(emitido a las 8.55 Hs.)

EMILIANO COTELO:
En los últimos dos meses la Intendencia de Montevideo (IM) ha desplegado una serie de acciones centradas en la venta en la vía pública en sus distintas modalidades. Estamos hablando de un viejo problema que las sucesivas administraciones departamentales intentaron encauzar sin mucho éxito y que ha llevado a que varias zonas de la capital den una impresión caótica.

Vendedores ambulantes, ferias vecinales, pancheros y artistas callejeros están ahora en la mira de estas acciones de inspección que en los últimos días sumaron a los tradicionales heladeros que bajan a las playas en estas épocas del verano.

Paralelamente se acentúa el control sobre otros frentes que venían muy desprolijos, por ejemplo el despliegue de propaganda electoral o la actividad de los carritos de recicladores de residuos.

¿Por qué esta política tan intensa? ¿Qué hay detrás de ella? ¿Cómo sigue este trabajo? Vamos a conversar de estos temas con el secretario general de la IM, Ricardo Prato.

En los últimos meses la IM parece haber salido en varios frentes con inspecciones fuertes para hacer cumplir la normativa vigente. Pancheros, vendedores ambulantes, artistas callejeros y hasta heladeros de las playas. ¿Cuál es la razón de esta embestida?

RICARDO PRATO:
A mí me gustaría discrepar con la presentación del tema ya que hay que remontarse a 1990, cuando en 18 de julio había 1.300 vendedores callejeros instalados y después de un trabajo muy arduo con decretos de la Junta Departamental (cuestionados o vueltos a escribir) y un trabajo de tres años del Servicio de Inspección General, la situación de las avenidas fue totalmente reducida. Actualmente en 18 de Julio quizás haya 60 ó 70 vendedores.

EC – Usted se remonta al año 1990, o sea, administración Tabaré Vázquez, la primera administración del Frente Amplio en Montevideo. Usted fue muy conocido en aquella época.

RP – Yo era el director de Inspección General.

EC – Y protagonizó algún incidente que resultó polémico en controles de la venta ambulante que se llevaron adelante en el centro de Montevideo. Fue en aquella época que a usted empezaron a llamarlo sheriff o algo por el estilo, ¿no?

RP – Esa era la más suave que me decían.

EC – Efectivamente desde aquellos años está este tema pendiente, ha tenido idas y vueltas, pero lo cierto es que últimamente volvió a desordenarse.

RP – El tema es que ha cambiado el carácter de los vendedores que trabajan informalmente. La mayor parte de los vendedores trabajan formalmente, pagan su monotributo, su piso, pero hay una banda -que sería el nombre correcto a ponerle- que no tiene nada que ver con la venta callejera. Yo no me puedo imaginar que cuatro o cinco personas alrededor de una mesa de lentes puedan ganarse la vida vendiendo 30 ó 40 pares de lentes, si los venden.

EC – Para usted ahí hay otra actividad.

RP – Para mí eso es la cara visible del crimen organizado ubicado en la avenida, destinado a marcar candidatos para ser arrebatados, a marcar situaciones que pueden ser utilizadas por otro tipo de delincuentes. No es precisamente la venta de lentes.

EC – Hay comerciantes y vecinos de esas zonas que aseguran esto que usted está mencionando en este momento, ¿pero ha habido denuncias policiales o penales a propósito del comportamiento de esta gente?

RP – Ha habido, sobre todo se ha tratado de controlar. Durante este año hemos intentado armar el control correctamente dentro de una línea general de las que maneja la intendenta con respecto al cumplimiento de las normas de convivencia, el acatamiento de la normativa departamental para el uso del espacio público, entre ellos la venta callejera. Se estuvo tratando de potenciar el Servicio Central de Inspección General, que es el encargado de ese trabajo. Se consiguieron inspectores a través de un concurso interno y otro externo y a partir del 1° de noviembre se estaba en condiciones de empezar a trabajar, teniendo en cuenta otro elemento: el personal de inspección necesita estar acompañado por una cuestión de garantía por parte de la policía.

EC – Me gustaría que fuéramos por ese lado porque usted comenzó haciendo algunas puntualizaciones sobre el tema de vendedores ambulantes en el centro de Montevideo, y lo que yo había enumerado en la introducción abarcaba una serie de frentes donde el común denominador era inspecciones más rigurosas, acciones destinadas a que se cumpla la normativa. Algo ya contestó usted recién, pero permítame pasarle la pregunta en limpio: ¿por qué se está actuando de esta manera?, ¿es la parte que le corresponde a la IM en la estrategia por la vida y la convivencia que viene impulsando el Ministerio del Interior (MI) desde hace un año y algo?, ¿es una coordinación IM-Poder Ejecutivo?

RP – La coordinación es consecuencia de una línea política de la IM en tratar de atender el cumplimiento de las normas departamentales. Dentro de eso evidentemente en tanto muchas de las acciones que tenemos que realizar requieren de prestación de garantías por parte del MI y por el cambio en la política del MI con respecto a las horas 222 -esas horas complementarias que hacían los policías que iban en detrimento de su eficacia porque no descansaban- se han reducido las horas que podíamos tener en la IM de personal 222. Ahí se llegó a una solución que se llama la contratación de policías eventuales. Eventual es el nombre que inventó el MI, en realidad son policías formados igual que cualquier otro policía en el Centro de Formación de Personal Subalterno de la Escuela Nacional, la diferencia es que el sueldo se lo paga la IM y solamente pueden realizar tareas al servicio de la prestación de garantías en la IM.

EC – ¿Cuál es la formación que tienen esos funcionarios?

RP – La misma que cualquier otro funcionario policial que está en cualquier comisaría con la diferencia de que han recibido en su parte de formación alguna idea de lo que es la normativa de la IM. Son lecciones complementarias que han tenido en el centro de formación y después las charlas con los inspectores en la IM. Ese personal se vio complementado este año con casi 90 policías más, que son los que daban la dotación necesaria para trabajar seriamente con el personal inspectivo que teníamos previsto.

EC – Usted habla de un reforzamiento del personal de inspectores y de policías de apoyo, ¿de cuántas personas estamos hablando en total?

RP – Estamos hablando de unos 65 inspectores y han llegado recientemente unos 85 policías, pero que ni siquiera están llegando a cubrir la cantidad de horas 222 que teníamos antes. Eso nos está dejando algunos lugares no cubiertos del todo, pero nos garantizó que todos los equipos de inspección tienen siempre policía acompañándolos.

EC – ¿Implícitamente usted está diciendo que esas carencias en materia de personal eran la causa por la que se había aflojado en los controles y estaba dándose esa sensación de permisividad en distintos capítulos de la normativa vigente?

RP – En cierta medida sí porque hay zonas en las que no nos daba el personal para llegar en forma permanente, porque intervenciones esporádicas hicimos prácticamente en todos lados, pero esto necesita permanencia. La necesidad de atender permanentemente 18 de julio, 8 de octubre, Paso Molino y eventualmente Colón, era algo que no se podía cubrir con la cantidad de personal que teníamos preparado. Por un lado se envejecieron los inspectores, por otro algunos cuantos se jubilaron, lamentablemente algunos fallecieron antes de tiempo y eso hizo mermar el personal que estaba en condiciones de trabajar en serio en estas actividades. Actualmente estamos en condiciones de tener el personal necesario para cubrir casi todo, pero no para hacer todo lo que necesitamos.

EC – ¿Cuánto influía en esa "pasividad relativa"; la dirección de la Sección Inspección General? Se lo pregunto porque este énfasis más fuerte en el control y en la inspección vino en simultáneo con un cambio en el director, fue cesado en el cargo Jorge Alberti.

RP – Exacto, el doctor Alberti había ganado un concurso para subdirector y en tanto yo sigo siendo el director de Inspección General, aunque esté en este momento con reserva de cargo trabajando de secretario general, él había asumido la dirección pero su acción no estaba siendo efectiva. Como que se había -la palabra no me gusta- achanchado, se había bajado la guardia y no estaba recibiendo una respuesta efectiva de su personal. El cambio se hace colocando en la dirección a un funcionario de carrera, con experiencia, con más de 20 años en el servicio acompañado de la jefa de vigilancia, de la encargada del control de la venta en espacios públicos, como subdirectora, y cuentan con el aval de todo el personal. Es difícil dirigir un servicio si el personal no se siente representado, acompañado o apoyado en la dirección. La característica de ese servicio es que siempre requiere un gran respaldo ya que están permanentemente enfrentando situaciones no deseables. A nadie le gusta ser inspeccionado, pero los inspectores lo sufren también y necesitan mucho respaldo. Esta actual dirección del servicio tiene todo el respaldo de la IM, en particular mío pero también de la intendenta, sigo siendo el director aunque haga mi trabajo de secretario general, sigo estando con ellos en muchas actividades.

EC – Alberti presentó un recurso de amparo contra la decisión que tomó la IM y su planteo fue acogido en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué implica eso? ¿Ahora ustedes tienen que reponerlo como director?

RP – El planteo fue hecho en el Juzgado de lo Contencioso y el amparo se resolvió a favor de él. El Servicio de Inspección General por su extenso horario tiene dos cargos de subdirector, hay uno que es básicamente administrativo, que no trabaja en la parte operativo, y a ese cargo se ha repuesto al doctor Alberti, que ganó un cargo de subdirector en Inspección General. Pero la dirección la está ejerciendo el otro funcionario que actualmente está en condiciones de ascender a director en caso de que fuera necesario.

***

EC - Seguimos conversando con el secretario general de la IM Ricardo Prato, estamos hablando del fuerte énfasis que se nota en estos últimos dos meses en las inspecciones para hacer cumplir la normativa vigente en distintos capítulos.

Usted decía que efectivamente hay una coincidencia entre la IM y el MI en cuanto al impulso de lo que ellos llaman Estrategia por la Vida y la Convivencia, como un pilar para mejorar la seguridad pública. El MI habla de recuperar espacios públicos que han sido privatizados por personas o grupos que desarrollan actividades irregulares; de la aplicación de una especie de tolerancia cero, crear en la sociedad la conciencia de que las leyes y las normas están para cumplirse, por ejemplo la ley de faltas que se está aplicando. Al punto de que están coordinando la IM y el MI en sacar a la gente que tiene la costumbre de vivir en las calles, esa ha sido una de las líneas de trabajo, ¿no?

RR – Sí, pero la IM hace tiempo que venía trabajando con el tema de la gente que vive en situación de calle. La ley de faltas nos ha dado un camino por el cual se recorre rumbo a la sanción y no solamente a la remoción de las personas que están en situación de calle. Para darte un dato, en 2012 la IM retiró 48 toneladas de basura de las personas que estaban viviendo en situación de calle. Diariamente sale un camión a recorrer Montevideo y donde ve campamentos o instalaciones se les pide a las personas que las desalojen, que no pueden ocupar el espacio público, y se llevan lo que pueden llevarse, el resto nos lo llevamos nosotros.

EC – De todos modos con el marco legal anterior no había manera de terminar expulsando a esa gente de esos lugares y ahora con la ley de faltas sí.

RP – Sí, con la ley de faltas se ha hecho un camino que implica la intimación a retirarse y se les lleva a la comisaría a ser identificados, que además es parte del procedimiento normal porque muchos de ellos no están identificados y la ley de procedimiento policial establece que hay que llevarlos a la comisaría para identificarlos positivamente. Después de eso se les entrega al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para que resuelvan si tienen alguna solución para ellos, si la aceptan, porque no es compulsiva la aceptación, y si quieren aceptar la solución el Mides les da la cabida y si no vuelven a la calle. A la tercera vez que son conducidos al Mides caen dentro del rango de la aplicación de la ley de faltas que implicará la realización de trabajos comunitarios o prisión equivalente en caso de que no lo hagan.

EC – Pero vayamos a recorrer algunos de los capítulos que yo mencionaba al principio. En especial el de los vendedores ambulantes, ¿cuál es el plan de la IM para esta actividad?

RP – A mí no me gusta utilizar la expresión vendedores ambulantes, porque los ambulantes están autorizados para vender café, te, números de lotería y helados.

EC – Esos son los que efectivamente pueden vender moviéndose.

RP – Moviéndose, el resto se llaman vendedores callejeros y hay un sistema de venta callejera que incluye la venta en las avenidas, las ferias y periferia. Con los heladeros la cosa es muy sencilla, están haciendo una tormenta con matraca, porque hubo un heladero que en una playa con concesión -donde no puede haber competencia- se le intimó a que se retirara, no quiso retirarse. Era un heladero conocido de larga data como trabajador en la playa y no quiso reconocer que la playa estaba concesionada en regla y hubo que retirarle el carro y los helados, que fueron donados a un establecimiento religioso porque no teníamos donde guardarlos.

EC – ¿Pero siempre se ha procedido así desde Gobiernos anteriores? ¿En playas donde hay una concesión a un parador un heladero no puede pasar por allí vendiendo su producto?

RP – Por la playa no, puede pasar por la vereda. Eso ha sido así.

EC – ¿Pero se controlaba realmente?

RP – Sí, hace varios años que tenemos la patrulla costera, dos móviles al este de Montevideo, uno al oeste, que recorren las playas diariamente en un horario similar al de los guardavidas y retiran a los vendedores que están trabajando sin permisos en las playas concedidas. En algunos casos hay vendedores que la propia concesión los admite y nosotros nos encargamos de los que no están concedidos. Con los heladeros el único control que se hace es que tenga carnet de salud, como cualquier expendedor de alimentos, es lo único que hay. Es un solo caso de un heladero que ha hecho bastante escándalo, pero que en definitiva se resistió a acatar las normas que dicen que no puede vender en una playa concesionada.

EC – Hablemos de los vendedores callejeros que instalan su puesto en una vereda o una peatonal, ¿cuál es el plan de la IM?

RP – El plan de la IM es que los vendedores callejeros tengan un permiso. En la actualidad existen un montón de preemisarios y muy pocos vendedores informales. Es hacia esos que están vendiendo lentes, fonogramas o películas truchas, que cometen generalmente uno o dos delitos en esa venta. Junto a la Policía estamos retirándolos del lugar. Por suerte la Cámara del Disco está haciendo las denuncias correspondientes para que no solamente sea una falta administrativa, porque no está permitido vender esos productos, sino que también se les persiga por el delito de piratería fonográfica.

EC – Sí, lo que he notado es que hay una acción coordinada de la IM con las empresas perjudicadas por la venta de productos falsificados.

RP – Eso también, se está trabajando con los estudios que representan a las empresas y a las marcas. Eso dio lugar a un procedimiento en la feria que está funcionando en Haedo y Arenal Grande: a partir de una denuncia de que había un par de puestos que tenían mercadería falsificada se tuvo que intervenir en 23 puestos, algunos de los cuales fueron abandonados por sus ocupantes -no sabemos si los permisarios o no- porque sabían que estaban cometiendo un delito y que si eran atrapados no lo arreglaban solamente con el decomiso de la mercadería. Esa coordinación se está haciendo…

EC – No se trataba solo de lentes de sol, cd o dvd, también de ropa de marca falsa.

RP – Ropa que no es importada, es posible que haya mercadería falsificada que puede haber sido importado, pero esta mercadería entró de contrabando. Lo lamentable es que no llegó a Montevideo en paracaídas.

EC – Hubo reclamos de quienes se dedicaban a esa actividad por el hecho de que estaban perdiendo su fuente de trabajo. ¿Cómo manejan ustedes ese conflicto entre hacer cumplir la norma y no quitarle de un día para el otro a alguien una fuente de ingresos?

RP – Los permisos tienen como base el hecho de que se tiene que vender mercadería legal, si se vende mercadería ilegal no está cumpliendo con las condiciones del permiso y por lo tanto puede ser sancionados. En estos casos la Justicia no ha resuelto aún que sean falsificados, tenemos la prueba pero falta que la Justicia lo diga. Eso puede determinar la pérdida del puesto por alguno de los ocupantes ya que estaban vendiendo mercadería falsificada. Si el permisario estaba en el lugar y fue intervenida su mercadería es candidato a perder el puesto. Si la abandonó, como algunos lo hicieron, no sabemos quién estaba a cargo del puesto, porque a veces alguno no viene y otro se aprovecha y se cuela en el lugar, quizás esos no pierdan el puesto.

EC – ¿Qué va a ocurrir con la peatonal Sarandí, que a los ojos parece saturada de vendedores? ¿Hay gente allí que está trabajando sin tener permiso?

RP – En general no porque la IM inventó el carnet de artesano que dio un poco de aire a los que venden artesanías para hacer su zafra con el período de cruceros turísticos. No es en este momento uno de los objetivos de la IM encarar el trabajo en ese lugar.

EC – Desde el punto de vista turístico como imagen de la ciudad, ¿no le parece que hay un exceso de puestos?

RP – Yo he estado por varios países y en todos lados hay muchos más artesanos de los que uno desearía. Sobre todo porque la oferta no es muy variada sino que encuentra lo mismo o parecido tres o cuatro veces en la misma cuadra. Pero por ahora nuestra intención es eliminar los vendedores informales porque estos tienen cierta formalidad, tienen su carnet de artesanos y por eso están autorizados para estar ahí. Inclusive se le fijan días especiales, cuando vienen cruceros se autoriza más, cuando no se les autoriza menos. Nos preocupa mucho más la situación de las avenidas que son competencia o molestia directa al comercio instalado en las avenidas.

EC – Hubo otra línea de acción para erradicar a los pancheros que no cumplieran con la normativa vigente. En acuerdo con la Junta Departamental se les dio un plazo de 120 días para que regularizaran su situación, ¿cómo es esto?

RP – 120 días para analizar la situación, eso es lo que va a hacer la IM.

EC – Pero ellos tienen el compromiso de mejorar las condiciones en las que se encuentran.

RP – Acá tenemos que remontarnos nuevamente a 1990 y a la normativa para combatir al cólera; en el 90 Uruguay era y sigue siendo el único país de América del Sur libre de cólera y es porque se tomaron medidas muy importantes con respecto a la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria. De 300 y pico de carros de venta de alimento que existían quedaron 130 y pico, donde se pueden comprar también panchos si uno quiere. La normativa bromatológica es muy exigente en cuanto a las condiciones y uno de los temas que los vendedores de panchos no pueden cumplir, o no han cumplido hasta ahora, es la de que exista una persona que cobre y otra que despache, cosa que sí sucede en los llamados "carros de chorizos";, aunque se llaman kiosco rodante de venta de alimentos, nombre largo.

Quizás en el estudio habrá que ver de qué forma pueden los pancheros cumplir con la normativa, para mí la única es que sean de a dos. Quizás que vayan hacia el carro de pequeño tamaño de acero inoxidable que abandonaron algunos choriceros del principio, porque dejó de ser un negocio rodante y pasó a ser muy establecido. La mayoría están conectados al agua corriente, a la luz eléctrica, hasta al cable de televisión, o sea que se han transformado casi en un comercio totalmente formal, pagan sus tributos, pagan su piso, cumplen con la normativa, se les controla periódicamente. El tema es que el panchero es más bien vagabundo, no tiene lugares fijos. Y si vamos al meollo de la normativa, no está cumpliendo la distancia que tiene que cumplir con los comercios establecidos y va a ser bastante complicado encontrar lugares que cumplan el estar a por lo menos 70 metros de un comercio que vende cosas similares y que no interfiera con el funcionamiento normal de la ciudad.

EC – Enseguida completamos la entrevista, saliendo del tema de venta en la vía pública, ya sea ambulante o en puestos fijos. Me gustaría habla con usted de la propaganda electoral.

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EC – Estamos conversando esta mañana en En Perspectiva con Ricardo Prato, secretario general de la IM a partir de esta serie de acciones que la IM viene desplegando en los últimos dos meses con inspecciones y controles firmes del cumplimiento de la normativa. Por ejemplo en vendedores ambulantes y callejeros, incluso en artistas que suben a los ómnibus, pancheros y hasta un caso de heladeros como conversábamos recién.

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EC – Esta política de mayor rigor en los controles para el cumplimiento de la normativa no se da solo en relación a venta ambulante o callejera. En noviembre y diciembre, más de seis meses antes de las elecciones internas de los partidos políticos, Montevideo empezó a taparse de cartelería de propaganda electoral. No solo afiches en los espacios formales destinados a publicidad comercial sino también miles de carteles de plástico, pasacalles que se cuelgan en columnas y en árboles. Eso está prohibido y la IM salió a combatir esas prácticas, ¿qué criterio se está siguiendo?

RP – Primero la IM permanentemente tiene un equipo que se dedica a bajar pasacalles y carteles que están colocados en lugares no autorizados. No es de ahora, sino que lleva al menos 15 años con un equipo que trabaja permanentemente con salidas hasta cinco días a la semana para bajar propaganda colocada en lugares no autorizados. En cuanto a propaganda electoral la normativa, que si no me equivoco no fue rectificada en la Junta Departamental en su última sesión, establece que dentro de los 120 días previos a las elecciones nacionales y departamentales -se habían omitido las internas que creo que se agregaron ahora, creo porque no vi cómo quedó terminado el decreto- se autorizaba la colocación de pasacalles en columnas de alumbrado, nunca usar los árboles ni los semáforos.

EC – De todos modos ese permiso que vale solo para los 120 días previos a la elección deja afuera una serie de lugares: 18 de julio, Avenida Libertador entre 18 y el Palacio Legislativo, la Plaza Constitución, la Plaza Independencia, la Plaza Cagancha, la Plaza Fabini, la Plaza de los Treinta y Tres… una serie de lugares que incluso en esos 120 días previos están prohibidos.

RP – Sí, están prohibidos y por eso hay un equipo que está permanentemente controlando que eso se mantenga limpio.

EC – Pero hoy, que estamos fuera de los 120 días está prohibido en todos lados.

RP – Está prohibido en todos lados y por eso a partir del 1° de enero va a entrar un segundo equipo a trabajar todos los días para completar la eliminación de los carteles. Yo hablaba fuera de micrófonos que el cartelito de plástico está cumpliendo un poco las funciones de lo que era antes el afiche, yo me quedo contento si me dura dos o tres días y con eso me alcanza, cumple con el efecto.

EC – Llama la atención que sabiendo que la IM está con esta política tan restrictiva y con estos operativos permanentes igual se vea que los carteles vuelven a colocarse, por ejemplo los carteles de plástico en las columnas. ¿No hay forma de ponerse de acuerdo con los partidos políticos?

RP – Se les ha enviado una carta, se ha hablado, se les ha intimado a que no los coloquen. Pero ni en la elección pasada ni en la anterior hemos tenido suerte de que los partidos se comprometan. Ni siquiera a lo que pasa después, porque cuando se autoriza a colocar carteles después vamos a encontrar que en la misma columna vamos a tener seis o siete en los que vamos a gastar dinero para bajarlos ya que los partidos no se comprometen a bajarlos.

EC – A eso voy, la IM gasta mucho dinero en estos operativo. ¿No hay forma de cobrárselo a los partidos políticos en forma de multa por ejemplo?

RP – Está establecida la posibilidad de que existan multas, la IM no las ha aplicado todavía.

EC – ¿Por qué no?

RP – No ha sido la decisión aplicarlas, no tengo otra respuesta para el tema.

EC – Es dinero de todos los montevideanos que se está yendo en estas tareas, son recursos humanos que se podrían destinar a otro tipo de servicios.

RP – Sí, en realidad los recursos humanos de la IM en eso es poca cosa, los equipos tampoco son numerosos; igual se gasta dinero. Pero no hemos encontrado por parte de los partidos ninguna intención de acercarse a dialogar a ver qué se puede hacer. Lo más que hemos logrado es que la mayoría cuando empiezan a colocar pasacalles le hagan las perforaciones que corresponden para que no se transformen en unas velas que nos puedan terminar derrumbando alguna columna por colocarlos mal, como ha pasado.

EC – Pero si no encuentran ambiente ni disposición al diálogo de parte de los partidos, ¿no hay que entrar por el lado del rigor con las multas?

RP – El tema es ver cuál es la eficacia de la multa, qué efecto tiene, porque en principio uno tiene 30 días para pagar una multa, si no la paga entra en un régimen de proceso judicial para el cobro, que nos va a llevar a que quizás pase las elecciones y no hayamos logrado cobrarla. O sea, es un tema en el que es mucho más importante que haya un acuerdo político en cuanto a no perjudicar la ciudad, sobre todo tantos que dicen que quieren mejorarla y proceder por su parte a hacer lo que habría que hacer: en la época en que se pueden colocar colocarlos y después también colaborar en bajarlos.

La otra cosa que tiene es que es un material de mala calidad, imposible de reciclar, hemos hecho algunos convenios y de diez toneladas de cartón plástico creo que logramos juntarlos con cien baldes negros, un agregado de material bueno para hacerlo.

EC – Ese es un problema extra.

RP – Es plástico que va a terminar siendo enterrado. Si siguen con cartelitos chicos no va a haber otra solución. Algunos partidos usaron en determinado momento unos cartones grandes que fueron muy bien utilizados en algún asentamiento como cielo raso.

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