincido con la posición del Directorio que además fue la que sostuvimos en la Cámara de Diputados en el momento de discutir este proyecto. Uno de los caminos es el que establece el artículo 59 de la Constitución y no hay que descartarlo. Sabemos que hay algunas complejidades de acuerdo a la coincidencia que existe entre el plazo de recolección de firmas, que es dentro del primer año después de la promulgación de la ley, y el período electoral. Eso hay que analizarlo con todos los sectores del partido a los efectos de saber realmente si es pertinente y si correspondería embarcarse en esa empresa.

EC – O sea, usted señala que el camino de intentar un referéndum es complicado porque el año que viene es un año electoral.

GA – Sin duda. Es un camino que tiene sus pro y sus contra, hay complejidades que están dadas porque el tema evidentemente se va a meter en la campaña y ese es un punto a favor de un procedimiento como este. Pero también es cierto que en la campaña hay otros temas y otros intereses en juego que pueden distraer la atención. Entonces creo que hay que estudiar el tema en  profundidad, saber qué conviene hacer y tener un período de consultas con los diferentes sectores del partido, con los candidatos que están en juego en esta elección y también con otros sectores extrapartidarios.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Qué respuesta recibió del Directorio del Partido Nacional a propósito de su planteo?, ¿contará con el respaldo?

GA – En realidad, ayer se analizó iniciar un período de consultas. No se descarta la idea, hay que estudiarla, hay que ser muy minucioso en el análisis de las consecuencias que puede tener y hacer las consultas con todos los sectores del partido para que sea una decisión orgánica. Mi intención, que la hemos hablado con los compañeros de sector antes de hacer el planteo, con el propio [precandidato] Luis Lacalle Pou, era hacer el planteo para que el Directorio analizara el tema, consultara con los sectores y en caso de tomar una resolución, sea cual fuere, lo haga orgánicamente como partido.

RA – Usted está dispuesto a contar con el apoyo del partido y que no sea una iniciativa solamente suya.

GA – Por supuesto. La idea es que nos embarcamos en esta empresa, tanto si es una decisión orgánica de todo el partido, como si se hacen consultas con otros partidos y otros sectores sociales que se puedan sumar a la campaña.

RA – ¿Y si no qué otras alternativas manejan por el momento?

GA – En el período que se realice esta campaña de impugnación estaría el proceso electoral por el que se cambia el Parlamento. Podrían cambiarse las mayorías parlamentarias, en ese caso podríamos estar frente a una decisión que el partido puede asumir más claramente, esto es proponer la derogación de la ley apenas asumida la nueva legislatura.

RA – Ustedes apuntan a tener mayoría parlamentaria en la próxima legislatura, lo que les permitiría aprobar otra ley que derogue esta.

EC – Ese es un anuncio que ya hizo el doctor Jorge Larrañaga, uno de los precandidatos del Partido Nacional: si él es presidente va a impulsar la derogación.

GA – Sí, es una postura que está planteada y es otro camino que se puede recorrer llegado el caso.

EC – Pero eso depende de cómo quede conformado el Parlamento en el próximo período.

GA – Sin duda.

EC – Puede ocurrir que no existan esas mayorías que ustedes querrían tener y, por lo tanto, ese camino quede bloqueado.

GA – Por supuesto.

EC – Entonces, los recursos de inconstitucionalidad ¿también están en el menú que ustedes manejan?

GA – Ahí no sería una acción partidaria porque hay que ser titular de un interés directo, personal y legítimo para hacer la acción de inconstitucionalidad. En definitiva, la legitimación es uno de los cuellos de botella de estas acciones, algunos actores vinculados sobre todo al sistema de enseñanza pública, que serían los más vulnerados por la inconstitucionalidad de esta ley, podrían presentarse e impugnarla desde ese punto de vista. También se podría hablar del tema de la salud pública que está garantizada por la Constitución, y podría plantearse que esta ley no promueve la salud pública por parte del Estado y habría allí otra legitimación para presentarse. Son caminos que se podrían transitar pero ya sería a nivel de ciudadanos o de otros actores y no a nivel partidario.

RA – ¿Cuáles son los aspectos que más le preocupan del proyecto de ley que está por aprobarse?

GA – Creo que es una mala solución para un gran problema que tiene la sociedad y creo que aquí más que la ley, que en sí me preocupa por lo que se va a instrumentar, es lo que significa: la banalización y la normalización del consumo de sustancias; la promoción de esta ley supone un cambio de relacionamiento entre las personas que tienen adicción y las drogas, se normaliza el consumo. Parte del negocio pasa a ser manejado por el Estado, hay una lógica comercial a partir de ahí y creo que estamos ingresando en un camino en el cual -ya se ha dicho, incluso por parte de algunos actores- éste sería el primer paso de algunos otros. Se ha considerado púbicamente la legalización de otro tipo de sustancias; nos parece que no es el camino adecuado el de favorecer o dar determinadas condiciones para aumentar el consumo. Es un tema que me parece que habría que tomarlo desde otro punto de vista.

EC – Mire lo que dice una de nuestras oyentes, Ruth del Buceo: "Mi comentario para el caso es: si siempre hago lo que hago siempre y siempre obtengo el mismo resultado quizás haya que hacer otra cosa";. Ese quizás sea el razonamiento base del Poder Ejecutivo cuando impulsó este proyecto: en el mundo las políticas represivas con respecto al consumo de drogas no están dando resultados, intentemos otra fórmula para el caso concreto de la marihuana.

GA – Si yo siempre ando a 100 kilómetros por hora en un auto, tengo problemas, me siento inseguro en el volante a esa velocidad, puedo ir más rápido o más lento para cambiar la actitud. Si voy más rápido tal vez tenga mayores problemas de seguridad en el tránsito, el tema sería ir más lento. Creo que en esto es lo mismo: es verdad, hemos hecho las cosas mal y me parece que con esta solución vamos a ir peor. Creo que deberíamos fortalecer estrategias que no se han enfocado seria y constantemente en América Latina: políticas serias de educación y de prevención. Hace pocos días salió un spot, que me parece muy interesante, de la Junta Nacional de Drogas (JND) alertando sobre los riesgos del consumo de marihuana y yo me pregunto ¿por qué ese spot no salió hace 10, 15 años?

EC – Entre paréntesis, ¿cómo ve que desde la JND, casualmente en estas fechas, se salga a advertir a propósito de los efectos nocivos del consumo de drogas?

GA – Me parece contradictorio con la posición que sostiene la JND y que la ha sostenido en muchos documentos incluso a nivel internacional…

EC – ¿Contradictorio por qué?

GA – Porque el director de la JND, Julio Calzada, ya ha dicho que hay que cambiar el relacionamiento con las sustancias, que no se puede decir que la sustancia te mata, que tenemos que hablar de las sustancias en un relacionamiento armónico y adulto de las personas con las mismas, educar a la gente para consumir responsablemente. Creo que es un poco contradictoria esa posición de la reducción de daños -una estrategia que han encarado los actores del Gobierno hace mucho tiempo- con esta campaña que es claramente de reducción de demanda y que es la que nosotros reclamábamos, pero no en la víspera de la promulgación de esta ley sino hace años. Creo que en la prevención y en la educación está la clave del tema y en la política de reducción de demanda.

EC – Pero usted estaba hablando de cuáles son los caminos que hasta ahora se han intentado de manera tenue y que habría que intensificar.

GA – Yo creo que aquí se le echa las culpas a la estrategia de represión, que es la única que se ha utilizado en América Latina, reprimir el narcotráfico, la producción y la comercialización de sustancias, cosa que está bien, pero no se ha acompañado con una campaña de educación de la sociedad sobre los efectos de las sustancias y los perjuicios que causan individualmente a quienes las consumen y sobre todo a su entorno, que también se ve afectado. Creo que esas campañas de prevención y de educación son las que han fallado. Ni hablar de la rehabilitación, el Estado se ha mostrado bastante ausente de esa función que debería haber cumplido. Pero producto de esa ausencia del Estado y de campañas serias se ha promocionado el consumo y las campañas de represión no han tenido éxito.

EC – Para tener un pantallazo de su posicionamiento en este asunto voy a otra consulta de la audiencia. Teniendo en cuenta los argumentos que usted maneja, ¿no habría que prohibir el consumo de alcohol?

GA – Es un tema que se está manejando hoy en la Cámara de Diputados en un proyecto, no la prohibición del consumo de alcohol, sino una regulación mayor del mercado.

EC – No, el oyente parte de la base de que el Poder Ejecutivo sostiene que con la marihuana se estaría yendo en un camino similar al del alcohol, permitir su comercialización pero con un margen de regulación importante.

GA – Pero se está haciendo un camino en el sentido contrario, las normas de tabaco y de alcohol, que están haciendo desde hace un tiempo restricciones al consumo, a la publicidad, a facilitar el consumo, son medidas de desincentivo del consumo en ese tipo de sustancias. Con estas medidas de flexibilización y de acceso a otra sustancia como la marihuana, no digo que se está motivando, pero sí quitándole algunas trabas al desincentivo.

***  

Foto: Archivo