(emitido a las 7.44 hs.)

ALEJANDRO ACLE:
El 7 de febrero es la fecha prevista para la firma del contrato entre el Gobierno y la minera Aratirí. Mientras que varios representantes del Poder Ejecutivo, por orden directa del presidente José Mujica, están intensificando la defensa de la política oficial sobre megaminería, también aumenta la intensidad de los cuestionamientos de los opositores a este tipo de explotación.

El foco de la discusión está en si es legal que el Gobierno firme el contrato con la empresa antes de que ésta presente el Estudio de Impacto Ambiental. Los movimientos ambientalistas ya anunciaron que van a denunciar penalmente a los funcionarios que lo firmen si esto sucede.

Por otra parte el senador colorado Ope Pasquet aportó en las últimas horas nuevos elementos sobre este tema y es por eso que estamos en línea con él en este momento.

¿Cuáles son sus objeciones principales a la firma del contrato entre el Gobierno y Aratirí?

OPE PASQUET:
La objeción esencial es la de que la ley vigente en materia de megaminería, la 19.126, establece requisitos que hasta donde nosotros sabemos no se han cumplido todavía, y si no se cumplen esos requisitos no se puede firmar el contrato.

Por ejemplo, la ley dice que el contrato debe ajustarse a los términos de las autorizaciones ambientales previas que se hayan conseguido. Como no hay autorización previa todavía, mal podría el contrato ajustarse a una autorización que no existe. Firmar el contrato así es poner la carreta delante de los bueyes.

Por otra parte otra norma legal dice que previo a la firma del contrato la empresa debe constituir una garantía de fiel cumplimiento de ese contrato por un monto equivalente al 5% de la inversión. Se habla de una inversión de 3.000 millones de dólares, el 5% son 150 millones de dólares, hasta donde sabemos nosotros esa garantía no se ha constituido. Repito, de acuerdo con la ley la constitución de la garantía debe ser previa a la firma del contrato.

En los últimos días nos enteramos además de que a mediados de enero la Dinama [Dirección Nacional de Medio Ambiente] le intimó a la empresa la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental completo. Hasta el momento no existe, según parece, un estudio que, de acuerdo con la ley de megaminería, tiene que ser auditado por una empresa internacional de reconocida capacidad en el ramo. Entonces esa composición de lugar que algunos teníamos, que decía que estábamos esperando el dictamen de la Dinama, resulta que no es así, la Dinama no está omisa ni está en mora, intimó a la empresa que aporte información que hasta el momento no ha aportado.

En estas condiciones me parece claro que no se puede firmar el contrato porque se estaría violando la ley.

Y además vuelvo a señalar un punto que parece muy importante: nos acercamos a la fecha señalada por el Gobierno para la firma y seguimos sin conocer qué es lo que se va a firmar. El Gobierno no puede manejar esto como si fuera un asunto confidencial entre él y Aratirí, este es un tema de interés público, tenemos derecho a saber de qué se trata, esta atmósfera de secretismo es absolutamente inadmisible. Que me digan que hay una cláusula confidencial porque refiere a secretos comerciales de la empresa o a cuestiones tecnológicas, muy bien, eso puede ser para una cláusula o dos, pero no puede ser que el contrato en su conjunto sea desconocido, porque repito: nos interesa a todos y sus efectos van a durar durante muchos años y van a obligar a Uruguay entero, no solamente a los gobernantes de hoy.

ROMINA ANDRIOLI:
Yendo a uno de los aspectos que usted marcaba, la necesidad de tener la autorización ambiental previa a la firma del contrato, hoy veía declaraciones de la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Raquel Lejtreger, que decía que el Gobierno interpreta que la ley no lo obliga a tener la autorización ambiental de Aratirí antes de firmar el contrato. Lejtreger admitió que este punto puede ser discutible, pero que lo que es "indiscutible" es que el contrato "debe adscribirse a la autorización ambiental" y resaltaba que "no va a entrar en vigor", la empresa no va a hacer ninguna obra hasta que esté esa autorización ambiental.

¿Para usted no es suficiente el hecho de que se diga que la firma del contrato no implica que la empresa comience con sus actividades?

OP – Que la empresa no puede empezar las actividades, la explotación de yacimientos, mientras no tenga la autorización ambiental es obvio. Nosotros decimos que el texto de la ley, el inciso final del artículo 25, dice con claridad que el contrato debe ajustarse a los términos de la autorización ambiental. Lo cual es de sentido común: un contrato en este tema, donde hay en juego miles de millones de dólares, y que va a durar muchos años, implica un equilibrio de derechos y obligaciones entre las dos partes. Aratirí va a asumir una serie de obligaciones, el Estado uruguayo también, porque hay una determinada ecuación económica en función de la cual se entiende que corresponde asumir esas obligaciones y reclamar ciertos derechos.

Si mañana la Dinama formula observaciones al Estudio de Impacto Ambiental que debe presentar la empresa y le dice: "No, eso no es así, aquello no lo puede hacer, tales impactos deben mitigarse con medios más enérgicos que van a costar más dinero", si establece exigencias o pone objeciones que modifican el proyecto empresarial -cosa que puede ocurrir perfectamente porque ya pasó con Botnia-, la empresa podrá decir "Mire, yo me obligué, yo firmé ese contrato en virtud de una determinada ecuación económica, ahora, si me cambian mi proyecto, si me obligan a gastar más o me impiden obtener todos los beneficios que yo pensaba obtener en el tiempo pensado, entonces no me pueden reclamar que haga esto, aquello o aquello otro, me tienen que dar otras ventajas u otras posibilidades".

Si vamos a tener que renegociar el contrato vamos a entrar en un litigio entre la empresa y el Estado, porque insisto, estaríamos poniendo la carreta delante de los bueyes, primero los derechos y obligaciones de cada uno y después ver si el proyecto se ajusta a las normas de protección del medio ambiente. Es al revés, primero tenemos que decir que el proyecto es correcto desde el punto de vista medioambiental, hay que tener la luz verde de la Dinama, y en función de eso se firma el contrato. Esa es la lógica y eso es lo que está, a mi juicio, recogido en el inciso final del artículo 25 de la ley 19.126.

RA – Que es la de minería de gran porte.

OP – Exactamente.

RA – Y ante esta cantidad de objeciones que usted tiene ante la eventual firma del acuerdo a principios de febrero, ¿qué acciones piensa tomar?

OP – Lo primero es recabar información oficial, porque nos estamos manejando con trascendidos. A mí me llegó el dato de que la Dinama había hecho esa intimación a la empresa a mediados de enero, creo que la fuente es buena y el dato es correcto, pero no tenemos por qué manejarnos con conjeturas. Es bueno que los ministros del ramo, el de Industrias, el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, vayan a la Comisión Permanente y nos digan "Estamos en esto, tenemos toda la información o no, intimamos a la empresa o no la intimamos", en fin, saber dónde estamos. Creo que es esto es importante, es mejor prevenir que curar, o prevenir que denunciar después, antes de que ocurran las cosas yo quiero saber cuál es la argumentación legal por virtud de la cual el Poder Ejecutivo entiende que puede firmar el contrato antes de que se haya expedido la Dinama. Quiero saber si la empresa constituyó esa garantía del 5%, y si no la constituyó quiero que me digan con qué razonamiento piensan que pueden firmar el contrato antes de la constitución de la garantía. Y quiero que me expliquen cómo va a ser esa garantía, supongo que no será un aval del Banco República.

Todas estas cosas nos las tienen que decir porque este no es un tema confidencial de Gobierno, y  lo viene manejando así. Es como si fuera un tema privado del presidente y dos o tres ministros y no hay que preguntar mucho, y las cosas se van a hacer pero por ahora… No, no, es un tema público, nos deben explicaciones, no tiene sentido este secretismo. Tienen que difundir además las cláusulas del contrato, yo lo quiero conocer, quiero saber por ejemplo si se piensa pactar alguna cláusula arbitral. El antiguo código de minería del año 82 prohibía las cláusulas arbitrales y decía que todas las controversias que se planteen en asuntos mineros se iban a resolver por jueces uruguayos y de acuerdo con la ley uruguaya. La ley de minería de gran porte introdujo en el artículo 30, literal f, cinco palabras que dicen que se podrá pactar mecanismos de solución de controversias, una frasecita breve que podría entenderse que deroga aquella disposición del antiguo código de minería y habilita la estipulación de cláusulas arbitrales que podrían remitir por ejemplo cualquier juicio a tribunales arbitrales del exterior. Quiero saber si eso es así, porque si piensan hacer todo esto trabucando las etapas, firmando primero el contrato, esperando después la autorización ambiental, eso va a dar lugar a controversias y a problemas y estaríamos enviando todo eso a juicio de un tribunal arbitral extranjero.

Ahora, fíjese, son todas conjeturas que yo estoy haciendo en base a datos que llegan, esto tiene que ser público, claro, y tenemos que hablar de estas cosas con datos sobre la mesa. Es por esto que me propongo convocar a la Comisión Permanente a los ministros a los que me referí para que en régimen de comisión general nos digan qué están haciendo. Ahora, si firman el contrato antes de ir al Parlamento a explicar entonces ya no será cuestión de invitarlos a que vayan a dar información sino que será cuestión de interpelar para cumplir nuestra obligación y tratar de hacer efectivas las responsabilidades políticas de los ministros, porque van a estar incurriendo en una flagrante ilegalidad.

RA – ¿Usted por qué cree que el Gobierno está actuando así, con esa urgencia de firmar el contrato?

OP – No sé, nos lo dirán los ministros, pero yo creo que no se justifica una urgencia que puede arriesgar la violación de disposiciones legales. Yo no estoy discutiendo acá si la minería sí o no, la mía no es una postura ambientalista…

RA – Eso le iba a preguntar, ¿cuál es su postura concreta respecto al proyecto de Aratirí, más allá de estas objeciones que está planteando?

OP – Insisto, mi planteo ahora es de carácter legal, yo estoy pidiendo que el Gobierno actúe de acuerdo con la ley. Me parece que la postura racional de los que no somos fundamentalistas en estos temas, ni desarrollistas a ultranza diciendo que se puede hacer cualquier cosa si deja dinero, ni tampoco fundamentalistas en el sentido de que no se puede hacer nada porque cualquier cosa que hagamos va a alterar el ambiente, la postura es: vamos a permitir las actividades productivas en la medida que respeten normas de protección del medio ambiente, para eso tenemos una agencia estatal, la Dinama, que establece cuáles son las normas, que controla su cumplimiento, es la manera racional de proceder. Se produce, el hombre actúa sobre el medio ambiente de acuerdo con normas, midiendo, controlando, evaluando, corrigiendo lo que haya que corregir. Todo esto está en las leyes que nos rigen. Ahora, si el Gobierno se va a apartar de la ley no hay forma de conciliar el desarrollo y la protección del medio ambiente, termina siendo una serie de actos discrecionales o directamente arbitrarios y cada cual hace lo que quiere. Así no puede funcionar, si queremos desarrollo con protección del medio ambiente tenemos que ajustarnos a las normas, eso es lo que yo temo que no pase acá y por eso pido información y pido acatamiento de la legalidad.

RA – Una vez que se conozca la autorización ambiental de la Dinama, ¿usted se quedaría tranquilo de que se va por el buen camino? Desde el Gobierno se insiste en que se le va a dar todo el tiempo necesario a la Dinama y que se va a respetar cualquier decisión de ese organismo.

OP – Pero el movimiento se demuestra andando, si van a respetar a la Dinama que esperen que se pronuncie. Si igual las obras no pueden comenzar, y sobre esto no hay dudas, hasta que la Dinama se expida y la empresa cumpla con todos sus requerimientos. ¿Cuál es el apuro por firmar el contrato si las obras no pueden empezar?, explíqueme, ¿qué apuro tiene la empresa en constituir una garantía del 5% del monto de la inversión si no va a poder empezar a trabajar, a explotar el yacimiento, a ganar el dinero que legítimamente quiera ganar, mientras no se haya expedido la Dinama y ella no haya cumplido con sus requisitos? Que me lo expliquen.

RA – Hay algunas iniciativas, por ejemplo la del movimiento Uruguay Libre que anunciaron que evalúan presentar recursos legales para impedir concretamente la firma del contrato con Aratirí. ¿Cómo ve usted esa posibilidad?, ¿ha pensado en algo parecido?

OP – No, yo quiero manejar esto, por lo menos en esta etapa en función de lo que hoy conocemos, en el plano parlamentario. Yo confío en que razonando nos podemos entender, creo que si van los ministros a la Comisión Permanente tendrán que dar explicaciones racionales y espero que el ámbito político sirva para eso. Ahora, no tengo ninguna objeción a que quienes no integran el Parlamento intenten defender sus derechos en el plano jurisdiccional, por supuesto.

RA – Usted ayer hizo algún comentario respecto a esta situación y las incertidumbres que se generan con el contrato en un momento en el que está tan presente el tema de Pluna, ¿cómo vincula un caso con otro?

OP – Lo vinculo porque después de lo que pasó con Pluna, las actuaciones jurisdiccionales, los procesamientos y los pedidos de procesamiento hubo una serie de autocríticas dentro del Frente Amplio diciendo: "Bueno, tenemos que escucharnos más, no hay que encerrarse en la soberbia y hacer las cosas sin escuchar las recomendaciones de otros, etcétera", bueno, yo digo: pongamos eso en práctica en este caso que acaba de presentarse. Están manejando en secreto algo que nos interesa a todos. Una manera de poner en práctica algunos de los conceptos esbozados en la autocrítica del Frente por el caso Pluna es decir "Vamos a terminar con el secretismo, vamos a asegurar la transparencia, vamos a escuchar a todas las voces y cuando hayamos escuchado a todos resolveremos lo que haya que resolver". Pero así, no mostrarle el contrato a nadie y decir que van a firmar nos parece que es reincidir en los errores de conducción soberbia que trajeron los malos resultados que todos conocemos.

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