El senador colorado Ope Pasquet, comenzó explicando que la ley vigente de megaminería "establece requisitos que aún no se han cumplido para firmar el contrato entre el Gobierno y Aratirí. La ley indica que el contrato debe ajustarse a las autorizaciones ambientales previas que se hayan concedido, como todavía no hay, firmar el contrato en estas condiciones es como poner la carreta delante de los bueyes".

La ley agrega que "antes de que se firme cualquier contrato la empresa interesada debe constituir una garantía de fiel cumplimiento de ese contrato por un monto equivalente al 5% de la inversión (en este caso unos 150 millones de dólares). Hasta donde sabemos esa garantía no se ha constituido todavía".

A esto se suma que la Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama) "pidió un estudio de impacto ambiental completo, que debe ser auditado por una empresa internacional reconocida. La Dinama intimó y la empresa no aportó los datos aún". Ope Pasquet entiende que, "en estas condiciones, no se puede firmar contrato alguno" porque además "seguimos sin conocer el texto del contrato".

El tema "no puede ser manejado como un asunto confidencial. Este clima de secretismo es inadmisible. Nosotros podemos entender que haya una cláusula confidencial pero el contrato en su conjunto no puede ser desconocido porque sus efectos durarán muchos años y repercutirán en varias generaciones y gobernantes", agregó Pasquet.

El senador opositor entiende que "lo primero es recabar información oficial" porque "nos estamos manejando con trascendidos. Es bueno que los ministros del ramo vayan a Comisión y nos informen sobre los elementos en los que están realmente ahora".

Además "es importante saber, antes que ocurran las cosas, cual es la argumentación legal en virtud de la cual el Gobierno entiende que puede firmar el contrato antes de que se expida la Dinama y conocer porque se pude firmar un contrato antes de que se constituya la garantía del 5%".

"Estamos ante un tema público en donde el Gobierno nos debe sus explicaciones. Me parece que la urgencia no justifica violar las normar legales. Sin ser fundamentalistas, nosotros vamos a permitir las actividades productivas pero siempre en el marco del respeto al medioambiente", sentenció.

En tanto, el Movimiento Uruguay Libre, que impulsa el plebiscito contra la megaminería metalífera, denunció que Aratirí podrá descontar impuestos durante los primeros años de extracción, por lo que los ingresos en concepto de minería que anuncia el gobierno no son reales.

Uruguay Libre anunció además que presentará recursos legales para impedir la firma del contrato con Aratirí.

Por su parte, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, defendió el proyecto de la minera en cuanto a los impactos ambientales que este pueda generar.

Aguerre recordó que el proyecto de Aratirí afectará entre  5 mil y mil hectáreas, en una región con una productividad inferior a la media nacional.

El jerarca indicó además que la ley de minería de gran porte prevé un régimen de compensación para quien deba dejar de producir. En ese sentido, dijo que se puede optar por un sistema de renta, que puede ser de siete a 15 veces el valor de una renta de mercado, establecida por el MGAP. Otra opción es vender el campo a Colonización, obligándose a dicho instituto a pagar el precio de mercado, "más algo más";, y a relocalizar a los productores con menos de 200 hectáreas. Otra es ser socio de la minera, participando del 2% del canon.

La transcripción de esta entrevista está disponible aquí.