(emitido a las 8.57 hs.)

ALEJANDRO ACLE:
Si los anuncios del Gobierno se confirman, en los próximos días Uruguay dará un paso muy importante para transformarse en un país minero. En la primera semana de febrero estaría listo el contrato para firmar entre el Estado y Aratirí, según dijo a Búsqueda el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman. El acuerdo implicará la instalación de una planta de extracción de hierro en la zona de Valentines, una localidad ubicada al norte de los departamentos de Treinta y Tres y Florida.

La posibilidad de que este proyecto se concrete ha estado cargada de muchas polémicas y críticas hacia la empresa y hacia el Gobierno. Los productores que tienen sus campos en el entorno de donde se extraería el hierro hace tiempo que llevan a cabo una campaña en contra de la iniciativa. Iniciativa a la que se han sumado organizaciones ambientales, además de dirigentes políticos y ciudadanos de los departamentos que se verán afectados. También se han hecho escuchar varios representantes de la oposición que advierten sobre irregularidades que a su entender se estarían cometiendo con este acuerdo que el Gobierno quiere firmar con Aratirí.

En ese sentido, uno de los últimos en presentar una nueva objeción al proyecto fue el diputado Gerardo Amarilla, quien entiende que el mineroducto por donde se va a transportar el hierro hacia el puerto que se va a instalar en las costas de Rocha va a pasar por zonas protegidas ambientalmente.

Para profundizar en estos cuestionamientos, vamos a conversar con Gerardo Amarilla, diputado de Rivera por el sector Todos Hacia Adelante del Partido Nacional y miembro de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes.

En los últimos días usted envió dos cartas a organismos internacionales advirtiendo sobre este tema. ¿A quiénes se las envió?

GERARDO AMARILLA:
Atentos a los anuncios del Gobierno y a las características que se han dado a conocer a través de la prensa sobre el proyecto de Aratirí de explotación mineral, que tiene tres componentes, el distrito minero, la terminal portuaria y el mineroducto, nos preocupamos especialmente por el mineroducto, ya que su trazado cruzaría por dos áreas, una declarada como parte de la Reserva de la Biósfera de la Humanidad por Unesco, organismo con sede en París, y la otra los humedales del este, zona de especial relevancia ambiental a nivel del continente para la Convención de Ramsar, con sede en Ginebra.
    
AA - ¿A qué organizaciones mandó estas cartas, entonces?

GA - A la Convención de Ramsar, por los humedales, y a la Comisión de Reserva de la Biósfera de la Humanidad de Unesco.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Por qué a canaliza su inquietud a través de estos organismos?

GA - Porque estos organismos tienen dentro de sus registros a estas zonas por su vulnerabilidad desde el punto de vista ambiental, su riqueza, su biodiversidad. Las tienen como sitios que requieren especial protección y que son de especial relevancia e importancia. El Uruguay los presentó como zonas de especial relevancia en su momento.

RA - ¿Cuáles serían las áreas que se verían afectadas?

GA - Serían los humedales del este y la zona costera de Rocha. Hay diferentes clasificaciones de zonas, con mayor protección, con protección relativa con recursos que se pueden explotar en forma planificada. Pero es una zona muy frágil con un ecosistema muy especial y que tiene cierta relevancia como para tener un plan de manejo y de cuidado y protección. No puede impactarse como se plantea con este emprendimiento.

AA - ¿Cuál es su preocupación al respecto? ¿Qué consecuencias concretas podría tener el emprendimiento sobre esa zona protegida?

GA - El mineroducto atraviesa esas zonas, las afecta directamente. Se plantea la construcción del mineroducto, que ya es una obra física que se plantea realizar en esa zona. Eso podría tener un impacto con daños ambientales irreversibles en algunos casos en lo que tiene que ver con la fase de construcción, sin dejar de lado lo que va a ser después la operación del mineroducto y los riesgos que puede generar. En otros lugares del mundo y de la región ha habido accidentes por roturas o desperfectos, independientemente del mantenimiento y el funcionamiento, que tienen que ver con estaciones de bombeo, con una operación que va a impactar directamente en toda esa zona.

RA - El mineroducto va a ser un gran caño de más de 200 kilómetros de longitud.

GA - Son dos caños, uno de ida y uno de retorno. Aparentemente se va a reutilizar el agua dulce que se va a utilizar para el transporte del mineral de hierro.

RA - El mineral se transporta a través del agua, se licua, de modo que corra como un río subterráneo hasta el puerto, donde se lo vuelve a solidificar para cargarlo en los barcos que lo llevarán a distintas partes del mundo. Y esa agua que llevó el hierro hasta el puerto volverá a Valentines para ser reutilizada.

GA - Supuestamente retorna a Valentines en un circuito aparentemente semicerrado donde se trata de conservar el agua que transporta el mineral. Evidentemente eso va a requerir, por su longitud y por las diferencias de pendiente en todo el territorio, una cantidad de estaciones de bombeo que van a bombear ese líquido para que transporte el mineral y después retornarlo hacia Valentines. Es una obra muy importante, la construcción en sí va a suponer movimientos de tierra, cambios de condiciones de suelo y del subsuelo. Y va a pasar cerca de los humedales, de donde están los hábitats de estas especies tan importantes que se buscó proteger con estas áreas naturales, para las cuales esto supone un riesgo muy importante.

RA - ¿Hay algún antecedente a nivel internacional de que un mineroducto se haya perforado o algo por el estilo?

GA - Sin duda, en Argentina ha habido varios casos de rotura de mineroductos, evidentemente por el vertido de esa agua que tiene mineral, que tiene una acidificación distinta y que impacta directamente en las zonas donde se producen los accidentes. Pero sin perjuicio de que es un riesgo latente el accidente que se puede producir, la operación misma del mineroducto a través de las estaciones de bombeo y todo lo que tiene que ver con los trabajos de mantenimiento que va a insumir la obra van a generar un impacto ambiental permanente de gente trabajando en esa zona, de maquinaria funcionando. Eso va a tener un impacto muy importante por el ingreso de personas y máquinas a la zona.

RA - ¿Hay alguna especie en particular que se podría ver afectada?

GA - Lo que dicen las convenciones es que aquí hay básicamente un ecosistema muy importante, o varios: ecosistemas de pradera, de serranía, de humedales, que además tienen algunas especies de fauna y de flora muy raras en Uruguay y que fueron el objeto de la protección de esas regiones. Por nombrar algunas, el águila de cola blanca, el carpintero enano, el tatú de rabo molle, la rana de pintas naranjas son especies muy raras en el país que están en esa zona y que evidentemente se podrían ver afectadas por esta obra; por algo fueron objeto de protección a nivel de organismos internacionales.

Uruguay debería asumir y respetar los compromisos ante estos organismos y proteger especialmente esta zona. Hemos alertado de esto a los organismos, porque además nos hemos enterado de que habría alguna intención a nivel de organismos públicos nacionales de corregir los límites de la zona para darle vía libre a esta obra. Entendemos que no es por ahí, que tenemos que dar prioridad a la protección de nuestro ambiente, y en todo caso corregir las obras o los emprendimientos que se pretenden implantar en el país.

AA - ¿Y con qué intención hizo esta gestión internacional? ¿Espera algún tipo de presión que logre detener el contrato de inversión entre el Gobierno y Aratirí?

GA - Alertamos a los organismos de que eso se está procesando. Además tenemos poca información a nivel local, lamentablemente hay anuncios de que se va a firmar un contrato pero no tenemos las condiciones del mismo, y lo peor de todo es que tampoco tenemos, como deberíamos tener, las autorizaciones ambientales previas. Se ha hecho el trámite al revés, en vez de analizar el estudio de impacto ambiental y buscar la viabilidad de la localización del proyecto, el Estado y la empresa están definiendo cosas sin transparencia, sin información pública, y luego aparentemente se van a hacer los trámites de autorización. Entonces nosotros alertamos a estos organismos internacionales, porque nos preocupa la situación de estas áreas y la calidad del ambiente de la zona afectada.
    
RA - ¿Ya tuvieron algún eco estas gestiones?

GA - Sí, recibimos alguna noticia de que habían recibido la preocupación y estaban a la espera de la definición del proyecto. Porque todavía estamos hablando de supuestos, no sabemos cuál va a ser exactamente el trayecto del mineroducto. En definitiva estamos hablando sobre supuestos, pero tenemos el gran temor de que cuando se dé la información pública ya esté todo definido por el Estado y la empresa y ya no podamos cambiar nada. Por eso alertamos a los organismos internacionales y esperamos que se interesen y se preocupen por esta situación.

AA - Usted se reunió con autoridades de la Dinama (Dirección Nacional de Medio Ambiente) para expresarles su preocupación por este tema. ¿Qué se discutió en ese encuentro? ¿Qué le contestaron?

GA - No tuve una respuesta concreta. Yo noto que la Dinama, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) –sin perjuicio de que formalmente la empresa comunicó el proyecto y se le pidió una cantidad de información adicional que tengo entendido que está entregando de a poco–, está quedando un poco al margen de este emprendimiento, que esto se está resolviendo por otro lado.
    
RA - ¿Por qué considera que está quedando al margen?

GA - Porque me parece que hay información que en el Mvotma no tienen todavía y que cuando la tengan ya va a estar el contrato de inversión firmado y va a haber compromisos asumidos por el Estado.

RA - El Gobierno ha anunciado que más allá del contrato de inversión Aratirí no podrá comenzar a hacer nada hasta tanto la Dinama no apruebe el proyecto. ¿Eso no lo convence?

GA - Justamente, la definición de que primero se va a firmar un contrato de inversión y luego se va a hacer el trámite en la Dinama les genera a la Dinama y al Mvotma una presión adicional. Si el Estado se compromete en un contrato de inversión con la empresa tal vez se establezca un plazo, tal vez el Estado esté comprometiéndose y esté definiendo una cantidad de elementos, y eso después operará como una presión hacia el Mvotma y la Dinama. Algunos jerarcas de la Dinama ya han dicho en los medios de prensa que se ven presionados por el Gobierno para aprobar rápido los proyectos y complicar lo menos posible, dicho en términos sencillos.

***

AA - Estamos en diálogo con el diputado nacionalista Gerardo Amarilla, que en los últimos días ha enviado cartas a distintos organismos internacionales señalando que el mineroducto por donde se va a transportar el hierro de la empresa Aratirí hacia el puerto que va a estar ubicado en Rocha podría pasar por zonas ambientalmente protegidas.

Han llegado algunas preguntas, como esta de Alejandro que dice: "¿Cómo se pueden hacer tantas afirmaciones sobre supuestos?";. ¿De dónde sale la información de que el mineroducto podría pasar por ahí? Porque todavía no se han mostrado datos oficiales de la empresa o del Gobierno sobre eso.

GA - En el 2011 tuvimos la información que aparece en la comunicación del proyecto primero que hizo la empresa…

AA - Que era hacia el otro puerto.

GA - Justamente, con la localización anterior del puerto. Cambiando ahora la ubicación de La Angostura a El Palenque, si uno mira el mapa del Uruguay y de la zona y trata de unir Valentines con la nueva localización, el mineroducto también pasa por esa zona. De todas formas hay que ver el trazado definitivo y cómo se plantea la empresa realizar el transporte de materiales, pero en principio de una u otra manera va a afectar la zona si pasa por lugares que es imposible no transitar.

RA - Hay otro mensaje que dice: "Con opiniones como estas seremos siempre un país pobre. Después dicen que los sueldos son bajos, y rechazan inversiones";. ¿Qué contesta?

GA - Creo que el tema de los términos de pobreza y riqueza hay que valorarlos con los conocimientos que tenemos en el siglo XXI. El valor que tiene Uruguay hoy, y nos congratulamos de ello, es su carácter de Uruguay Natural. El valor que tenemos es la riqueza de nuestro suelo, de nuestra agua, de nuestro ambiente. Si bien la protección que hemos tenido a lo largo de décadas se ha afectado con determinadas actividades u obras, tenemos un territorio con una calidad ambiental excepcional. El tema es si estamos dispuestos a hipotecar esa calidad. Nosotros hacemos un proyecto concreto, pero nada impide luego que se acumulen proyectos y nuevos impactos.

Cuando se habla de que estas toneladas de hierro nos van a generar riqueza y desarrollo, tenemos el derecho a poner en duda si esto realmente va a ser así o vamos a conseguir unos recursos finitos y bastantes cortos en el tiempo en lo que tiene que ver con su explotación, y vamos a hipotecar por eso la calidad de suelo y de agua que son una riqueza muy importante del país.

RA - ¿Propone que el hierro se transporte de algún otro modo? Pienso en un nuevo trazado del mineroducto que no pase por estas zonas protegidas, que se haga el transporte por tren, por carretera con camiones… ¿Hay algún planteo de ese tipo?

GA - Puntualmente no podría decirle a la empresa cómo tiene que transportarlo, en todo caso la empresa tendría que proponer alternativas. En Brasil, por ejemplo, se le impuso a esta misma empresa la construcción de una vía férrea para transportar mineral de hierro en el estado de Bahía. Podría ser una alternativa transportarlo por otro medio.

RA - Entiende que eso sería menos nocivo para el ambiente.

GA - Tendría menos riesgos y menos nocividad para el ambiente. Tal vez las alternativas tendrían que plantearlas la propia empresa o el Estado, la Dinama, buscar otras alternativas. También podría ser otro trazado del mineroducto. Yo principalmente cuestiono todo el manejo que se ha hecho con este emprendimiento y los impactos ambientales acumulados de las tres obras: la extracción en sí en el distrito minero, lo que tiene que ver con la terminal portuaria y su construcción y obviamente la forma de transportarlo, que según se planteó inicialmente es a través de un mineroducto. Las alternativas las tendría que plantear la empresa, estamos ante un proyecto que tiene grandes impactos ambientales en el país.

En la balanza habría que poner lo que hipotecamos, lo que tiene que ver con recursos naturales y con calidad del ambiente a nivel nacional, y lo que ganamos. De todas maneras, más allá de la discusión de fondo, lo que se impone es respetar la ley y las normas que en nuestro ordenamiento jurídico actual rigen una serie de condiciones y de autorizaciones ambientales previas que no se están cumpliendo en la medida en que el Estado uruguayo está avanzando junto con una empresa en determinadas definiciones y concreciones sin revisar las condiciones ambientales.

AA - ¿Ha hablado con representantes de la empresa para conocer los argumentos sobre el trazado del mineroducto?

GA - Concretamente no, no tuve contacto con la empresa. Al principio hubo algunos contactos en el momento de la interpelación y luego cuando se discutió la ley de minería de gran porte, pero no tuve contacto directo con la empresa. Prefiero tener contactos directos con el Poder Ejecutivo, que es a quien tengo que controlar y fiscalizar. En todo caso el contacto con la empresa debe ser a través del Poder Ejecutivo, donde tiene que presentarse como administrador.

RA - ¿Aceptaría la instalación de un mineroducto si el puerto se instalara en otro lugar y no en la zona de El Palenque en Rocha, donde está previsto?

GA - Sin duda. Tiene riesgo siempre, pero si el mineroducto no pasara por áreas protegidas ni frágiles desde el punto de vista de su valor ambiental, podría consentir en su construcción, siempre y cuando no supusiera grandes impactos ambientales.

AA - Si se cumple lo que anunció el Gobierno y en los próximos días se firma el acuerdo, ¿cuál va a ser la actitud de su partido, que hasta el momento se ha manifestado en contra del proyecto?

GA - Seguramente lo vamos a analizar en bancada. Personalmente tengo la intención de llamar a responsabilidad al Mvotma, que tiene que hacer escuchar su voz ante el Poder Ejecutivo y reclamarle en su condición de portavoz de la política ambiental, y que se respete su jerarquía como Ministerio y no se lo pase por arriba con proyectos que se definen en otras áreas del Gobierno, teniendo como tema de menor jerarquía lo que tiene que ver con las autorizaciones ambientales. El Mvotma debería tomar un rol mucho más proactivo en el tema y poner sus condiciones antes de que el Gobierno asuma compromisos con la empresa o con el emprendimiento sin esperar las autorizaciones pertinentes.

RA - Teniendo en cuenta que ya inició algún tipo de contacto internacional por este tema, ¿tiene previsto seguir ese camino y llevar el asunto a organismos o tribunales internacionales si finalmente se concreta?

GA - Por supuesto que sí, vamos a recorrer todos los caminos. A nivel nacional lo que tiene que ver con las responsabilidades del Poder Ejecutivo, y también recurrir a las vías internacionales para hacer las denuncias si se llegaran a concretar y formalizar estos emprendimientos sin tener en cuenta las condiciones ambientales.

AA - Ya hay organizaciones sociales que están juntando firmas para buscar una consulta popular sobre la minería metalífera a cielo abierto en territorio nacional. ¿Cuál es su postura con respecto a esa campaña?

GA - Es una decisión muy polémica y muy complicada, estamos hablando de un tema a nivel general y tiene otras complejidades. Ahí no podemos dar una posición, tendríamos que discutirlo a nivel partidario, es un tema que todavía está pendiente en la discusión del sector.

RA - ¿Y cuál sería su posición personal? ¿Personalmente estaría dispuesto a acompañar estas iniciativas?

GA - Soy bastante crítico de toda la actividad minera de gran porte. De todas maneras hay condiciones y cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento del territorio, me parece que es lo que está fallando en la discusión a nivel nacional es una directriz de ordenamiento territorial que establezca claramente dónde se pueden hacer cosas y dónde no, preservar aquellas zonas con alto valor ambiental excluyendo determinadas actividades, como la minería, y permitirlas en zonas donde hay condiciones propicias para ello y donde el impacto ambiental pueda ser minimizado. No sería tan radical de prohibir toda la minería, habría que analizar un poco más desde el punto de vista del ordenamiento del territorio y en función de ello autorizarla en determinados lugares y prohibirla en el resto.

RA - ¿Pero cómo ve estas campañas que ya se están haciendo? Tiene una postura intermedia, no estaría dispuesto a apoyarlas 100% o a asumir una campaña de este tipo.

GA - En principio no diría prohibirlas en su totalidad, porque me parece que hay actividades mineras que perfectamente se pueden llevar a cabo en el territorio, acotadas a determinadas zonas y en determinadas dimensiones. Creo que eso podría coexistir perfectamente a nivel nacional, porque hay actividades mineras que son necesarias para el desarrollo del país, pero tendríamos que ser muy estrictos en prohibir sobre todo la minería de grandes dimensiones y sin el ordenamiento territorial, donde los inversores quieran colocarse. Uruguay tendría que tener la soberanía suficiente para determinar y excluir determinadas zonas en función de los valores ambientales o productivos importantes como los que tienen que ver con la producción de alimentos, que en algunas zonas se torna incompatible con esta actividad minera.

RA - ¿En qué zonas podría desarrollarse esta actividad minera?    

GA - Habría que ver el índice de calidad de suelos. Por ejemplo es impensable permitir actividades mineras, como se plantea hoy en nuestro ordenamiento jurídico, en todo el territorio rural del país donde hay suelos con una calidad ambiental y productiva muy importante. Sería un pecado permitir la actividad minera en suelos con índice Coneat muy importantes que tienen una riqueza fundamental para la producción de alimentos o en zonas donde hay vulnerabilidad desde el punto de vista ambiental, zonas con aguas subterráneas o superficiales que puedan contaminarse. En otras zonas, por sus condiciones morfológicas o geológicas, no habría un impacto tan importante en su entorno, allí se requeriría un estudio técnico particular para permitir la explotación.

RA - ¿Cómo siguen sus gestiones por este tema? ¿Cuáles son los próximos pasos que piensa dar?

GA - Estamos aguardando lo que pasa con los anuncios del Poder Ejecutivo. Cuando se reinicie la actividad parlamentaria vamos a llamar al ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a comisión a los efectos de que nos informe en qué están los trámites de autorización de este emprendimiento concreto en el seno de la Dinama. Estamos atentos a lo que pase con las definiciones del Estado para seguir estos planteos que hemos hecho a nivel internacional.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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