(emitido a las 8.53 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El caso Pluna SA estalló con una potencia bastante mayor de la que se esperaba –por lo menos para esta época– entre el viernes y el sábado pasados.

La jueza Adriana de los Santos procesó con prisión al ex gerente general de Pluna SA Matías Campiani y a sus exsocios en Leadgate, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde, por un delito continuado de estafa especialmente agravado. Los tres fueron trasladados en la noche del sábado a la ex Cárcel Central, donde van a permanecer aproximadamente una semana, a efectos de que se los evalúe y luego se determine a qué centros penitenciarios se los derivará.

Estamos en diálogo con el doctor Carlos Moreira, abogado, senador de la República, perteneciente a Alianza Nacional, Partido Nacional (AN, PN), quien tuvo a cargo buena parte de las interpelaciones relacionadas con el tema Pluna en los últimos años.

¿Cuál es su primera reacción a propósito de la resolución de la jueza Adriana de los Santos con respecto a Campiani y sus socios? ¿Es lo que usted pretendía cuando presentó, junto con otros senadores del PN, la denuncia ante la justicia penal?

CM - En ese momento entendimos que había hechos con apariencia delictiva, por eso presentamos esa denuncia penal a fines de mayo del año pasado. El juzgado trabajó mucho en ese tema porque es muy complejo, no es un tema sencillo de un hurto, una rapiña. Aparentemente hubo pericias, informes económicos, y la jueza tomó esa determinación de procesar a estos tres argentinos por un delito continuado de estafa especialmente agravado. Me parece que había indicios de toda naturaleza de que esto podía terminar así. No hay ninguna duda de que –lo dijimos en reiteradas oportunidades del 2007 para acá– estábamos presenciando una serie de hechos, de conductas, de omisiones, de violaciones, de irregularidades, de impunidades que podrían configurar delitos. Y causaron perjuicios cuantiosos al Estado y a la sociedad uruguaya.

El la interpelación yo decía que, si empezamos a contabilizar lo perdido hasta el momento, son más de 280 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Y se han hecho cosas increíbles en esto, entonces me parece que el pronunciamiento judicial respecto de estos tres argentinos es muy ajustado a derecho.

EC - El fiscal sostiene, a propósito de Campiani y sus socios, que "queda claro que su voluntad era mejorar la empresa para poder vender su parte y obtener usufructos. Para conseguir tal objetivo era necesario presentar balances que no respondían a la realidad, hacerlos tardíamente, retacear la información a los directores públicos y contratar consultas con especialistas que reflejaban visiones parciales, siempre beneficiosas a los intereses de los indagados".

Además "desplegaron una serie de estratagemas y engaños artificiosos, el más relevante vinculado a los cheques diferidos que se entregaban a Ancap por el suministro de combustibles". También entiende que "las estratagemas cumplidas por los indagados se objetivizan en el uso de empresas subsidiarias a Pluna SA, por ejemplo Eastern Jet 1 y 2, con importantes transferencias de fondos que permitían luego la facción de balances consolidados. O el manejo en la República Argentina de las empresas Aerovip argentina, SAS SA, creando una compleja ingeniería de empresas que les permitió girar fondos hacia ellas por Pluna SA cuando en definitiva en todos los casos, a través del uso sea de empleados, de abogados patrocinantes o familiares de estos, se incrementaron notoriamente los gastos de la propia Pluna en beneficio de las empresas subsidiarias o coligadas por ellos manejadas".

Por último agrega: "Llama poderosamente la atención el uso de empresas con nombres similares, al igual que en las originarias Leadgate Investment Corporation y Leadgate SA, que sin duda inducen a confusión".

CM - Sí, este entrecruzamiento de sociedades en aquel negocio con Aerovip, una empresa argentina absolutamente fundida, con un pasivo de 7 millones de dólares, que Leadgate compra y al final termina haciendo un negocio absolutamente injustificable en el cual esa empresa, absolutamente fantasma, que luego cede en arrendamiento a esas empresas del Reino Unido, Eastern Jet 1 y 2… Es una cosa… ¡Si lo habremos denunciado, si habremos llamado a los ministros…! Y decían que estaba todo bien, que ese era un buen negocio para Pluna, que Pluna le rentaba un avión. Esa empresa no tenía nada, estaba fundida y no tenía aviones ni rutas ni frecuencias ni nada. Y voló con un avión de Pluna, creo que hizo 1000 y pico de vuelos, en los mejores horarios y con todos los servicios de Pluna, simplemente con tripulación argentina. Era un negocio absolutamente injustificable, en el cual estoy seguro de que Pluna perdió millones de dólares. Y luego el actual directorio de Pluna Ente Autónomo insinuó la devolución de ese dinero. Le costó muchísimo dinero al Estado uruguayo… ¡Si habremos convocado a los ministros al Parlamento para hablar de ese negocio…! Ahora el fiscal hace caudal de ese pésimo negocio, absolutamente ruinoso para el Estado, para su pronunciamiento.

EC - ¿Usted también tenía verificadas ese tipo de maniobras a partir de la documentación que había recibido? ¿El análisis que hace el fiscal coincide con la visión que usted tenía del manejo de la empresa?

CM - Sí, ese fue de los negocios más turbios y más oscuros en los que participó Pluna en estos años. El negocio con Aerovip era absolutamente injustificable. Comprar una empresa en Argentina fundida, sin frecuencias, con un pasivo enorme, y todavía pagar 1.850.000 dólares, darle un avión de Pluna nuevo para que volara en la frecuencia de Pluna no tenía justificación económica alguna. Eso lo pactó el anterior directorio de Pluna Ente Autónomo, el de Bouzas. Ese directorio lo pactó, lo mantuvo, lo defendió… Así termina, me parece muy correcta la apreciación del fiscal, porque Aerovip es un de los capítulos más oscuros de la historia de Pluna.

EC - Campiani viene sosteniendo desde hace varias semanas en declaraciones a la prensa que una cosa es que una gestión empresarial pueda ser cuestionada o tildada de fracaso, y otra muy diferente es que se cometan delitos. Él y sus abogados enfatizan que no se cometió ningún delito, que él y sus socios no se enriquecieron en el período en que estuvieron al frente de Pluna SA, y que, por el contrario, perdieron dinero, ya que capitalizaron la empresa y después terminaron cobrando un dólar al final de la operación.

CM - Campiani cobró 3 millones de pesos de retribución como trabajador e indemnización por despido. Y además le pactaron la indemnidad. Lo que perdió el Estado con Pluna anda en el entorno de los 283 millones de dólares, y seguramente va a ascender a mucho más. Yo no soy juez penal, no conozco el expediente penal, pero me da la sensación de que el juez debe de tener muy sólidos argumentos para fundar ese procesamiento de Campiani y sus socios en uno de los capítulos más negros de la historia de esa empresa aérea y seguramente el más oneroso de todos ellos. Porque estamos hablando de muchísimo dinero.

EC - Por otro lado, Campiani destaca que los pasos que él y Leadgate dieron contaron siempre con el visto bueno del Estado, en alusión a los representantes que Pluna Ente Autónomo tenía en el directorio de Pluna SA.

CM - Contaron principalmente en el período de Gobierno anterior, en el cual le dieron el sí a prácticamente todas las cosas; esas cosas incorrectas y dañinas que se hicieron cuando Danilo Astori era ministro de Economía y Finanzas. Por ejemplo, le dieron la garantía por el 100% de la compra de los aviones, cuando el Estado tenía el 25%. Una de las cosas más groseras de esta historia de Pluna y la que más dinero va a costar, la garantía. Son ciertas algunas de las cosas que dice Campiani, hubo una omisión en el contralor y además decisiones absolutamente injustificables del Gobierno, de las autoridades de Pluna Ente Autónomo y de los ministros de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas, sobre todo en el período anterior cuando comienza toda esta historia. Y después en este continúa, lo que yo el otro día calificaba como "herencia maldita"; ahora Lorenzo ya no es más ministro, pero Pintado y Lorenzo recibieron una herencia maldita, venía el paquete atado, y tampoco hicieron nada para desatarlo. El cúmulo de indulgencias, de permisividades, de asistir impávidos a la violación de los contratos fue una actitud constante de los sucesivos Gobiernos.

EC - Claro, pero de algún modo el razonamiento de la defensa de Campiani es: "¿cómo que estábamos estafando a alguien –el Estado– cuyos representantes… ¿qué?, ¿se dejaban estafar?".

CM - Hay una doble responsabilidad, de los agentes privados y de los agentes públicos que miran para el costado cuando no deben hacerlo y deben tomar medidas. Eso no lo excusa a Campiani, él hizo las cosas muy mal, por eso lo procesan, me parece muy bien. Pero que haya un Estado omiso y condescendiente no exculpa a Campiani y sus socios de lo que hicieron.

EC - Este fin de semana trascendió que la justicia prevé citar a otras personas en carácter de indagadas, tanto funcionarios públicos como representantes de empresas privadas. Para usted, a partir del estudio que ha hecho de este caso, ¿debe haber otros procesamientos?

CM - Miremos al anterior directorio de Pluna Ente Autónomo que dijo que sí a todo. Ahí busquemos responsabilidades. Yo no soy juez penal y no quiero meterme en esas cosas, pero me parece que este tema da para más.

EC - ¿Y por el lado del sector privado?

CM - No sé, puede ser.

EC - Por ejemplo, ¿en esas empresas vinculadas a Pluna SA y a Leadgate de las que se habla en el dictamen del fiscal, se supone que ahí también hay responsabilidades?

CM - En esa Eastern Jet, por ejemplo, había una abogada de Pluna que participó, era presidenta y firmaba los contratos. Me parece que hay que seguir investigando. Esto tiene muchísimas puntas. No tengo dudas de que se puede seguir investigando y determinar otras responsabilidades existentes.

EC - ¿Responsabilidades de funcionarios públicos y también de privados?

CM - Algunos eran empleados de Pluna SA. Había una abogada que en ese momento fue presidenta de Eastern Jet, en una cosa inexplicable; dependerá de la justicia investigarlo. Nosotros hemos hecho aportes en ese sentido y hemos marcado en la medida de lo posible las responsabilidades y los hechos que sucedieron. A la luz de los resultados, los daños y perjuicios, hay que seguir investigando.

EC - Por otro lado, ¿cómo observa el procesamiento sin prisión del escribano que intervino en la subasta -después frustrada- de siete aviones Bombardier que habían pertenecido a Pluna SA?

CM - La subasta fue un verdadero escándalo. Se presentó Hernán Antonio Calvo Sánchez que dijo llamarse "Antonio Sánchez", alteró el orden de sus nombres y apellidos, no tenía poder que lo acreditara como representante de Cosmo… No sé quién fue el que dijo que le daba un plazo de 48 horas en el acta para pagar la comisión de los rematadores, que recién pagaron cuando el Banco República (BROU) le pagó al fideicomiso, seis meses después. El remate fue una vergüenza, fue una cosa violatoria de todo. No sé quién fue el responsable; el fiscal y el juez entendieron que era el escribano Seitún que determinó ese tipo de cosas. Pero el remate fue una violación de todo, se decía que hubo puja y varios oferentes, cuando en realidad hubo uno solo.

***

EC - En el caso del escribano Pablo Seitún, la resolución de la doctora Adriana de los Santos fue que se lo procesara sin prisión por un delito de "certificación falsa por funcionario público". Para usted la subasta estuvo llena de irregularidades. ¿Eso implica que debería haber otros procesamientos por la subasta en sí misma?

CM - No conozco el pronunciamiento judicial. Lo que digo es que la subasta fue un cúmulo de irregularidades, que se presentó alguien que se alteró los nombres y los apellidos, que en el acta se aplazó por 48 horas el pago de la comisión de los rematadores…

EC - Mi pregunta apuntaba a saber si, aparte del escribano que acaba de ser procesado, usted entiende que hay otras responsabilidades allí.

CM - Interpretemos también que el aval forma parte de la subasta, porque el aval del BROU otorgado por el presidente del banco provisoriamente, hasta que fue ratificado por parte del directorio, también estuvo lleno de irregularidades. Creo que eso forma parte del pedido de procesamiento del fiscal respecto de Fernando Calloia.

EC - ¿Qué análisis hace de ese pedido de procesamiento?

CM - Me parece que tiene fundamento. No he leído el dictamen fiscal pormenorizadamente, pero me parece que lo del aval estuvo lleno de irregularidades. Y mire cómo termina esta historia: el aval fue dado sin poder a requerimiento telefónico del ministro Lorenzo en dos horas, Hernán Antonio Calvo no tenía ni poder de esa empresa fantasma Cosmo, que por supuesto nunca iba a pagar ese aval. Lo termina asumiendo un tercero ajeno –al menos jurídicamente– a la relación, y ahora tampoco lo va a pagar ese tercero porque hay una cláusula resolutoria. ¡Increíble! ¡Un perjuicio de 13 millones y pico de dólares!

EC - La defensa del exministro Fernando Lorenzo y del presidente del BROU, Fernando Calloia, son abogados distintos, en un caso del doctor Amadeo Ottati y en el otro el doctor Gonzalo Fernández.

La defensa argumenta que no se dieron los hechos que el fiscal esgrime para luego acusar por el delito de "abuso innominado de funciones". Porque el fiscal sostiene que al facilitarle los trámites a Cosmo para la obtención de su aval se privilegió a una empresa por sobre otras que estaban pujando o pensando participar en la subasta. Y el Gobierno responde que no había tales otras ofertas, que ningún otro de los interesados estaba dispuesto a pujar, que había habido distintos nombres, pero que Cosmo terminó siendo realmente la única. Entonces ni siquiera sería válida la lectura que hace el fiscal del hecho.

CM - Es la misma lectura que hizo el escribano Seitún, que dijo que había varias empresas para pujar. Reitero que no leí el dictamen fiscal y no me voy a poner en defensor o en acusador en ese tema. Yo lo que digo es que acá hubo irregularidades de todo tipo. No hay ninguna duda de que eso fue una puesta en escena de un testaferro, no tengo ninguna duda y ningún uruguayo tiene ninguna duda. De que la salida ideada por esa vía de la ley fue absolutamente equivocada, que pasó de todo ahí, que el directorio del BROU nunca debió haber aprobado un aval en esas condiciones y nunca debió haberse producido una subasta en esas condiciones no tengo ninguna duda. Después lo que diga la defensa, lo que diga el fiscal… es otro tema, son cosas muy precisas.

EC - El fiscal termina esgrimiendo el delito de abuso innominado de funciones, un delito muy polémico ya en la historia político-jurídica uruguaya. Un delito que el PN y el Partido Colorado han cuestionado en distintas ocasiones cuando ha sido utilizado contra jerarcas pertenecientes a esos partidos. Tanto es así que el doctor Amadeo Otatti, al enterarse de que ese es el delito en juego, presenta un recurso de inconstitucionalidad.

CM - ¡Seguro, sí! Para aplazar el pronunciamiento, sin ninguna duda. Está bien, es lo que deben hacer los abogados defensores: defender a sus clientes. Es lo que hace el doctor Otatti, por supuesto. Yo no voy a adentrarme en el análisis jurídico de los delitos… Nosotros en el PN dijimos: acá hay hechos con apariencia delictiva, acá hay cuantiosos daños al Estado y a la sociedad uruguaya, acá hay comportamientos irregulares, acá hay omisiones, acá hay ocultamientos… Y uno de los capítulos de la historia fue lo del aval y lo de la subasta, en lo que hay irregularidades manifiestas. Si usted me dice cómo lo califico delictualmente, no lo hago, porque no soy juez ni abogado defensor…

EC - Se lo pregunto porque habiéndose discutido tanto a propósito del aval que llegado el caso lo que el fiscal tenga para imputar sea "abuso innominado de funciones", un delito tan polémico, tan flexible en cuanto a interpretaciones, y a su vez tan débil que hasta puede ser tildado de inconstitucional, llama la atención que no haya otro delito para imputar.

CM - No hay pronunciamientos anteriores de inconstitucionalidad. Como usted dice, es una figura polémica, es una figura muy genérica, es una figura que ha sido criticada y utilizada en el pasado para procesar a jerarcas de Gobiernos anteriores. Ahora cuando se procesa –o no se procesa, pero se acusa– a jerarcas de este Gobierno vuelve el tema al tapete, y es legítimo que así sea. Quizás pudo haberse incurrido en conductas de otro tipo de delitos. El fiscal entiende eso, no me voy a poner a juzgar esa figura. Pero esto del aval del República causa vergüenza ajena, que se haya conseguido el aval en esas condiciones y que luego se haya logrado que el señor López Mena asumiera una obligación que no tenía, y que ahora eso se caiga… ¡es una verdadera vergüenza! Yo no califico las cosas como delictivas o no delictivas, las califico como responsabilidades y consecuencias dañinas para todos nosotros.

EC - ¿Qué análisis hace del gesto del ministro Lorenzo que cuando supo que debía declarar como indagado optó por renunciar a su cargo a efectos de comparecer ante la justicia sin ampararse en las inmunidades que tiene un secretario de Estado?

CM - Me parece bien. Muy distinta fue la actitud del señor Calloia, que después fue a ver un partido de tenis en el Carrasco Lawn, riéndose de determinadas decisiones… A la luz de los errores cometidos y de las consecuencias, el ministro Lorenzo debió haber renunciado antes. Pero me parece bien que lo haya hecho.

EC - Usted y la oposición han reclamado la renuncia del ministro por este tema, pero Lorenzo no renunció por lo que ustedes argumentan, renunció porque esgrime que no quería poner en juego la inmunidad de la que goza como ministro. No es una renuncia de tipo político.

CM - Nos evitó una hermosa discusión en el ámbito parlamentario (se ríe.) cuando se diera lo del juicio político. Me parece que eso debe de haber pesado también en su decisión, porque seguir todavía haciendo más alharaca con este tema… me parece que juzgó: terminemos con esto, renuncio…

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Transcripción: María Lila Ltaif

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