La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados lleva aprobadas la mitad de las modificaciones al Código Penal para llegar a la elaboración de un nuevo ordenamiento, cuya discusión lleva tres años. Entre los cambios que hay pendientes se encuentra la eliminación del artículo 162, que prevé el "abuso de funciones en casos no específicamente previstos por la ley".

Una comisión de juristas encabezada por el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Milton Cairoli, concluyó que este delito "carece de claridad en cuanto a que no concreta los hechos que se quieren castigar, y atenta contra los principios constitucionales de libertad en tanto que lo que no está prohibido expresa y claramente está permitido, y se conculca además con el principio de legalidad".

En el oficialismo se entiende que, a diferencia de otros similares en donde se prevén delitos como "dolo" o "fraude", el artículo 162 es como una "bolsa residual" donde recurren los jueces cuando no tienen claro el delito a tipificar.
Amparado en este delito, el fiscal de Crimen Organizado Juan Bautista Gómez pidió el pasado sábado los procesamientos del ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del presidente del Banco República, Fernando Calloia, por su actuación en la concesión del aval la empresa Cosmo para presentarse al remate de los aviones de PLUNA.

La defensa de los jerarcas presentó ante la SCJ un recurso de inconstitucionalidad contra este delito, y en el FA se alzaron voces que reclaman su rápida derogación. Más allá que el tema se venga discutiendo desde 2010,  el hecho que beneficie directamente a Lorenzo y a Calloia en momentos en que son investigados desató la polémica.

En 2007, el entonces senador Julio María Sanguinetti presentó un proyecto de ley que promovía la eliminación del artículo 162, que naufragó por el rechazo del FA a dar sus votos, en momentos en que el Parlamento discutía el desafuero de dos jerarcas colorados acusados por este delito.

El senador del Nuevo Espacio Rafael Michelini, que esta semana calificó al abuso de funciones como un delito "confuso, absurdo e inconstitucional, que no ofrece garantía alguna para el inculpado", en esa ocasión no era partidario de derogarlo. Según el acta del 15 de mayo de 2007, día en que Sanguinetti presentó su proyecto a la comisión, Michelini precisaba que "no quisiera que por el hecho de que el artículo no es preciso, le quitemos herramientas a los jueces, en casos en que está a la vista que se ha cometido un delito en el manejo de los dineros públicos". El líder del NE recordaba que con esta figura penal se han tipificado "situaciones absolutamente inexplicables en el manejo de los dineros públicos, que le han ocasionado un verdadero perjuicio a la administración". En ese sentido mostraba su voluntad de ajustar la redacción del artículo, pero no su derogación.

Su colega socialista José Korzeniak – catedrático de Derecho Constitucional – decía por su parte que no había que eliminar esta norma, "porque llena una vacío  importante". El entonces senador afirmó la mayoría de los Códigos Penales modernos incluyen normas con este tipo de amplitud.

"No podemos legislar estableciendo figuras penales al grito de la gente porque hubo tal o cual acto en tal administración, y tampoco podemos derogar cuando están pendientes algunos casos que el Parlamento tiene que resolver", decía Korzeniak.

Alberto Breccia (MPP) manifestaba por su parte que el planteo de Sanguinetti era "inoportuno" ya que "en este momento de la vida política del país, donde todos sabemos que estamos enfrentados a situaciones que, en general, los jueces o fiscales entienden comprendidas dentro de este delito de abuso de funciones, que el sistema político dé la señal de que se pretende su derogación no es bueno".

El proyecto nunca llegó a considerarse y se archivó al fin de esa Legislatura.

En 2010, Eber Da Rosa lo retomó y volvió a presentarlo. Tampoco se trató porque el FA señaló que la iniciativa estaba considerándose en Diputados dentro de las reformas al Código Penal, y rechazó tratarlo por separado.