(emitido a las 7.45 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Un grupo de trabajo formado por el Frente Amplio en el Senado está revisando el proyecto de ley de responsabilidad penal del empleador. El texto, que fuera aprobado recientemente en la Cámara de Diputados, genera varias dudas en sectores del oficialismo; se entiende que todavía hay que estudiar más a fondo el tema. Por ejemplo hoy el diario El Observador dice que el grupo recibió informes de abogados penalistas vinculados con la izquierda que establecen que el proyecto debe ser modificado, entre otras cosas, porque incurre en inconstitucionalidades.

La mayor incertidumbre está centrada en la redacción del artículo 1°, que establece que serán castigados con tres a 24 meses de prisión el empleador o quien en su nombre ostente la dirección en la empresa si no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y en su reglamentación de forma que pongan en peligro grave, y en concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador.

La iniciativa fue impulsada por el sindicato de la construcción, SUNCA, y cuenta con el respaldo del PIT-CNT. La central de trabajadores en estos últimos días ha presionado al oficialismo para que el proyecto sea aprobado rápidamente y sin cambios luego de que se conociera que a nivel de la cámara alta habían aparecido algunos interrogantes.

Por su lado las cámaras empresariales están preocupadas por las consecuencias que tendría esta ley y procuran que sea modificada. Ayer se reunieron con el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, y le entregaron una serie de propuestas.

¿Por dónde vienen estos planteos? Vamos a conversar con el presidente de la Cámara de Industrias, Javier Carrau.

ROMINA ANDRIOLI:
Hacía tiempo que no se escuchaba que las 24 gremiales empresariales se reunieran por un tema, ¿qué las llevó a hacerlo en este caso?

JAVIER CARRAU:
En realidad en agosto tuvimos aquel evento sobre el tema competitividad donde trabajamos en conjunto las 24 cámaras. O sea, el hecho de juntar a las 24 cámaras no es de todos los días y se citan cuando tenemos temas que nos tocan directamente a todos. Ayer tuvimos una reunión en Cámara de Industrias con una presencia muy importante de las cámaras empresariales a las 8.30, a raíz de esa reunión surgió la reunión de las 15.00 con el ministro y el subsecretario del Ministerio de Trabajo.

RA – ¿Así de rápido que se consiguió la reunión?

JC – Sí. Terminamos la reunión en Cámara de Industrias poco antes de las 11.00 y una de las cámaras se contactó con el ministro y nos citó para las 15.00. Hubo 17 representantes de las cámaras empresariales en el Ministerio [de Trabajo].

EC – El propio ministro Brenta ha manifestado dudas con respecto al texto que salió de la Cámara de Diputados y el senador Enrique Rubio, que pertenece al mismo sector político, la Vertiente Artiguista, es quien ha estado impulsando esta revisión del proyecto.

JC – Yo creo que en otros sectores también lo ven con preocupación. Varias de las cámaras empresariales habíamos sido citadas en forma individual por la comisión de Diputados cuando estaban tratando este tema y nuestras posiciones no eran personales sino avaladas por nuestros asesores jurídicos, no fueron realmente escuchadas. Ustedes recordarán que cuando se votó hubo un acto muy importante en el Palacio Legislativo y en todas las plazas del interior se siguió la votación, mostrando quiénes votaban por sí o por no.

EC – En el artículo que acabo de leer hay dos puntos que son los que generan las preguntas. La figura delictiva en sí misma y la persona que sería objeto del castigo, ¿no?

JC – El tema es que hay directores de las empresas que no están permanente en la empresa, o en las obras si fuera en el caso de la construcción, y hacerlos responsables penalmente nos parecía una exageración. Queremos aclarar que ninguna de las 24 cámaras que hablamos en la mañana –en un encuentro bastante extenso- descarta que lo más importante de este proyecto es salvaguardar la vida de todos los funcionarios que trabajan en los diferentes sectores, lógicamente en algunos con más riesgos que en otros. Pero la ley sale y nos lleva a buscar las soluciones, manteniendo ese interés de salvaguardar la vida y los accidentes que pueda haber, para buscar la forma de que las cámaras empresariales aportemos proactivamente una colaboración. Por ese mismo motivo en el día de ayer se realizaron solicitudes de audiencia con el presidente de la República y con el presidente del Senado, el vicepresidente Danilo Astori.

RA – ¿Por dónde pasan las modificaciones que ustedes entienden que deben hacerse en el texto, con el fin de contemplar lo que están planteando?

JC – Fundamentalmente que no sea una responsabilidad exclusiva de los empresarios. Todos sabemos que muchas veces hay obreros o funcionarios que teniendo los elementos de seguridad no los utilizan y creemos que es una responsabilidad compartida. Incluso el propio ministro y el subsecretario, un especialista en el tema legal, ven con buenos ojos el hecho de que las cámaras empresariales nos estemos moviendo para buscar acercamientos y aportes al proyecto de ley para que sea una ley más justa y mejor, y que cumpla con los cometidos de los que la pensaron y que también compartimos.

RA – ¿Qué responsabilidad entienden ustedes que deben tener los trabajadores en este caso?

JC – Compartirla. Además hacemos hincapié en que la ley sea preventiva también. O sea, los accidentes de trabajo durante un año son tantos, tratemos de que previniéndolos sean menos y sobre todo que disminuyan las muertes. Lo que nosotros vamos a plantearle al presidente de la República y al vicepresidente -si es que nos dan la audiencia- es un tema que no queremos adelantarlo porque si no estamos informando por la prensa y pensamos que nos quitaría las posibilidades de hablarlo de forma directa con ellos. Estamos buscándole una salida al tema incluso reuniéndonos con gente de la central sindical, cono quienes ya hubo contactos en el día de ayer, y el propio ministro quedó encargado de buscar un encuentro rápidamente, todos sabemos las fechas que estamos viviendo, sería muy importante tener esas reuniones esta semana y ver en qué posición estamos.

RA – De todas formas ustedes entienden que en algunos casos todavía cabe la posibilidad de que el empleador sea responsable penalmente.

JC – Sin duda que sí.

RA – No descartan 100% lo que está planteado.

JC – No, yo pienso que si hay un descuido del empleador puede ser. Pero no es muy claro el texto de la ley y deja la situación un poco a la interpretación.

EC – Sí, recordemos lo que dice el texto en su artículo 1°: recae la responsabilidad sobre el empleador o en su caso quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección de la empresa, no adoptare los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador. Con respecto a esta parte del artículo, ¿cuál es su inquietud?

JC – La interpretación de cuál es la falta grave que podría generar una responsabilidad penal. Y además, reitero, las 24 cámaras que nos reunimos ayer en la mañana y nos volvimos a reunir en la tarde a las 15.00 hasta las 16.00 en el Ministerio de Trabajo entendemos que el objetivo de esta ley es sano y lo compartimos plenamente. Ninguna de las cámaras está pensando en no castigar a un mal empleador, y por ese mismo motivo queremos tener estas reuniones. Sabemos que hay gente que no está totalmente de acuerdo con el proyecto dentro del propio Gobierno, como ustedes mismos estaban adelantando, y juristas que la bancada del Frente Amplio ha consultado a nivel penal. En el día de ayer a las 18.00 hubo una reunión de la bancada que no sabemos cómo fue pero en el día de hoy estaremos recibiendo la información respectiva. Estamos esperando también que se nos fijen esas tres o cuatro reuniones que solicitamos en el día de ayer por vía escrita en la Presidencia y en la Presidencia del Senado y por vía del ministro de Trabajo en el propio PIT-CNT.

RA – ¿Cuáles serían los principales inconvenientes en caso de que se aprobara el texto tal como está planteado hoy?

JC – Nosotros le vemos problemas para las empresas instaladas en nuestro país, pero también nos preocupa que afecte a otros potenciales inversores que puedan venir al país. Como decía un inversor muy importante que está en nuestro país hace varios años, el inversor es una persona muy desconfiada, él lo decía en primera persona: "somos desconfiados y cuando vemos señales que nos complican o nos pueden llegar a complicar la vida vamos a pensarlo dos veces antes de seguir avanzando o además a tomar definiciones de despidos a personal que no utilicen los elementos de seguridad";. Eso no puede ser, tenemos que buscar una ley que sea lo mejor posible para que proteja y logre el objetivo del proyecto de ley que ya fue aprobado en Diputados, en forma muy rápida. Ahora queremos que el Senado busque una solución, manteniendo la protección de los trabajadores que están con riesgos en sus actividades. Creemos que es una posición proactiva de las 24 cámaras empresariales, si bien en alguna forma el ministro nos decía que era un poco tarde, más vale tarde que nunca dice un dicho conocido. Desde Diputados, como ya lo adelanté, muchas de las cámaras fuimos llamadas para plantear nuestra posición en la Comisión Laboral pero con muy poco éxito, y sabíamos que a nivel de Diputados esto iba a salir sin tener en cuenta mucho las posiciones de las empresas.

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Foto: Archivo