Entrevistas

Cámara de Industrias contra el plebiscito por el agua

Presidente de la CIU, Diego Balestra: Es una solución apresurada y confusa. Si hay omisiones en los servicios privatizados, el Estado debe controlar y exigir el cumplimiento de los contratos, pero es un exceso impedir la actuación de privados cuando el Estado no tiene recursos. Esto obedece a la permisividad de los políticos con los lobbies, y como esto afectará directamente a sectores empresariales, nos pareció correcto que la CIU deje sentada su posición.

(Emitido a las 07.36)

EMILIANO COTELO:
Nos aproximamos al domingo 31 en que tendrán lugar las elecciones nacionales, pero además el plebiscito de reforma constitucional. El "plebiscito del agua" ha estado sobrevolando esta campaña electoral: en materia de publicidad en los medios, tenemos desde hace meses la publicidad de la Comisión que ha impulsado el plebiscito, publicidad a favor del Sí.

JOEL ROSENBERG
Incluso exigiendo más compromiso de los sectores políticos que lo apoyan.

EC - Esa campaña ha sido permanente, ha podido desplegarse incluso durante la veda publicitaria porque no se ha establecido veda para los plebiscitos. Una campaña con un largo período.

Pero ahora, desde que largaron las campañas proselitistas en prensa y medios electrónicos, el tema casi no ha aparecido en sus mensajes.

JR - Sí en algunos discursos, pero no en los mensajes publicitarios.

EC - Porque sabemos que el Encuentro Progresista - Frente Amplio respalda el Sí, sabemos que en el Partido Nacional hay posiciones distintas: el candidato presidencial Jorge Larrañaga y su grupo político, Alianza Nacional, están de acuerdo...

JR - ...y ensobran el Sí que están dando en la calle.

EC - Pero no el sector del senador Francisco Gallinal; tampoco el Herrerismo liderado por el ex presidente Luis Alberto Lacalle y encabezado en estas elecciones por el senador Luis Alberto Heber. También está en contra el Partido Colorado.

Desde esos partidos o sectores no hay publicidad en torno al plebiscito. La que sí se ha visto y que ha adquirido un protagonismo fuerte es la del Partido Independiente que, en estos días, ha elegido como tema de su campaña su oposición al plebiscito por el agua.

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En ese contexto, surge un aviso de prensa con la posición del Consejo Directivo de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), "A propósito del proyecto de reforma constitucional referido a política nacional de aguas y saneamiento". La CIU postula que no debe apoyarse la reforma constitucional propuesta.

Estamos en comunicación con el presidente de la CIU, ingeniero Diego Balestra. La CIU ¿suele tomar posición ante actos plebiscitarios?

DIEGO BALESTRA:
No recuerdo exactamente. Creo que este caso es muy especial, que va a afectar directamente a sectores empresariales, y nos pareció correcto que la CIU dejara sentada su posición. El Consejo lo ha seguido de cerca desde que se empezó a tratar en el Parlamento -a principios de año-y en su momento pensamos que quizá no fuera bueno salir a no apoyar el plebiscito porque se iba a politizar, cosa que después sucedió. No salimos abiertamente; dábamos nuestra opinión en entrevistas o cuando nos consultaba la prensa. Pero definitivamente esto se politizó de mala manera, y no se está dando a la gente la oportunidad de saber de qué se trata; creo que andan por ahí algunas encuestas que indican que el porcentaje de conocimiento de lo que se va a votar es muy bajo, y algunos partidos lo ensobran arrogándose el derecho a llevar adelante un cambio que la gente no sabe ni de qué se trata.

EC - El comunicado de la CIU tiene seis puntos. En el primero de ellos, ustedes afirman que "al igual que los promotores de la iniciativa, se considera que la gestión sustentable y solidaria con las generaciones futuras de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico, así como el ordenamiento del territorio, la conservación y protección del medio ambiente, son asuntos de interés general". Pero, y de inmediato viene la toma de posición, "a pesar de compartir estos criterios la reforma es inconveniente porque pretende resolver en forma apresurada un tema esencial para el desarrollo nacional". ¿Cuáles son las objeciones?

DB - Básicamente lo que tiene que ver con la posibilidad de coartar a través de la Constitución la asociación o cualquier tipo de acuerdo, que no sea el Estado el que se hace cargo del saneamiento y el suministro de agua. Me parece que es absolutamente cerrarse las puertas a algo que se pueda regular de otra manera. Por algunos lados se habla de la falta de cumplimiento de normas en algunas privatizaciones, y creo que a través de esto...

EC - Esa es una de las objeciones, o uno de los puntos de partida de esta reforma del agua: las críticas o la evaluación negativa del resultado de algunas concesiones hechas en servicios de agua potable y saneamiento.

DB - Claro, pero -desde nuestro punto de vista- por un mal manejo de algo que el Estado debe controlar y debe exigir que se cumpla con las condiciones del contrato, no se puede estamparlo en la ley. Nos parece un exceso absoluto; en esos casos hay otros mecanismos para lograr que eso se cumpla y revertir la situación, y no cerrarse a una situación en que todos sabemos, casi el Uruguay entero sabe que el Estado carece de los recursos necesarios para llevar a cabo una serie de cambios que el país necesita, sobre todo en aquellos departamentos más chicos en los cuales está faltando saneamiento en forma importante.

Eso, asociado a una serie de cosas que van directamente contra el derecho público privado de acuerdos entre empresas que invierten y que mañana se pueden ver directamente confiscadas por medidas que afecten la credibilidad del país en lo que tiene que ver con la inversión extranjera, nos parece que son situaciones que no le hacen bien al país.

Hay una permisividad total de algunos sectores políticos a las presiones de los lobbies estatales, y eso es muy malo para lo que viene y para el futuro.

EC - ¿De qué lobby estatal está hablando la CIU?

DB - De los que salieron a recoger las firmas. Creo que está bien arriba de la discusión, si bien hay una muy baja información por parte de la población de qué es lo que se está tratando; pero el gremio de OSE es el que está llevando adelante todo este tipo de situaciones, como en su momento el gremio de Ancap llevó adelante lo de Ancap o el gremio de Antel llevó adelante lo de Antel.

EC - En la enumeración de discrepancias, ustedes dicen en el punto 2 que "la proyectada reforma constitucional introduce un cambio fundamental en la legislación vigente respecto al dominio público del agua, generando gran incertidumbre entre los agentes económicos que intervienen en la actividad productiva nacional". ¿A qué aluden?

DB - Por ejemplo, para no ser exhaustivos, las aguas represadas por todo el sector arrocero entran en una incertidumbre que no se sabe de quién son.

EC - Y en el punto 5 señalan que "se prohibe el suministro de agua a otro país, salvo por desabastecimiento y motivos de solidaridad y mediando una ley aprobada por tres quintos del total de componentes de cada Cámara, lo cual ocasiona restricciones a la libertad de comercio y afecta la inserción internacional del país". ¿Cuáles son esas restricciones y cuál es la afectación a la inserción internacional del país?

DB - Hay una cantidad de cursos de agua (le vuelvo a poner el ejemplo del arroz) en los cuales se comparte la explotación a través de agua que puede llegarse a decir que de alguna manera se está exportando; y eso no es lógico ni correcto porque es un cambio muy fuerte de las reglas de juego que hasta ahora se vienen llevando.

EC - En definitiva, la CIU rechaza esta reforma constitucional. Además de publicar este aviso, ¿qué otras acciones van a llevar a cabo?

DB - Creemos que, como sector privado, es poco lo que podemos hacer en este tema más allá de dejar sentada nuestra posición y de tratar de hacer ver que cuando algunos sectores quisieron impulsar una alternativa se les coartó la posibilidad de hacerlo. Creo que esto es responsabilidad de los políticos; no hubo número ni siquiera para poner el tema sobre el tapete y analizarlo en forma profunda.

EC - Usted se refiere a las gestiones que hubo en el Parlamento para presentar un proyecto alternativo que pudiera ser sometido a plebiscito también el 31 de octubre, junto con este.

DB - Exactamente. Lo que sucede entonces es que con este tipo de plebiscitos, que conllevan cambios muy fuertes porque se introducen en la Constitución en momentos en que el país está viviendo una competencia electoral muy fuerte, difícilmente después se logre tener la fuerza y la voluntad para volver a cambiarlo a través de otro plebiscito. Me parece una cosa muy mala empezar a manosear la Constitución poniéndole cosas que lindan lo comercial y los intereses particulares de alguna sectores, sobre todo cuando este plebiscito se va a aprobar según las encuestas, con un total desconocimiento de la gente de lo que está votando.

EC - Pero ¿la CIU va a hacer campaña publicitaria con su posición?

DB - No tenemos posibilidad de hacerlo, y creo que esa no es nuestra función sino más bien dar nuestra posición para que simplemente quede sentada. Creo que este es un problema de políticos, un problema de los partidos; un problema que no han puesto en el debate por otras intenciones, y se va a acceder a este tipo de cambios por no querer discutir un tema del cual, según algunas encuestas, no más de un 20% de la población sabe de qué se trata.

EC - ¿Cuáles serían esas intenciones de los partidos que percibe la CIU?

DB - Como no hay manera de explicar esto, hay un discurso de que se va a reglamentar por ley. Si es tan malo que los propios políticos dicen que "Bueno, en fin, después se va a arreglar", deberíamos impedir que eso suceda para después no tener que volver a solucionar temas mal hechos o Constituciones de mala calidad. Hay un discurso difícil de entender, entonces.

EC - ¿Y qué interpretación tiene usted a propósito de ese discurso sobre por qué se lo manejaría así desde los partidos políticos?

DB - No sé si corresponde o vale la pena que yo dé mi opinión personal, porque en ese tema -porqué los políticos hacen eso- la CIU no tiene posición. Lo que sabemos es que esto, llevado a los extremos a los que se está llevando, va a ser muy malo porque después habrá que tratar de acomodar cosas que nosotros mismos somos los que nos estamos poniendo piedras en el camino para tropezar después.

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Notas relacionadas:

Sí o no a la Reforma del Agua. Debate sobre el plebiscito que se realizará junto a las elecciones nacionales con la participación de Adriana Marquisio (Federación de Funcionarios de OSE) y Carlos Coitiño (Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida), partidarios de la reforma, y Julio Herrera (Foro Batllista) y Alfredo Bianchi Rebollo (Herrerismo) opositores de la enmienda (20.09.2004)

Los argumentos en contra del plebiscito por el agua. Doctor Ignacio de Posadas: La campaña se basa en mentiras. Abarca al saneamiento, que no presenta ningún peligro de escasez, tampoco escasea el agua... Lo único novedoso son las concesiones, que unos dicen que no cambian con la reforma (¿para qué reformar, entonces?) y otros que esperan a que se apruebe para redactar una ley. Las tarifas o incumplimientos no se solucionan reformando la Constitución (20.07.2004)

Los argumentos a favor de la "reforma del agua". Redactor del proyecto de reforma, doctor Guillermo García Ducchini: se acusa a la reforma de habilitar lo que ya rige por ley. El proyecto no innova. El titular de un servicio público es el Estado, y los contratos actuales lo reconocen. Representante de FFOSE, Adriana Marquisio: Uragua ya incumplió y debió rescindírsele. Exigiremos al próximo gobierno que cesen las concesiones. (08.07.2004)

Proyecto de reforma constitucional presentado por la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón