(emitido a las 8.54 hs.)
    
ALEJANDRO ACLE:
Tanto la oposición política como movimientos ambientalistas redoblaron en los últimos días sus críticas al accionar del Gobierno en torno a la minería de gran porte. Llamados a sala, campañas de recolección de firmas y recursos legales tienen hoy el foco puesto en un aspecto en particular: el polémico contrato que el Poder Ejecutivo quiere firmar con la empresa Aratirí.

En el Gobierno se promete que el documento será público y transparente, pero las negociaciones con la empresa todavía son materia reservada, lo que alimenta las acusaciones de secretismo que vienen de la oposición. Las principales dudas surgen a partir de la voluntad del Ejecutivo de avanzar en la firma del contrato cuando –según se sostiene– todavía no se cumplieron ciertas condiciones exigidas por la ley que regula la actividad minera de gran porte.

Para despejar estas dudas y conocer en concreto cuál es la posición del Gobierno, vamos a conversar con el subsecretario de Industria, Energía y Minería, profesor Edgardo Ortuño.

A grandes rasgos, ¿en qué etapa exactamente está la inversión de Aratirí ahora?

EDGARDO ORTUÑO:
El proyecto de Aratirí se viene desarrollando de acuerdo a lo que establece el Código de Minería, habiendo cumplido ya las etapas de exploración y de prospección que permitieron avanzar en el conocimiento de la riqueza de mineral de hierro que tiene nuestro país en esa zona. Se encuentra ahora, de acuerdo a lo que establece la ley, una vez establecidas la prospección y la exploración, en condiciones de tramitar el título minero o concesión para explotar.

Esto, a partir de la aprobación de la ley de minería de gran porte, que impulsamos para dar todas las garantías y establecer las condiciones de esa futura explotación, requiere el procesamiento y la ulterior firma de un contrato que disponga claramente las obligaciones, las responsabilidades de las partes. Establece garantías en los aspectos de cumplimiento de la normativa nacional, particularmente el cumplimiento de las exigencias ambientales, que hemos aumentado a nivel de la legislación, no solo con la aprobación de esta nueva ley, sino también con la mejora del Código de Minería, que incluyó exigencias y requerimientos de información y de cuidado del ambiente, como por ejemplo la introducción del plan de cierre de minas y las autorizaciones correspondientes como aspecto previo al inicio de la explotación minera, el establecimiento de garantías, el chequeo y suministro de la información correspondiente, que tiene carácter fundamental para la evaluación de los yacimientos y por lo tanto tiene un carácter estratégico fundamental. Aspectos vinculados a los programas de explotación, y justamente en esa etapa de construcción del contrato, de acuerdo estrictamente a lo que establece la ley de minería de gran porte, que introdujo esa condición para el otorgamiento de la concesión para explotar, -un procedimiento que se venía realizando en el marco del Código, con mayores exigencias-.

Esto supone que estamos trabajando en estos días y ya desde hace un tiempo intensamente en el establecimiento de esas condiciones marco que serán las que nos van a dar a todos las garantías de que la actividad minera se desarrolle como parte de la estructura del país, diversificándola. El ministro ha dicho y yo comparto "no estamos pensando en un Uruguay minero", pero sí en un Uruguay donde además del agro, de la agroindustria, de las industrias, el país, en una estrategia de desarrollo, así como tiene que apostar a mejorar sus capacidades humanas, apostar a la educación, a mejorar sus infraestructuras de transporte, pero también de energía y de telecomunicaciones, en lo que venimos trabajando mucho, también apueste a fortalecer su economía dándole solidez al crecimiento, que afortunadamente ya tiene 10 años en el país, pero también diversificando las actividades productivas con aquellas intensivas en tecnología, que para nosotros son estratégicas, pero también desarrollando nuevas cadenas de valor como en este caso la minería, que lleven trabajo, actividad y dinamismo al interior del país a regiones que estaban realmente muy rezagadas.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Tienen una fecha prevista para la firma del contrato con Aratirí? Porque primero se había manejado el 20 de enero, luego el 7 de febrero, ayer el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, decía que se desconoce la fecha… ¿Por qué hubo tantas postergaciones?

EO - En el Gobierno entendemos, particularmente en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), y en el trabajo con nuestros equipos técnicos, tanto de la Dinamige (Dirección Nacional de Minería y Geología) como de los servicios del ministerio, que el contrato debe ser firmado en plazos breves, porque se ha avanzado mucho, pero cuando estén cumplidas todas las condiciones que para nosotros dan esas garantías que además exige la ley. Por lo tanto, estando los avances significativos en nuestro poder y con borradores trabajados, creemos que todavía faltan elementos incluso formales, hay que procesar información, evaluarla, validarla, llevar adelante procedimientos jurídicos que den todas las garantías no solo a la empresa y al Gobierno, sino también a otro sector importante que está vinculado al tema de los dueños de las tierras donde se desarrollarán estos proyectos, a los cuales hemos tenido que notificar formalmente, mediante escribano público –son muchos padrones en el interior del país–, publicar edictos para quien no haya sido enterado y sepa de lo que se trata y tenga lo fundamental, las posibilidades y las garantías para acceder a la información y eventualmente establecer algún recurso de oposición a que se desarrolle el proyecto. Eso ya se ha sustanciado, pero llevó tiempo, y es lo que explica la primera postergación del plazo previsto.

Pero también queremos, particularmente en el ámbito de la Dinamige, seguir procesando y actualizando la información que viene suministrando la empresa, y tener los elementos de garantía que establece la ley, tanto de cumplimiento del contrato, que es un elemento para nosotros muy importante, como prever y establecer las garantías que nosotros mismos impusimos para el cumplimiento del cierre de minas y las cuestiones ambientales, clarificadas como las etapas de ejecución del proyecto, cosa que esperamos incorporar en los anexos del documento, de modo que firmemos el contrato con la seguridad y con la tranquilidad que queremos darle a la población de que se puede hacer una minería responsable, con todas las garantías, dar paso a una inversión que va a ser de las más importantes en cuanto a recursos en el país, pero que también va a generar muchas fuentes de trabajo y recursos que se van a poder invertir en otras áreas sociales y de inversión para el desarrollo muy importantes para el país.

En definitiva, creemos que en el mes de febrero vamos a poder concretar la firma, pero quiero establecer la prioridad. Esto es que estén todos los elementos que el Gobierno y la ley entienden necesarios para la firma del contrato, documentados como corresponde. Y si eso es en el mes de febrero, como estimamos que es posible, será, y si no, continuaremos trabajando para hacerlo. Pero lo fundamental es que firmemos con todas las condiciones establecidas por la ley que nos den a nosotros, fundamentalmente a la población, las garantías de que se puede hacer y se puede hacer bien.

RA - De todas formas, la oposición insiste en que no se entiende la urgencia del contrato. ¿Por qué necesita la empresa firmar el contrato? ¿Es por ejemplo para obtener el financiamiento necesario para la inversión?

EO - El primer interesado, desde nuestro punto de vista, en que se concrete el proyecto y se desarrolle esta actividad es el país. Nuestro objetivo es que se desarrolle la explotación de una riqueza que sabíamos que teníamos desde décadas pasadas pero que las investigaciones actuales han comprobado tiene dimensiones mucho más importantes. Un elemento fundamental, ese hierro que sabemos que tenemos en mayor cantidad está siendo mayormente demandado y eso ha generado otro elemento clave, que es un aumento significativo del precio del hierro a nivel internacional.

Entonces al país le interesa que se concrete esta explotación en su beneficio y también aprovechar la coyuntura de mejores técnicas de extracción. En segundo lugar, el Código de Minería establece determinados pasos, y una vez cumplidas, como decía, las etapas de prospección y exploración, la empresa depositaria de esos títulos legítimamente adquiridos automáticamente queda en condiciones de solicitar la concesión para explotar. La ley de minería de gran porte incorpora como paso previo la firma del contrato, y por eso ese contrato, para que avance el proyecto cuanto antes, para que se concreten estas posibilidades que la empresa legalmente tiene. Y por eso estamos trabajando con esta empresa –otra duda que se plantea– y no con otra…

RA - ¿Pero para la empresa, por ejemplo, la firma del contrato significa la posibilidad de acceder a financiamiento?

EO - … y en tercer lugar para avanzar dando un paso más en la concreción de este proyecto. ¿Por qué es importante la concesión para explotar y a partir de la ley de minería de gran porte el contrato que lo habilita? Porque luego siguen otras etapas para avanzar en la concreción del proyecto. La empresa deberá avanzar en los estudios técnicos, muchos de ellos fundamentales para otro tema que espero que podamos comentar que es la cuestión ambiental, que me interesa dejar bien clara, porque aquí estarán todas las garantías y no se moverá una piedra hasta que no estén los permisos ambientales. Pero también para continuar trabajando en el financiamiento, en los estudios técnicos y planificar las etapas de construcción de las obras necesarias para la explotación y luego –lo que le interesa a la empresa, pero fundamentalmente le interesa al país– el inicio de la exportación del mineral de hierro, que se transformará de esta forma en uno de los principales productos exportables del país.

Es importante entender –y es lógico que no lo comprendan quienes no están cerca de la actividad minera– que la firma del contrato es una etapa fundamental pero es una etapa más de un proceso luego de la cual deberán venir otras más, como el amojonamiento –es decir, el establecimiento en el área concreta–, pero lo fundamental, la toma de posición de la mina, que la Dinamige debe otorgar luego de la firma del contrato, pero luego fundamentalmente de que se verifique el cumplimiento de distintos requisitos, entre los que está la obtención de las autorizaciones ambientales correspondientes y el cumplimiento de algunas tareas o requerimientos que para la ejecución del proyecto minero establece la autoridad minera, que en este caso son el MIEM y la Dinamige.

En ese camino la firma del contrato es un paso importante, da certezas al Gobierno y al país de cómo y con qué garantías se llevará adelante la explotación, pero también a la empresa da garantías de que tiene posibilidades ciertas de llevar adelante su proyecto y eso fortalece sus posibilidades de continuar invirtiendo. Porque la empresa ya ha invertido bastante –se habla de 200 millones– en prospección, en investigación e incluso en adquisición de tierras, pero tiene que continuar invirtiendo hasta una cifra muy significativa como 2777 millones o 2800 millones de dólares, para lo cual ir concretando los pasos resulta fundamental. Le importa a la empresa, pero yo diría que más le importa al país que se firme el contrato cuanto antes, estableciendo las condiciones para la posible explotación, que no se concretará hasta que no se verifiquen y se autoricen tanto a nivel ambiental como de Dinamige las cuestiones que entendemos fundamentales, luego de lo cual se dará toma de posesión para que avancemos en un proyecto que creo que todos queremos que avance en el país.

AA - ¿Puede confirmar lo que dijo ayer el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, con respecto a que el documento va a ser público? ¿Efectivamente no va a quedar ningún punto en reserva?

EO - Puedo confirmarlo porque lo dije en conferencia de prensa 15 días antes y porque es la forma de actuar y la concepción que tenemos de gobernar: con total transparencia y responsabilidad. El contrato va a ser público, si aprovechamos las nuevas tecnologías sería hasta bueno –y creo que así lo vamos a hacer– colgarlo en nuestra página web para que todos los ciudadanos puedan tenerlo a su disposición.

Lo dije y la ley establece que puede haber algunos elementos –no del contrato, sino de la información geológica, que es el corazón del proyecto, una cuestión fundamental– técnicos que hagan a la propiedad intelectual de la empresa, que naturalmente también está protegida por la ley, que fueran reservados del dominio público. No en el contrato, el contrato va a ser difundido, pero, insisto, elementos técnicos; naturalmente se podrán consultar, pero en el resguardo de esa propiedad intelectual que creo que ustedes y los oyentes entienden que es fundamental. Si uno ha invertido cientos de dólares, o aunque no lo hubiese hecho tanto, pero ha trabajado arduamente en obtener información de qué está, qué existe, cuáles son las reservas, se ha tomado el trabajo –como debe ser– de mandarlo a nivel internacional para que laboratorios de primer nivel lo certifiquen, todo eso tiene un valor estratégico fundamental.

Por un lado la ley garantiza que el Estado debe conocer y tener a su disposición esa información, e incluso el contrato establece que en situaciones de rescisión esa información devenga en propiedad del Estado, que tendrá la prioridad de compra, porque tiene mucho valor, en la medida en que es lo que permite saber qué hierro hay, pero sobre todo explotarlo en la medida en que está identificado, y de esa manera nos permite a todos, y naturalmente también a la empresa, tener a resguardo información geológica relevante. Pero el contrato, las condiciones, reitero, va a ser público y el tema se va a manejar, como se está manejando, con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo técnico, y con total transparencia para la población, porque es un tema muy importante.

RA - El jueves pasado aquí en En Perspectiva entrevistábamos al senador Ope Pasquet, de Vamos Uruguay, Partido Colorado. Vamos a escuchar uno de los cuestionamientos que hacía a la firma de este contrato.

(Audio Ope Pasquet.)

"La ley dice que el contrato debe ajustarse a los términos de las autorizaciones ambientales previas que se hayan concedido. Como no hay autorización ambiental previa todavía, mal podría el contrato ajustarse a una autorización que no existe. Firmar el contrato así es poner la carreta delante de los bueyes."

(Fin.)

RA - ¿Qué dice sobre este punto que planteaba Pasquet? ¿Por qué se piensa firmar el contrato antes de que esté el estudio de impacto ambiental?

EO - En primer lugar, es bueno saber que la definición del Gobierno, en consonancia con la ley a la que hacía referencia el senador Ope Pasquet, y que conocemos porque trabajamos de cerca antes de su envío al Parlamento, establece que no habrá actividad minera si no existen los permisos ambientales. Dicho de otra manera, el contrato no puede establecer nada en el proyecto o en el programa de explotación que contravenga las disposiciones ambientales. Primer elemento de decisión…

RA - Claro, pero la oposición dice que con eso se estaría respetando la ley.

EO - …lo segundo –e insisto en que no tiene por qué manejarse, debe verse el conjunto de la legislación–, creemos que este tema –que para quienes quieran seguir más en detalle, es el último inciso del artículo 25 de la ley– está garantizado en la medida en que no va a haber nada que contravenga la ley, y que efectivamente, como dice la ley, el contrato se va a ajustar a lo que establezca la autorización ambiental y específicamente, si hay elementos que difieran, debe –y así está establecido– renegociarse para ajustarlo, y en caso de que no se haga, cae.

Pero veamos por qué es el orden correcto el que estamos desarrollando, que por otra parte es el que se desarrolla en diversos proyectos de inversión, como los parques eólicos, como distintas obras, en que se habilitan mediante el contrato ciertas seguridades de la posibilidad de concreción del proyecto y a partir de ahí se disparan determinadas exigencias hasta las autorizaciones correspondientes sin las cuales la explotación –en este caso minera– no puede iniciarse, como no puede hacerse ninguna actividad.

Si vemos el conjunto del marco legal, ya la propia ley general de medio ambiente, la 16466, establecía en su artículo 7 que "para iniciar la ejecución de las actividades, construcciones u obras en las que esté involucrada cualquiera de las situaciones descritas en los artículos anteriores, los interesados deberán obtener la autorización previa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el que requerirá los asesoramientos", etcétera. Me quedo con el inicio: "para iniciar la ejecución de las actividades", por eso decimos que no va a haber inicio de obra minera sin autorización ambiental. Eso en general, pero vayamos…

RA - Claro, ese es el punto que yo le decía que la oposición…

EO - … vayamos a lo minero. El Código General de Minería –la legislación aplicable a la minería a nivel general, así como a nivel especial para la minería de gran porte lo es la ley de minería de gran porte– establece distintas etapas. Por ejemplo en el artículo 63 establece como condición básica para el desarrollo de la actividad las autorizaciones ambientales.

Pero el artículo 107 es el que establece las etapas a las que hacíamos referencia. Luego de otorgada la concesión para explotar por la Dinamige, corresponde llevar adelante el diligenciamiento de las distintas autorizaciones y ajustes técnicos del caso antes de la toma de posesión. Esto es quizás lo que lleva a confusión, no solo al senador Ope Pasquet, sino seguramente a quienes están legítimamente interesados en estos temas. Porque no habrá toma de posesión y por lo tanto no habrá inicio efectivo de las actividades mineras si no se tienen para ese momento comprobadas las autorizaciones ambientales y si no se tiene cumplido estrictamente –como nosotros interpretamos la ley– este artículo que dice claramente, junto con estas otras dos normas que le reseñaba, que no puede haber ningún elemento del contrato de concesión para explotar que contravenga lo que dirán las autoridades competentes en lo ambiental.

Se firma el contrato en el marco de la ley en este caso, pero –lo que me importa más destacar– también se firma de acuerdo a lo que es la práctica habitual en los proyectos de inversión de esta naturaleza, que demandan muchos recursos, y quienes son titulares o impulsan estos proyectos, una vez avanzados en la garantía de que efectivamente es posible desarrollar la inversión, acometen la continuación, y sobre todo la finalización, de estudios, como los estudios de impacto ambiental, que deben ser rigurosos, que llevan tiempo y que además tienen un importante costo. Entonces naturalmente, como ha sucedido en grandes proyectos, por ejemplo en el área de energía, uno entiende razonable que se exijan estas autorizaciones, como no puede ser de otra manera, pero también que las empresas realicen y finalicen los estudios para la tramitación de impacto ambiental una vez que tienen las seguridades que en este caso el contrato da de que se ha dado un paso más en la posibilidad de la concreción.

En definitiva, hay marco legal para firmar el contrato y luego continuar tramitando –que ya se están tramitando desde hace tiempo– las autorizaciones ambientales, volcando nuevas informaciones que requieren estudios y nuevas inversiones para la empresa. Esto es la práctica habitual en los grandes proyectos y, lo que es más importante, tenemos la seguridad de que no va a haber explotación minera si las autorizaciones ambientales no están debidamente otorgadas con las garantías y las condiciones que en este caso la Dinama (Dirección Nacional de Medio Ambiente) establezca.

RA - ¿Y qué pasa si la Dinama establece alguna objeción al contrato y al estudio de impacto ambientad que presente Aratirí? Esa es otra de las cuestiones que critica la oposición. El senador Ope Pasquet planteaba eso, si no sería razonable primero tener claro que el proyecto es viable ambientalmente y luego, con eso claro, establecer los derechos y las obligaciones de cada parte para que no se tenga que negociar después nuevamente con la empresa, porque la empresa puede decir que fue afectada económicamente, o incluso llegar a un litigio a nivel internacional.

EO - Otra de las virtudes que tiene esta ley que impulsamos y que por eso afirmamos que da todas las garantías –no solo ambientales sino de procedimiento– de que en Uruguay la minería va a respetar los mejores estándares internacionales, las mejores prácticas y se va a hacer de buena manera cuidando el ambiente, es que además de imponer el acogerse a las mejores prácticas, además de dedicar un capítulo entero al cierre de minas –cosa que la coloca entre las legislaciones más modernas–, además de establecer una garantía económica para prevernos de cualquier eventualidad de un abandono de la empresa de la mina y que puedan quedar los pozos allí, retenemos los recursos con una garantía para que el Estado pueda hacerse cargo de reparar los terrenos, además de eso la ley establece una mayor jerarquía de las cuestiones ambientales y una suerte de preeminencia jurídica sobre el contrato al establecer que nada puede contravenir las disposiciones ambientales, y en caso de darse la circunstancia que usted planteaba, necesariamente se activan dos mecanismos. O bien el ajuste del contrato y del proyecto minero a las exigencias ambientales como debe ser, o bien, si la empresa por distintas razones no pudiera acceder a esto, se aplica lo que se llama una cláusula de resolución del contrato, por la cual queda sin efecto.

Nuestra legislación y la voluntad política del Gobierno suponen que prevalecerán la autorización ambiental y sus disposiciones que –insisto, los estudios están muy avanzados– garantizan que no haya explotación minera que no se adecue a lo que exijan las autorizaciones ambientales. Tal como se viene trabajando, confiamos en que se avance en una dirección positiva, pero en caso contrario tenemos los resguardos jurídicos para actuar y, lo más importante, la voluntad política de que no hay minería si no hay garantías.

Creo que es lo fundamental, porque, quizás porque es año electoral, por desinformación o por las malas experiencias de explotación minera del mundo –que las hay y que por eso entendemos que el movimiento ambientalista y la oposición estén preocupados–, se están planteando a veces errores de información o planteos que generan alarma en torno a cuestiones que son absolutamente manejables y no se comprende que hay un Gobierno que tiene una voluntad política bien clara, garantista, y quizás por eso también el debate esté mal planteado…

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AA - Estamos en diálogo con el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño.

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AA - La Dinama intimó el mes pasado a Aratirí a que presentara un estudio sobre esto de que veníamos hablando. Muchos habíamos dado por sentado que ese estudio ya había sido presentado. ¿Qué pasó? ¿Ya se presentó o cuándo se va a presentar?

EO - La que hizo la Dinama fue notificar a la empresa –tengo a la vista la documentación, pero además algunos legisladores la han difundido– las exigencias que establece la propia ley de minería de gran porte en cuanto a requerimientos de información. En ningún momento estableció que esa información deba ser aportada en su totalidad antes de la firma del contrato. Primer elemento importante a destacar.

En segundo lugar, esa notificación es de uso y es una de distintas notificaciones que tanto la Dinamige, en lo que es de su competencia, como la Dinama en los casos ambientales, viene planteando a la empresa, requiriendo progresivamente aportación de información sobre distintos aspectos. Información que en un volumen muy importante ya fue incorporada en el año 2011 y que se ha ido complementando conforme el proyecto ha ido ajustando los aspectos técnicos y de implementación. Por ejemplo, el componente de la explotación de las minas, pero también el componente del traslado por el mineroducto, en que también debemos asumir como Gobierno que hemos dispuesto otra ubicación de la terminal portuaria distinta de la que estaba originalmente planteada, lo cual supuso realizar nuevos estudios a la empresa, recálculos y por lo tanto una nueva entrega de información a la Dinama.

Vaya eso como uno de los tantos ejemplos de cosas que en un proyecto tan complejo, con componentes que no son solo de explotación minera, sino que son de traslado, de planta de beneficiamiento, de extracción del mineral y su traslado por una terminal portuaria. Se van requiriendo ajustes y conforme avanzan las informaciones que estas se van volcando a la Dinama, lo que se hizo fue una notificación de informaciones que todavía debe aportar la empresa, como –aunque tenemos menos prensa– también lo ha hecho la Dinamige, que es la dirección respectiva aquí en nuestro Ministerio, que ha pedido, solicitado y está trabajando en mayor aportación de la información geológica que fundamenta las características que se establecen y se definen del yacimiento y por lo tanto la riqueza que se va a explotar, tan importante como lo ambiental.

Por tanto, se están tramitando las informaciones y los estudios técnicos en Dinama, se continuará aportando esa información de los nuevos estudios que seguramente hará la empresa, y con esa información se procederá a la evaluación definitiva del proyecto, en sus distintos componentes y probablemente por etapas, de modo tal que nosotros como autoridad competente podamos verificar, antes de dar la toma de posesión de la mina, si está todo en regla y, como dice la ley, en consonancia con los requerimientos ambientales.

RA - Otro aspecto que se cuestiona es que Aratirí aún no haya pagado la garantía de fiel cumplimiento del contrato, el 5% del monto de la inversión. ¿Este es un requisito indiscutible para el Gobierno? ¿Cuándo depositará ese monto la empresa?

EO - El artículo 27 de la ley de minería de gran porte, la 19126, establece con claridad "garantía de fiel cumplimiento" antes de la suscripción del contrato, el titular del proyecto deberá constituir una garantía de fiel cumplimiento. Pero establece –y esto no se dice quizás por economía de tiempo– distintas modalidades para su efectivización. El depósito bancario al que usted hace referencia es una, pero existen otras posibilidades, no para este proyecto, para todos los proyectos de inversión…

RA - Sí, pero lo que se cuestiona es que no se haga antes de la firma del contrato. ¿Les parece que esto es innegociable?

EO - Todo se va a hacer de acuerdo a la ley. De acuerdo al artículo 27 se va a constituir esa garantía en forma previa al cumplimiento del contrato y se va a constituir en el marco de lo que establece la ley, utilizando los distintos instrumentos que habilita la ley en sus distintos literales. No hay ninguna duda, este Gobierno ha actuado y va a seguir actuando apegado a la normativa. A veces llaman la atención las permanentes alarmas de eventuales ilegalidades que no vamos a cometer, y menos con leyes que nosotros mismos hicimos más exigentes porque criticamos toda la vida cómo se hacían las cosas antes, entre otras cosas en la actividad minera.

La población debe saber que el canon que se exigía para los proyectos mineros, por ejemplo para el oro, era menor que el que exigimos nosotros, los beneficios fiscales eran mayores que los que la propia ley enviada por nosotros limita, y al mismo tiempo los recursos con los que se quedaban el país y la sociedad uruguaya en los proyectos mineros eran mucho menores. Aquí se ha creado un impuesto adicional al impuesto a la renta en los proyectos mineros de esta naturaleza, y además se ha establecido que vayan para proyectos de educación, de infraestructura, de desarrollo, y al mismo tiempo se prohíbe el otorgamiento de algunos beneficios que la ley de inversiones establece para cualquier proyecto de inversión, que específicamente para este lo excluye. Por lo tanto creemos que se va a cumplir y damos garantía de eso.

Estamos trabajando en estas verificaciones que, como decía al principio, son condición para la firma del contrato y por lo tanto determinan sus fechas. Porque no solo hay que establecer las cuestiones, después hay que implementarlas con todas las garantías y la documentación correspondiente, lo que a veces lleva tiempos que escapan a las partes y que deben verificarse como corresponde para dar las garantías. Habrá entonces cumplimiento del artículo 27 de la ley, como lo habrá de toda la ley…

RA - Justamente, con las aclaraciones que usted ha formulado sobre cómo se negocia el contrato, ¿está dispuesto a poner su firma? Porque los movimientos ambientalistas dicen que de esta forma se estaría incurriendo en un delito de abuso de funciones.

EO - Mire, yo pongo la firma, le corresponde al ministro Kreimerman, pero será un compromiso de todo el Poder Ejecutivo, porque creemos que este es un proyecto que le sirve fundamentalmente al país y a su gente, en particular al interior del país, por el volumen de recursos que supone, por la apuesta estratégica a seguir diversificando la estructura productiva con nuevas actividades, más aún con estas nuevas actividades en el interior, que favorecen la descentralización, y con garantías para el cuidado del ambiente que son muy exigentes, que están en el primer nivel de exigencia a escala internacional, que han sido impulsadas por nosotros mismos porque tenemos esta concepción de compromiso con el ambiente y con los intereses del país.

Por tanto asumimos la responsabilidad, como la asumimos en el impulso de proyectos también muy importantes como los parques eólicos, la regasificadora, el tendido de fibra óptica en telecomunicaciones y tantos otros proyectos de un Gobierno que impulsa el desarrollo, que ha garantizado 10 años de crecimiento y quiere hacerlo con beneficios para la gente y la mejora de su calidad de vida. No solo me animo a firmar este contrato que va a tener estos beneficios, sino que lo hago con total responsabilidad de que lo haremos con garantías y por lo tanto con la tranquilidad absoluta de que lo estamos haciendo conforme a la ley, en el marco de un proyecto de desarrollo.

Termino con un concepto que quisiera que le quedara a la audiencia: estamos procesando, quizás por el año electoral, mal esta reflexión y estas discusiones. La discusión o el pensamiento sobre la minería no es minería sí, de cualquier manera, porque le sirve al país y trae recursos, o minería no porque puede llegar a resultados catastróficos. La verdadera discusión y responsabilidad que tenemos que asumir todos es cómo llevar adelante una minería responsable, con todas las garantías, que genere beneficios para el país pero que disminuya al mínimo posible los impactos negativos, y que cuando los haya establezca herramientas adecuadas para su remediación.

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Transcripción: María Lila Ltaif