(emitido a las 7.50 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Desde el año 2010 el Parlamento viene discutiendo la reforma del Código Penal. Después de casi cuatro años de trabajo el Frente Amplio anuncia que prevé aprobar el proyecto en el primer semestre del año 2014. Entre las modificaciones se incluye la eliminación del artículo 162 del actual código, el que crea el delito de abuso innominado de funciones, el mismo por el cual la Justicia de Crimen Organizado pretende procesar a Fernando Lorenzo, ex ministro de Economía, y Fernando Calloia, presidente del Banco República.

El hecho de que se reafirme desde el oficialismo la intención de votar estos cambios en los primeros meses del año que viene ha abierto en estas horas una polémica política.

En el año 2007 el entonces senador Julio María Sanguinetti presentó un proyecto de ley para derogar el artículo 162, que fue rechazado por la izquierda. El senador Rafael Michelini -que en estas horas calificó de "infamia" el delito del que se acusa a Lorenzo- se oponía entonces a su eliminación con el argumento de no quitar a los jueces herramientas cuando a la vista está que se ha cometido un delito en el manejo de los dineros públicos. Primaba en Michelini y en otros legisladores de izquierda la inquietud por el hecho de que en aquel momento la eventual derogación habría beneficiado a dirigentes blancos y colorados que estaban acusados y luego fueron procesados.

¿Cuáles son los argumentos del Frente Amplio para seguir con los planes en esta materia ahora que el escenario cambió con las novedades judiciales del fin de semana? Vamos a conversar con el diputado José Bayardi, de la Vertiente Artiguista, Frente Amplio.

¿Usted siempre se opuso al delito de abuso innominado de funciones?

JOSÉ BAYARDI:
Dos cosas con respecto a la introducción que usted hacía: primero, vamos a pararnos en el 2007, cuando se formó una comisión por ley que determinó que había que analizar las modificaciones al Código Penal, estuvo el doctor [Milton] Cairoli a la cabeza de esa comisión y en el año 2009 terminó de elaborar un proyecto de modificación del Código Penal. En ese proyecto del año 2009 que entró a consideración desde el año 2010 está planteada la derogación de este artículo 162. O sea que en lo que tiene que ver con cómo viene la derogación de este artículo, más allá de una serie de transformaciones, es sobre un conjunto de modificaciones a una enorme cantidad de artículos del Código Penal que está a consideración de la comisión de Constitución, Legislación y Código de la Cámara de Diputados.

EC – Sí, yo dije que está en consideración desde el año 2010 como parte de la reforma más amplia del Código Penal.

JB – Sí, reforma que hizo una comisión de juristas. Ningún organismo ni ninguna iniciativa nació desde el Frente Amplio, sino desde esa comisión.

Desde el año 2010 Diputados tenía dos modificaciones de código, uno era el Código General del Proceso y otro el Código Penal y el Senado tiene la modificación del Código del Proceso Penal. A partir de ahí Diputados analizó durante 2010-2011 el Código General del Proceso y estuvimos un año y medio, casi dos años, para terminar sancionando modificaciones. Hace más de un año que venimos tratando las modificaciones al Código Penal. Este es el contexto en el cual está planteada la modificación del Código Penal, mucho antes de que desencadenara esta causa judicial.

EC – Esas puntualizaciones sirven para terminar de entender el proceso, pero vuelvo a la pregunta: ¿usted siempre discrepó con la existencia de este delito?

JB – La verdad que no lo consideraba, no soy abogado. Cuando vino la consideración en el Código incorporamos (con las valoraciones que traía desde esta comisión) la eliminación de este delito que es cuestionado desde la doctrina, desde la academia, no desde el Frente Amplio. Como punto de partida hemos manifestado nuestra voluntad para este delito en particular y para todas las modificaciones que vinieron en ese proyecto de código.

EC – Yo le preguntaba por una opinión política más allá de las opiniones de los técnicos o de la academia porque ocurrió -y yo lo tengo presente porque venimos haciendo este programa y periodismo desde que la democracia se restauró en Uruguay- en estos años ha habido distintas ocasiones en las que funcionarios o ex funcionarios de gobiernos blancos o colorados fueron procesados por el delito de abuso innominado de funciones. Y en esas ocasiones desde los partidos tradicionales se planteó el cuestionamiento a esa figura delictiva. En el caso suyo, ¿cómo observaba aquellos casos?

JB – Salvo la vez que el doctor Sanguinetti lo planteó, que usted lo referenciaba y que ha trascendido en estos días, nunca había estado planteado con anterioridad. Y el planteo del doctor Sanguinetti había sido la exclusión de un artículo, de una modificación del Código Penal, ahora estamos hablando de una modificación general, vuelvo a repetir, no hecha por actores políticos sino por actores jurídicos. Por lo cual cuando usted me pregunta qué posición tengo, yo con respecto a muchos delitos del Código Penal puedo tener apreciaciones, pero hasta este momento no me había planteado las modificaciones, hasta que ingresó este proyecto como proyecto elaborado globalmente de modificaciones del Código. Lo quiero dejar claro porque nunca estuvo, no provengo del área ni desde el punto de vista doctrinario, y desde el punto de vista político la apreciación que me merecía el código en general es la modificación de muchos artículos, entre ellos podría estar este, pero nunca reparé particularmente.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Ustedes descartan que la eliminación de este artículo se haga fuera de esta reforma del Código Penal que está planteada?

JB – Oí eso anoche en un noticiero, pero por el momento no está planteado desde adentro del Frente Amplio, yo no he recibido ninguna valoración que implique eliminar este artículo exclusivamente. Esta fue una información que trascendió ayer en un canal de televisión, pero desde el punto de vista de lo que ha sido en estos días o en este momento teniendo como punto de partida de los hechos de notoriedad no oí a nadie que planteara eliminarlo individualmente. Siempre estuvo planteado un tiempo, porque esto ya viene conversado adentro de la comisión de Constitución, fíjese que hace un año y medio que lo tenemos planteado. En este contexto, recibidas las opiniones de todos los que han visitado la comisión, el quitarlo del Código Penal no ha sido observado por ningúno de los juristas que han comparecido en la comisión.

EC – Una puntualización, ¿se habla de eliminarlo, no de retocar el texto del artículo?, porque hubo dos posiciones respecto a eso.

JB – Sí, creo que oí ayer al senador [colorado Ope] Pasquet hacer una intervención diciendo que había que retocarlo. Por el momento no hubo ningún planteo de retocarlo.

EC – Porque una de las posibilidades era darle mayor precisión al texto, que no fuera tan ambiguo.

JB – Es un texto al que todo el mundo lo califica como impreciso y como residual porque hay otros delitos que identifican el objeto de la acción, eventualmente el daño y el haber actuado con dolo o con culpa para favorecer intereses ajenos o propios, y este quedó como un artículo residual porque es aquel abuso de funciones en los casos no previstos por la ley. En la medida en que desde el punto de vista penal la ley tiene que ser específica para poder tener sanciones de naturaleza penal, ha existido el cuestionamiento para la eliminación del artículo.

EC – La idea es eliminarlo.

JB – Viene como eliminado en el proyecto borrador que está a consideración.

RA – ¿Qué dice respecto a las críticas que han surgido desde la oposición por el momento en que se vuelve a retomar este tema? Por leer una, el senador José Amorín Batlle señaló que está de acuerdo con la derogación del polémico delito pero consideró que es "absolutamente inmoral" que desde el oficialismo se pretenda "buscar una ley pensando en el provecho propio". Decía: "tratan de apurar una ley por esta razón", a propósito del pedido de procesamiento de Calloia y de Lorenzo, él decía: "yo estoy de acuerdo con la derogación del delito, pero en esta circunstancia no se podría hacer porque sería una ley con nombre propio".

JB – El es abogado, yo soy médico. Yo sostengo que en la vida hay que hacer lo que hay que hacer. Veníamos discutiendo esto desde el 2010, en el último año y medio ya estaba con mucha fuerza en la agenda de la comisión. Hubo un plan de acción para la aprobación del tema en el que se anunció hace ya mucho tiempo que nuestra idea era terminar este período con la sanción de los tres códigos: el Código General del Proceso, que ya está sancionado, el Código del Proceso Penal, que lo tienen los senadores, y las modificaciones al Código Penal, que lo tiene Diputados.

Por otro lado, cuando yo digo que las cosas hay que hacerlas, hay que hacerlas. Esto estuvo planteado desde hace mucho rato y yo no soy pusilánime ni demagogo ni oportunista. Si estaba anunciado que había que hacerlo, hay un método de trabajo de la comisión -aprobado por todos los partidos políticos- y en la medida en que el receso está levantado vamos a trabajar en Diputados para sacar esto de arriba de la Cámara de Diputados y mandarlo al Senado porque nos está por venir el Código del Proceso Penal que va a aprobar el Senado y que vendrá a Diputados, y la idea era terminar este período con los tres códigos sancionados. Esto la oposición lo sabía desde hace un par de años, así que plantear que ahora se está apurando en función de esto no es verdad, por lo menos por el Partido Nacional y el Partido Colorado en la Cámara de Diputados.

EC – De todos modos cuando se presentó el proyecto del doctor Sanguinetti en el año 2007 en la discusión que se dio en comisión y que estuve repasando había varios legisladores del Frente Amplio, por ejemplo el legislador [Alberto] Breccia, que decían "no nos parece conveniente considerarlo en este momento porque hay procesos pendientes que involucran a ex funcionarios tramitándose en la justicia".

JB – Más allá de la apreciación del doctor Breccia yo tampoco consideraría conveniente, ni valorable desde el punto de vista político eliminar el artículo exclusivamente. O sea, acá hay una modificación global del código que, vuelvo a repetir, venimos discutiendo desde antes de que estos delitos hubieran estado planteados para Fernando Calloia o Fernando Lorenzo.

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