El sector conducido por el vicepresidente de la República, Danilo Astori, estaba de acuerdo con las modificaciones acordadas por la mayoría del Senado, pero se molestó por la acción desarrollada por el Partido Comunista (PCU) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que presionaron para que se mantuviera el texto sancionado en Diputados.

En el FLS consideran que ese proyecto tiene tres tipos de problemas, según dijeron a El Espectador, fuentes de esta corriente política.

En la reunión mantenida por la Mesa directiva del FLS, se entendió que el texto de la Cámara de Representantes, está exclusivamente para atender el interés de un sindicato y no contempla planteos de empresas e incluso de cooperativas, que advierten sobre riesgos innecesarios en las penas previstas.

En segundo lugar, que no se ajusta al marco de la Constitución y que la Suprema Corte de Justicia lo derribará luego que las cámaras empresariales recurran una eventual ley, mediante acciones de inconstitucionalidad.

Y en tercer razonamiento, que una minoría del Frente Amplio pretende pasar por arriba de una opinión mayoritaria que se expresó en el Senado (14 senadores en un total de 16), con la bandera de la defensa de interés de los trabajadores, dejando al grupo astorista como que es el que no acompaña esa acción.

La declaración emitida dice lo siguiente:

 "El Frente Líber Seregni ha trabajado, junto a todos los legisladores del Frente Amplio por la aprobación de una ley de Responsabilidad Penal Empresarial que mejore sustancialmente la situación en materia de seguridad y prevención en todo el país y reduzca drásticamente las consecuencias graves y dolorosas de los accidentes laborales. Es parte de nuestra visión sobre el avance de derechos y responsabilidades de la sociedad uruguaya y en particular para la salud de los trabajadores.

Por ello mismo queremos una ley justa, que dure en el tiempo, que no abra otro proceso de controversia legal y constitucional y que afronte la situación de acuerdo al asesoramiento recibido por diversos juristas especializados.

Hemos respaldado, y lo seguimos haciendo, tanto los aportes del compañero senador Enrique Rubio realizados exclusivamente con este espíritu, como las opiniones de los juristas consultados y no comprendemos las razones por las cuales se bloquea la posibilidad de introducir un solo cambio, pero fundamental  en la redacción de la ley, que la pondrían al reparo de esos errores.

Consideramos que con la actual redacción se corren serios riesgos de una corta duración de la ley, lo que afectará directamente la expectativa y la realidad de los trabajadores y del conjunto de la sociedad.

Estas conclusiones fueron la base de la resolución por amplia mayoría de una sesión de la bancada de senadores (14 a 2 votos) en la que se dio apoyo a la ley pero con la modificación necesaria. Nos hemos mantenido coherentemente en esta posición.

No podemos, no debemos correr nuevamente el riesgo de una nueva declaración de inconstitucionalidad y esa ha sido la causa de nuestra preocupación y trabajo para aprobar la ley de la mejor manera posible. Todos deberíamos recordar nuestras propias responsabilidades en la materia y aprender.

La imprecisión en una materia legislativa tan compleja y de carácter penal, además del riesgo de ser declarada inconstitucional, afecta el necesario sentido de justicia y de equidad que deben tener las leyes en la república.

Reafirmamos nuestra plena disposición a que sea aprobada en los plazos más breves y con la mejor redacción y la máxima precisión de la ley de responsabilidad penal empresarial y la obligación de los legisladores del Frente Amplio de representar en su labor a todo el cuerpo social del país.

Seguiremos trabajando en esta dirección.

Mesa del Frente Líber Seregni - Frente Amplio
Montevideo, 12 de marzo 2014";