El Frente Líber Seregni (FLS) confirmó ayer que sigue negociando para que se modifique el texto que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Su intención es introducir el concepto de "omisión deliberada";, para así eliminar la figura de "responsabilidad objetiva", que pena al empresario cuando en su firma no se cumple con las medidas preventivas de accidentes, más allá de su intención.

Esa idea no ha prosperado hasta el momento y el texto se mantiene así: "El empleador, o quien ejerza en su nombre el poder de dirección en la empresa, que omitiere deliberadamente adoptar los medios de resguardo y seguridad en el trabajo establecidos por la normativa vigente, poniendo así en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión".

Ayer, el FLS emitió un comunicado en el que señala que el proyecto "afecta el necesario sentido de justicia y de equidad que deben tener las leyes"; y corre "riesgo de ser declarado inconstitucional";.

Según dijeron a El Espectador fuentes de esa agrupación, la iniciativa atiende exclusivamente el interés de Sunca y no contempla planteos de empresas e incluso de cooperativas, que advierten sobre riesgos innecesarios en las penas previstas.

Además, el FLS opina que la norma no se ajusta a la Constitución y podrá se declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, si las cámaras empresariales presentan un recurso contra la eventual ley.

Entrevistado por Canal 10, el senador Rodolfo Nin Novoa advirtió ayer que si no se modifica el texto, no lo votará el próximo 18 de marzo. Si esto se cumple, el proyecto no contaría con los votos para ser aprobado por la Cámara alta.

"Pero una ley que se vote para que caiga dentro de 60 días por inconstitucional porque viola los principios de legalidad y de separación de poderes, es una ley totalmente inútil.

En el comunicado del FLS se da cuenta de que "con la actual redacción se corren serios riesgos de una corta duración de la ley, lo que afectará directamente la expectativa y la realidad de los trabajadores y del conjunto de la sociedad";.

Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios advierte que el proyecto no establece mecanismos de prevención y crea un "delito de peligro" sin tomar en cuenta las disposiciones ya existentes en el Código Penal.

En un comunicado, la gremial señala además que la iniciativa no considera las eventuales responsabilidades de los trabajadores en los accidentes y no deja claro que la norma vaya a abarcar al Estado como empleador.

En tanto, según publica El País, el Partido Nacional decidió esta semana insistir con su propio proyecto sobre seguridad laboral.

El texto establece en su único artículo que "en los casos de accidentes de trabajo de los que resulten la muerte o una lesión grave o gravísima de uno o más trabajadores, y en los que coincidan elementos de convicción o indicios concurrentes de que el empleador actuó con dolo o culpa grave, la Inspección General del Trabajo pondrá los hechos en conocimiento de la Justicia penal".