(emitido a las 7.48 hs.)

EMILIANO COTELO:
Con los votos de los 75 legisladores presentes en sala, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que establece una rebaja de tarifas de UTE y Antel. Esta iniciativa es parte de la estrategia elaborada por el Poder Ejecutivo para combatir la inflación, que en febrero rozó el 10% anual.

El proyecto, que todavía debe pasar por el Senado, exonera de IVA a los cargos fijos de las tarifas de energía eléctrica residencial y de telefonía básica. También habilita al Poder Ejecutivo a exonerar de IVA a la importación de frutas y verduras. Un tercer punto es el aumento de subsidios a las instituciones de asistencia médica colectiva para evitar el incremento de las cuotas a mediados de año. La voluntad del Gobierno es que el proyecto entre en vigor este mismo mes.

Si bien todos los sectores políticos acompañaron la aprobación, en la sesión de ayer la oposición señaló que con estas medidas solo se arma un paliativo, y reclamó medidas de fondo para abatir el gasto público y el déficit fiscal.

Vamos a conversar con el diputado frenteamplista Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Qué impacto estiman desde el oficialismo que tendrán estas medidas para combatir la inflación? ¿Cuánto puede terminar incidiendo en el Indice de Precios al Consumo (IPC)?

ALFREDO ASTI:
Creo que lo importante de este proyecto es dejar clara la voluntad del Poder Ejecutivo de tratar de cortar esas expectativas de un aumento creciente de la inflación, y por lo tanto demostrar la voluntad política con una renuncia fiscal muy importante, que anualizada puede llegar a los 100 millones de dólares, y que de alguna forma va a ir directamente al bolsillo de los consumidores. Son ellos los que van a pagar menos servicios públicos como energía y electricidad, el precio de frutas y hortalizas, que se ha visto aumentado por cuestiones climáticas, y no tener que pagar a mitad de año quienes están fuera del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) el aumento de las cuotas mutuales que una vez siempre se da, recogiendo los aumentos que se han producido desde el año anterior.

Yo creo que la principal señal es la voluntad política de evitar la creación de expectativas, que sabemos que es uno de los componentes fundamentales de un proceso inflacionario. Son las expectativas que se generan de que va a seguir aumentando la inflación, que los actores económicos, tanto consumidores como trabajadores y empleadores, entran en esa lógica de indexación de sus expectativas. Esta medida, que implica una renuncia fiscal muy importante, se suma a otras que se están implementando, como las políticas monetarias restrictivas que intentan a mediano y largo plazo ir desalentando las expectativas inflacionarias, los acuerdos de precios junto con los empresarios -una amplia gama de artículos que van a quedar congelados por 60 días-, y también las conversaciones con trabajadores y empresarios en las cuales todos han coincidido con el Gobierno en que hay que tomar medidas, y esta es una de ellas, para evitar esa sensación de que este proceso inflacionario va a continuar.

RA – Durante su comparecencia en la cámara, ¿el equipo económico estableció algún cálculo del impacto que puede tener en el IPC esto o no hay una estimación concreta?

AA – Va a depender un poco del momento en que se apruebe. Ya fue aprobado por Diputados, nosotros aspiramos a que el Senado lo apruebe mañana. Seguramente lo de las tarifas de UTE y Antel entre a regir a partir del 1° de marzo, o sea que la próxima factura por los consumos de marzo ya va a venir con los cargos fijos…

RA – Claro, si se vota la semana que viene entra a regir el proyecto de ley como tal el 1° de abril.

AA – No, el 1° de marzo.

RA – O sea, la factura que corresponde al consumo del mes de marzo.

AA – Exactamente, que se paga en abril. Todos sabemos que el cargo fijo pesa distinto en los hogares de mayor y menor consumo y al quitarse el IVA sobre el cargo fijo y sobre los servicios básicos de telefonía incidirá de distinta manera. Pero fundamentalmente la electricidad hoy tiene un peso importante en el IPC. El IPC mide la inflación, entonces lo que importa es quitar expectativas con respecto a que la inflación va a seguir aumentando. Es una renuncia fiscal de 100 millones de dólares, un monto importante que demuestra esa voluntad del Poder Ejecutivo de actuar sobre aquellos precios que puede controlar, como las tarifas públicas, y sobre aquellos que han aumentado coyunturalmente por las situaciones climáticas, frutas y hortalizas, quitándole el IVA también tanto a la comercialización como a la importación, lo que va a ayudar también a disminuir esos precios en la cadena.

Veremos cómo se comportan estas variables conjuntamente con la congelación de 300 a 1.000 artículos que se ha hecho con las cadenas de distribución.

RA – Una de las críticas que surgieron ayer, y que muchas veces hacen los analistas privados ante este proyecto de ley y los acuerdos de precios para mantener congeladas ciertas tarifas, es que con esto se ataca el síntoma y no la enfermedad que hay detrás de estas presiones inflacionarias. ¿Qué responden desde el oficialismo a ese planteo?

AA – Uruguay ha tenido una estructura en la cual la inflación siempre ha sido un problema. Nosotros sabemos que por las características productivas y exportadoras de nuestro país tenemos un componente muy importante: lo que exportamos es mayoritariamente lo mismo que consumimos. A diferencia de otros países que exportan cobre, como Chile, o petróleo, como Venezuela, nuestro mayor volumen de exportaciones es en productos agropecuarios, que son los mismos que componen la canasta familiar. Estos tienen un alto precio en este momento y eso incide en los costos internos.

Tenemos otro problema -que no lo es tal- pero en definitiva es parte de una de las buenas políticas económicas que se han implementado, que es un crecimiento de la demanda por mayor crecimiento del poder de compra de los hogares. Hay una mayor demanda, incluso superior al crecimiento del producto, lo que obviamente incide en presiones inflacionarias.

Eso en estos momentos se suma a una valorización internacional del dólar, que también incide en los productos importados que también consumimos, entre ellos los energéticos. Todo esto forma un panorama que hace que estemos algún punto por encima por lo que en definitiva los uruguayos consideran confortable, una inflación del 7%, 8%, y no en una espiral inflacionaria como se quiere demostrar.

RA – Claro, el riesgo es llegar o pasar el 10%, que eso siempre es una barrera psicológica por lo menos.

AA – Ayer se decía que "es un gatillo", no, están mal informados algunos miembros de la oposición. El presupuesto 2010-2015 establecía que el 10% solamente dispara la convocatoria al Consejo Superior de Salarios para ver qué medidas tomar para evitar la pérdida de salario real. El Poder Ejecutivo ya está adelantando cosas al haber convocado a empresarios y trabajadores, incluso yendo al encuentro de los trabajadores para hablar de estos temas, y también al tener la colaboración de los trabajadores para evitar que sus demandas para aumentar el salario nominal pueda perjudicar el salario real.

RA – ¿Cuánto entiende el Gobierno que incide la política salarial que se está llevando a cabo y los incrementos de salario que se viene dando en términos reales? Porque ese es un factor que siempre se menciona, entre los empresarios y por parte de los analistas privados, como uno de los fenómenos que contribuye a impulsar la inflación. ¿Qué dicen ustedes?

AA – Pero si uno mira, y los analistas privados lo pueden hacer, los últimos 12 ó 13 años de la evolución del Indice Medio de Salarios (IMS) y del IPC verá que no hay una correlación directa. Hemos tenido aumento de salario real muy alto con inflación muy baja y viceversa. No hay una relación directa, obviamente lo que hay que evitar -y este es el principal motivo de este proyecto- es la expectativa de que correr detrás de la inflación es una protección contra ella. Hay que tener conductas responsables por parte de todos los agentes económicos que intervienen en esto, partiendo de los consumidores, de los trabajadores, de los empresarios, y por supuesto, el Estado, con esta demostración de que quiere evitarse esto.

En este período de Gobierno hubo una recuperación salarial de más del 43% en términos reales, o sea, 43% aumentó por encima de la inflación, no podemos decir que se está corriendo detrás de la inflación. Pero también tienen que ser conscientes los trabajadores y los empresarios que buscar aumentos nominales puede perjudicar esta importante recuperación del salario real y del poder de compra de los hogares. En eso creo que estamos todos convencidos, y es sobre eso que tenemos que trabajar.

Sobre lo que plantean algunos legisladores opositores y también analistas del déficit fiscal, todos sabemos por cómo es nuestra estructura de gastos que bajar un punto de la inflación debería bajar ocho puntos en gasto público.

RA – Ese es un argumento que muchas veces se utiliza, que se podría combatir la inflación reduciendo el gasto público. ¿Qué dice usted al respecto?

AA – Una reducción de ocho puntos en el gasto público puede bajar un punto la inflación. Esa es la relación que se establece. Habría que bajar en forma importante el gasto en las áreas priorizadas, como la salud, la educación, la seguridad, obviamente las inversiones. Eso es lo que no dice la oposición, a ver si la población estaría de acuerdo en que hubiera menos educación, salud, seguridad, infraestructura. No es un gasto superfluo lo que puede implicar bajar ocho puntos del gasto público, allí hay temas que no se pueden tocar, como es el aumento de las jubilaciones y los salarios de los funcionarios, y lo que queda para mover es exactamente aquello que se ha priorizado. Además de incentivar el aumento y recuperar todo lo que se había perdido anteriormente de salario y de pasividades, superarlo largamente, estamos en niveles muy superiores a los del año 1990. Eso ha permitido que el país creciera con equidad y distribución del ingreso. Eso es lo que la oposición no quiere y es lo que quiere de alguna manera con sus propuestas minimizar.

RA – Ayer una discusión que se dio fue a propósito del planteo que hizo el diputado Jorge Gandini de extender estos beneficios tributarios a un producto que se consume mucho por parte de los uruguayos: la yerba, que ha tenido subas de precio considerables en el último tiempo. ¿Por qué el Frente Amplio descartó aplicar una medida de este tipo?

AA – Nosotros consideramos que es una propuesta oportunista y demagógica para que hoy sea titular que no se votó la disminución de los precios o de los impuestos de la yerba por la forma en que se presentó. Estuvo el ministerio en la Comisión de Hacienda durante una hora y media, no se habló de este tema, todos sabemos que de acuerdo a la Constitución la iniciativa para las exoneraciones fiscales privativa es del Poder Ejecutivo, y el planteo se hace inmediatamente después de que el Poder Ejecutivo se retira. Además sabiendo perfectamente que el precio de la yerba es distinto al tema de las frutas y hortalizas, con el que se quería equiparar, porque las frutas y hortalizas dependen de un tema coyuntural y nacional, mientras que la yerba ha aumentado por razones estructurales de los productores de Brasil, que han decidido dejar de producir yerba para producir otras materias primas de mayor valor. Eso no lo podemos controlar desde Uruguay. Eso fue lo que nosotros consideramos al no tener iniciativa del Poder Ejecutivo como sí lo tenían los otros…

RA – Pero el Poder Ejecutivo podría haberlo tomado en cuenta de todas formas.

AA – Se le podría haber planteado.

RA – Usted dice que no se hizo el planteo mientras estaba el equipo económico.

AA – Inmediatamente después de que el Poder Ejecutivo se retiró.

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