(emitido a las 7.35 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Ayer se llevó a cabo una nueva interpelación por el cierre de Pluna SA y el resultado, como en las oportunidades anteriores, fue el que podía esperarse: el oficialismo respaldó a los ministros cuestionados y la oposición hizo su análisis crítico de la actuación de los jerarcas pidiendo una moción de censura que no prosperó.

La convocatoria a los titulares de Economía y de Transporte había sido plantada por el senador del Partido Nacional Carlos Moreira. Durante la comparecencia el ministro [de Economía] Fernando Lorenzo sostuvo que el Gobierno actuó de buena fe en el caso Pluna SA, si bien admitió que hay una distancia entre lo actuado y los resultados. Incluso defendió la contratación del abogado Ricardo Olivera García, quien redactó la ley de liquidación especial de la ex aerolínea que fuera después declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, un aspecto que fue centro de buena parte del debate ayer.

Dentro de la oposición uno de los más críticos fue el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry, en uno de sus cuestionamientos lanzó una nueva advertencia: dijo que el concurso de Pluna SA va a ser calificado como culpable, lo que implica que existen actos u omisiones que agravan la insolvencia del deudor. Agregó esto: estamos alertando de algo que va a pasar dentro de un año y medio o dos. Por eso Bordaberry advirtió que esto recién empieza y anticipó que el agujero va a ser grande.

Con el senador Pedro Bordaberry vamos a conversar a partir de este momento.

Antes de entrar en alguno de esos temas que yo recién mencionaba, le pido una consideración general sobre la instancia de ayer.

PEDRO BORDABERRY:
Hay cosas positivas y negativas, como en todas estas instancias. Quizás la positiva es el reconocimiento expreso por parte de los ministros de que no obtuvieron los resultados que esperaban.

EC – Ahí hubo un avance, efectivamente, el ministro Lorenzo en especial hizo una autocrítica que hasta ahora no le habíamos escuchado.

PB – Sí, una autocrítica a medias, pero por lo menos reconoció que habían actuado mal y que los resultados fueron malos. Él dice que de todas formas está conforme con el esfuerzo que hizo, pero es un esfuerzo que nos llevó a perder 280 millones de dólares a los uruguayos. También reconoció algo que es muy grave, que Ricardo Olivera García -no nos olvidemos que fue el abogado que defendió a [el principal responsable de Leadgate Matías] Campiani ante el Estado y a Pluna- sigue trabajando hoy para el fideicomiso y para el Gobierno uruguayo.

EC – Una puntualización que hizo el ministro Lorenzo fue que Olivera García había sido abogado de Pluna SA, que no es lo mismo que Campiani.

PB – Negociando por Pluna SA Ricardo Olivera García logró para Campiani, entre otros, una cláusula de indemnidad del Estado. Es decir, Lorenzo y Pintado negociaron con Olivera García, que defendía a Pluna, una cláusula por la cual el Estado uruguayo no le puede reclamar dinero a Campiani. Vamos a hablar las cosas seriamente con el ministro, yo creo que terminan diciendo estas cosas, pero más vale que se sepa: el beneficio que logró Olivera García fue para Pluna y para Campiani.

EC – Pero usted iba al hecho de que el ministro reconoció que Olivera García sigue.

PB – Sí, ¿se acuerda que hace 15 ó 20 días el presidente Mujica dijo que la culpa de esto era que se habían "comido la pastilla"; -fueron sus palabras- de Olivera García? Bueno, nos seguimos comiendo la pastilla de Olivera García, por eso ayer la oposición le propuso al Senado que se emitiera una solicitud o una declaración de que exhortábamos al Poder Ejecutivo a no seguir contratando a Olivera García, y la bancada del Frente Amplio la rechazó. Es decir, el Frente Amplio sigue trabajando en el tema de Pluna con el abogado que logró la indemnidad para Campiani, realmente inentendible por donde se lo mire.

ROMIAN ANDRIOLI:
Usted planteó esta nueva advertencia a propósito de que el concurso de Pluna SA va a ser calificado como culpable, ¿podría explicarnos en qué consiste eso?

PB – Sí, en este asunto de Pluna nosotros fuimos dando alertas de una cantidad de cosas que iban a suceder: que la ley era inconstitucional, que Olivera García no era la persona adecuada, que los trabajadores iban a verse perjudicados, que los aviones cuando se iban a rematar no valían 138 millones de dólares y el remate se iba a frustrar, que Hernán Calvo era lo mismo que López Mena, que el aval que había dado el Banco República se había dado fuera de la normativa del Banco Central. Es decir, todas las alertas que hemos dado después ocurrieron, y si se hubiera prestado atención Uruguay no habría perdido 280 millones de dólares, y vamos a perder 100 millones de dólares más si no se hace rápidamente.

Le digo por qué: la maniobra de la ley de Olivera García, que fue declarada inconstitucional, dilató en el tiempo el remate de los aviones. Pero además los directores generales de secretaría del Ministerio de Economía y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, [Pedro] Apesteguía, [Pablo] Ferrer y otros funcionarios del Ministerio de Economía asumieron como directores de Pluna SA. Cuando lo hicieron -en el estudio de Olivera García está el acta- firmaron un documento por el cual Pluna SA renunciaba a exigirle al Estado uruguayo los aportes de capitalización de Pluna que se había obligado a realizar a través de un acta. A su vez exoneraron al Estado uruguayo de su obligación de hacerse cargo de los posibles reclamos de los ex empleados de Pluna-Varig.

RA – ¿Y eso qué implicancia puede tener?

PB – Agrandaron el pasivo, porque como Pluna SA no tenía que pagar ese reclamo de los ex empleados de Varig, y como tenía el derecho de exigirle al Estado uruguayo y a la Sociedad Aeronáutica Oriental -la otra socia que había- que capitalizaran la empresa y renunciaron, la colocaron en una situación de mayor insolvencia que la que tenía. Y eso lo hicieron con el voto favorable de los directores general de secretaría de los ministerios de Economía y de Transporte. Increíblemente ayer los ministros negaron que ellos fueran los que nombraron en Pluna SA a los directores generales de secretaría de cada ministerio, lo cual nadie cree, porque fijese que esos Ministerios están manejando el asunto, justo se designa por parte de la asamblea de Pluna a sus directores generales de secretaría, que toman esta resolución.

Le digo cuáles son las consecuencias: esto es agravar la insolvencia de la sociedad anónima. Por ende, lo que ya pasó es que el síndico de Pluna SA designado por el juzgado ya inició una conciliación y una intimación para que el Estado uruguayo aporte esos 58 millones de dólares.

EC – Pese a esa resolución que existe adoptada en Pluna SA por estos representantes del Poder Ejecutivo.

PB – Claro, pero no resiste el más mínimo análisis jurídico, porque fijese que el Estado tenía la obligación de poner la plata y el Estado nombra a los directores generales de secretaría de los Ministerios que como directores de Pluna SA exoneran al Estado de poner dinero. Eso es una conducta que va a tener que ser analizada, en el mejor de los supuestos, como una quiebra culpable.

EC – ¿Y eso qué consecuencia tiene?

PB – La primera es que van a tener que poner el dinero más los intereses más los daños y perjuicios y por eso es que nosotros decimos -ayer se lo dijimos a los ministros- que la forma de terminar con esto es aplicar la ley, llegar a un acuerdo rápidamente con la comisión de acreedores, con el síndico de la masa y terminar este asunto. Porque el problema de Pluna no es que habíamos perdido dinero, es que cada paso que dio el Gobierno nos llevó a perder muchísimo más dinero. Y esta maniobra que hizo ahora a través de los directores generales de secretaría -está el acta, ayer la mostramos- se lo hizo además en una sesión en la que no participó el señor [Daniel] Delgado Sicco, el director de Pluna Ente y de Pluna SA nombrado por la oposición. Esa reunión, que tuvo lugar en el domicilio del estudio jurídico de Olivera García, es un acto en fraude a los intereses de la sociedad anónima en liquidación y eso nos va a hacer un agujero mucho más grande. Entonces mi desesperación es que ya nos lleva 280 millones de dólares pero nos va a llevar otro tanto, y entonces lo que hay que hacer es enfrentar la situación de una vez por todas y no seguir haciendo cosas como la del caballero de la derecha o el aval.

RA – ¿Usted dice que hay una salida para que no se llegue a un perjuicio mayor en términos económicos?

PB – Y la salida es dar la cara, no hacer maniobras, tratar de negociar de la mejor forma, pagar el mínimo posible. Aceptar que uno perdió plata, el problema es que cuando uno hace un mal negocio puede aceptar que hizo un mal negocio y dar la pérdida o puede negarlo y el mal negocio da una pérdida mucho mayor. Es lo que va a pasar, pero claramente, si no se hace lo correcto dentro de un año o dos vamos a estar hablando de vuelta del agujero de ciento y pico millones de dólares porque va a haber una sentencia judicial sobre este tema.

RA – Pero si se va por la vía de lo que establece la ley de concurso, ¿en qué situación queda esto que usted está planteando?

PB – Lo que permite la ley de concursos es que se haga una transacción entre el síndico y el Estado para terminar el asunto. Uno debe decir "bueno, lo que vamos a pagar es esto: si es 100 vamos a pagar 50, vamos a agarrar los bienes que hay en Pluna vamos a rematarlos y venderlos y tratar de llegar, si no a 50, a 30, a 20, a 40, a lo que sea";, de esa forma todo el mundo da una pérdida y se termina el asunto. Ahora, seguir haciendo maniobras para tratar que el Estado pague menos y que los otros no cobren nada está mal, porque a la larga sucede lo que hizo la Suprema Corte de Justicia, que dictó una sentencia diciendo que esta ley es inconstitucional. No se puede seguir de esta forma, es falta de profesionalismo, y lo increíble es que siguen escuchando al abogado que los metió en estos líos, que ha sido cuestionado y que según el presidente Mujica "nos comimos" su pastilla. Ayer el Frente Amplio en el Senado respaldó al ministro de Economía y al de Transporte diciendo "sigamos con Olivera García";, están locos.

EC – Ayer en el transcurso del debate desde la oposición se planteó en más de una ocasión que varios jerarcas del Gobierno debían responder con su propio patrimonio por estas pérdidas. ¿Usted tiene esa postura?

PB – Eso no lo decimos nosotros, lo dice el artículo 25 de la Constitución. Cuando se actúa con dolo hay que responder. ¿Qué es el dolo?, la intención de proceder de determinada forma, es distinto de la culpa, usted es culpable por determinada situación pero no tuvo la intención.

EC – ¿Y para usted quiénes actuaron con dolo en este caso?

PB – Yo hice muy pocas preguntas pero fueron: "Los directores generales de secretaría del Ministerio de Economía y del Ministerio de Transporte, ¿fueron designados a propuesta de los ministros?";, los ministros dijeron que no, o sea que les soltaron la mano. La segunda pregunta fue: "Cuando votaron de esta forma, ¿recibieron instrucciones de los ministros?";, y los ministros dijeron, increíblemente, que no, que los designados actuaron de acuerdo a su saber y entender y de acuerdo a la ley, no recibiendo instrucciones de los ministros. ¿Se da cuenta?, los directores generales de secretaría de los ministerios parece que estaban en el directorio de Pluna SA y no recibían instrucciones de los ministros.

Yo creo que tanto los directores generales de secretaría como los ministros, por más que niegan haberles dado instrucciones, están actuando con la intencionalidad de aprobar una exoneración al Estado y a Pluna Ente Autónomo de su obligación de capitalizar y de pagar de los acreedores. Creo que es así y creo que si se va a la Justicia va a terminar con esto, claramente.

EC – Pero entonces, ¿todos esos jerarcas deben responder con su patrimonio dice usted? Se lo pregunto porque no hay muchos antecedentes que yo recuerde en Gobiernos anteriores de que jerarcas que fueron responsables de pérdidas como las que estamos comentando hayan respondido con sus bienes.

PB – El ministro de Economía y el de Transporte dijeron que los resultados no fueron buenos pero hicieron su mejor esfuerzo y están conformes con eso. ¿Qué estaban diciendo?, "podemos no haber obtenido resultados pero no actuamos con intencionalidad";. ¿Qué estaban diciendo cuando negaron haberles dado instrucciones a sus directores generales? Justamente, "no actuamos con dolo, nuestra intención no fue perjudicar a Pluna SA";. Yo creo que se estaban anticipando a un problema, no es de buena fe que lo hicieron esta vez, porque las otras habían dicho que estaban haciendo todo muy bien.

EC – Está bien, pero yo le preguntaba por la falta de antecedentes en la política uruguaya de los últimos años.

PB – El artículo está en la Constitución, si no se aplica… Yo creo que cuando alguien actúa con dolo tiene que responder con el patrimonio personal por la intencionalidad.

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