En 60 días se finalizaría el realojo de las 96 familias que viven en el complejo ubicado en la rambla, señalado con riesgo de derrumbe, para proceder a su demolición.

¿Qué tiene que ver este tema con la ley que recientemente regularizó la producción, distribución y venta de marihuana?  Es que la LFF, advirtió que realizará un  plebiscito interno para derogar la ley  si no se instala una negociación para que la Facultad de Ingeniería elabore un nuevo informe sobre el edificio.

"Estamos tratando de que se genere un vínculo de negociación. La ANV ha salido a desmentir una controversia técnica con respecto a por qué se va a derrumbar el edificio";, dijo a El Observador el secretario general de la Liga Federal, Sebastián Rubino.
 
En caso de que el Frente Amplio no apoye la realización del informe, el sector de Montevideo de la Liga Federal propondrá al secretariado nacional comenzar a juntar firmas para llevar a cabo un plebiscito interno, previsto en el artículo 14 del estatuto del FA, para derogar la ley de regulación de la marihuana.
 
"Si no hay un ámbito de negociación rápido, vamos a retroceder con el tema de la marihuana. Es una advertencia, porque estamos dispuestos";, agregó Rubino.
 

 "Los vecinos tienen una causa justa, y tienen dudas, y para realojar a alguien de un edificio no tiene que haber ningún tipo de dudas";, apuntó.
 
El artículo 14 del estatuto del Frente Amplio nunca se ha utilizado nunca desde su fundación. Para llevar acabo el plebiscito interno, deberán juntar firmas que representen el 25% de quienes votaron el 27 de mayo de 2012 en las internas del partido.

A todo esto la Agencia Nacional de Vivienda afirmó en las últimas que se logró el realojo de más de la mitad de los habitantes del CH20. En un comunicado difundido por Presidencia, se señala que ese organismo trabajó junto a  Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Intendencia de Montevideo (IM), la Dirección Nacional de Bomberos (DNB)—, para relocalizar a los habitantes del complejo habitacional CH 20, por los riesgos edilicios que presenta la construcción.

Según informa el departamento de comunicación de la ANV en febrero se comenzará con la selección de viviendas por parte de las familias en situación irregular, de una cartera de ANV con más de 120 opciones de vivienda en total.

Desde la Agencia se informa que la decisión de realojo fue tomada con el objetivo primario de salvaguardar la vida de los que habitan este complejo cuya estructura corre riesgos, y está basada en múltiples informes técnicos elaborados por diferentes profesionales e instituciones como la ANV, informes externos solicitados al ingeniero Ponciano Torrado, especialista en este tipo de estructuras y resoluciones apoyadas en informes de los propios técnicos y profesionales del MEF.

Asimismo, se recuerda que el edificio fue declarado finca ruinosa por la Intendencia de Montevideo, y la Dirección Nacional de Bomberos apoyó la declaración basada en informes técnicos de sus propios profesionales.           

Complementariamente, estos informes y el plan de trabajo a llevar adelante, fueron presentados a representantes de los partidos políticos y otras instituciones (decanos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y la Institución Nacional de Derechos Humanos), para su conocimiento.

La Agencia aclara que hasta el momento no existe, ni se ha presentado ningún informe técnico formal, contrario a la línea de trabajo que se lleva adelante. La  ANV está trabajando en el marco de la mayor transparencia y la regularidad jurídica, dentro de sus cometidos, competencia y atribuciones como organismo público, cumpliendo con las obligaciones contractuales como administradores de los activos que gestiona y actuando con la responsabilidad que en mérito del interés general y público se le encomienda por las normas legales, reglamentarias y contractuales en la materia.

En este proceso se ha cumplido con todos los actos administrativos que garantizan el proceso, basados en los informes de los servicios jurídicos de esta institución, y se continuará actuando en ese sentido.

La ANV afirma que continuará trabajando en este proceso, respetando a las familias, el derecho y obligación de salvaguardar la vida de quienes viven en este complejo, de los vecinos, de quienes circulan por las proximidades y buscando soluciones en acuerdo con las mismas.