(emitido a las 8.39 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Hace dos años, a instancias del sindicato metalúrgico, el PIT-CNT comenzó a desarrollar un plan de vivienda destinado a beneficiar a más de 15.000 afiliados en distintos puntos del país.

Hoy el tema ha quedado en el ojo de la tormenta por una serie de irregularidades que fueron tomando estado público a través del semanario Búsqueda y el diario El País, y que derivaron incluso en fricciones en la interna de la central.

Para arrojar luz sobre un proceso en el que ha llegado a haber sospechas de corrupción, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT decidió intervenir a la comisión de vivienda sindical. Uno de los puntos que se procuran aclarar es si existe algún tipo de vínculo entre la dirección del plan y los "gestores"; que fueron denunciados por estafa por una empresaria de la construcción.

El caso ha puesto en entredicho la transparencia y la viabilidad de un plan muy ambicioso, en torno al cual giran cifras muy altas, de más de 500 millones de dólares. Por eso hay muchas preguntas abiertas.

Hoy vamos a tratar de plantear algunas de ellas. Para eso nuestro invitado esta mañana es Marcelo Abdala, uno de los coordinadores del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y dirigente del sindicato metalúrgico, la Untmra (Unión Nacional de Trabajadores del Metal y de Ramas Afines).

Empecemos por la información básica. ¿Cuál es la idea del Plan de Vivienda Sindical (PVS) del PIT-CNT?

MARCELO ABDALA:
El plan de vivienda de la central se aprueba como dirección de trabajo del PIT-CNT y como propuesta programática en el congreso celebrado en el año 2011. Básicamente se trata de la combinación de diferentes nuevas tecnologías constructivas, no prefabricados sino estrictamente de vivienda industrializada, que permiten procesos de reducción sustantiva del precio del metro cuadrado de construcción, es decir, de bajos costos, rápido plazo de entrega y alta calidad.

El programa de vivienda de la central implica la combinación de estas tecnologías con una gestión transparente y participativa de núcleos familiares de los trabajadores que se desdoblan del sindicato y constituyen cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Un 80% de estas 16.000 familias que se han incorporado al plan se presentan en el marco de un reglamento creado a los efectos de cobijar esta propuesta que se llama el Reglamento 2011, una de cuyas condiciones es que el núcleo familiar no se pase de un ingreso mensual de 60 UR.

Básicamente este proyecto ha implicado la constitución de 320 cooperativas de vivienda en todo el país, la mayoría en el interior, que han hecho un trabajo muy importante de lo más dificultoso, que es conseguir un terreno viable, con saneamiento, con los servicios asociados. Ahí tenemos un paréntesis de un objetivo de nuestra central que es que puedan prosperar, particularmente en el interior del país donde no hay saneamiento, mecanismos tecnológicos de saneamiento alternativo para construir más masivamente.

Con el terreno viable las cooperativas comienzan a desarrollar su anteproyecto de arquitectura, lo presentan en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Algunos de todos estos proyectos han sido sorteados y han salido, y a partir de la transformación del anteproyecto de arquitectura en proyecto ejecutivo, con toda la ingeniería de detalle, etcétera, el Mvotma y la ANV en conjunto otorgan un préstamo. En virtud de ese préstamo un trabajador que hoy de repente está en un asentamiento o vive en una pensión o tal vez no en esas condiciones, pero está pagando un alquiler de entre 9000 y 14.000 pesos, construye en un período de ocho meses, combinando trabajo contratado de trabajadores de la construcción con ayuda mutua a un nivel de tal vez menos horas semanales que en otras modalidades, y sale de pagar un alquiler de entre 10.000 y 14.000 para ocupar su vivienda propia, y tal vez pagando una cuota de entre 3000 y 4000 pesos.

El proyecto está concebido para beneficiar a un sector de la población que tiene capacidad de pago pero no tiene todavía capacidad de ahorro –recordar los planteos salariales del PIT-CNT sobre la cantidad de trabajadores que están por debajo de 14.000 pesos–. Por suerte en un período que comenzó en el mes de diciembre y tal vez llegue al mes de mayo del año próximo las primeras 1500 familias ya habrán accedido a los préstamos. Yo estoy en una cooperativa en el Cerro, tuvimos una jornada de trabajo el sábado, ayer me tocó sereneada en el terreno…

EC - ¿Le tocó qué?

MA - Quedarme a cuidar el terreno para que no haya alguna usurpación.

EC - Le tocó oficiar de sereno anoche.

MA - Sí. En el caso nuestro –yo no soy solamente dirigente de la central, soy usuario del programa– por suerte el día 27 de diciembre nos van a dar el préstamo, y luego de la licencia de la construcción, con gran probabilidad en el mes de enero se empiecen a hacer los primeros movimientos de tierra y el trabajo. Es un proyecto genuino. Mencionaste palabras que no me gustaría que quedaran, palabras como "irregularidades";, "corrupción";, "Departamento de Vivienda intervenido";… Después vamos a profundizar en estas cosas porque no tienen que ver con la resolución de la central.

EC - Vamos a dos o tres aclaraciones más sobre el plan. Por lo que usted decía recién el préstamo viene del Estado.

MA - Del presupuesto que para esos efectos tienen asignado tanto el Mvotma como la ANV para un entorno de más del 80% de los trabajadores vinculados al movimiento sindical que acceden a la vivienda.

EC - ¿Por qué es necesario un plan organizado por el PIT-CNT si se supone que los trabajadores sindicalizados tienen acceso a los planes de vivienda social que ha puesto en marcha el Poder Ejecutivo?

MA - No necesariamente. Como te decía, nuestro sector social tiene capacidad de pago pero no capacidad de ahorro, y observábamos cómo proliferaba la vivienda de lujo en toda la zona de la costa, en particular en Punta del Este –es decir, el mercado resolvía las cuestiones de la vivienda para los sectores más pudientes– y había una sensibilidad, que acompañamos, para los sectores más desposeídos, lo que podría ser el Plan Juntos. Pero en el medio de estos dos extremos nos parecía que faltaba una política y realmente creo que el planteo que hizo la central es una contribución muy grande a las políticas públicas en este país.

EC - ¿Qué es lo que pone el PIT-CNT? ¿Pone dinero?

MA - No. La central no toca un vintén del programa de vivienda.

EC - ¿Entonces dónde está el papel del PIT-CNT?

MA - El papel del PIT-CNT implica un trabajo de capacidad de organización, de armado del programa. A esta altura es uno de los movimientos por la vivienda más importantes del país: 16.000 familias, 320 cooperativas, la mayoría en el interior, en cada localidad, un movimiento que ha sostenido y ha sido protagonista de la elaboración de ese Reglamento 2011. Un movimiento que además plantea la solución de la vivienda pero en un marco de sustentabilidad productiva, ambiental, energética. Las viviendas que vamos a usufructuar por ejemplo tienen colectores solares que para los trabajadores se terminan pagando solos, porque la inversión requerida en el colector solar implica un ahorro energético que al final en un acuerdo que tenemos PIT-CNT-UTE termina generando las condiciones para que el colector se pague solo. Ponemos básicamente lo que podemos poner: capacidad de unidad, organización y movilización. Ha habido diversas acciones para que este sistema prospere, y ahora tenemos una batalla muy importante, que es resolver –ya existe el saber técnico necesario– mecanismos de saneamiento alternativo para el interior del país.

EC - Si usted decía que para determinados sectores de los trabajadores no había políticas de vivienda en el Gobierno, ¿cómo es que ustedes lo consiguieron? ¿Qué intercalan ustedes como PIT-CNT para que esos trabajadores puedan acceder efectivamente a estas líneas de crédito que ya existen y que son del Gobierno?

MA - En primer lugar, el saber hacer de los trabajadores que conocen distintas modalidades tecnológicas que permiten bajar el costo del metro cuadrado de construcción. Por ejemplo, en el Reglamento 2011 un trabajador y su familia en el marco de una cooperativa de trabajadores pueden acceder a una vivienda de un entorno de 30.000 dólares, cuando la vivienda que se hace en el Reglamento 2008 sale 70.000. Lo que aporta la central es su organización, su propuesta, su capacidad de gestión en el asunto y una fuerza muy importante de movilización tras este planteo.

EC - ¿Y por qué este PVS es conducido por la Untmra, el sindicato metalúrgico, y no por el Sunca (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos), que es lo que en principio uno esperaría?

MA - No, el programa de vivienda de la central no es conducido por la Untmra. Es cierto que la idea surgió de nuestro sindicato, porque algunas de las unidades productivas que producían los insumos que luego se convierten en vivienda son organizadas por trabajadores metalúrgicos. Pero luego de que la idea se aportó a la central, el programa de vivienda es patrimonio de todo el PIT-CNT.

EC - Se ha mencionado que quienes están al frente están de una forma u otra vinculados con la Untmra y hasta con tendencias sindicales comunistas.

MA - Eso es porque siempre se intenta partidizar la acción sindical…

EC - Pero ¿esa es la realidad o no?

MA - Hay muchos compañeros de la Untmra militando en esto, pero tenemos cooperativas que implican procesos ya de construcción de trabajadores de la construcción, trabajadores del metal. En la que yo estoy es básicamente gente que trabajó en la refinería de La Teja cuando la planta desulfurizadora, obreros del metal y la construcción, pero hay gente del comercio, de Fuecys (Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios) de Salud Pública, gastronómicos, policías… Por ejemplo salieron sorteadas para estos préstamos del Mvotma alrededor de cuatro cooperativas en Paysandú, algunas de las cuales están integradas por policías…

EC - Mi pregunta apuntaba a la conducción del plan, no a qué sectores sindicales terminan formando cooperativas.

MA - Hay compañeros de la Untmra, también hay de Fuecys, del Sunca… hay de distintos gremios.

EC - ¿Qué vínculos hay entre el PVS con Umissa, la empresa que ha exportado casas prefabricadas a Venezuela y que ha estado metida en más de una polémica?

MA - La empresa Umissa es una de las proveedoras del PVS. Luego se fue enriqueciendo la canasta de modos constructivos con diferentes modalidades constructivas. Porque Umissa logra hacer viviendas de muy buena calidad y de bajo costo cuando se puede construir en una planta, pero si hay algún terreno –esto sucede especialmente en Colonia, en Maldonado, en la trama urbana de Montevideo– que requiere mayor densidad, hay que construir edificios y para eso hay otros modelos constructivos. Vendría a ser algo así como una proveedora de kits de vivienda que luego los trabajadores montan.

EC - Eduardo Burgos está vinculado al plan y estuvo vinculado a Umissa. Es el responsable del PVS del PIT-CNT y trabajó en Umissa hasta el año 2011. ¿Cómo juega esa coincidencia?

MA - Fue trabajador de la empresa Umissa, miembro de su comité de base, parte de la dirección nacional de la Untmra hasta que salió de trabajar allí. Y sí, él trabaja allí. Es más, la primera experiencia concreta de usufructo de los trabajadores de las cosas que producimos fue de un colectivo de trabajadores de Umissa que además de producir lo que se exportaba también accedieron ellos a la vivienda. De allí surgió la idea de ampliarlo a los trabajadores metalúrgicos y luego la idea de que esto fuera puesto a disposición de todo el movimiento sindical.

EC - Otro nombre, Sergio Lindner; aquí ya empezamos a hablar de asuntos más polémicos. Por encargo del PIT-CNT, el diseño del PVS fue realizado por Sergio Lindner, que ocupó el cargo de director del instituto de asesoramiento técnico del PVS. Pero ya en ese momento Lindner tenía abierto un expediente en el MVOTMA, según informó Búsqueda el 10 de octubre. Se lo acusaba de actuar como promotor privado aprovechando el sistema de ayuda mutua y defraudando al BPS. La nota decía que veteranos dirigentes sindicales le habían advertido a usted sobre esos antecedentes, pero el tema nunca llegó a ser planteado en el secretariado.

MA - En primer lugar, el programa de vivienda de la central es una construcción que surge de la inteligencia colectiva de los trabajadores. Como la normativa vigente requiere que, no el movimiento sindical, las cooperativas de vivienda por ayuda mutua tengan todo un andamiaje de trabajo técnico –en algunos casos se requieren al principio agrimensores, obviamente arquitectos, asistentes sociales por toda la cuestión del trabajo cooperativo, etcétera–, eso se desarrolla en lo que se llama institutos de asistencia técnica.

Aquí ha habido un problema que tiene que ver con el fondo de este asunto y que implica una intervención democrática con el objetivo de que los trabajadores accedan a la vivienda de calidad, pero que tiene un subproducto que es polémico: baja radicalmente el precio del metro cuadrado de construcción.

El problema que tuvimos al principio –para los valores que te mencionaba, una vivienda de calidad a 30.000 dólares– es que, como la normativa establece que un instituto de asistencia técnica por préstamos establecidos por el Mvotma y la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) se hace de los honorarios profesionales de todos estos técnicos con un monto que está regulado por ley que es de 7% del total del préstamo, no encontrábamos institutos de asistencia técnica que quisieran asesorar a las cooperativas de los trabajadores porque la baja en el precio de la vivienda significaba también una baja en el precio que cobraba el instituto de asistencia técnica.

En ese cuadro fue que desarrollamos, con técnicos universitarios, con profesionales, un instituto de asistencia técnica que está encargado de asesorar a todo el programa de vivienda de nuestra central. Al principio, dentro de ese instituto de asistencia técnica estuvo el compañero Lindner, quien cumplió un papel muy importante por la experiencia que tenía.

EC - ¿Y qué pasó con él después?

MA - Tomamos conocimiento de esto –que no es una resolución, es un proceso que por ahora, que yo sepa, no ha tenido resultancias concretas en el marco del Mvotma– y le solicitamos al compañero que bajara el perfil de su participación en el instituto de asistencia técnica.

EC - ¿Cuándo tomaron esa decisión?

MA - No quiero equivocarme con las fechas… Tal vez a fines del año pasado, principios de este año. No recuerdo bien.

EC - Pero no se lo quitó de la comisión…

MA - No, él no integra la comisión.

EC - … se le pidió que bajara el perfil, dice usted.

MA - Él no integra la comisión de vivienda de la central…

EC - Integra el instituto de asesoramiento técnico.

MA - … integra el instituto de asistencia técnica. Pero por la información…

EC - ¿Qué quiere decir que se le pidió que bajara el perfil?

MA - Que pasara saliera del instituto de asistencia técnica.

EC - ¿Y salió efectivamente?

MA - Según la información de los compañeros del instituto de asistencia técnica, sí. En realidad la información que tenemos es que, como muchas otras situaciones que se dieron en el año 2002, hubo cooperativas, hubo procesos que estaban en camino cuando quebró el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y muchos de esos procesos quedaron interrumpidos. Nosotros no tenemos elementos que establezcan ninguna actividad ilegítima del compañero. Tampoco queremos, porque aparece una investigación en el Mvotma, someter a la picota pública a un compañero que ha aportado bastante al diseño, no nuestro –porque el plan es nuestro y lo inventamos nosotros–, sino del propio instituto de asistencia técnica.

EC - En definitiva, ¿prescinden de los servicios de Lindner o no?

MA - Le solicitamos que saliera del instituto de asistencia técnica, al menos hasta que el proceso en el Mvotma se resuelva.

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EC - Enseguida retomamos la entrevista con Marcelo Abdala, dirigente de la Untmra, uno de los coordinadores del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. El tema es el Plan de Vivienda Sindical. Ahora vamos a concentrarnos en estas irregularidades que se han denunciado en las últimas semanas.

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EC - Marcelo Abdala, uno de los coordinadores del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, el principal referente del sindicato metalúrgico, la Untmra, es nuestro invitado esta mañana para plantearle las preguntas que creo que están arriba de la mesa a propósito del Plan de Vivienda Sindical que lleva adelante el PIT-CNT. Este plan que, según Abdala explicaba, procura beneficiar a más de 15.000 familias en torno a la formación de cooperativas por ayuda mutua. Son 320 cooperativas que van a desarrollar proyectos en distintos puntos del país en un emprendimiento que involucra cifras muy importantes: de 500 a 900 millones de dólares. ¿Cuál es el número que ustedes tienen?

MA - No lo tengo en la cabeza. Obviamente que si el plan se masificara son muchos recursos destinados a la vivienda; el razonamiento que hay que hacer es que con los mismos recursos destinados por el Estado en otras modalidades se harían muchas menos casas que las que nosotros planteamos.

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EC - Vayamos a los temas que han estado en la opinión pública en estos días. Una pregunta previa: ¿cómo se ejecutan los proyectos? ¿El PIT-CNT contrata empresas constructoras privadas?

MA - No. Repito: se han conformado cooperativas de vivienda de trabajadores sindicalizados que están sujetas a todas las normativas. Una de las primeras cosas que tienen que hacer es realizar todo el proceso para acceder a su personería jurídica, aprobar su estatuto, por tanto elegir la directiva de la cooperativa –que obviamente es autónoma del movimiento sindical–, su comisión fiscal, que audita permanentemente los recursos de la cooperativa. Allí empieza a desarrollarse el proceso arquitectónico, se adopta una modalidad constructiva que le compete a la cooperativa, obviamente con el asesoramiento del instituto de asistencia técnica. Eso va todo al Mvotma. Los modos constructivos que utilizamos deben tener antes de ponerse a disposición de los trabajadores el documento de aptitud técnica, que es un certificado de estricto control de calidad del Instituto de Construcción de la Facultad de Arquitectura y el Mvotma. Las modalidades productivas que pasan esa prueba del documento de aptitud técnica se ponen a disposición de las cooperativas y estas escogen de acuerdo con su modelo arquitectónico.

EC - Pero ¿quién construye?

MA - La propia cooperativa.

EC - Pero no todo el trabajo es trabajo voluntario de los integrantes de la cooperativa.

MA - No, hay un porcentaje de trabajo voluntario que está resuelto en la normativa vigente, en el Reglamento 2011, y la parte que no es trabajo voluntario es trabajo asalariado contratado directamente por la cooperativa. La misma modalidad de nuestros compañeros de Fucvam, que también combinan horas de ayuda mutua con trabajo contratado.

EC - ¿Y cómo termina habiendo contratos con empresas? Porque ese es el caso que estalló y que dio pie a toda esta polvareda: una empresaria que había sido contactada por gestores que se presentaron en nombre del PIT-CNT para ofrecerle uno de estos contratos que implicaba la construcción de 3000 viviendas por unos 37 millones de dólares.

MA - Aquí es donde hay que comenzar a deslindar. Te comentaba que el proyecto de vivienda es un proyecto genuino para resolver en condiciones de rapidez constructiva, calidad y bajo precio la vivienda de los trabajadores. Te hablé de 16.000 familias inscritas, un 80% de las cuales ganan menos de 60 UR el núcleo familiar y acceden directamente a los préstamos de la Dinavi junto con el Mvotma. Ese es el grueso del programa de vivienda de nuestra central. Pero hay un conjunto de familias trabajadoras –y mucho más en el transcurso de años de consejos de salarios, etcétera– que están por encima de ese ingreso de 60 UR y por tanto quedan fuera de las posibilidades de financiación directa del Mvotma.

En ese cuadro se adoptó una de las resoluciones, en función del despliegue de la ley 17985, la Ley de Promoción de la Participación Privada en la Construcción de Vivienda de Interés Social. Nuestra central desarrolló un acuerdo marco con el BHU para permitir que esos trabajadores que están por encima de las 60 UR y que por tanto no pueden recibir financiación del Mvotma pudieran ser sujetos de crédito en el BHU. Tenemos la valoración de que esa ley no está funcionando del todo, porque teniendo la posibilidad de subsidiar a alrededor de 6000 viviendas, hasta ahora se han dado solamente unos pocos subsidios a la cuota. La ley establece la posibilidad de participación privada en la vivienda de interés social y en este caso se ofrece un subsidio a la cuota que paga el trabajador. En ese cuadro es que nuestra central…

EC - Estamos moviéndonos, entonces, en el sector de los trabajadores sindicalizados de salarios más altos.

MA - De salarios superiores a un ingreso de 60 UR del núcleo familiar.

EC - En esos casos se va por la ley de promoción de la vivienda de interés social…

MA - Exactamente, es la minoría…

EC - ¿Entonces ahí sí aparecen empresas privadas?

MA - Es la minoría del plan de vivienda. El BHU no asume costes ni riesgos desde el punto de vista de financiar la construcción, lo que financia es la vivienda, por tanto en el acuerdo general que tenemos con el BHU, este nos solicita: contribuyan a resolver que las viviendas sean una realización, que estén hechas, y nosotros financiamos contra la hipoteca de esas viviendas, que el trabajador pueda escoger la vivienda.

Esto ha generado una situación de un metro cuadrado de construcción en el entorno de 2000 dólares con la utilización de nuevas modalidades constructivas. Teníamos la aspiración de poner a disposición de una familia de trabajadores con ingresos un poco más altos que los nuestros –yo por ejemplo estoy en el marco de la financiación directa del Mvotma–, pero tampoco como para hacerse un chalé en Punta del Este, una vivienda de calidad pero más barata.

EC - ¿En qué orden de precios?

MA - Y… tal vez 1200, 1300 dólares el metro cuadrado. Yo no lo manejo al detalle, pero esa era la idea.

En función de esta cuestión, nuestra central resolvió una dirección de trabajo de ofrecer a diversas modalidades constructivas –y atrás de la modalidad constructiva, que es un sistema técnico, obviamente hay una empresa–, a diversas empresas, a construir, si estaban dispuestas, asumiendo el riesgo de construcción. Lo que podía hacer la central era poner a disposición trabajadores organizados por arriba de esta franja de 60 UR para que eventualmente ocuparan viviendas construidas. Hay acuerdos con diversas empresas. Por razones de no haber conseguido los detalles de una financiación para desarrollar un edificio en Yaguarón y La Paz, no se pudo desarrollar un edificio en esa ubicación.

¿Cuál es la relación de la central? Acogiéndose a esta ley 17985, con una cuota subsidiada y con un esfuerzo por bajar el metro cuadrado de construcción, se desarrollan principalmente edificios para esta parte de arriba del PVS, que es inferior al 20%. Una vez hechos, la central los pone a disposición de los trabajadores que superan los ingresos para ser financiados por el PVS.

EC - ¿Hay gestores en nombre del PIT-CNT contactando empresas a esos efectos?

MA - Allí es que tenemos que hacer el deslinde. Hemos desarrollado acuerdos marco, ha habido manifestaciones de intención en esta dirección: Fulano de Tal o Fulano de Tal desarrollan un edificio, es de interés del PIT-CNT poder poner a disposición de los trabajadores esas viviendas construidas. El problema es que nosotros no le otorgamos facultades a nadie de negociar en nombre de la central.

EC - Sin embargo se conoció, por ejemplo la semana pasada a través de El País, que existe por lo menos un contrato firmado en febrero de este año por el PIT-CNT con una sociedad anónima en la que figuran los que aparecían como gestores en esa denuncia que hizo esa empresaria que se sintió estafada.

MA - Exacto. Esta gente…

EC - O sea, en ese caso hubo un contrato entre el PIT-CNT y esa empresa.

MA - Hay una carta de intención, un contrato que establece justamente esto: contra la construcción de un conjunto de viviendas, esas viviendas se pondrían a disposición de aquellos trabajadores del PVS que por sus ingresos no pueden acceder directamente a los préstamos del Mvotma.

EC - Lo que quiere decir es que hubo un contrato con gestores.

MA - No con gestores…

EC - Porque estas fueron las personas que después trataron con la empresaria.

MA - No con gestores. Nosotros hicimos un acuerdo, vinieron representantes de modos constructivos, especialmente españoles, a ofrecer la construcción de vivienda para ponerla a disposición de los trabajadores. Esa es una cuestión. Otra cuestión diferente es que entre privados se hayan hecho movimientos de carácter especulativo o incluso estafas que queremos deslindar en forma terminante de la acción de la central. En definitiva, de acuerdo con las reglas del juego que existen en el país, estamos absolutamente convencidos de que cualquiera que haya sentido que se actuó en su desmedro tiene que ir a la justicia para que se aclare la cosa.

EC - Lo que sucedió es que esa sociedad anónima con la cual el PIT-CNT firmó ese contrato en febrero de este año se dirigió a una empresaria, le ofreció hacerse cargo de la construcción de esas 3000 viviendas y le pidió una especie de comisión de 10% sobre las ganancias estimadas. Como el contrato le iba a dejar a esa empresaria 3 millones de dólares, le pidieron 300.000 para la compra de terrenos destinados a otros proyectos del PVS. Después se comprobó que esos gestores en realidad habían utilizado esos cheques para fines personales, a esos efectos se los habían entregado a un financista para descontarlos… y ahí estalló todo lo que estalló. ¿Cómo se entiende eso de pedir una comisión del 10%, etcétera?

MA - La central no tiene absolutamente nada que ver con esa cuestión. La central con estos representantes de modos constructivos españoles, llamémosle así, o con otros –porque pueden ser distintas empresas constructoras nacionales–, pone de manifiesto que, si se asume el riesgo de construcción y aparecen las viviendas en el marco de la ley de promoción de la participación privada en la vivienda social, le interesa que eso se desarrolle y se ponga a disposición de toda la gente del programa de vivienda que eventualmente gana más de lo necesario para acceder al préstamo del Mvotma.

Es muy importante separar una cuestión hecha en forma genuina, de buena fe, en las tradiciones de un movimiento sindical honesto, laborioso, que no se mancha con tres vintenes, que pelea por principios y que hasta puede haber cometido errores políticos… Yo no digo que todo esto esté exento de errores, creo que hubo un grado importante de ingenuidad, pero una cosa es decir eso y otra cosa es sostener que hubo irregularidades, corrupción, que el Departamento de Vivienda de la central está intervenido, porque eso no es lo que resolvió el secretariado.

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EC - ¿Cómo está manejando el PIT-CNT estas denuncias y versiones de prensa? ¿Cuál es el camino que se ha elegido? Continuamos hablándolo con Marcelo Abdala.

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EC - ¿Qué resolvió el Secretariado Ejecutivo? Usted decía que no se dispuso la intervención de la comisión de vivienda sindical. Sin embargo se crearon dos investigaciones.

MA - Sí, ante esta cuestión, y respaldando el carácter genuino del programa de vivienda de la central, el secretariado del PIT-CNT estableció una comisión con dos objetivos. En primer lugar, a partir del funcionamiento permanente de su Comisión Fiscal, y ante preguntas surgidas en el propio secretariado, hacer un balance del conjunto de actividades y de gastos que el Departamento de Vivienda ha tenido. Esto tiene mucho que ver principalmente con tareas de atención a las cooperativas y a los sindicatos, que, como están principalmente ubicados en el interior del país, requieren una salida de carácter casi permanente a recorrer departamento por departamento.

Pero en otro orden de cosas también se va a hacer ese proceso con todas las garantías –ante el solo hecho de que en la prensa se han manejado estos conceptos que están muy lejos de la vida sindical e incluso de todo el programa de vivienda del PIT-CNT: irregularidades, etcétera– de un proceso de investigación que negro sobre blanco haga un balance de lo actuado y lo ofrezca a los propios organismos del PIT-CNT.

EC - ¿ La Comisión Fiscal se encarga de eso?

MA - La Comisión Fiscal de nuestro PIT-CNT en una parte del asunto, y en otra parte un conjunto de compañeros que fueron debidamente designados por el secretariado de la central.

EC - ¿Para cuándo estarán prontas las conclusiones?

MA - Hoy es la primera reunión. Hoy sin duda se va a establecer un período de trabajo, los objetivos, la gente del Departamento de Vivienda está a disposición para responder todas las preguntas que salgan del equipo de investigación. Queremos dar la garantía a todo el pueblo uruguayo y a todo el movimiento sindical de que se va a actuar con la transparencia que siempre tuvo el movimiento obrero. No vamos a transar con cosas mal hechas. Pero tampoco vamos a prejuzgar, porque una cosa es que entre privados hayan hecho sus arreglos –lo cual para mí compromete a los participantes en ese arreglo, si yo que represento tal o cual modo constructivo te pido un adelanto está mal, pero si me lo das también está mal– y otra cosa es el carácter genuino del planteo del PIT-CNT.
    
EC - En la denuncia que presentó esta empresaria la visión que ustedes tienen prima facie es que hubo una irregularidad o corrupción, pero entre privados, no involucrando al PIT-CNT, pese a que se sostenía que ese 10% era para comprar terrenos para otros proyectos.

MA - En el caso de esa "cúspide"; del 20% que se pasan de los ingresos para la financiación del Mvotma hay que resolver terreno y obra. Obviamente les planteamos que desarrollen la inversión necesaria para materializar esas viviendas, pero eso no significa que la central haya participado ni que tenga que ver con acuerdos entre ellos con comisiones y cosas que son estrictamente entre privados.

EC - De todos modos, dentro del PIT-CNT hay aspectos que quedan por esclarecer. Por ejemplo, la forma como Eduardo Burgos, responsable del PVS, manejó esta crisis cuando fue llamado a dar explicaciones. Concretamente, se ha destacado que en dos reuniones del secretariado ocurridas en los últimos 15 días Burgos omitió informar detalles importantes. Por ejemplo, el martes 3 presentó un documento técnico del plan pero omitió informar que había recibido la denuncia de una empresaria que dice haber sido estafada y que él mismo intercedió ante el gestor acusado para recuperar uno de los cheques por 25.000 dólares que este había descontado con un prestamista.

Una semana después, el martes 10, Burgos volvió a comparecer ante el secretariado. Ya había tomado estado público el caso de la empresaria y Burgos dijo allí –según dicen varios de los participantes consultados por el diario El País– que entre la central sindical y los promotores denunciados no había ninguna vinculación institucional, pero admitió que había sido un error haber tratado de recuperar el cheque. Sin embargo, pocas horas después el propio diario El País publicó detalles de ese contrato firmado el 15 de febrero de 2013 por Burgos a nombre y en representación del PIT-CNT con el promotor acusado de la estafa. ¿Qué consecuencias pueden tener estas dos omisiones de Burgos? ¿Cómo las analizan ustedes?

MA - No quiero prejuzgar, hay una comisión investigadora que va a determinar al detalle y con toda la transparencia. No quiero adelantarme al trabajo de la comisión, porque creo que hoy lo central es darle perspectivas a todo el mundo de que se va a trabajar con mucha rigurosidad y de que vamos a estar al informe que presente esta comisión para rendir cuentas en los organismos de la central.

Mi hipótesis es que aquí hubo ingenuidades, errores políticos, pero que no hubo mala fe…

EC - ¿Y por qué Burgos omitió esta información?

MA - … y, con todo respeto, El País no es miembro del movimiento sindical. Particularmente en la reunión del secretariado del día 10 el Departamento de Vivienda informó la existencia de lo que ellos llamaron en esa reunión una carta de intención, y así consta en actas. Tanto es así que en la reunión pasada del secretariado –todo esto ad referendum del proceso de investigación– una de las críticas fue que se hubiera firmado ese acuerdo. Es decir, no se omitió esa información en el secretariado, no sé de dónde saca eso el diario El País, nosotros no hacemos declaraciones. Evidentemente ellos tienen sus fuentes y la gente que se encarga de organizar la filtración de la información de acuerdo a su punto de vista, pero eso está faltando a la realidad. Esta cuestión es muy importante: ahí no hubo omisión de información, se puso arriba de la mesa del secretariado. Consta en las actas; es más, fue discutido por varios compañeros. Ahora, si hay una comisión investigadora…

EC - Pero por ejemplo Richard Read dice que él se enteró por la prensa y no por lo que se informó en el propio ámbito orgánico del PIT-CNT.

MA - Tal vez tengamos una visión distinta de la propia reunión. A mí me consta que los compañeros informaron.

EC - Y hablando de Richard Read, acá no solo hubo denuncias de El País o de Búsqueda. Antes de que aparecieran algunas de las denuncias hubo un pedido de informes presentado por Richard Read, dirigente de la bebida. Ese pedido de informes, más alguna declaración que Read hizo a la prensa, dio pie a que usted le contestara públicamente, hubo un entredicho que fue muy fuerte entre ambos. ¿Por qué usted, en vez de referirse al PVS, optó por retrucarle preguntándole a Read qué había hecho la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) con un crédito no reembolsable del BID de 500.000 dólares destinado a formación de delegados para los consejos de salarios?

MA - Creo que las preguntas ubicadas son pertinentes en el cuadro de un organismo, que está bueno que todo el mundo rinda cuentas de su actividad. Yo no quiero entrar ahora en ese aspecto. Te quiero confesar con mucha claridad que me duele mucho cuando en ámbitos de los trabajadores se establecen como suertes de profecías autocumplidas: yo hago un planteo e inmediatamente se filtra a la prensa. No es el código ni el método a que está acostumbrado…

EC - ¿Para usted hay una conexión entre el pedido de informes que hizo Read y las denuncias que después empezaron a aparecer en la prensa?

MA - No quiero establecer en ese nivel el asunto…

EC - ¿Hay un juego político interno detrás de este planteo?

MA - Objetivamente no quiero establecer desde esa subjetividad una valoración. Repito, hay una comisión investigadora que va a trabajar con toda la transparencia necesaria y vamos a trabajar –yo la integro y la integran compañeros de las más diversas formas de pensar– muy rigurosamente para ofrecerles a nuestros organismos una cosa que salde toda esta cuestión.

Te marco una situación objetiva: en el mismo momento en que ingresó ese planteo en el secretariado ya estaba textual en poder del diario El País. Nosotros no nos movemos con ese método. El que lo hace que se haga cargo. Es un código distinto, no quiero decir ni quién es ni quién no es…

EC - Pero usted en todo caso debió haber contestado sobre lo que el pedido de informes requería, sin embargo tiró una sospecha hacia Read y la FOEB.

MA - No, yo me referí al programa de vivienda casi en los mismos términos en que hablamos aquí: que es un proyecto genuino, que el 80% va directamente en función de modalidades tecnológicamente adecuadas que bajan el precio del metro cuadrado de construcción, que acceden al préstamo del Mvotma, que el movimiento sindical no toca dinero, porque eso va directamente a las cooperativas. Y además di explicaciones –ante las preguntas concretas del periodista de El País, con quien tuvimos una conversación directa cara a cara y muy respetuosa– de lo que yo sabía en ese momento. Y sí, me acordaba de cuando apareció gente en la central en representación de modos constructivos españoles y nosotros les dijimos que nos interesaba que hicieran las viviendas para ponerlas a disposición de los trabajadores.

EC - Pero ¿por qué entendió necesario tirar esa piedra hacia el lado de la FOEB?

MA - Es parte de los vericuetos de la discusión. No quiero ir al nivel que les interesa a quienes están tejiendo una telenovela, lo que a mí me interesa es dar transparencia, que funcione la investigadora y que salgamos bien con esto. Además mi alegría es que antes de que estemos…

EC - Usted decía que no quiere darles pasto a quienes están generando una telenovela. Pero el que dijo eso a propósito de la FOEB y el crédito del BID fue usted.

MA - Sí, pero eso no tiene…

EC - La pregunta era qué pasa con la relación entre usted y Richard Read a partir de esto que acaba de ocurrir, si ahora hay problemas que solucionar en el relacionamiento interno.

MA - No, yo no tengo ningún problema de relacionamiento. Al movimiento obrero la gente no va a hacer amigos, son relaciones orgánicas. El compañero Richard es representante de la FOEB en la Mesa Representativa, del mismo modo que yo soy representante de la Untmra en ese ámbito. En ese ámbito nos eligieron a los dos en el secretariado, conversamos en ese organismo lo que tenemos que conversar. Yo soy una persona que siempre da la cara y habla fuerte y claro cuando defiende un punto de vista, y, como en todas las cosas y con todos los compañeros, tenemos acuerdos y desacuerdos, esas son las reglas del juego del movimiento sindical.

Este año, cuando estemos brindando el 24 y el 31, mucha gente nuestra va a levantar su copa por que en un período de meses –y esto va a terminar con mucha telenovela que está en curso– 1500 familias van a estar construyendo sus viviendas con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio para salir de un precio del alquiler que en muchos casos significa un deterioro grande de la vida de la gente para poder construir su felicidad con la familia. Eso es lo que nos importa del plan de vivienda y nos parece que es lo que de lejos, con el tiempo, se va a ver. Al mismo tiempo nos comprometemos a dar todas las garantías de que esta comisión investigadora mire todo.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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