(emitido a las 7.55 Hs.)

EMILIANO COTELO:
"Once horas de castigo por el caso Pluna para cerrar el año. Lorenzo cuestionado, Astori no debatió y Calloia no asistió";, ese es el enfoque de la tapa del diario El País. Por su lado, La República, que también tiene este tema en su portada, lo califica así: "Interpelación con tinte electoral. El Frente Amplio respaldó a Lorenzo y Pintado y la oposición pidió destitución";.

Otros encares en la prensa de esta mañana, por ejemplo el que incluye el matutino la diaria: "Interpelación en el Senado por Pluna derivó en respaldo a los ex trabajadores de esa aerolínea";. El de El Observador, título principal: "Por primera vez Lorenzo realizó autocrítica sobre el caso Pluna. Aquí está el ministro de Economía para hacerse cargo de los resultados, dijo el titular del Ministerio al responder a la oposición en una nueva interpelación";.

Recién escuchábamos los argumentos del senador Pedro Bordaberry, les propongo que ahora escuchemos cómo se vio esta interpelación y cómo se siguieron esos argumentos desde el oficialismo.

Estamos en contacto con el senador Rafael Michelini, del Frente Líber Seregni, sector al que están vinculados tanto el ministro [Fernando] Lorenzo como el ministro [Enrique] Pintado.

¿Cómo vio el resultado de esta instancia?

RAFAEL MICHELINI:
El respaldo a los ministros fue total por parte de la bancada frenteamplista, un poco tedioso porque las preguntas que se hicieron ya fueron respondidas en las dos interpelaciones anteriores, con la novedad de que se insiste en el dolo sin aportar una sola prueba. Por otro lado el silencio profundo de la oposición sobre el momento en que fueron identificados los hechos que ocurrieron el año pasado, el Gobierno a través de los mismos ministros, Pintado y Lorenzo, fue a pedirles ayuda. Eso fue en el momento en que la empresa aérea no volaba por un paro de trabajadores y que ya no podía seguir volando; la alternativa era que el Gobierno no capitalizara porque eso era un barril sin fondo y la oposición dejó al Gobierno solo. O sea, el silencio convalidó la posición de que era bueno que no se capitalizara y la empresa cerrara, pero que lo hiciera el Gobierno y que pagara todos los costos y que la oposición mirara para otro lado y después criticara a mansalva. Ese fue el resultado que uno puede sacar, diferente a las otras interpelaciones.

ROMINA ANDRIOLI:
Uno de los aspectos que planteó el senador Bordaberry es el tema del dolo, él decía que los directores de secretaría de los ministerios de Economía y de Transporte tomaron una serie de decisiones que aumentaron el pasivo de la empresa, entre ellas la decisión de que el Estado no capitalizara.

EC – Sí, el aludía a lo ocurrido en una sesión de Pluna SA en la etapa en la que estaba intervenida por el Estado.

RM – No estaba intervenida por el Estado, el socio mayoritario pasó las acciones a un fideicomiso pero seguía habiendo un socio mayoritario que estaba llevando adelante el fideicomiso. El Estado uruguayo solo tenía obligación de capitalizar si el socio mayoritario capitalizaba. Como eso no ocurrió la empresa estaba en quiebra y tenía que entrar al concurso. Es, en definitiva, el argumento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para declarar los artículos 1, 2 y 3 inconstitucionales, no porque hubiera una pérdida para los acreedores, sino porque una vez entrado en el concurso no se podía hacer una ley particular aunque beneficiara a los acreedores en general y agilizara el uso del patrimonio para que no se perdieran los aviones.

EC – Lo que señalaba el senador Bordaberry es que en esa resolución en la que intervienen de manera decisiva los directores de secretaría de los ministerios se exonera al Estado de su obligación de capitalizar y también de la responsabilidad que le pudiera caber en las demandas laborales de ex funcionarios de Pluna-Varig, etcétera.

RM – Ese es un detalle importante porque la crítica en interpelaciones anteriores era que cuando se eligió al socio se le dijo que Pluna Ente Autónomo -el Estado- se hacía cargo de todas las posibles deudas que le vinieran al socio. En la medida que el socio entregaba las acciones al fideicomiso y había que buscar un socio nuevo la idea era no cometer el mismo error; que cuando viniera un socio se tuviera muy claro que quien agarraba lo hacía con todas las contingencias. Obviamente después ocurrió lo de Brasil, entonces, ¿en qué escenario nos ponía?, si había una decisión no solo del Gobierno uruguayo sino de todo el espectro político de no tener una empresa estatal, entonces o se tenía una empresa mixta o la empresa cerraba. Como empresa mixta no podía ser porque nadie iba a asumir una empresa con las contingencias que vinieron de Brasil, porque el capital busca el lucro y no los problemas, la empresa estaba en quiebra.

EC – Desde el punto de vista del senador Bordaberry se cuestiona que con una decisión como esa se estaba complicando la situación financiera de esa empresa, y por lo tanto con las consecuencias que vinieron después, la necesidad de afrontar las deudas con los acreedores. De ahí que incluso el síndico nombrado por la Justicia para este proceso de liquidación está exigiendo que se cumpla con aquella capitalización pendiente de parte del Estado.

RM – No, no es correcto, porque el Estado como socio minoritario solo estaba obligado a capitalizar si lo hacía el socio mayoritario, y el socio mayoritario no capitalizó. No se le pueda pedir al Estado que ponga como socio minoritario y como socio mayoritario. Eso le costaba al país 40 millones de dólares, por lo menos, estamos hablando de unas 50 escuelas o liceos, unos 30 hospitales, por año. Pero no se animan a decirlo, lo pregunté en más de una oportunidad: ¿alguien piensa, que lo mejor era que esta empresa fuera abordada como empresa estatal y el Estado pusiera 40 o 50 millones de dólares por año como ocurre con aerolíneas que corren entre 800 y 900 millones de dólares por año en Argentina, tres millones de dólares por día? En Argentina muchos dicen: "bueno, es el costo de pagar en un país que si no está Aerolíneas Argentinas no está conectado";, acá no se puede decir eso. ¿Alguien cree que se podían poner 40 millones de dólares? No, todos los de la oposición miran para el costado, porque eso es un verdadero disparate. Pero, a renglón seguido, dicen: "Ah, pero el Estado tenía la obligación de hacerlo y de esa manera los acreedores van a cobrar";. Los acreedores, como cualquier acreedor de una empresa privada, asumieron riesgos y están ahora en el concurso con todos los bienes de Pluna. No parece lógico que la única obsesión que tengan algunos, que además acusan sin pruebas con respecto al dolo, sea sobre los acreedores y sobre todo de algunos acreedores que fueron los que aportaron financiamiento a través de algunos fideicomisos y eran acreedores de riesgo.

EC – Para terminar con este punto, en la entrevista anterior el senador Bordaberry decía: "desde la oposición hicimos varias advertencias sobre hechos que finalmente después se fueron dando y que no han sido buenas noticias para este proceso de liquidación de Pluna SA. Ahora advertimos que el concurso va a ser calificado como culpable, lo que significa que existieron actos u omisiones que agravan la insolvencia del deudor";. ¿Para usted no va a pasar esto en la Justicia?

RM – Yo creo que insisten en algunos caminos tratando de darle letra a los jueces. Lo digo con total honestidad, no dejan que la Justicia tenga su propio proceso y actúan indicando a los jueces lo que deben hacer. No parece lógico, nosotros tenemos que ser cuidadosos de los dineros públicos, cuando hicimos la ley de concurso que rescataba los aviones, los subastaba y de esa manera los aviones no perdían valor -valor para el Estado porque era el primero en cobrar- no estábamos erosionando ninguna de las consecuencias para el resto de los acreedores. La Justicia entendió otra cosa, se respeta.

Ahora dicen que se va a declarar culpable al concurso. Cualquier empresa que entra en concurso tiene una serie de artículos que se aplican y tiene un patrimonio para respaldar lo que se pueda rescatar para los acreedores. ¿Por qué si la SCJ nos dice "no debieron ir por una ley particular, apliquen la ley general de concursos";, ahora que aplicamos la ley general de concursos se nos dice que el Estado es culpable de aplicar esta ley general? Y la ley general dice que la empresa respalda con su patrimonio lo que puedan cobrar los acreedores, que entre ellos está el Estado, Ancap, el Banco República, los trabajadores que tienen crédito de privilegio, entre otros.

Yo creo que le quieren dar letra a la Justicia y eso no corresponde, como tampoco corresponde que el Senado le diga al Banco República o a Pluna Ente Autónomo a quien debe contratar o a quien no debe contratar, no es la función del Senado.

RA – Otro aspecto que se cuestionó desde la oposición es la actuación del abogado Ricardo Olivera García, y sobre todo el hecho de que siga asesorando al Gobierno. ¿Qué dice usted sobre este punto teniendo en cuenta que el propio presidente José Mujica había dicho que el Gobierno se "comió la pastilla"; con Olivera?

RM – Yo creo que hay un ensañamiento de la oposición con Olivera que es inexplicable. Olivera había hecho la ley de concursos, es un hombre absolutamente respetado, no es…

RA – Justamente se le cuestiona eso, que habiendo hecho la ley de concurso luego haya hecho la ley que buscó desviarse de esa normativa.

RM – Hizo la ley de concursos, un hombre que no es del Frente Amplio, absolutamente respetado, yo estoy convencido que sabe mucho más que la SCJ, independientemente de que la SCJ resolvió, sentenció y cumplimos lo que dice.

Generó una ley que el Frente Amplio respaldó que de alguna forma protegía mucho más los intereses de todos los acreedores, protegiendo los bienes, el patrimonio, a tal punto que si los aviones se vendían en la subasta por un monto superior a lo que el Estado iba a cobrar entonces eso se volvía al concurso, por lo tanto los acreedores iban a ganar. Además permitía que el Estado uruguayo pusiera plata para salvar el mantenimiento de los aviones, si no iban a convertirse en chatarra. Entonces, una cosa es que la SCJ haga una sentencia, otra cosa es una ley -que a nuestro entender era muy buena, porque sino no la hubiéramos votado- hecha por el experto en esta temática comercial reconocido por muchos de los jueces, varios de ellos de la propia SCJ, y que ahora porque la SCJ dictaminó lo que dictaminó todo ese prestigio profesional se le denoste en el Senado, en la tribuna pública, a un profesional que ha trabajado honestamente. Es cualquier cosa, no parece lógico que se agarren con una persona que no es política, con un profesional tan destacado.

EC – El cuestionamiento va porque el propio presidente Mujica dijo algo que no suena a un elogio para Olivera García, "nos comimos la pastilla";, y eso tiene que ver en el fondo con la realidad: redactó una ley sobre la cual varios advirtieron que podía ser declarada inconstitucional, finalmente sucedió y en los hechos implicó una enorme pérdida de tiempo, un año y pico que ahora hay que dar por cerrados y empezar de nuevo. ¿A ese abogado se lo puede seguir contratando?

RM – Sí, a los aviones se los mantuvo, tienen el valor que tienen hoy porque se les hizo mantenimiento. Si hubiéramos tenido convicción de que la ley era inconstitucional naturalmente no la habríamos votado, contratamos al especialista más importante, el que sabe más de todo esto, yo no creo que haya sido una pérdida de tiempo, sino que son esfuerzos honestos de buena fe y con talento, porque el doctor Olivera lo tiene, en el cual después con todo el respeto la SCJ dijo que se vulneraban ciertos aspectos del equilibrio de poderes. Nosotros respetamos, ahora, en el tema derecho comercial es un hombre que sabe, que ninguno de los senadores, incluso aquellos que tienen títulos de abogados en el tema comercial, le llega a la suela de los zapatos. Que contratemos gente con experiencia no significa ponerlo en la palestra pública y denostarlo, insultarlo y tildarlo de cualquier cosa como se hizo ayer. Me parece que la discusión política está en los hombres que hacemos política.

EC – ¿Qué pasa ahora después de un debate como el de ayer?

RM – Yo creo que está en la misma situación que la última interpelación, salvo que la SCJ declaró inconstitucional y el Gobierno, respetuoso de eso, está cumpliendo con lo que dice la Justicia. Nosotros no estamos tratando de imponer nuestra posición. Hay un debate que no está resuelto, porque la oposición no contesta. La izquierda en este país tuvo el valor de decir que esta experiencia no va a ser estatal si no hay un socio, y le ahorramos al país 40 millones de dólares. Los partidos tradicionales, en una actitud antipatriota, miraron para un costado y dijeron: "esto que lo haga el Frente Amplio, nosotros criticaremos";, y eso no lo contestaron, se los dije expresamente, usé la palabra antipatriota y ninguno de ellos dijo "¿Qué me estás diciendo?";, porque saben que es así. Tomamos una decisión muy difícil con mucho coraje, pusimos la cara y ellos nos dejaron solos.

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